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    Repudio y Rechazo a la Legalización del "Gatillo Fácil"

    Desde la Coordinadora Provincial de Trabajadores en Lucha, expresó el rechazo hacia la decisión por la legalización del gatillo fácil.

    Desde la Coordinadora Provincial de Trabajadoras/es en Lucha que integran las organizaciones sociales, partidos políticos y gremios de Misiones, repudian enérgicamente la Resolución 956/2018, publicada este 3 de diciembre en el Boletín Oficial de la Argentina, que impone modificaciones legales que directamente, "legalizan la nefasta práctica del "gatillo fácil", permitiendo a las Fuerzas de Seguridad fusilar por la espalda a cualquier persona sin necesidad de una detención o un juicio previo".
    La nueva normativa abarca a todo el personal de todas las Fuerzas de Seguridad Federales, con el objetivo de "seguir profundizando las políticas represivas del Gobierno Nacional".
    Por esta razón, "llamamos a todas las organizaciones e instituciones democráticas a repudiar y combatir esta feroz arremetida del Gobierno de Cambiemos contra los valores democráticos esenciales, generando un marco jurídico para la pena de muerte en la Argentina", sostiene la Coordinadora Provincia junto al Partido Agrario y Social.

    ¿Qué deroga esta nueva normativa? 
    La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional  (Correpi) elaboró un informe sobre este tema en el que destaca que "con verdadera hipocresía, los considerandos de la norma citan como “directriz”, e inmediatamente derogan de facto en el articulado, los lineamientos del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de la ONU (Resolución 34/169, 17/11/1979); incorporados a nuestra legislación interna por Ley 24.059; y los Principios Básicos sobre el Empleo de la fuerza y de armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, también de la ONU (1990). El artículo 3 de la Resolución dispone la derogación de toda disposición o normativa contraria, también queda sin efecto el Manual de Capacitación Policial de la Policía Federal de 2002.
    "Estas normas establecían con claridad los principios generales del uso de la fuerza, y en especial de las armas de fuego, por parte de los miembros del aparato represivo estatal, y fijaban prohibiciones igual de explícitas".
    El artículo 2 del Código de Conducta de la ONU de 1979, especifica que “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, respetarán la dignidad de los ciudadanos, y defenderán los derechos humanos de las personas. El artículo 3 autoriza el uso de la fuerza, sólo cuando sea estrictamente necesario y si lo requiere el desempeño de sus tareas".

     

    La ministra de Seguridad impone un gran retroceso 
    En los principios básicos, se autoriza el uso de la fuerza y las armas de fuego sólo cuando otros medios resulten ineficaces, aclarando que, "cuando su empleo sea inevitable, se ejercerá con moderación y en proporción a la gravedad del delito, reduciendo al mínimo los daños y lesiones, respetando y protegiendo la vida humana".
    A nivel interno, el Manual de la PFA, en el capítulo "Uso de armas de fuego", dispone: “...el uso de las armas exige siempre una causa suficiente, razonable y demostrable en juicio para justificar en enfrentamiento con personas armadas, con el mínimo de riesgo posible para la integridad física de terceros inocentes".
    Expresa que "la fuga no justifica el uso de armas, excepto que en su huída el agresor continúe haciendo fuego contra el personal policial y, ante esa circunstancia, no impedir su fuga implique peligro inminente de muerte para sí o terceros”. 
    Agrega que "las técnicas y tácticas policiales privilegian el resguardo de la vida e integridad física de las personas", y que "el uso de las armas de fuego es el último recurso disponible para la protección propia y de terceros ante una agresión ilegítima que las ponga en peligro”.

    Qué habilita la Resolución firmada por Bullrich
    La norma publicada en el Boletín Oficial firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habilita el uso legal del arma de fuego en una serie de situaciones, que son un resumen de las principales excusas utilizadas por miembros de las Fuerzas de Seguridad en su defensa cuando son juzgados por el fusilamiento de personas.
    El gran periodista y escritor, Rodolfo Walsh, destaca bajo el título “Milongas clásicas”, que, así como hay apenas media docena de chistes básicos que admiten infinitas variaciones, la crónica policial registra media docena de historias que pueden tomarse de modelo.
    Éstas son algunas de las que aparecen en boca policial en las causas por gatillo fácil: "Creí que podía estar armado… Tenía la obligación de evitar la fuga… Hizo un movimiento sospechoso… Pensé que iba a cometer un ilícito… Vi un arma, no sabía que era de juguete…etcétera".

    Orden de matar
    Esos intentos de justificar el tiro por la espalda, o la nuca contra una persona desarmada, que a veces incluso logran "conmover", como ellos mismos dicen, a jueces y fiscales que premian en gatillo fácil con el sobreseimiento y la absolución igual de fáciles, ahora, Cambiemos mediante, son ley en Argentina.
    Desde esta fecha, no serán judicialmente cuestionables los fusilamientos que se produzcan cuando se presuma que el sospechoso pueda poseer un arma letal, para lo que se dan una serie de ejemplos que hablan por sí mismos: Cuando ingrese un grupo de dos o más personas, y alguno del grupo posea un arma, efectúe disparos, o lesione a terceras personas.
    Cuando trate de acceder a un arma en circunstancias que indiquen la intención de utilizarla contra el agente o terceros; cuando efectúe movimientos que indiquen utilización de un arma; cuando estando armado, busque ventaja, ocultándose, o mejorando su posición de ataque; cuando tenga capacidad cierta o probable de producir, aún sin el uso de armas, la muerte o lesiones graves a una persona; cuando se fugue luego de haber causado, o intentado causar muertes o lesiones graves y cuando la imprevisibilidad del ataque esgrimido; número de agresores, o las armas que éstos utilicen, impidan cumplimiento del deber, o la capacidad para ejercer defensa propia o de terceras personas.

    Para Cambiemos la represión es política de Estado  
    La Correpi remarca: Se podrían enumerar centenares de casos de gatillo fácil en los que policías usaron ésas y otras excusas parecidas, sin que lograran evitar duras condenas, como el oficial de la ciudad Otero, que alegó lo de la fuga, o el comisario bonaerense Veysandaz, que dijo: "Creí que había un arma”.
    Nunca fue tan evidente que la represión es política de Estado, y que la impunidad es un atributo del poder.
    Con esta norma en vigencia, no sólo se multiplicarán al infinito los ya frecuentes fusilamientos de gatillo fácil, sino que sus autores materiales serán impunes por imperio ministerial. Es claro lo útil que será para justificar represiones y asesinatos en movilizaciones populares. Bastará que algún policía diga "me pareció ver alguien armado" o "vi un gesto que indicaba la utilización de un arma", en la multitud para disponer de tiro limpio contra todes. 
    "Hay una sola manera de enfrentar esta orden explícita a las Fuerzas para descargar más plomo sobre el pueblo pobre. Derrotamos el intento del 2x1 a los genocidas con la movilización popular. Frenamos el protocolo antipiquete a fuerza de seguir saliendo a las calles, y ése es el camino que vamos a seguir", subrayan.

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