Desde que Javier Milei asumió la presidencia del país, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) vive una transformación profunda marcada por el recorte de fondos y el distanciamiento del Estado. Con la llegada de las nuevas autoridades se aplicaron medidas drásticas, como el tope para que no se use más del 20% del presupuesto en sueldos y funcionamiento, la suspensión de nuevos créditos y de las ayudas económicas para filmar, y un achique brutal del personal, que pasó de más de 600 empleados a menos de 250, entre despidos y retiros voluntarios. La idea que impulsa el Gobierno es que el cine se tiene que sostener solo, dejando de lado el apoyo público y dándole el control a la inversión privada. 

Este modelo en el que manda el mercado no sólo disminuye la cantidad de proyectos que se filman, sino que además deja afuera a gran parte del país. La postura oficial volvió a quedar en evidencia durante una de las últimas mesas de Mirtha Legrand, en la que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuestionó el financiamiento público al remarcar que se subsidian películas que a veces terminan viendo “sólo tres personas”. Sin embargo, cuando la inversión depende únicamente de las grandes empresas, casi todo se termina produciendo en Buenos Aires, perdiendo las miradas y vivencias de las provincias.

Para la directora de arte Agostina Biazzi, depender de los algoritmos comerciales le saca la personalidad al cine argentino: “Es súper peligroso porque la Argentina no es sólo Capital Federal. Más allá de eso, el financiamiento sirve para darle voz a otras personas. En las plataformas se nota cómo intentan unificar el estilo visual y bajan línea, perdiendo la parte más autoral. Justamente eso es lo que le da cultura a una nación; no pasa por si va mucha o poca gente a las salas”.

La falta de personal en el Instituto también frenó los trámites de todos los días. Evaluar carpetas, revisar presupuestos o entregar el dinero asignado se volvió una carrera con obstáculos. Mientras que las grandes productoras o los tanques comerciales pueden seguir adelante porque tienen capital propio, el cine independiente y las producciones regionales quedaron totalmente congeladas. Biazzi remarca que es indispensable apoyar la diversidad de voces y asumir riesgos creativos antes que pensar sólo en la ganancia rápida. 

“Hay proyectos que a veces no tienen tanto sustento y de igual manera ganan una convocatoria, pero yo prefiero que haya cien producciones malas y una sola buena a que únicamente se haga esa buena. Esa diversidad es cultura, es trabajo y son oportunidades. Hoy hay películas que ganaron concursos, no reciben los fondos para financiarse y no están pudiendo grabar. Al mainstream nunca le va a pasar nada, la idea es agrandar la industria para la gente que no tiene esa posibilidad”, asegura.

El retroceso del Estado también se notó en uno de los eventos de la industria cinematográfica más importantes del país: el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. El INCAA redujo su presupuesto, empezó a cobrar la inscripción de las películas y le cedió el financiamiento a patrocinadores privados y plataformas. Esta quita de apoyo acortó la estructura del festival y cambió su perfil histórico de ser una pantalla abierta a nuevos talentos.

Sobre este panorama, Agostina Biazzi concluye: “A mí me parece que los festivales que organiza el INCAA están bien y son fundamentales, pero en este gobierno hubo un cambio de concepto. La gracia del Festival era mostrar el cine nacional y visibilizar caras nuevas, no que estén siempre los mismos. Ahora no se quiso poner plata para producir películas ni para bancar el Festival de Mar del Plata; terminaron trayendo películas que ya están en plataformas porque eran las empresas que ponían los dólares. El año pasado había pocas salas a comparación de otros años, te hace pensar ´che, una mierda lo que pasó´”.

El servicio de internet que brinda la Cooperativa de Electricidad de Eldorado sufrió esta tarde, cerca de las 14 horas, una interrupción debido a un imprevisto registrado a la altura del kilómetro 9. El desperfecto se originó cuando una maquinaria que realizaba obras en la zona provocó el corte accidental de un tramo del troncal de fibra óptica, dejando sin conectividad a los usuarios del sector.

Tras la detección de la falla, personal especializado comenzó las tareas de reparación en el lugar del hecho. Según informaron desde la prestadora, el equipo técnico de Telecom y Personal Flow trabajaron intensamente en el sitio afectado para reparar el tendido y lograr restablecer la señal, lo que sucedió minutos antes de las 20 horas.

Desde la empresa expresaron sus disculpas a la comunidad por las molestias ocasionadas y recordaron las vías de contacto habilitadas para la atención a clientes. Para solicitudes de información está disponible la línea 3751-502419, mientras que los reclamos se reciben al 3751-370187 y las consultas de carácter técnico al 3751-521009.

El gobierno de la provincia de Misiones formalizará un planteo judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para evitar la aplicación del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, mediante el cual el Poder Ejecutivo nacional derogó la Ley de Tierras N° 26.737. La decisión fue instruida por el gobernador Hugo Passalacqua a la Fiscalía de Estado, con el objetivo de resguardar el patrimonio, los recursos naturales y la soberanía del territorio provincial.

La medida se adopta luego de que la Corte Suprema dejara sin efecto la suspensión de la derogación al desestimar, por falta de legitimación, la acción de amparo presentada por el Centro de Excombatientes de Islas Malvinas (CECIM) La Plata. Al respecto, el subsecretario de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras de Misiones, Daniel Behler, explicó que la resolución del máximo tribunal dejó la situación en un plano de incertidumbre legal: “La Corte le dijo al Centro de Excombatientes ‘ustedes no tienen la legitimación, no pueden hacer este planteo’, pero expresamente pone ‘no nos vamos a referir a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto’. Deja otra vez en un limbo la situación del DNU”.

Ante este panorama, la provincia busca intervenir directamente en el litigio para evitar dilaciones procesales y lograr una definición de fondo. “El gobernador de la provincia de Misiones instruyó a la Fiscalía para que la provincia inicie el planteo. En ese caso va a ser difícil que la Corte le diga a una provincia que no tiene la facultad o la legitimación. Creo que la provincia de Misiones está ampliamente legitimada como para hacer este planteo”, sostuvo Behler, al tiempo que remarcó que, por su condición de provincia contra la Nación, la causa llegará sin escalas al tribunal supremo: “Al ser la provincia la que plantea, no debe recorrer primera y segunda instancia, va directamente a la Corte”.

El funcionario provincial cuestionó en duros términos la vía del decreto utilizada por la administración central para desarticular el marco normativo de protección de tierras rurales. “Emitir un decreto que modifique más de cien leyes es una aberración jurídica, es una gran violación de los principios republicanos. No hay un solo constitucionalista que diga que ese decreto es constitucional”, enfatizó el subsecretario.

En cuanto al impacto real y los riesgos que representa la desregulación, Behler señaló que el intento de liberar los límites a la extranjerización no apunta al mapa agrario tradicional de la región, sino al control estratégico de áreas clave para la extracción minera y de recursos críticos en el país. “Creo que esa ley pretendió ser derogada para facilitar la adquisición de las tierras denominadas raras, todo lo que es el litio, todo lo que es el cobre. Misiones tiene una gran superficie de límite con países extranjeros; no tenemos una cola de 200.000 personas viniendo a comprar nuestras tierras, pero se están tomando las precauciones para que eso no suceda de forma progresiva”, concluyó Behler.