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Crisis financiera en Corrientes: municipios en quiebra, deuda récord y un relato oficial que se desmorona
La provincia de Corrientes atraviesa una crisis financiera y administrativa de magnitud estructural que ya no puede ser disimulada por discursos de equilibrio fiscal ni por la aprobación exprés de presupuestos inflados. Lo que ocurre en los municipios —los 74, sin excepción— funciona como un espejo brutal del deterioro provincial: cajas vacías, deudas impagas, balances alterados y denuncias judiciales contra gestiones salientes, muchas de ellas pertenecientes al propio oficialismo.

Este “efecto dominó” municipal -como lo llamaron antes- desmiente el relato del superávit y la prolijidad administrativa que durante años sostuvo el gobierno de Gustavo Valdés y que hoy intenta heredar su hermano, Juan Pablo Valdés. Lejos de tratarse de casos aislados, el colapso se repite con patrones idénticos, revelando una matriz de desorden financiero tolerada —cuando no alentada— desde el poder provincial.
Municipios en emergencia: un patrón que se repite
Las declaraciones de emergencia económica, financiera y administrativa se multiplican en distintos puntos de la provincia, acompañadas de denuncias graves:
- Paso de la Patria declaró la emergencia hasta diciembre de 2026 tras detectar una caja en cero, presunta malversación y una entrega de mando “irregular, anormal y contraria a toda lógica administrativa”.
- Gobernador Virasoro suspendió pagos acumulados desde 2017 hasta 2025 y, ante la falta de recursos genuinos, decidió compactar y vender como chatarra motocicletas secuestradas para intentar obtener ingresos mínimos.
- En Mburucuyá, el Banco de Corrientes confirmó la desaparición de unas 40 chequeras presuntamente en manos de exfuncionarios. El intendente Edgard Galarza Florentín denunció caja vacía, deudas acumuladas y documentación clave no entregada, y ya se prepara un informe para avanzar judicialmente contra la gestión saliente de Kelo Guastavino, alineada con el oficialismo provincial.
- Mercedes presentó una denuncia penal contra la administración anterior y anunció recortes forzados ante la imposibilidad de sostener el funcionamiento municipal.
- Santa Rosa perdió talonarios de cheques y sufrió transferencias electrónicas hasta el último minuto antes del cambio de mando, lo que derivó también en la declaración de emergencia económica.

A estos casos se suman la Municipalidad de Corrientes, Goya, Curuzú Cuatiá e Ituzaingó, donde las transiciones políticas esconden cesaciones de pagos y balances “dibujados”, aun cuando el signo político se mantiene.
Presupuesto récord, realidad en ruinas
Mientras los intendentes exhiben arqueos de caja en cero y dificultades para pagar sueldos, la Legislatura provincial aprobó sin debate un Presupuesto 2026 de 3,5 billones de pesos, bajo el argumento de garantizar un supuesto “federalismo provincial”. La contradicción es evidente: el poder político es el mismo, pero el colapso se extiende incluso a los municipios gobernados por el oficialismo.
El problema no se limita al plano local. Juan Pablo Valdés asumió la gobernación con una herencia fiscal crítica, producto de la gestión de su hermano: el gasto provincial creció un 39% por encima de los ingresos, el déficit supera los 160.000 millones de pesos y la deuda proyectada para 2025 ronda los 184.905 millones, ubicando a Corrientes entre las provincias más comprometidas del país.
La crisis se volvió inocultable con el manejo del bono navideño para estatales. La demora en el anuncio y la posterior confirmación de un pago de $500.000 en tres cuotas dejaron al descubierto la falta de liquidez provincial. Lejos de ser una decisión administrativa, el desdoblamiento funcionó como síntoma de una caja exhausta, incapaz de afrontar una erogación extraordinaria de una sola vez.

Ajuste nacional y recesión: el contexto que agrava todo
El escenario se agrava aún más por el ajuste fiscal y la recesión promovidos por el gobierno de Javier Milei, que impactan de lleno en las provincias y municipios. La caída de la coparticipación y la falta de previsibilidad obligaron, por ejemplo, a la intendenta de Bella Vista, Noelia Bazzi, a suspender la Fiesta Nacional de la Naranja, priorizando el pago de servicios esenciales.
En este clima de “tierra arrasada”, numerosos municipios ya anticipan que deberán recurrir al auxilio del gobierno provincial solo para pagar sueldos y aguinaldos, una dependencia que contradice cualquier discurso de autonomía y orden fiscal. Si no hay cambios estructurales, el 2026 se perfila como un año de ajuste permanente, conflicto social y parálisis institucional.
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Daniel Behler: “La regularización de tierras es un eje central del Gobierno”
El subsecretario de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras de la Provincia de Misiones, Daniel Behler, evaluó lo que fue el trabajo durante el año pasado y también lo que será este que inicia con el programa Mi Título. En esa línea manifestó que “venimos trabajando muy bien, con las dificultades propias y principales de la escasez económica, pero venimos, sobre todo, muy potenciados, porque sabemos que el tema de la regularización de tierra es un eje central del gobierno”.
Remarcó que este programa fue impulsado por el gobernador Hugo Passalacqua durante su primera gestión e indicó que lo “viene potenciando ahora, sobre todo, teniendo en cuenta la importancia que significa eso para la familia” misionera.
Respecto a los números, Behler subrayó que “mejoramos un poquitito, sencillamente, la performance en 2025 porque agilizamos algunos sectores” y acotó que “realmente hay muchísimos expedientes todavía, hay mucha tierra fiscal, pero no sin otorgar, son tierras fiscales que ya tienen ocupación, falta regularizar”, aunque explicó que “van disminuyendo los expedientes, pero, no obstante, esa disminución de expedientes, hay un volumen significativo (…) Yo no podría decir un total, pero calculo que debe haber más de 200.000 o 230.000 expedientes que están hoy en movimiento”.
Consultado sobre las zonas donde están focalizando el trabajo, el funcionario explicó que “tratamos de identificar lugares donde hay una gran cantidad de tierras rurales sin regularizar y, lógicamente, canalizamos o potencializamos ahí, justamente porque podemos encontrarnos con situaciones particulares”, ejemplificando que “en el municipio de Puerto Libertad nos encontramos con una gran cantidad de lotes fiscales, que son parcelas que están loteadas y que por algún motivo nunca se focalizó”.
También “tenemos muchas tierras fiscales en Puerto Iguazú, que es un lugar donde hay una gran movilidad en términos económicos y de intereses también porque hay desarrollo comercial, hay desarrollo turístico”.
Finalmente, sobre la próxima entrega de Títulos de Propiedad y Permisos de Ocupación, indicó que “no tenemos todavía fecha prevista, está totalmente a la espera de las instrucciones del Gobernador de la Provincia y de su agenda”, aunque “no solamente es mera voluntad del Gobernador, sino que muchas veces son pedidos que parten de los mismos intendentes que solicitan entrega de títulos o instrumentos porque saben que tienen acumulado”.
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Transporte Público: “El servicio se va a brindar bajo las mismas condiciones que en la prórroga anterior”
La directora de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Eldorado, Laura López, profundizó sobre la extensión del servicio público de colectivos que se acordó con la actual prestataria en un contexto en el que busca resolver un nuevo contrato de concesión.
López manifestó que el servicio se brindará “en las mismas condiciones, en las mismas condiciones que se otorgó la prórroga anterior (…) no cambia”. Tampoco habrá modificaciones en los valores del cuadro tarifario.
La nueva prórroga se extenderá hasta el 28 de febrero
Al ser consultada sobre como avanzan las conversaciones para finiquitar un nuevo contrato concesión, López señaló que “estamos de la espera de estas ofertas solicitadas a las empresas que participaron de la licitación pública y esperaremos la respuesta y en base a eso veremos si se adecúa o no a lo que el municipio pueda abonar”. En se sentido, indicó que el Municipio se podría “expandir un poquito más, pero son condiciones que deberían pasar por el Concejo Deliberante también, -aunque- la idea no es esa, la idea es que nosotros podamos trabajar en una propuesta que se ajuste a lo que nosotros planteamos en el Pliego, que es lo que nosotros podemos afrontar los costos” y allí remarcó que, “como municipio establecemos un tope. Ese tope son los 50.000 litros de combustible, que es lo que nosotros podemos aportar financieramente desde el municipio”.
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Puerto Esperanza: Analizan incorporar un quinto colectivo para el servicio urbano
A mediado de noviembre del año pasado, tras quedar desierta las dos licitaciones convocadas y no llegar a un acuerdo para renovar la concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros de manera directa, la Municipalidad resolvió asumir la responsabilidad de brindarlo. Para ello adquirió cuatro unidades.
En diálogo con Canal 9 Norte Misionero, la intendente interina, Fabiana Wachnitz, comentó que “la verdad que la gente nos recibió muy bien con la idea, porque fue difícil, no es fácil tomar una decisión así desde el municipio”.
Actualmente, por el periodo de vacaciones, el servicio está funcionando con horarios restringidos, manteniendo el valor del pasaje en 1500 pesos. No obstante, para optimizar la prestación en el inicio del ciclo lectivo se está analizando comprar una unidad más. Esto fue confirmado por Wachnitz, quien manifestó que “la idea es comprar una unidad más, ahora contamos solamente con cuatro”.
Consultada sobre si el Municipio tiene la intención convocar nuevamente a una licitación, aseveró que “sí, siempre estamos abiertos” y subrayó que “se hicieron dos llamadas de licitaciones que quedaron desiertas, pero la idea es, sí, en algún momento volver al llamado, Es imperiosa la necesidad”, insistió.
En cuanto a si están logrando cubrir los costos de mantenimiento de las unidades con la recaudación, indicó que “no, no se llega, como en todos lados”.
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