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Desregularon los aranceles de los colegios privados tras 30 años de control y podrán fijar las cuotas sin autorización
Mediante un decreto, derogaron una normativa que regulaba los precios de las matrículas y las cuotas en las escuelas privadas, permitiendo que los institutos fijen los valores sin autorización previa del Estado nacional.
A través del Decreto 787/2025, publicado en la madrugada de este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso la derogación del Decreto 2417/1993, una norma que durante más de tres décadas reguló el sistema de aranceles y la relación entre el Estado y los institutos de educación pública de gestión privada en la Argentina.
La medida implica un cambio en el esquema de control estatal sobre los precios de las cuotas y matrículas que cobran los colegios privados, al eliminar la obligación de comunicar anticipadamente los montos y de obtener autorización previa para cualquier modificación.
Según los fundamentos del decreto, la normativa derogada “presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”.
El decreto sostiene que el sistema vigente, instaurado en los años 90, respondía a un contexto en el que la administración de la educación dependía del Gobierno nacional. Con la transferencia de competencias a las provincias, el Ejecutivo considera que “corresponde revisar el marco normativo existente para favorecer un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos educativos de gestión privada, garantizando así la sostenibilidad de su labor y el derecho a la educación de calidad”.
Entre los argumentos centrales, el decreto advierte que la intervención estatal en la fijación de aranceles “ha generado efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica”. En particular, señala que la exigencia de informar y autorizar los valores de matrícula y cuotas con antelación “limita su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos”.
Por esto mismo, remarcaron que este mecanismo de control de precios “perjudica a las familias, quienes deben enfrentar aranceles educativos más altos desde el inicio del ciclo lectivo, limitando su capacidad de elegir establecimientos de enseñanza adecuados a sus posibilidades económicas y, en algunos casos, obligándolas a trasladar a sus hijos a otras instituciones”.
En ese sentido, el decreto subraya que “el requerimiento de los establecimientos de enseñanza de gestión privada de comunicar los montos de matrícula y de las cuotas con anticipación considerable, junto con la obligación de obtener la autorización estatal previa para modificar dichos valores, crea una situación de incertidumbre económica para los institutos, que suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal”.
El texto también pone el foco en el derecho de propiedad de los institutos privados, al afirmar que “deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados, sin necesidad de autorización estatal”. Según la visión oficial, la previsibilidad y rigidez de las tarifas impuestas por el Estado “puede llevar a una precarización de la calidad educativa, dado que los establecimientos no pueden responder adecuadamente a las variaciones en los costos de insumos, salarios y otros gastos operativos sin antes contar con autorización de la autoridad correspondiente”.
De esta manera, el Gobierno instruyó al Ministerio de Capital Humano para que, a través de la Secretaría de Educación, revise las pautas contenidas en el Decreto 2542/1991 —la norma madre del sistema de financiamiento de la educación privada— y eleve una propuesta de modificación. De este modo, el Ejecutivo busca avanzar hacia un esquema en el que se resguarde el principio de libre contratación, ”permitiendo a las instituciones educativas el derecho a definir sus políticas de precios y compensaciones, en el marco de una competencia leal y en función de las demandas del mercado”.
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Alumnos de la Escuela de Comercio habrían sido estafados por una madre
En el mediodía de hoy comenzó a circular el rumor de una estafa que habrían sufrido alumnos del Quinto Año de la Escuela Provincial de Comercio de Eldorado. El monto denunciado fue de 16 millones de pesos y quien se habría quedado con ese dinero habría sido la madre de una compañera de los chicos.
Esta noche unos 30 alumnos pensaban disfrutar de su fiesta de recepción para el que trabajaron desde marzo reuniendo los fondos. Hoy, un grupo de padres fue hasta el salón donde se iba a desarrollar el evento y el dueño les confirmó que el dinero no había sido depositado. Rápidamente se intentaron comunicar con la madre que se había hecho cargo del manejo del dinero, pero no la pudieron ubicar. De hecho, hace varios días que se sabía nada de ella.
Un padre que charló con Canal 9 Norte Misionero comentó que, a comienzo de año, se designaron a tres personas para actúen como tesoreros y que un tiempo después, la madre señalada, pidió hacerse cargo ella sola de ese control, lo que le fue otorgado.
La misma fuente confirmó que la madre no rindió el dinero y, por eso, en la reunión que mantuvieron hoy en el salón se hizo presente personal policial que entablaron diálogo con los presentes y un padre haría la denuncia formal.
No obstante, el evento se realizaría de igual forma dado que los padres estarían recibiendo el apoyo una importante figura de Eldorado.
Consultado sobre si la hija de la presunta estafadora participaría de la recepción. esta fuente señaló que se resolvió que no lo hiciera debido a que ella habría conocido los movimientos de su madre y que, hasta incluso, habría estado exhibiendo en los días previos un teléfono de alta gama.
El padre consultado también deslizó que recibieron información que parte del dinero correspondiente a la recaudación habría sido gastado en una casa de juegos.
Desde la Escuela Provincial de Comercio aseguraron que esta actividad era organizada exclusivamente por los padres y alumnos.
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Misiones va a la Corte Suprema y pide restituir las facultades del INYM en defensa de los productores
Con motivo del dictado del Decreto 812/25, que profundiza el recorte de atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), la Provincia de Misiones presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una ampliación de la demanda oportunamente interpuesta, con el objetivo de lograr el restablecimiento pleno de las facultades de dicho organismo.
Misiones reafirma que el INYM es la herramienta institucional clave para defender a los pequeños productores, ordenar la cadena yerbatera y garantizar condiciones equitativas en un mercado históricamente desigual.
El avance del decreto debilita la capacidad regulatoria del organismo y expone a las chacras familiares a prácticas abusivas, quitándoles previsibilidad, precio justo y protección frente a actores de mayor escala económica.
La Provincia sostiene una postura firme e innegociable: sin pequeños productores no hay yerba mate, no hay economía regional y no hay arraigo rural. Por ello, Misiones utilizará cada vía institucional necesaria para impedir retrocesos que comprometan el presente y futuro del sector.
En este marco, la Provincia vuelve a solicitar al Gobierno Nacional la designación de un presidente del INYM con facultades reales y no meramente formales, capaz de ejercer plenamente las funciones de control, ordenamiento y defensa del productor, tal como establece la razón de ser del Instituto.
Misiones continuará trabajando junto a productores, cooperativas e intendentes para proteger los derechos conquistados, consolidar un sector fuerte y transparente, y garantizar que la yerba mate siga siendo sinónimo de identidad, trabajo y desarrollo para miles de familias.
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Caso Schoenfisch: El Fiscal pidió prisión perpetua para el hijo de Faustina Antúnez y Arnoldo Schoenfisch (CON VIDEO)
Hoy prosiguió el juicio a Pablo Schoenfisch por el asesinato de su madre, Faustina Antúnez, y la tentativa de homicidio de su padre, Arnoldo Schoenfisch. Fue con la presentación de los alegatos.
El primero en hacerlo fue el Ministerio Público Fiscal quien, luego de una detallada presentación de las pruebas en contra del acusado y, a la vez, desarticulando la estrategia de la Defensa solicitó la pena de Prisión Perpetua para Pablo Schoenfisch por considerarlo autor de Homicidio Calificado por el Vínculo, por la Alevosía y Agravado por el uso de arma de fuego en perjuicio de su madre, Faustina Antúnez, y el mismo cargo pero en grado de Tentativa en perjuicio de su padre, Arnoldo Schoenfisch.
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