El Poder Judicial de la provincia de Misiones se encuentra trabajando en la estrategia de intervención para la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil – Ley Nº 27.801-en cuyo marco se ha definido una línea de actuación institucional orientada a organizar, de manera progresiva, coordinada y articulada, la adecuación institucional a las exigencias del nuevo marco normativo.
En este contexto, los ministros del Superior Tribunal de Justicia Juan Manuel Díaz,Cristina Irene Leiva y Valeria Fiore Cáceres, recibieron esta mañana a autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo, a Magistrados y Funcionarios judiciales, en el salón de usos múltiples del Edificio de Tribunales.
Juan Manuel Díaz, ministro de enlace con el fuero penal, agradeció a todos los presentes y expresó “estamos plenamente involucrados y determinados también a llevar adelante este proceso que tiene que ver con nuestra niñez y con nuestra adolescencia”.
Respecto a la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil afirmó: “lo que tiene de más severo y de más estricto es lo que tiene también de oportunidad, porque si bien baja la edad de imputabilidad, y eso está claro a los 14 años, hay todo un universo de adolescentes que no estaban alcanzados por ninguna respuesta institucional, y acá lo que se procura es unificar la respuesta institucional. El Estado, en definitiva, somos todos. Lo que la sociedad busca del Estado, independientemente de los poderes, es encontrar una respuesta, una solución, un abrigo, una contención”.

Este nuevo régimen implica un cambio sustancial en el abordaje de la justicia Penal juvenil, dejando atrás el modelo inquisitivo y tutelar para dar lugar a un sistema acusatorio y garantista, que prioriza la resocialización de los jóvenes y el respeto irrestricto de sus derechos. Se incorporan principios rectores como la legalidad, la razonabilidad, la excepcionalidad de la privación de la libertad y el derecho de defensa desde el inicio del proceso. En este aspecto Díaz interpeló: “¿Cuál es el objetivo? mejorar la respuesta institucional para que alrededor de 1400 niños, niñas y adolescentes de entre 14 y 18 años que están cada año en conflicto con la Ley Penal, puedan tener una segunda oportunidad, que se la tenemos que dar nosotros”.
Por otro lado, la ministra Cristina Irene Leiva tomó la palabra y comentó que es muy emocionante ver esta convocatoria: “el Estado somos nosotros, entonces hoy tenemos la oportunidad de corregir, de hacer, de ver y de ocuparnos de nosotros, estos menores son los que en definitiva después van a construir nuestro propio futuro”.
Por su parte, Valeria Fiore Cáceres afirmó: “creo que el mayor acto de responsabilidad es que estemos hoy todos conversando de cara a la implementación de una de las modificaciones más importantes que en materia de niñez y adolescencia tiene el sistema judicial argentino en las últimas décadas”. Y también “avanzamos hacia una herramienta que nos permita a todos coordinarnos, no superponernos y actuar con la inmediatez que requieren las personas, los niños y jóvenes en conflicto con la Ley Penal”.
La ministra de Trabajo y Empleo, Silvana Giménez, agradeció la invitación a la mesa interinstitucional y manifestó su satisfacción ya que actividades como estas: “tienen que ver con lo que nos demanda la sociedad, y sobre todo con un tema tan sensible que nos toca a todos, nuestros niños y adolescentes, lo que no tiene que ver solamente con la implementación de la norma, tiene que ver con la responsabilidad que tenemos”.
En el mismo tono, la presidente de la Comisión Asuntos Constitucionales, de los Derechos Humanos, Municipales y de Juicio Político de la Cámara de Representantes, Anazul Centeno, señaló el termino responsabilizad como eje de todas las manifestaciones que la precedieron y le pareció “muy auspicioso que esta jornada, que estos protocolos surjan desde el Superior Tribunal de Justicia. Realmente creo que hay una demanda de la sociedad hacia todos nosotros, todas nosotras, con quienes somos funcionarios, con quienes somos servidores del pueblo, de la gente, de involucrarnos más. Y me parece importante que el Poder Judicial sea quien abra las puertas también, que involucre a todos los sectores, que no sea solamente la justicia dialogando con la justicia, sino que abra la jugada a las distintas instituciones que también tenemos que ver en todo esto”.

En la mesa de apertura estuvieron también presentes y participaron luego en el trabajo con los invitados: el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Ramiro Aranda; el ministro de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, Roberto Padilla, Karina Aguirre, ministra de Derechos Humanos y la Jefa del Servicio Penitenciario Provincial, Alcaide General Valeria del Carmen Mereles.
Acompañaron activamente en las mesas de trabajo el Subsecretario de Seguridad y Justicia, Victor Eduardo Maj y la Defensora de los Derechos de Niños, Niños y Adolescentes de Vicegobernación, Rossana Franco así como también representantes de los Ministerios de Salud, Deportes, Desarrollo Social, Policía de la Provincia, Instituto Provincial de Estadística y Censos, y Sistema Provincial de Teleducación y Desarrollo (SipTed).
Mesas de trabajo para el análisis y la articulación de propuestas
Con el objetivo de avanzar en la construcción de una red interinstitucional con miras a la elaboración de un Protocolo de Actuación Conjunto para la implementación efectiva del régimen penal juvenil en la Provincia, las autoridades invitadas participaron en las mesas de trabajo vinculadas en los siguientes ejes temáticos: prevención, alojamiento, salud integral, educación y reintegración social.
A modo de cierre, Díaz señaló: “Se trata de anticipar a través de respuestas que son muchas veces de carácter restaurativo, de carácter de mediación penal juvenil para que ese niño, niña adolescente tenga una nueva oportunidad”.
De esta manera, el Poder Judicial avanza en la construcción de un modelo de justicia penal juvenil más moderno, articulado y centrado en las personas, con una fuerte impronta en la garantía de derechos y la reintegración social.

Un grupo de farmacéuticos, propietarios farmacéuticos y responsables de farmacias, han presentado sendas notas a la Municipalidad de Eldorado y a la Unidad Regional III de la Policía de Misiones para expresar la preocupación por el asalto sufrido por la farmacia Farmanic, en particular, y por la serie de hechos delictivos que afectan a comercios, en general.

Además, han solicitado una serie de medidas de seguridad para mejorar las condiciones en el que se brinda el servicio público de la guardia farmacéutica.

A continuación la nota:

La presidenta de la Fundación Ma’era celebró la convocatoria fijada para el 18 de junio, aunque manifestó su preocupación por el horario de las 11 de la mañana y las dificultades que el nuevo sistema digital de inscripción podría representar para los vecinos. Explicó que el objetivo principal es visibilizar la problemática y conformar una mesa conjunta de trabajo entre el Concejo, el Ejecutivo, la cooperativa y la comunidad.

Luego de reiteradas solicitudes, el Concejo Deliberante de Eldorado oficializó el llamado a una audiencia pública para abordar las interrupciones en el servicio de agua potable. La convocatoria surge tras un detallado informe elaborado por la Fundación Ma’era, que mediante un relevamiento en 83 barrios de la ciudad reflejó una profunda crisis en la continuidad del suministro. La presidenta de la organización, Mirta Caballero, detalló las expectativas institucionales puestas sobre esta jornada de debate democrático.

“Logramos que el Concejo Deliberante llame a esta audiencia pública porque esta es una responsabilidad de ellos al tratarse de un servicio público concesionado a la cooperativa eléctrica, sobre el cual tanto el Concejo como el Ejecutivo Municipal tienen la responsabilidad de garantizarlo como un derecho humano” , contextualizó Caballero, quien además defendió el rigor científico de la encuesta vecinal frente a las críticas recibidas de algunos sectores.

Visibilizar la crisis y evitar la confrontación

Al ser consultada sobre los resultados específicos que la fundación proyecta alcanzar a través de este mecanismo de participación ciudadana, la referente comunitaria hizo hincapié en la necesidad de reconocer de forma unánime las falencias en la distribución del recurso.

“Los resultados principalmente que esperamos tener es, por un lado, visibilizar el problema y que se tome la problemática y se diga ‘sí, esto es real’”, definió Caballero. Según su perspectiva, existe una tendencia institucional a relativizar los reclamos: “Da la impresión en esas idas y vueltas como que los cortes no existen, como que se hubiera inventado una realidad, cuando nosotros sabemos día a día que estos cortes van sucediendo en distintos tramos y afectan muchísimo a la población, sobre todo a los más vulnerables, a aquellos que no tienen tanque o que padecen enfermedades crónicas”.

No obstante, aclaró que la intención de la ONG no es generar rispideces con las autoridades de la Cooperativa de Electricidad de Eldorado (CEEL). “Nuestra idea es poder en conjunto trabajar, porque acá no se trata de una confrontación con quien brinda el servicio, sino lo que queremos nosotros es ponernos a disposición y empezar a trabajar en soluciones que sean a corto, mediano y largo plazo para los usuarios del sistema”.

Hacia una mesa de diálogo y rendición de cuentas

La presidenta de la Fundación Ma’era remarcó que la meta superadora de la audiencia pública del próximo jueves es sentar las bases para una articulación permanente entre todos los actores involucrados.

“Esperamos lograr que el Concejo Deliberante asuma esa responsabilidad y compromiso para con los eldoradenses, que el Consejo de Administración de la Cooperativa también lo haga, que el Ejecutivo participe y la población se involucre”, enumeró Caballero. Para la dirigente, la meta final es clara: “Esperamos que podamos hacer esta mesa conjunta para poder dialogar, para poder discutir los problemas y para proponer acciones que den cuenta de una solución para los eldoradenses, porque esto no es una solución para un sector nomás, sino para toda la población”.

Asimismo, reiteró la importancia de que la cooperativa responda las demandas de información pública e inversiones, sin importar el estado temporal de su contrato de concesión. “Queremos que el servicio sea regular, que sea de calidad, que los vecinos puedan tener previsibilidad y que conozcamos dónde van los fondos que se recaudan en relación al servicio de agua. Tenemos conocimiento de que la concesión está próxima a vencerse, pero eso no significa que la cooperativa no tenga la responsabilidad de brindarle respuesta a los vecinos hasta el último día”.

Observaciones sobre el horario y las barreras de inscripción

Por último, de cara a la organización de la jornada del 18 de junio, Caballero formuló reparos puntuales en torno a la accesibilidad horaria y los canales de comunicación dispuestos por el Poder Legislativo local.

“Nos preocupa mucho el horario, las 11 de la mañana, porque es un horario donde las personas que trabajan o tienen responsabilidades dentro de su núcleo familiar, como las amas de casa, les toca justo la preparación de la comida o retirar a los chicos de la escuela”.

A esta dificultad sumó el nuevo esquema de registro implementado por el cuerpo legislativo. “Sabemos que hay un sistema nuevo en una plataforma virtual y eso significa que la gente tiene que tener conocimiento de esta herramienta para poder inscribirse y hablar. Al no tener una divulgación importante, nos preocupa. Ojalá que desde el Concejo garanticen la participación democrática y comuniquen lo más que puedan para que todos estén al tanto”, concluyó Caballero.