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La pobreza subió al 32,3% en el primer semestre del año y afectó a 15,5 millones de personas

El dato difundido por el Indec marcó un incremento de 4,1 puntos porcentuales respecto al semestre previo. La indigencia se ubicó en 7,5%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que, durante el primer semestre de 2026, la pobreza se ubicó en 32,3% y la indigencia en 7,5% en los principales centros urbanos del país. Al extrapolar estos porcentajes al total de la población, la cifra equivale a unos 15,56 millones de argentinos pobres y 3,61 millones indigentes.

El dato implica un aumento de 4,1 puntos porcentuales respecto al segundo semestre de 2025, cuando la pobreza se ubicó en 28,2 por ciento. Esto implica que hay 2,05 millones de pobres más que hacia fines del año previo y afectó al 24,4% de los hogares. A la vez, se mantuvo por encima del nivel del primer semestre de 2025, cuando el indicador se posicionó en 31,6 por ciento.

En cuanto a la indigencia, también experimentó un alza de 1,2 puntos porcentuales en relación al 6,3% que había arrojado en los seis meses anteriores, lo que se traduce en 595.300 nuevos indigentes y alcanzó al 5,6% de los hogares. Si se la compara con el primer semestre 2025, la suba fue de 0,6 puntos porcentuales.

La pobreza afectó al 44,5% de los chicos y adolescentes de hasta 14 años. En el segmento de 15 a 29 años, la incidencia fue de 36,9%; entre las personas de 30 a 64 años, de 28,8%; y en la población de 65 años o más, de 14,8 por ciento.

“Si bien las tasas de pobreza y de indigencia se incrementaron 4,1 p.p. y 1,2 p.p. en relación al semestre previo, ambas tasas registraron una fuerte baja en relación al primer semestre de 2024. Frente a dicho período, la tasa de pobreza se redujo de 52,9% a 32,3%, en tanto la de indigencia cayó de 18,1% a 7,5%”, declaró el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta oficial de X.

Al poner la lupa sobre las regiones, el Noreste registró la incidencia regional más alta, con 41,5%, seguido por Cuyo, con 36,7%. En Gran Buenos Aires, la pobreza afectó al 32,1% de la población, aunque la brecha fue amplia entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 13,9%, y los partidos del Gran Buenos Aires, donde llegó al 36,9%. La indigencia, por su parte, fue más elevada en el Noreste, con 10,5%, seguida por Gran Buenos Aires, con 8,4 por ciento.

La región Pampeana tuvo una incidencia de pobreza de 30,3%, mientras que el Noroeste alcanzó 31,5% y la Patagonia, 28,4%, el menor registro regional. Entre los aglomerados, Concordia presentó la mayor proporción de personas bajo la línea de pobreza, con 56,2%, seguida por Gran Resistencia, con 48,6%, y Posadas, con 42,2%. En materia de indigencia, la región Pampeana registró 7,2%; Cuyo, 5%; el Noroeste, 4,3%; y la Patagonia, 4,2%.

En paralelo, el Indec informó que el ingreso per cápita familiar creció en promedio 11,5% durante el período analizado, por debajo de los aumentos registrados en las canastas básicas: la canasta básica alimentaria (CBA) subió 21,4% y la canasta básica total (CBT), 19,6 por ciento.

Esta diferencia redujo la capacidad de compra de los hogares y elevó las tasas de pobreza e indigencia frente al semestre anterior. Entre los hogares pobres, la brecha de pobreza alcanzó 35,9%: el ingreso total familiar promedio fue de $922.755, mientras que la CBT necesaria para ese mismo grupo llegó a 1.440.395 pesos.

En tanto, la Canasta Básica Total (CBT) amplía esa cobertura e incorpora, además de los alimentos, otros bienes y servicios esenciales, como vestimenta, transporte, educación y salud, y se utiliza para establecer la línea de pobreza. En junio, ascendió a $1.531.473 para el mismo hogar de referencia.

Algunos de los factores que, según distintos especialistas, explican la desmejora en la tasa de pobreza durante los primeros seis meses del año son:

  • Se frenó la recuperación del ingreso real que había comenzado en los primeros meses de 2024. Los ingresos de los ocupados perdieron dinamismo en un contexto de estancamiento económico.
  • Las canastas básicas volvieron a aumentar por encima de la inflación. El factor de “precios relativos” que antes favorecía la reducción de la pobreza se revirtió desde el último trimestre de 2025.
  • El poder adquisitivo de los hogares cayó: en los primeros seis meses del año, la CBT subió 34,7% interanual, frente a un aumento de 25% en el ingreso familiar total.
  • Se redujo el empleo formal y avanzaron formas laborales precarias. El crecimiento de puestos se concentró en cuentapropistas informales y asalariados informales, con remuneraciones más bajas que las del empleo registrado.
  • Las transferencias sociales perdieron capacidad de compensación. La Asignación Universal por Hijo (AUH) no registró mejoras significativas en términos reales.
  • Algunos programas sociales perdieron cobertura, entre ellos Progresar, Acompañamiento Social y Volver al Trabajo.
  • La medición oficial puede subestimar el deterioro efectivo de los hogares por los cambios en la subdeclaración de ingresos en la EPH y el atraso en la actualización de ponderadores de la Canasta Básica Total.

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La Corte suspendió el artículo del DNU 70 que derogaba la Ley de Tierras y repuso los límites sobre la venta a extranjeros

El máximo tribunal del país entendió que el planteo de la demanda versa sobre la tutela del daño ambiental, por lo que resultó necesario dictar “una medida interina” para “evitar la producción de daños irreparables”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió hoy el artículo del DNU 70 que derogaba la Ley de Tierras y repuso los límites sobre la venta a extranjeros hasta tanto el juez competente se pronuncie sobre la legitimación de todos los actores y examine su solicitud de medida cautelar.

La decisión se tomó con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci y suspendió los efectos del artículo 154 del decreto 70/2023. Dicho artículo disponía la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales.

Evitar daños irreparables
El máximo tribunal del país entendió que el planteo de la demanda versa sobre “asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental”, por lo que resultó necesario dictar “una medida interina, a fin de asegurar la tutela judicial efectiva, y evitar la producción de daños irreparables”.

En ese sentido, la Corte resaltó que “el particular trámite impreso a esta causa por parte de los tribunales intervinientes ha dejado sin respuesta las peticiones formuladas en la demanda” y “la naturaleza de los derechos invocados (entre los que se encuentran el derecho de obtener una respuesta judicial en tiempo oportuno y el derecho a la protección del medio ambiente)”.

El fallo de la Corte remarcó que el primer deber de los jueces es “ser celosos custodios de la Constitución Nacional y de las leyes”, y señaló que la confianza en el Poder Judicial requiere la aplicación razonable de las normas “a las circunstancias particulares de cada caso”. Por lo tanto, agregó, la decisión en el expediente “Árbol de Pie” respondió “específicamente a los planteos de los actores”, vinculados con la protección del ambiente.

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Centro de Seguridad Urbana: “Buscamos abordar cualquier situación con mayor celeridad y dar respuestas más rápidas”

En un firme paso hacia la prevención del delito y el ordenamiento del tránsito, la Municipalidad de Montecarlo puso en marcha su nuevo Centro de Seguridad Urbana y Monitoreo. La iniciativa representa un salto cualitativo respecto al sistema anterior y se concretó gracias a una fuerte inversión local combinada con el trabajo articulado con el Gobierno de la provincia de Misiones y la Policía provincial a través de la red del 911.

La intendente Kathia Joerg explicó las modificaciones edilicias y la magnitud de los recursos destinados para modernizar la infraestructura: “Hicimos una gran inversión de parte del municipio de Montecarlo donde era antiguamente la terminal de ómnibus. Lo refaccionamos e hicimos las inversiones necesarias para que allí funcione nuestro centro de seguridad urbana, también allí está funcionando todo lo que tiene que ver con emisión de licencias y tránsito y, en un sector de este espacio, toda la instalación del centro de monitoreo”. Además, detalló que se adquirieron cámaras distribuidas en puntos estratégicos, contando con personal capacitado que estará operativo las 24 horas del día.

En esta primera etapa, el sistema supervisa los principales accesos, sectores de la ruta y zonas con mayor flujo vehicular y peatonal. El objetivo principal es maximizar la eficiencia de los recursos humanos disponibles: “Para nosotros es muy importante porque si bien en esta ocasión son 20 cámaras, la idea es ir ampliando el radio de visualización a través de la puesta en marcha de más cámaras”, señaló la jefa comunal, destacando que el dispositivo “va a garantizar que con menos personal de tránsito y menos personal de la policía se pueda monitorear un radio más amplio de nuestra ciudad y poder llevar mayores garantías de seguridad a nuestra comunidad”.

En materia de ordenamiento vial, Joerg remarcó la importancia de mantener la prevención constante: “Todos nos portamos bien, pero cuando nos vigilan nos portamos mejor. La idea es un poquito también reforzar esto y poder llegar a mayor cantidad, porque la demanda siempre es creciente”. Asimismo, enfatizó que la rapidez operativa resulta clave para intervenir oportunamente: “La idea es justamente esta, que cuando haya algún tipo de situación poder abordarla con mayor celeridad y esto lleva respuesta. Lo importante es que podamos abordarla de manera más eficiente y rápida”.

Finalmente, la funcionaria subrayó el valor del centro de monitoreo como soporte para el trabajo de la Justicia en la resolución de eventuales delitos: “Este tipo de imágenes sirven como elementos probatorios ante cualquier tipo de situación delictiva ante los requerimientos de algún juez, por lo cual también es una herramienta importante para llevar justicia a algunas situaciones”. Con este despliegue tecnológico y operativo, la gestión municipal reafirma su compromiso de seguir consolidando a Montecarlo como una ciudad cada vez más segura y ordenada para sus vecinos.

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“Desde el año 2023 Misiones no ha recibido fondos por emergencia agropecuaria”, así lo expresó el Ministro Facundo López Sartori en relación al fenómeno del niño y lo que se avecina

El ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, advirtió sobre la necesidad de ejecutar los fondos previstos por la Ley Nacional 26.509 para prevenir y mitigar los daños que podría ocasionar el fenómeno de El Niño de fuerte intensidad. El reclamo se suma al planteo realizado por el gobernador Hugo Passalacqua ante el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, durante la última reunión de gobernadores del Norte Grande.

El ministro del Agro y la Producción de Misiones, Facundo López Sartori, reclamó al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley 26.509 de Emergencia Agropecuaria y la ejecución de los recursos destinados a prevenir y mitigar los efectos de las contingencias climáticas. El planteo se fundamenta en los pronósticos que advierten sobre la posibilidad de un fenómeno de El Niño de fuerte a muy fuerte intensidad, con potencial impacto en las principales actividades productivas de la provincia.

López Sartori señaló que la asistencia prevista en la normativa nacional constituye una herramienta fundamental para anticiparse a los daños y evitar pérdidas económicas de mayor magnitud. «Es fundamental que el Gobierno nacional garantice el cumplimiento de la Ley 26.509 de Emergencia Agropecuaria. Hay leyes que no representan un gasto, sino una inversión para evitar pérdidas mayores», expresó.

El reclamo del ministro se enmarca en la solicitud que el gobernador Hugo Passalacqua planteó ante el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, durante la última reunión de gobernadores del Norte Grande. En esa instancia, el mandatario provincial reclamó la ejecución del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA), que existe desde el año 2009, con el objetivo de garantizar recursos para afrontar las consecuencias de posibles eventos climáticos extremos. 

En ese sentido, López Sartori advirtió que los pronósticos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) indican una probabilidad superior al 83 % de que se desarrolle un fenómeno de El Niño fuerte a muy fuerte hasta comienzos de 2027. Asimismo, destacó las alertas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sobre los riesgos que este escenario climático podría representar para las regiones productivas.

«No podemos pensar solamente en las tormentas de hoy, sino también en las consecuencias de mañana»,sostuvo el ministro, al remarcar la importancia de adoptar medidas preventivas y garantizar los recursos necesarios para acompañar a los productores ante posibles emergencias.

La asistencia solicitada comprende medidas financieras para mitigar los daños que podrían afectar a la producción tabacalera, frutícola y hortícola, la agricultura en general, la agroindustria, los caminos rurales y la infraestructura pública. Estos sectores son fundamentales para el sostenimiento de las economías regionales y el desarrollo de las comunidades vinculadas a la actividad agropecuaria.

Finalmente, López Sartori remarcó el papel del Estado en la protección de la producción y el desarrollo social. «Un Estado no se mide únicamente por su superávit fiscal, sino también por su capacidad de proteger la producción y promover el desarrollo social», afirmó. 

Desde el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, el planteo pone el foco en la prevención y en la necesidad de contar con instrumentos financieros oportunos para reducir la vulnerabilidad del sector agropecuario. Ante las perspectivas climáticas, la ejecución de los fondos de emergencia y el cumplimiento de la normativa nacional resultan centrales para resguardar el trabajo de los productores y la continuidad de las actividades que sostienen la economía provincial.

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