En una carta dirigida a la Ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, algunos jefes comunales y entidades gremiales denuncian que un grupo minoritario pone en riesgo el inicio del acopio pactado para este lunes 9 de febrero.

La zona del Alto Uruguay se encuentra en estado de alerta. A través de un petitorio con carácter de “urgencia absoluta”, un frente compuesto por intendentes, cámaras empresariales y cooperativas tabacaleras solicitó formalmente al Gobierno Nacional y a la Justicia Federal que garantice la seguridad y la libre circulación en las rutas ante la amenaza de bloqueos.

El conflicto: Una minoría frente a 13.700 productores

El documento señala que, tras haberse alcanzado un acuerdo de precios el pasado 28 de enero —donde se fijó el valor de la Clase B1F en $4.062 por kilogramo con el aval del 99% del sector—, un grupo de aproximadamente 40 personas ha iniciado medidas de fuerza que los firmantes califican como “extorsivas”.

“No podemos permitir que una minoría ruidosa viole la libertad de la mayoría silenciosa que necesita trabajar”, reza el texto, destacando que el accionar de este grupo no representa la voluntad de los más de 13.000 productores misioneros.

Los puntos clave del reclamo

El petitorio exige soluciones concretas antes de este lunes, fecha clave para el inicio del acopio de tabaco:

Intervención de Fuerzas de Seguridad: Solicitan al Poder Ejecutivo que se aseguren los accesos a las plantas de compra bajo la premisa “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.

Garantía de Derechos: Piden a la Justicia Federal arbitrar los medios para asegurar el derecho a trabajar y la libre comercialización.

Impacto Social: Advierten que el bloqueo impide que los productores obtengan los ingresos necesarios para la compra de útiles y alimentos frente al inminente inicio del ciclo lectivo.

Soberanía Productiva: La nota alerta sobre un fenómeno preocupante: la imposibilidad de vender en tierra propia empuja a las familias a migrar hacia Brasil para subsistir, debilitando la economía regional.

Un frente unido

La misiva cuenta con el respaldo de figuras de peso en la región, incluyendo a los intendentes de San Vicente, El Soberbio, 25 de Mayo, Aristóbulo del Valle y San Pedro, además de representantes de la Cámara del Tabaco, la C.T.M., la A.P.T.M., ACTIM y empresas como Massalin Particulares y Alliance One.

El sector espera una respuesta inmediata de las autoridades nacionales para evitar que el conflicto escale y se pierda una campaña productiva vital para la provincia de Misiones.

La subsecretaria de PYME y Emprendedurismo de Misiones, María Eva Jiménez, analizó, en diálogo con Canal 9 Norte Misionero, el impacto del rumbo económico que adoptó el Gobierno Nacional en la actualidad de las empresas, comercios y emprendedores.
“Es una realidad muy cruda desde la provincia, desde el lugar que me toca ocupar hoy, tratando de hacer lo imposible para sostener a nuestros emprendedores, a nuestras pymes y para poder garantizarles el comercio que implica, al fin y al cabo, el plato de comida en la casa” comenzó diciendo y luego agregó que “hay una realidad que tiene que ver con las políticas económicas de ajustes que se están implementando que hace que el poder adquisitivo haya disminuido”

Jiménez señaló que “estamos viendo que cierran entre 20 y 30 empresas locales, pero eso lo estamos viendo hace un año, hace seis meses”, apuntando contra las medidas impulsadas por la Nación, agregaron que “cierran locales que no cerraron en otra oportunidad, que estaban al menos posicionados sin ningún tipo de problema. Entonces, me parece importante destacar que es evidente que la crisis viene de la mano de las políticas económicas del gobierno nacional que son para un sector y que están provocando ese problema a nivel nacional”.

Otro aspecto que mencionó fue el gran volumen de personas que realizan las compras en Brasil y Paraguay. En ese sentido, expresó que “la carga más importante es de impuestos nacionales, porque les está costando, lo que está haciendo que nuestros precios, en relación a los precios de Brasil y Paraguay, sean tan elevados, tiene que ver con los impuestos nacionales”, por lo que planteó que “hay que hacer un pedido a nuestros representantes nacionales que vayan a defender lo nuestro, que vayan a explicar cómo es nuestra coyuntura, nuestra situación diaria”.

También hizo referencia a las expresiones vertidas recientemente por el ministro de Economía de la Nación, Nicolás “Toto” Caputo, respecto al lugar donde adquiere sus ropas.

Para concluir, dejó un mensaje a los misioneros al expresar que “somos conscientes de la situación que se está atravesando y que en la medida en que la provincia pueda asumir o trabajar, funcionar para resolver esta problemática, se va a hacer y que, al menos desde el Ejecutivo, transmitimos el mensaje a nuestros representantes nacionales para que lleven la causa y embanderen la problemática para defender lo nuestro, siempre apostando a que Misiones está primero, a que nuestra gente tiene que tener un sistema distinto por estar en la frontera y por estar en desigualdad”.

En Sesión Extraordinaria del Concejo Deliberante fue aprobado esta tarde el aumento del boleto del servicio público del transporte urbano de pasajeros. Consta de dos tramos y el primero de ello entrará en vigencia a partir del 12 de febrero.
La aprobación fue por mayoría, 5 a 2, siendo los concejales Ornella Beccaluva, Leo Frey, Jorge Pio Doldán, Cristina Bandeira y Alejandro Arenhartdt, los que acompañaron. En tanto que los legisladores Fernando Montiel y Esteban Nöller, votaron en contra de la actualización:
El primer tramo del incremento estipula que el boleto sin tarjeta electrónica pasará a costar 2000 pesos, mientras que con tarjeta costará 1700 pesos.
A partir del segundo tramo, que se pondrá en vigencia el 16 de marzo, el pasaje sin tarjeta electrónica costará 2500 pesos y sin la tarjeta, saldrá 2000 pesos.
En tanto que se fijó el valor del Boleto Estudiantil (que está adherido al BEEG) en 50 por ciento del valor del pasaje sin tarjeta electrónica.
En la Ordenanza aprobada hoy se estipula que la empresa deberá cumplir “en tiempo y en forma” con la frecuencia de recorridos, además de obligar a la concesionaria a cambiar o acondicionar las unidades que no están aptas para la circulación. El documento asegura que si la empresa no incumple con estas condiciones “la hará pasible de las sanciones”.