Economía
La Justicia ratificó que el Gobierno debe ejecutar de inmediato la ley de financiamiento universitario
La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar dictada en primera instancia y cuestionó la apelación del Poder Ejecutivo al calificar sus argumentos como “poco serios”. Aseguró que el impacto fiscal de la medida es bajo.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del gobierno nacional y confirmó la medida cautelar que había ordenado al Poder Ejecutivo aplicar la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
Puntualmente, la medida cautelar exige que la administración pública cumpla de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que refieren a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre del 2025. También peticiona la recomposición de todos los programas de becas de los estudiantes.
En sus argumentos, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán plantean que resultan poco serios los agravios presentados por el Estado relativos a que la medida cautelar constituiría una sentencia definitiva encubierta.
Además, resaltaron especialmente que el impacto fiscal de la aplicación de la cautelar es bajo y no se afecta sustancialmente el interés público; por el contrario, estaba en juego un derecho central de la Constitución como la educación superior pública.
La cautelar había sido dictada en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario. La presentación contaba con el respaldo de más de 40 universidades públicas.
En su momento, el magistrado consideró que el Decreto 759/2025 -que suspendió la ejecución de la Ley 27.795 y estableció que la norma solo podrá aplicarse cuando se determinen recursos específicos para solventarla- tenía rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.
Además, sostuvo que existía una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico” ante la demora, por su impacto en el funcionamiento universitario.
Sin embargo, Nación calificó la decisión judicial como “arbitraria” y argumentó que la ley requiere definir previamente sus fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes en el Presupuesto. Según el Gobierno, la cuestión presupuestaria compete al Congreso de la Nación y no al Poder Judicial. También advirtió sobre sus posibles efectos en el equilibrio fiscal, algo que fue desacreditado por la Cámara en su fallo.

El conflicto con las universidades
El conflicto escaló notablemente entre 2024 y 2025, cuando masivas movilizaciones estudiantiles y gremiales tomaron las principales ciudades, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y réplicas en distintas provincias.
En una segunda Marcha Federal en octubre de 2024 y una nueva protesta el 17 de septiembre de 2025 bajo el lema “Si hay veto, hay marcha”, cientos de miles de personas salieron a las calles para rechazar la decisión del Gobierno de vetar la ley de financiamiento universitario, que ya había contado con la aprobación parlamentaria.
A mediados del año pasado, la oposición logró sancionar una ley de financiamiento en el Congreso y sortear los vetos del presidente Javier Milei. Pese a ello, el Ejecutivo dictó un decreto para evitar la ejecución de la norma.
Para encauzar la situación y evitar una profundización del conflicto tanto en el plano legal como en el judicial, la estrategia oficial apunta a elaborar una ley que no derogue el esquema financiero actual, sino que lo modifique, buscando el consenso político necesario para que el Congreso apruebe una nueva norma capaz de reemplazar la anterior. Desde la Secretaría de Educación, se subraya el compromiso por alcanzar una solución que otorgue no solo recursos, sino también seguridad jurídica a las universidades.
Economía
Misiones incorpora garantías bursátiles a través del FOGAMI y amplía el financiamiento para PYMES
El Fondo de Garantía Misiones (FOGAMI) incorporó el segmento de Garantías Bursátiles, habilitando el descuento de documentos avalados como una nueva herramienta de financiamiento que permite a pymes y emprendedores acceder a crédito con mayor rapidez y mejores condiciones.
POSADAS. MARTES 21 DE ABRIL DE 2026. El Gobierno de Misiones, a través del Fondo de Garantía Misiones (FOGAMI), puso en marcha una nueva herramienta financiera destinada a fortalecer el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas, mediante la incorporación del segmento de Garantías Bursátiles.
La operatoria permite realizar el descuento de documentos avalados en el mercado de capitales, facilitando a las empresas la posibilidad de anticipar el cobro de sus ventas con mayor agilidad y a tasas más competitivas que las disponibles en el sistema bancario tradicional.
Desde el organismo destacaron que se trata de un hito en la evolución del FOGAMI, que recientemente amplió su alcance hacia el mercado bursátil, consolidando una nueva etapa en la estructura de financiamiento provincial. En ese sentido, esta herramienta amplía las posibilidades de desarrollo de la economía misionera al diversificar las fuentes de crédito disponibles para el sector productivo.

La primera operación concretada bajo esta modalidad permitió a una pyme acceder a financiamiento de manera rápida y a una tasa diferencial, validando el funcionamiento del instrumento y su potencial para mejorar las condiciones de acceso al crédito.
La incorporación de las Garantías Bursátiles se enmarca en una estrategia orientada a fortalecer el entramado productivo, promoviendo mecanismos más eficientes de financiamiento y facilitando la vinculación de las empresas misioneras con el mercado de capitales.
Para más información sobre esta herramienta, se puede consultar en: https://fogami.com.ar/garantias-bursatiles/
Actualidad
Passalacqua solicitó a la nación la reducción del IVA para la harina de mandioca
El gobernador Hugo Passalacqua envió una carta al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para solicitar la reducción de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de la harina de mandioca del 21% al 10,5%. La medida busca equiparar la carga tributaria del producto con la que ya posee la harina de trigo.
LUNES 20 DE ABRIL DE 2026. El gobernador Hugo Passalacqua formalizó un pedido ante el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para modificar la alícuota del IVA que afecta a la harina de mandioca. El producto tributa actualmente una tasa general del 21%, mientras que la harina de trigo cuenta con un régimen reducido del 10,5% contemplado en la Ley de IVA. Mediante esta solicitud oficial se busca eliminar esa disparidad impositiva para fortalecer la economía regional.

En la carta enviada al funcionario nacional, el mandatario provincial explicó que la medida propuesta busca establecer una equidad tributaria entre productos de características similares. “La harina de mandioca es un producto estratégico para la economía regional de Misiones, con fuerte impacto en la agricultura familiar, la generación de empleo y el desarrollo industrial en origen. Asimismo, se trata de un alimento de creciente relevancia en la dieta de los argentinos, especialmente por su condición apta para personas con intolerancia al gluten”, añadió.
Además, detalló que “en la actualidad, la harina de mandioca tributa la alícuota general del 21%, lo que genera una clara desventaja frente a otros productos de características similares que cuentan con una carga tributaria reducida. Esta situación afecta tanto el consumo como la competitividad de toda la cadena productiva”, completó.
Por último, el gobernador solicitó formalmente la incorporación de la harina de mandioca al régimen de alícuota reducida del 10,5%. “como medida de equidad tributaria y de fortalecimiento de las economías regionales”.
Economía
Libertad: Puestos de venta de artesanías mbya cuentan con energía solar
Ubicada en el Km 1606 sobre la Ruta Nacional 12, en Puerto Libertad, la aldea Mbyá Guaraní «Guapo’y» celebra un importante avance en su desarrollo: por primera vez en su historia, los puestos de venta de artesanías y plantas de las sesenta familias que la integran, contarán con luz sustentable de paneles solares fotovoltaicos, que no solo les proveerán de energía para el trabajo, sino que también alimentará el alumbrado público.

Mediante el trabajo conjunto del Gobierno de Misiones, Energía de Misiones y el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), la comunidad dispone ahora de un espacio más amplio y adecuado para la comercialización de sus productos, con casillas modernas, visibles y completas. Se suman los nuevos sanitarios que podrán ser usados por artesanos y turistas.
Los puestos de venta dependen, en gran medida, del flujo turístico que circula por la Ruta Nacional 12, especialmente de quienes van o vuelven a las Cataratas del Iguazú. Allí, los visitantes pueden adquirir artesanías elaboradas por las familias, como canastos y cestos de mimbre, tallados de maderas con formas de animales y plantas cultivadas en sus hogares.

Energía amigable y sustentable
Alineados con el respeto que promueven las comunidades al monte y a la naturaleza, en los puestos se instalaron cuatro paneles solares fotovoltaicos, los conversores y las baterías que permiten transformar la energía solar en electricidad limpia. A partir de la incorporación de energía solar, los habitantes de Guapo’y podrán extender sus jornadas de trabajo a horarios nocturnos, mejorando así la posibilidad de aumentar las ventas.
En paralelo se instalaron tres reflectores LED solares, una importante novedad que permite mejorar la iluminación pública y la seguridad de la aldea y los turistas. “Esto es un comienzo para que todas las familias puedan trasladarse a un lugar más cómodo, seguro, con baños, y se pueda trabajar de noche con iluminación”, expresó uno de los caciques de la aldea, Salustiano Benítez.
En la comunidad, los niños asisten a la Escuela Secundaria Bilingüe «Aldea Guapo’y» y a un aula satélite de la Escuela Primaria Fortín de Mbororé N° 807 y por las tardes, colaboran con sus familias en los puestos de venta.
La incorporación de energía solar fotovoltaica no solo mejora las condiciones laborales, sino que también aporta mayor seguridad y bienestar a toda la comunidad.
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