El gobernador Hugo Passalacqua instruyó al Fiscal de Estado a iniciar acciones judiciales para resguardar los derechos de la provincia sobre su territorio, tras el reciente fallo de la Corte Suprema que habilita la libre adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La medida se formalizó mediante el Decreto N.º 1935, que advierte sobre la situación de desprotección legal que genera la vigencia del DNU N.º 70/2023.

VIERNES 2 DE OCTUBRE DE 2026. El gobernador Hugo Passalacqua comunicó a través de sus redes sociales que instruyó al Fiscal de Estado a iniciar las acciones judiciales pertinentes para resguardar los derechos de Misiones sobre su territorio. La decisión responde al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que habilita la libre adquisición de tierras a extranjeros. En su mensaje, el mandatario sostuvo que la medida se mantiene “fiel a la postura que siempre sostuvimos en defensa de nuestro territorio y recursos naturales”.

Passalacqua fundamentó la decisión en las características particulares de la provincia y señaló que “con más del 90% de frontera internacional, una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro, no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido”. Además, calificó el cuidado de la tierra misionera como “un deber irrenunciable con nuestra soberanía y con nuestra gente”. Además había anticipado que las acciones se llevarían adelante “en cada oportunidad y por todas las vías correspondientes”.

En detalle, el Decreto N.º 1935 firmado por el gobernador da cuenta que el Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 70/2023, en su artículo 154, deroga la Ley N.º 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. En ese aspecto, indica que el fallo de la Corte Suprema dictado en la causa “C.E.C.I.M. La Plata c/ PEN s/ amparo ley 16.986” tuvo como consecuencia la inmediata vigencia de ese artículo. De esta manera, la Provincia queda en una situación de absoluta desprotección legal y vulnerabilidad institucional ante la libre adquisición de su territorio por parte de personas extranjeras.

El documento oficial señala que la vigencia del DNU N.º 70/2023 impacta de manera directa y lesiva sobre la autonomía y la soberanía territorial, las finanzas públicas y el entramado económico-social de la Provincia. También advierte que la norma altera sustancialmente las reglas que rigen sectores estratégicos para el desarrollo provincial y lesiona la integridad territorial, el control de los recursos naturales y cuestiones de seguridad provincial y municipal, entre otras. Por ello, el Gobierno de Misiones considera necesario ejercer el legítimo derecho de defensa de los intereses de la provincia y efectuar las acciones judiciales que correspondieren.

La gestión municipal de Puerto Piray activó el protocolo legal tras la masiva circulación de una pieza gráfica atribuida al Bloque de Concejales “Juntos Podemos”, en la que se alertaba sobre presuntas anomalías biológicas —incluida la supuesta presencia de coliformes totales y fecales— y el incumplimiento del Código Alimentario Argentino en la red de suministro local.

Frente al revuelo causado en los hogares de la comuna, el Ejecutivo rechazó de forma tajante las acusaciones a través de un comunicado firmado por la intendenta Mirtha Elizabeth Lezcano. La jefa comunal remarcó que las alegaciones carecen de sustento técnico o respaldo de análisis oficiales, calificándolas como una maniobra deliberada que aparenta un rigor científico inexistente para sembrar inquietud injustificada en la ciudadanía. Desde la Intendencia reafirman que el suministro de agua se encuentra plenamente dentro de los rangos normativos para uso residencial, garantizado mediante esquemas continuos de monitoreo y la progresiva adición de equipamiento y protocolos.

Bajo este escenario, las autoridades consideraron que la propaganda maliciosa traspasa el mero descuido informativo para convertirse en un hecho grave de alarma social. Por ello, la jefa del gobierno local instruyó a la asesoría legal para encauzar el caso por la vía judicial. Acompañada por el letrado del municipio, Dr. Daniel Osvaldo Moschner, se radicó la formal denuncia penal para que los estamentos correspondientes identifiquen y juzguen a los autores o impulsores del material bajo la carátula de intimidación pública, buscando sancionar la creación de pánico sanitario infundado.

La Cámara de Representantes de Misiones aprobó hoy la ley que establece la creación de un Juzgado de Instrucción con asiento en Montecarlo, una decisión que representa un nuevo avance para acercar la Justicia a los vecinos de la ciudad y de toda la zona.

La sanción de esta ley constituye el puntapié inicial para la futura puesta en funcionamiento del juzgado, que tendrá competencia en materia penal y será el ámbito encargado de intervenir en la investigación de hechos que puedan constituir delitos, reuniendo pruebas y determinando las responsabilidades correspondientes.

Esta nueva institución se suma al proceso de crecimiento que Montecarlo viene experimentando en los últimos años en materia de acceso a la Justicia, a partir de la creación y puesta en funcionamiento del Juzgado Multifuero, que permitió acercar servicios judiciales fundamentales a la comunidad.

Con esta nueva ley, Montecarlo continúa fortaleciendo su infraestructura institucional y dando pasos concretos para que el acceso a la Justicia sea cada vez más cercano y accesible para sus vecinos.