M., la novia de Alberto Mario Y. —único imputado en la causa—, rompió el silencio y defendió al acusado. Afirmó que atraviesa un momento sumamente difícil, definió al detenido como una “excelente persona” y anticipó que brindará declaraciones públicas más amplias una vez que su abogado defensor se lo autorice.

En medio de la fuerte conmoción social que vive la ciudad de Eldorado tras el femicidio de la adolescente Dulce Beatriz Candia, se conoció el testimonio de M., la novia de Alberto Mario Y.- , el remisero de 46 años que permanece formalmente imputado y detenido tras abstenerse de declarar ante la jueza de Instrucción Nº 1, María Laura Rodríguez. La mujer defendió, a través de audios de whatsapp, fervientemente la inocencia del sospechoso y aseguró que mantendrá su respaldo a lo largo del proceso judicial.

“Estoy pasando un momento difícil. Él fue una persona excelente, yo no tengo quejas de él. Es mi novio, voy a seguir luchando, guerreando, peleando. Sé que era inocente, sé muy bien que era inocente”, manifestó la mujer, remarcando el impacto que causó la detención en su entorno íntimo: “Fue un golpe interno para nosotros, principalmente porque yo lo veía 24/7, siempre”.

Defensa del entorno familiar y la rutina diaria

Durante su descargo, en el cual prácticamente no hubo preguntas, M. rechazó cualquier tipo de perfil violento por parte del acusado y enfatizó el trato que el remisero mantenía tanto con ella como con su núcleo familiar más directo.

“Fue una excelente persona, Mario fue una excelente persona. Nunca me faltó el respeto, nunca le faltó el respeto a mi hija, jamás. Y lo voy a apoyar donde sea. No tengo quejas, con eso te digo todo, no tengo quejas de él”, reiteró de forma insistente.

Asimismo, la mujer ejemplificó el comportamiento del imputado describiendo parte de las rutinas comerciales y de asistencia que compartían en la Capital del Trabajo: “Siempre cuando yo necesité: ‘Che, gordy, ¿me podés pasar a buscar porque necesito entregar un pedido?’, porque yo vendo cosas, trabajo; ‘Sí, no hay problema, amor, ahí paso, aguantame’, me decía. Me llevaba, me traía, compartíamos juntos”.

Bajo estrategia legal y a la espera de autorización

A pesar de su vehemente defensa, la entrevistada aclaró que no se encuentra en condiciones anímicas de brindar declaraciones formales o extendidas ante los medios, debido a presuntas sugerencias de un abogado. “Necesito estar bien para hablar”, explicó.

Finalmente, M. anticipó que su exposición pública se concretará una vez que avance el expediente y se evalúe la situación de alojamiento del detenido: “Voy a salir a la luz cuando mi abogado me diga que estoy preparada para hablar, en la condición que me diga mi abogado y según cómo esté mi novio adentro. Cuando me autorice mi abogado, lo haré”, concluyó.

El único detenido por el crimen de la adolescente de 17 años compareció ante la jueza María Laura Rodríguez, pero optó por el silencio. Continuará alojado en sede policial mientras la Justicia aguarda los resultados de las pericias biológicas y los estudios complementarios de la autopsia.

El remisero de 46 años imputado por el femicidio de la adolescente Dulce Beatriz Candia (17) se abstuvo de prestar declaración al comparecer en indagatoria ante la jueza de Instrucción Nº 1 de Eldorado, María Laura Rodríguez. Tras el trámite judicial, el sospechoso quedó formalmente imputado por el delito de femicidio.

El acusado asistió a la sede judicial acompañado por la defensora oficial, quien le recomendó no responder preguntas en esta etapa inicial del proceso. A raíz de esto, la magistrada dispuso que el implicado continúe detenido mientras avanzan las diversas medidas probatorias ordenadas por la Justicia, destinadas a reconstruir de forma precisa los últimos movimientos de la víctima y determinar las circunstancias del asesinato que mantiene conmocionada a la comunidad de Eldorado.

Claves de la investigación y resultados de la autopsia
La formalización de la imputación se concretó a una semana del hallazgo del cuerpo de la menor, el cual fue localizado entre las malezas de una obra en construcción situada en el barrio El Tucán.

De acuerdo a los datos forenses preliminares, la autopsia determinó de forma fehaciente que Dulce falleció por asfixia. En paralelo, los investigadores judiciales y policiales continúan aguardando los resultados de una serie de estudios complementarios de laboratorio para establecer si la adolescente también fue víctima de abuso sexual antes de ser asesinada.

Las pruebas que complican al sospechoso
Hasta el momento, el trabajador del volante se mantiene como el único detenido e implicado en el expediente. Su captura se fundamentó en base al entrecruzamiento técnico y al análisis de los datos reportados por las antenas de telefonía celular, entre otros elementos clave incorporados a la causa. Dichos informes geolocalizaron al remisero en las inmediaciones del predio donde se ocultó el cuerpo, en fechas y horarios que coinciden con la data de muerte estimada por los médicos forenses.

Por otra parte, durante el allanamiento concretado por la Policía en la vivienda del acusado, ubicada en el barrio 20 de Junio, se procedió al secuestro de:
• Un automóvil Fiat Siena (utilizado para el servicio de remisería).
• Prendas de vestir y retazos de tela de interés para la causa.
• Diversos elementos biológicos que ya fueron remitidos a los laboratorios para la realización de peritajes genéticos y comparativos de ADN.

El tribunal consideró restrictivas las recusaciones y afirmó que la actividad académica, incluso con remuneración, no prueba por sí sola un interés personal en el resultado del litigio sobre presupuesto y salarios docentes

La Corte rechazó este martes las recusaciones del Estado Nacional contra los jueces que intervienen en la causa por el financiamiento universitario. De esta forma, ratificó la continuidad de todo el tribunal y de los magistrados inferiores en un expediente que discute la validez del decreto 759/2025, y el cumplimiento de la ley 27.795 sobre financiamiento de la educación universitaria y recomposición del salario docente.

La decisión fue firmada por Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. En el mismo pronunciamiento, el máximo tribunal también desestimó el planteo del Estado Nacional para que sus propios jueces se excusaran de intervenir.

El origen del caso
La causa se originó en un amparo colectivo promovido por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y de distintas universidades nacionales.

La demanda busca que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, que dispuso que la ley 27.795 solo podía ser ejecutada por el Gobierno Nacional una vez determinadas las fuentes específicas de financiamiento, y también reclamó la inclusión de esas partidas en el presupuesto general.

Durante la tramitación del expediente, los jueces inferiores dictaron una medida cautelar que ordenó el cumplimiento inmediato de una parte de esa ley. Ese antecedente forma parte del contexto del litigio en el que el Estado Nacional intentó apartar a magistrados por su actividad docente en universidades públicas.

La docencia universitaria no prueba un interés personal
El Estado Nacional había recusado al juez de primera instancia Enrique Cormick por su condición de docente en las universidades nacionales de Avellaneda y José C. Paz, que integraban el Consejo Interuniversitario Docente y además se habían presentado como actoras en la causa.

La Sala III de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó ese planteo. Según la resolución de la Cámara, no estaba acreditada ninguna situación que permitiera considerar configuradas causales de afectación por intereses económicos o por amistad con los litigantes.

La Cámara añadió que no se advertía de qué modo la pertenencia de Cormick al claustro docente de esas universidades podía incidir en su juicio sobre el caso. También señaló que, por el objeto de la demanda, la resolución del expediente no mostraba la posibilidad de un “provecho”, “ventaja” o eventual “perjuicio” en su carrera profesional.

El Estado Nacional también recusó al juez Sergio Fernández, integrante de la Sala III, por su actividad docente en la Universidad de Lomas de Zamora. Ese planteo igualmente fue rechazado por la Cámara antes de llegar a la Corte.

Al revisar esos antecedentes, la Corte desestimó el recurso del Estado Nacional contra el rechazo de las recusaciones. El tribunal recordó el carácter restrictivo de este tipo de planteos, porque implican el desplazamiento de los jueces naturales de la causa.

La exigencia de excusación de los jueces de la Corte
En su análisis, la Corte sostuvo que del hecho de que los jueces de la Nación que ejercen la docencia en una universidad nacional hayan sido incluidos en el colectivo actor no puede inferirse, por sí solo, que todos tengan un interés personal en la resolución del pleito capaz de afectar su imparcialidad.

El tribunal agregó que la eventual percepción de una remuneración por la actividad docente tampoco demuestra un interés directo en el resultado del juicio con entidad suficiente para comprometer esa imparcialidad. Para la Corte, esa circunstancia no justifica el apartamiento de los magistrados del conocimiento del caso.

Ese fue el núcleo de la respuesta del máximo tribunal al argumento central del Estado Nacional: la sola condición de profesor en una universidad nacional no alcanza para recusar a un juez en este expediente. La Corte entendió que no se probó un beneficio o perjuicio concreto derivado del resultado del proceso.

Además, el tribunal rechazó el pedido del Estado Nacional para que los jueces de la Corte se excusaran. Según sostuvo en su decisión, la facultad de excusación de los jueces del máximo tribunal, exista o no una causa legal de recusación, es ajena a la actividad procesal de las partes.

Con ese criterio, la Corte confirmó su propia intervención y la de los jueces inferiores en la causa conocida como financiamiento universitario, centrada en el decreto 759/2025 y en la ejecución de la ley 27.795.