La mujer trabaja junto a su marido en la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp) y está acusada de llevarse material de una instalación catalogada como nivel de bioseguridad NB3, la segunda categoría de aislamiento más estricta para el manejo de patógenos peligrosos.

La profesora argentina Soledad Palameta Miller, coordinadora del laboratorio de Virología y Biotecnología de los Alimentos de la Unicamp, fue detenida y posteriormente puesta en libertad provisional. Está acusada de robo, fraude procesal y transporte irregular de material genéticamente modificado

La Policía Federal brasileña ha abierto una investigación sobre el presunto robo de material biológico ocurrido dentro de la Universidad de Campinas (Unicamp), en el estado de San Pablo. Entre los virus sustraídos hay muestras de H1N1 y H3N2, considerados peligrosos porque son responsables de la gripe de tipo A y porque pueden causar pandemias, como ocurrió en el caso del H1N1 en 2009. Según el sitio de noticias G1, el material sustraído, que también incluía otros virus, humanos y porcinos, estaba almacenado en el Laboratorio de Virología y Biotecnología Aplicada del Instituto de Biología de la Unicamp. Se trata de un área clasificada con nivel de bioseguridad 3 (BSL-3), de un total de 4 niveles, es decir, un ambiente biológico de alta contención sujeto a rigurosos protocolos de seguridad. Actualmente, representa el nivel más alto posible en Brasil para el estudio en laboratorio de agentes infecciosos como virus y bacterias. La clase de riesgo 3 se define como aquella en la que un agente infeccioso presenta un alto riesgo para el individuo, pero un riesgo moderado para la comunidad. Se trata de agentes que pueden causar enfermedades graves o mortales, se transmiten principalmente por vía aérea y pueden difundirse en la comunidad, aunque existan medidas de prevención y tratamiento. Entre los ejemplos se encuentran el Bacillus anthracis, que causa el ántrax, y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que puede llevar al SIDA.

La desaparición fue descubierta el pasado 13 de febrero por un investigador que tenía acceso al área de almacenamiento. El lunes, la Policía Federal arrestó en flagrancia a la profesora argentina Soledad Palameta Miller, de 36 años, coordinadora del laboratorio de Virología y Biotecnología de los Alimentos de la Unicamp. Está acusada de robo, fraude procesal y transporte irregular de material genéticamente modificado, sin autorización y en violación de las normativas establecidas por la Comisión Nacional Técnica de Bioseguridad (CTNBio) y por los organismos y entidades de registro e inspección. El material fue transportado desde el laboratorio BSL-3 hasta la Facultad de Ingeniería de los Alimentos. La Policía Federal confirmó que, afortunadamente, no hubo contaminación externa, que los virus permanecieron dentro de la universidad y que fueron recuperados. Los agentes encontraron muestras virales en otros laboratorios de la Unicamp. Parte del material estaba almacenado en congeladores y parte había sido arrojada en contenedores de basura con signos de manipulación. Palameta Miller fue posteriormente puesta en libertad provisional con la prohibición de acceder a la universidad y de salir de Brasil sin autorización judicial.

La mujer obtuvo una licenciatura en Biotecnología en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, y un doctorado en Ciencias en el área de Productos Farmacéuticos, Medicamentos y Dispositivos Médicos en la Unicamp. También trabajó en el Centro Nacional de Investigación en Energía y Materiales (CNPEM), desarrollando proyectos en el campo de la ingeniería de vectores virales, la inmunomodulación y los anticuerpos monoclonales destinados a la terapia del cáncer. Su defensa declaró que, debido al secreto de sumario emitido por el noveno Juzgado Federal de Campinas, no comentará lo sucedido. “Dando prioridad a la seguridad jurídica y a la confidencialidad de los actos procesales, limitaremos nuestras declaraciones al ámbito judicial, en respeto del debido proceso”, se lee en el comunicado de los abogados. Según el diario O Estado de São Paulo, la Policía Federal también está investigando si el marido de la argentina, Michael Edward Miller, veterinario, está implicado en el robo. La pareja es propietaria de Agrotrix, una empresa que produce virus transgénicos. En una declaración publicada en el sitio web de la universidad, la administración de la Unicamp afirmó que colabora con las investigaciones de la Policía Federal y que ha iniciado una investigación interna para esclarecer el caso. “La universidad permanece a disposición de las autoridades competentes para ayudar a esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos. Los detalles del caso se mantendrán reservados para no comprometer el desarrollo de las investigaciones”, se lee en la nota. También el Ministerio de Agricultura, que recibió el material sustraído y posteriormente recuperado, ha impuesto secreto sobre la información relativa a su contenido.

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Según el fundador y ex presidente de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), Gonzalo Vecina Neto, médico especializado en salud pública, lo ocurrido “es muy grave”. “La sustracción de muestras de un laboratorio de nivel de bioseguridad 3 (BSL-3) representa un riesgo crítico para la salud, ya que implica la manipulación de material genético cuyas consecuencias para la población y para quienes lo manejan son desconocidas”, declaró Vecina Neto al canal televisivo Band. Según el experto, la violación de los estándares de seguridad es inaceptable porque las muestras robadas presentan un alto potencial de transmisión y gravedad, incluyendo virus aviares que, en raros casos, pueden infectar al ser humano. Lo ocurrido en estos días ha reavivado en Brasil el debate sobre la seguridad de sitios sensibles, desde los laboratorios de bioseguridad hasta los sitios de almacenamiento nuclear. Precisamente en la Universidad de Campinas está en construcción Orion, el primer laboratorio de América Latina BSL-4, con nivel de bioseguridad 4 (el máximo), cuya finalización está prevista para 2027.

Dentro de un BSL-4 se manipulan los patógenos aéreos más peligrosos, a menudo mortales, que existen y para los que no hay vacuna. Por ello, los protocolos de seguridad son muy estrictos. Los investigadores que trabajan allí están obligados a ducharse y cambiarse de ropa cada vez que entran y salen. En el interior, los trabajadores también están obligados a llevar trajes especiales conectados a un sistema de ventilación independiente. Para Brasil, se trata de una enorme oportunidad científica, pero también de un gran reto en términos de gestión económica y seguridad. Si un virus se escapara de estos laboratorios, las consecuencias podrían ser catastróficas, como se sospecha que ocurrió con el coronavirus que pudo salir de un laboratorio similar en Wuhan (China), del que partió entonces el brote de COVID-19.

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Sobre la importancia de ese laboratorio para Brasil, los científicos no tienen dudas. “Estamos sentados sobre un polvorín en cuanto a los virus que pueden surgir en América Latina”, declaró Fernando Spilki, virólogo veterinario de la Universidad Feevale de Novo Hamburgo, en el estado de Rio Grande do Sul, a la revista científica Nature. Por ejemplo, con el aumento de la explotación del Amazonas, crece el riesgo de entrar en contacto con animales portadores de virus desconocidos. Además, contar con un laboratorio de estas características permitirá a Brasil ser más autónomo y rápido en la producción de vacunas. Basta decir que los cinco tipos de fiebres hemorrágicas —que provocan virus llamados arenavirus y solo pueden estudiarse en este tipo de laboratorio— han sido identificados en América Latina, uno de ellos en San Pablo. A la luz de lo ocurrido en estos días, según los expertos, es urgente comenzar a formar personal capaz de moverse en un laboratorio de este tipo y dotarse de estrictos protocolos de contención en caso de incidentes. También la seguridad nuclear ha vuelto a ser un tema de actualidad. Precisamente el miércoles salió humo en una sala de control del reactor nuclear del Instituto de Investigaciones Nucleares (IPEN) de San Pablo. Según la información de la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN), dos paneles de control nuclear se sobrecalentaron. El reactor estaba apagado y, por lo tanto, los mecanismos no desempeñaban ninguna función.

Brasil, lamentablemente, aún no olvida la tragedia de septiembre de 1987, cuando fue escenario del mayor desastre nuclear del mundo fuera de una central, del que se ha vuelto a hablar en estos días gracias a la serie de Netflix titulada “Emergencia Radiactiva”. La tragedia fue causada por un aparato de radioterapia abandonado, sin la adecuada y obligatoria puesta en seguridad, en una clínica oncológica desactivada. Dos jóvenes recolectores de basura lo tomaron y lo desmontaron ignorando de qué se trataba, liberando un polvo azul brillante que era cloruro de cesio, altamente radiactivo. El material contaminó a cientos de personas, causó 4 muertes inmediatas y generó 6 toneladas de residuos radiactivos. Desde entonces, la Asociación de las Víctimas del Cesio-137 (AVC-137) lucha por la asistencia médica, la indemnización y el reconocimiento de los derechos de unas 1.600 personas directamente afectadas. La organización reporta más de 100 muertes relacionadas con la contaminación hasta 2012 y ofrece apoyo continuo a los sobrevivientes. También la Asociación Nacional de Trabajadores de la Producción de Energía Nuclear de Brasil (ANTPEN) defiende desde hace años los derechos de los ex empleados de Nuclemon Mínero-Química, una empresa estatal brasileña de los años 70, vinculada al programa nuclear nacional en la época de la dictadura militar y cerrada en 1992. Según ANTPEN, los trabajadores de la empresa Nuclemon denunciaron exposición a polvos tóxicos, calor y radiactividad sin dispositivos de protección, con consecuentes enfermedades pulmonares. Una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del municipio de San Pablo en 2017 estudió la eliminación de residuos de Nuclemon Mínero-Química, que durante años desechó residuos químicos en el vertedero Aterro Bandeirantes, situado en el barrio de Perus, en la zona norte de San Pablo. Además, en un depósito situado en la Avenida Miguel Yunes, se almacenan 325 metros cúbicos de residuos radiactivos de Nuclemon. Según la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN), la autoridad encargada de la supervisión de las instalaciones nucleares y radiactivas en Brasil, no existen riesgos significativos para el medioambiente ni para la población.