Los libertarios ganaron tiempo y un eventual veto presidencial llegará recién después de las elecciones. El artículo de la polémica fue el que establecía un plazo de 90 días para que el Congreso se pronuncie sobre la validez de los decretos.

Los libertarios evitaron este miércoles una derrota total en la Cámara de Diputados y ganaron tiempo. La oposición logró aprobar una ley que limita estrictamente la capacidad de los Presidentes de dictar decretos de necesidad y urgencia (DNU). Sin embargo, un artículo salió rechazado y ahora toda la norma deberá volver al Senado para que allí se defina si acepta los cambios o si insiste con el texto original.

En los días previos a la sesión, desde la Casa Rosada dejaron trascender que el presidente Javier Milei vetaría la norma porque pone en juego la gobernabilidad. En ese sentido, el oficialismo festejó que el trámite parlamentario se prolongue y deje un eventual veto presidencial para después de las elecciones.

En las filas del oficialismo esperan que la finalización de la campaña electoral y un resultado aceptable le permitan recomponer la relación con gobernadores y ex aliados. Así podrá frenar la seguidilla de reveses parlamentarios que viene sufriendo desde hace varios meses.

La nueva ley, que había sido aprobada en el Senado con un amplio consenso que incluyó a referentes del radicalismo, fuerzas provinciales e incluso algunos díscolos del PRO, modifica la ley 26.122 de 2006. Esa ley había sido impulsada por Cristina Fernández, durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Entre sus puntos más importantes se destaca que ambas Cámaras se tienen que pronunciar sobre la validez de los decretos para que sean ratificados (en la actualidad sólo se necesita la aprobación de una Cámara). Por lo tanto, la oposición sólo necesitaría juntar una mayoría en una de las Cámaras para invalidar todos los decretos.

Sin embargo, salió rechazado el límite de 90 días corridos para que el Congreso se pronuncie. Según el artículo 3, que se cayó en la votación en particular, si el tema no es tratado dentro ese plazo, los decretos caen.

Por otro lado, establece que cada decreto deberá referirse a un área en particular, con el fin de evitar una mezcla de temas en un solo texto. A modo de ejemplo, los libertarios no podrían volver a firmar un decreto como el 70/23 de desburocratización del Estado, que modificaba cientos de leyes y abarcaba diferentes áreas.

La reforma del régimen de DNU significa una restricción muy contundente del margen de maniobra de un gobierno con minoría parlamentaria, como el de Milei. Si los libertarios no logran sostener un eventual veto presidencial, será prácticamente imposible que el Poder Ejecutivo esquive al Congreso para llevar adelante su plan de gestión. Los consensos mayoritarios se convertirían en un requisito casi ineludible para gobernar, un escenario muy distante al actual y que algunos advierten llevará inevitablemente a una parálisis de gestión.

Para los libertarios, la reforma del régimen de DNU busca “inmovilizar al Poder Ejecutivo” para “debilitar la gobernabilidad”. “El peronismo solo se rige por el oportunismo político”, señaló el diputado de LLA Álvaro Martínez.

En la misma línea, el referente del PRO Damián Arabia recordó que Néstor Kirchner firmó 236 decretos, CFK usó 81, teniendo mayoría en ambas cámaras, y Alberto Fernández, otros 178. “Cuando les tocó gobernar sobreutilizaron los DNU. Y ahora quieren cambiar una ley que estaba hecha a medida para ellos, porque no gobiernan”, dijo y denunció que la oposición está planeando un “bloque institucional” para después de las elecciones porque “si no gobierna el peronismo no quieren que gobierne nadie”.

Por su parte, varios diputados de la UCR coincidieron en que la ley actual “es mala” pero argumentaron que cualquier reforma debería implementarse a partir de 2027. “Lo ideal sería tener esta discusión a fines del 2026, sin saber quién va a gobernar a partir de 2027”, manifestó Martín Tetaz.

En cambio, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro planteó que los decretos “han sido la herramienta más destructiva para la libertad que hoy en día algunos dicen defender”. Y arremetió: “Si nosotros no ponemos un límite esto seguirá siendo un viva la pepa, un estado de excepción permanente”.

En las filas libertarias consideran que es posible que el Senado ratifique el texto original, pero al menos la discusión quedará postergada para después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.