Cecilia Britto – Abogada y Comunicadora

En la Legislatura de Misiones existen actualmente distintos proyectos vinculados a Ficha Limpia y reforma electoral, impulsados desde diversos espacios políticos. Pero para este análisis resulta inevitable concentrarse en la iniciativa de la mayoría que, por contexto y mayorías, aparece como la que podría modificar las reglas del sistema electoral misionero. Sobre todo porque su contenido no puede separarse del momento político que atraviesa la provincia.

Hay discusiones institucionales que no pueden analizarse por partes. Porque cada artículo, aislado, puede parecer razonable; pero cuando todas las piezas empiezan a encajar, lo que aparece ya no es una simple reforma electoral sino un nuevo modo de administrar la competencia política.

Y esa discusión merece mucha más profundidad que la consigna superficial de “estar a favor o en contra de la transparencia”.

¿El candidato como sospechoso?

Nadie discute la necesidad de combatir la corrupción ni de fortalecer la calidad institucional. El problema comienza cuando, en nombre de esos objetivos, se erosionan principios elementales del sistema democrático y del derecho constitucional.

El punto de partida aparece en el artículo 3 del proyecto de Ficha Limpia. Allí se establece la inhabilitación para ser candidato de personas condenadas a pena privativa de libertad aun cuando la sentencia no se encuentre firme. Es decir: alcanza una condena de primera instancia, apelada y eventualmente revisable, para impedir una candidatura. La consecuencia es evidente. El sistema deja de apoyarse en la presunción de inocencia —uno de los principios centrales del orden jurídico moderno— para reemplazarla por un criterio preventivo de “admisibilidad política”.

Pero el alcance del proyecto no termina allí.

El catálogo de delitos incluidos excede ampliamente los hechos de corrupción vinculados a la función pública e incorpora delitos contra el honor, contra la propiedad, el orden público, el ambiente y otras figuras de enorme amplitud interpretativa. Entre ellas aparecen incluso las calumnias e injurias, históricamente asociadas a la disputa política y periodística. En los hechos, una condena no firme derivada de una expresión realizada en campaña podría transformarse en causal de exclusión electoral.

A eso se agregan nuevas causales de inelegibilidad: deudas fiscales exigibles, inscripción como deudor alimentario y, en materia de ciberdelitos, supuestos todavía más delicados, como la elevación a juicio o la prisión preventiva sin condena definitiva.

Y allí aparece otro aspecto particularmente sensible del proyecto. Argentina atraviesa una de las crisis económicas más profundas de las últimas décadas. Millones de familias viven endeudadas, con dificultades para sostener obligaciones fiscales, financieras y administrativas básicas. Misiones no está al margen de esa realidad. En ese contexto, incorporar causales de exclusión vinculadas a deudas, incumplimientos o faltas contravencionales administrativas introduce un sesgo profundamente desigual, los primeros potencialmente excluidos pasan a ser quienes no tienen capacidad económica suficiente para resolver rápidamente conflictos fiscales o patrimoniales.

Vale preguntarse entonces qué tipo de representación política podría quedar habilitada bajo esas condiciones. Porque llevado al terreno concreto de la vida social misionera, el mensaje implícito resulta inquietante: ningún colono endeudado por la crisis, ningún pequeño productor asfixiado financieramente, ningún empleado público, docente o policía que hoy esté peleando para sostener su economía familiar podría transformarse fácilmente en oferta electoral competitiva dentro de este esquema.

La discusión deja entonces de ser únicamente ética o institucional. También empieza a rozar una dimensión profundamente social. Porque, en los hechos, el sistema podría terminar estableciendo una ciudadanía política de clase o privilegio para quienes poseen mejores condiciones económicas y patrimoniales.

Sin embargo, probablemente el aspecto más invasivo del proyecto sea otro.

El artículo 6 exige a los candidatos presentar un certificado de aptitud toxicológica obtenido mediante análisis de sangre, saliva, orina y folículo piloso, incluyendo antecedentes de consumo problemático y eventual alta terapéutica.

Aquí corresponde hacer una precisión importante. El Poder Ejecutivo provincial diseñó controles toxicológicos aleatorios para funcionarios públicos. Pero no es equivalente a exigir como condición obligatoria de elegibilidad la presentación de un certificado integral para acceder a una candidatura electiva. La diferencia institucional es enorme.

Porque aquí la discusión deja de limitarse a controles internos dentro de la administración pública y pasa a ingresar directamente en la esfera de los derechos políticos fundamentales, y de la privacidad personal.

La tensión constitucional es evidente. La misma legislación nacional de salud mental (Ley 26657) que fue concebida para evitar estigmatizaciones aparece utilizada aquí como mecanismo de acreditación pública de antecedentes sanitarios para acceder a una candidatura. El “fichaje” ya no es solamente judicial o patrimonial. También es biológico.

Pero el núcleo más delicado de toda la arquitectura probablemente esté en el régimen procesal.

Todo este sistema tramitará ante la Justicia Electoral de la provincia en caso de elecciones desdobladas del cronograma nacional. Y ese dato resulta central. Porque ya no se trata simplemente de decisiones administrativas revisables posteriormente, sino de procedimientos judicial-electorales con efectos políticos inmediatos sobre candidaturas, listas, estructuras partidarias y frentes electorales en plena competencia.

El proyecto establece que las impugnaciones y recursos contra decisiones de exclusión no tendrán efecto suspensivo automático. Traducido en términos políticos: el candidato puede quedar fuera de la elección aun cuando posteriormente la propia Justicia determine que la exclusión fue incorrecta o inconstitucional. Para cuando llegue la revisión definitiva, el proceso electoral ya habrá terminado.

Allí aparece un problema central en materia de derechos políticos: no alcanza con que exista revisión posterior si el daño democrático ya se produjo. El derecho a competir no se vulnera únicamente cuando alguien resulta condenado injustamente; también se vulnera cuando se le impide participar a tiempo.

El problema adquiere otra dimensión cuando se observa la magnitud de facultades que el proyecto transfiere al Tribunal Electoral. Porque ya no se trata solamente de controlar formalidades o validar candidaturas. Lo que aparece aquí es algo bastante más sensible: la capacidad efectiva de intervenir sobre la continuidad misma de una candidatura en plena disputa política.

La combinación entre causales amplias de inelegibilidad, procedimientos sumarísimos, recursos sin efecto suspensivo y sanciones extensivas a estructuras partidarias y frentes electorales que incluso podrían perder la personería produce un cambio profundo en la lógica del sistema. El proceso judicial-electoral pasa a tener efectos políticos inmediatos y, en muchos casos, irreversibles.

Aparece entonces el verdadero riesgo institucional. No hace falta demostrar arbitrariedad concreta para advertir el problema. Porque un sistema donde candidaturas competitivas pueden quedar fuera de carrera antes de una sentencia definitiva, mediante procedimientos acelerados y bajo amenaza de consecuencias para toda una estructura política, crea inevitablemente un terreno fértil para la judicialización estratégica de la competencia electoral.

La discusión se vuelve todavía más relevante cuando se observa junto con la reforma electoral impulsada en paralelo.

Quién convoca y quién decide.

El nuevo esquema propuesto mantiene formalmente la convocatoria electoral en cabeza del Poder Ejecutivo provincial, pero le impone una ventana temporal obligatoria para la realización de los comicios y condiciona los márgenes dentro de los cuales esa facultad puede ejercerse: entre el 31 de enero y el 31 de mayo.

Nuevamente el problema no es administrativo. Es constitucional y político.

La Constitución de Misiones atribuye expresamente al Poder Ejecutivo la facultad de convocar a elecciones. No se trata de una concesión menor ni de una competencia delegada. Se trata de una atribución propia, diseñada como parte del sistema de equilibrio entre poderes y vinculada directamente a la responsabilidad institucional del gobernador en la garantía de continuidad política, estabilidad social y funcionamiento regular del Estado.

Porque gobernar también implica evaluar contextos económicos, prioridades públicas, situaciones sociales, emergencias, conflictos y necesidades colectivas al momento de definir las condiciones institucionales bajo las cuales una sociedad va a concurrir a las urnas.

Por eso, cuando el Poder Legislativo fija por ley límites temporales rígidos sobre el modo en que esa atribución puede ejercerse, la discusión deja de ser procedimental y pasa a involucrar directamente la distribución constitucional del poder.

En los sistemas republicanos, las facultades constitucionales del Ejecutivo no existen para beneficio del gobierno de turno. Existen como mecanismo de equilibrio frente a otros poderes del Estado y como garantía institucional frente a escenarios sociales y políticos cambiantes. Limitar desde la Legislatura el margen temporal de convocatoria implica, en los hechos, intervenir sobre una esfera que la propia Constitución reservó al Ejecutivo.

Y ese desplazamiento no es neutro.

Reducción de sublemas o administración anticipada: cuando el problema deja de ser el número.

Existe además otro aspecto de la reforma electoral que, aunque presentado bajo argumentos de “ordenamiento” y “simplificación”, podría producir profundas consecuencias políticas sobre la vida democrática municipal: la limitación a sólo cuatro sublemas por municipio para los lemas provinciales y municipales.

El sistema de sublemas, con todas sus discusiones y defectos, funcionó históricamente en Misiones también como una herramienta de participación territorial interna, permitiendo que dirigentes locales, intendentes, sectores partidarios y expresiones departamentales pudieran disputar liderazgo dentro de cada espacio político.

La reducción del número de sublemas modifica profundamente esa lógica. Porque en un contexto de estructuras partidarias y eventuales frentes electorales centralizados, quien controle la autorización de esos cuatro lugares terminará controlando quién puede competir realmente en cada municipio.

Y allí aparece una consecuencia institucional particularmente delicada: un intendente con volumen político propio, un dirigente territorial incómodo o un sector interno competitivo podrían quedar excluidos sin necesidad siquiera de perder una elección. Bastaría simplemente con no habilitarles el sublema.

La discusión deja entonces de pasar exclusivamente por lo que elige el electorado y se desplaza hacia decisiones previas de las conducciones partidarias o de frentes electorales desde una mesa de decisión centralizada o desde un boton remoto. El sistema ya no correría únicamente el riesgo de ordenar la competencia interna: también podría transformarse en un mecanismo de administración anticipada de candidaturas municipales y en el primer filtro político de exclusión electoral.

Porque después de ese filtro partidario todavía aparecería otro aún más delicado: el judicial-electoral. Y allí es donde la combinación entre limitación de sublemas, amplias causales de inelegibilidad y crecientes facultades del Tribunal Electoral empieza a configurar un esquema donde las candidaturas podrían comenzar a resolverse mucho antes de llegar al cuarto oscuro.

Leídas de manera aislada, muchas de estas reformas pueden encontrar defensas técnicas plausibles. Leídas en conjunto —y en el contexto político actual— configuran algo bastante más profundo: una expansión simultánea de herramientas institucionales capaces de intervenir sobre las condiciones mismas de la competencia política.

Además, la discusión no ocurre en un vacío jurídico internacional. La jurisprudencia interamericana —Castañeda Gutman vs. México (2008) y López Lone vs. Honduras (2015), entre otros— ha establecido estándares estrictos de proporcionalidad y razonabilidad para cualquier restricción a los derechos políticos. Estándares que este esquema difícilmente podría superar.

El momento que lo cambia todo: el contexto político – histórico.

En el contexto político presente se vuelve imposible analizar estas reformas como si fueran simples modificaciones técnicas.

Misiones atraviesa un momento de transición política evidente. Después de más de dos décadas de predominio de un mismo espacio, comenzaron a profundizarse diferencias internas, reacomodamientos de liderazgos y discusiones sobre el futuro del oficialismo provincial. Parte de esa estructura avanzó recientemente en el cambio del nombre formal del instrumento partidario con el que históricamente compitió electoralmente.

El cambio de denominación puede tener efecto registral; pero difícilmente alcance, por sí solo, para representar una transformación sustancial ante una sociedad que observa mucho más los hechos, los liderazgos reales y las prácticas antes que los “papeles partidarios”.

Justamente por eso el momento político adquiere particular sensibilidad. Porque cuando los procesos de desgaste comienzan a hacerse visibles, los sistemas políticos suelen enfrentar una disyuntiva profunda: abrir más la competencia para renovar legitimidad, o endurecer progresivamente las condiciones de acceso a esa competencia. Y la dirección que toman las reglas en este proyecto indica en forma expresa la lógica que prevalece.

Pero el movimiento político que durante años transformó profundamente la provincia —con excepción del desgaste visible de los últimos tiempos respecto de un sector de decisión partidaria— nunca construyó su legitimidad restringiendo la competencia ni cerrando los márgenes de participación. No ganó elecciones por “papeles”. Ganó, durante años, por construcción política, representación territorial, amplitud electoral y conexión con una sociedad que acompañó mayoritariamente ese proceso.

No hace falta afirmar destinatarios concretos para advertir la magnitud del problema. Alcanza con observar el contexto, el momento y el alcance de las herramientas que comienzan a concentrarse. Porque cuanto más amplias son las facultades para condicionar candidaturas, administrar tiempos y judicializar la competencia, más delicada se vuelve cualquier reforma impulsada en medio de procesos de reordenamiento político interno y liderazgos con fuerte legitimidad social.

Allí aparece una de las preocupaciones institucionales más profundas de todas: que la sociedad pueda empezar a percibir que determinadas reglas ya no buscan solamente organizar la competencia democrática, sino también “administrar preventivamente sus posibles resultados”.

La ciencia política hace tiempo viene estudiando fenómenos donde las elecciones continúan existiendo formalmente mientras el poder concentra herramientas crecientes para administrar reglas, márgenes y condiciones de competencia. Esos procesos no comienzan con la eliminación abrupta de las elecciones, sino mucho antes, mediante reformas graduales justificadas siempre en nombre de la institucionalidad, la transparencia o la modernización del sistema.

Ninguna democracia se transforma de un día para otro. Los cambios más profundos suelen llegar lentamente, reforma tras reforma, hasta que un día la sociedad descubre que conserva las formas electorales pero perdió parte de la libertad real de la competencia.

Y, sin embargo, la historia también demuestra otra cosa: más tarde o más temprano, todos los sistemas terminan rindiendo cuentas ante su propio pueblo.

Por eso, la verdadera dimensión histórica de quienes hoy tienen la responsabilidad de legislar no pasa solamente por sancionar una reforma electoral, sino por decidir qué tipo de democracia quieren dar a Misiones: una que amplíe derechos, fortalezca la participación y garantice competencia política real, o una donde las reglas empiecen lentamente a decidir antes que el propio pueblo. Porque las democracias más sólidas no son las que temen a la voluntad popular, sino las que confían plenamente en ella.