Otra vez, docentes, no docentes, estudiantes y famosos salieron a la calle a exigirle al Gobierno la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Hoy, martes, se lleva a cabo la cuarta Marcha Federal Universitaria en la Plaza de Mayo y otros puntos del país, como en Posadas, en reclamo por la correcta aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta movilización es la continuación de un conflicto prolongado entre la comunidad académica y el gobierno de Javier Milei, tras el feroz ajuste libertario al ámbito educativo.

En firmes declaraciones a Canal 9 Norte Misionero, el decano de la Facultad de Ciencias Forestales, Ing. Fabián Romero, defendió el modelo de la UNaM en Eldorado. Advirtió que, pese al desfinanciamiento y el ataque institucional, la sociedad protege a la universidad porque entiende que es el motor que permite a las familias prosperar.

La Facultad de Ciencias Forestales (FCF) se encuentra en un punto de inflexión. En el marco de la cuarta edición de la Marcha Federal Universitaria, su decano, Fabián Romero, analizó con dureza las políticas del Gobierno Nacional, señalando que el ajuste no es solo económico, sino un golpe a la base misma del sistema democrático y de igualdad de oportunidades.

Un ataque a la movilidad social
Para Romero, las universidades públicas tiene una misión que va más allá de lo académico: es un factor de justicia social, principalmente, en Misiones.

• Primera generación: El decano destacó que el 85% de los graduados de la UNaM en la provincia son los primeros profesionales en la historia de sus familias.

• Conciencia de clase: “La universidad argentina es la que iguala. Es la que permitió que figuras como Favaloro, que venían de abajo, pudieran formarse y devolverle algo a la sociedad. Ese es el modelo que hoy está en riesgo”, afirmó.

Defensa de los indicadores y el rol social
Frente a las críticas nacionales sobre las tasas de graduación, Romero fue tajante en explicar la realidad:
• Estudiantes trabajadores: El 70% de los alumnos argentinos deben trabajar para sostener sus estudios, lo que prolonga la duración de las carreras.

• Ingreso irrestricto: El decano defendió el acceso sin cupos como una forma de no excluir a talentos provenientes de escuelas rurales o con bases menos sólidas, permitiendo que el hijo del colono o del obrero tenga la misma oportunidad que el hijo de un empresario.

“Estamos defendiendo una institución que tiene más de cuatro siglos y que ha sobrevivido a golpes militares y gobiernos de derecha; no la van a destruir porque la sociedad entiende que aquí se generan los talentos que el país necesita”, aseveró Romero.

La crisis de los números: Salarios y servicios
El panorama descrito por el ingeniero es alarmante. Denunció que los docentes y no docentes han perdido más del 55% de su poder adquisitivo, lo que está provocando un vaciamiento de especialistas. “Hoy no podemos retener a nuestros doctores; el sector privado o el exterior se los lleva porque nosotros no podemos garantizarles un salario digno”, lamentó y ejemplificó que en el sector privado o en otros países esos profesionales pueden llegar a percibir el doble o el triple de lo que aquí cobraban.

El ajuste también golpeó directamente el sostenimiento de los estudiantes:
• Comedor Universitario: En la Facultad de Ciencias Forestales se debieron recortar las becas alimentarias, pasando de 350 a 220 almuerzos y de 200 a apenas 100 cenas por día.

• Obras paralizadas: Se detuvo la construcción de un instituto de investigación, una sede en Iguazú y un laboratorio de alta complejidad en Eldorado.

Desprecio por la institucionalidad
Romero también cargó contra la estrategia del Ejecutivo Nacional para evitar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. “Es la primera vez que vemos que un Ejecutivo usa recursos judiciales casi rebuscados para no cumplir una ley aprobada por el Congreso y ratificada por la justicia en dos instancias”, señaló, calificando la situación como un quiebre en los canales democráticos normales de la República.

Finalmente, el decano ratificó el compromiso de la comunidad educativa de salir a las calles: “La universidad ha sobrevivido a dictaduras y crisis profundas; no la van a destruir porque el pueblo sabe que aquí se forman los talentos que el país necesita para salir adelante”.

En Eldorado, se realizará una concentración frente a la Facultad de Ciencias Forestales y la Escuela Agrotécnica, ambas ubicadas sobre calle Bertoni, donde realizarán varias actividades.

El Ejecutivo oficializó una quita de $78.000 millones sobre distintos programas de la Secretaría de Educación. Cuáles son los más afectados.

En la previa a la marcha universitaria por la falta de cumplimiento de la Ley de financiamiento aprobada en el Congreso, el Gobierno decidió un recorte de $78.768 millones en programas de la Secretaría de Educación y dejó sin efecto las transferencias destinadas a obras de infraestructura en universidades nacionales.

Así fue oficializado a través de la Decisión Administrativa 20/2026. La mayor reducción recayó sobre el “Plan Nacional de Alfabetización”, que perdió $35.288.051.713, con impacto directo en las transferencias a las provincias para su ejecución.

El Ejecutivo también suprimió el “Fondo de Compensación Salarial Docente”, destinado a equiparar los salarios mínimos de docentes provinciales, con una quita de $8.929.835.294.

En materia de infraestructura escolar y equipamiento, el ajuste sumó $21.686.636.818. El programa de “Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas” tuvo una baja de $6.649.536.538, dentro de la cual las becas estudiantiles perdieron más de $559 millones.

La empresa estatal EDUC.AR S.A. sufrió una retracción de transferencias por $48.000.000.000.

El recorte también alcanzó a las universidades nacionales: el anexo de la medida registró una poda de $5.303.000.000 en transferencias de capital para infraestructura del conocimiento, con obras suspendidas en trece casas de estudio.

La Universidad Nacional de La Plata fue la más perjudicada, con $1.043.000.000 menos. Le siguieron la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, con recortes de $700.000.000 cada una; Río Cuarto, con $680.500.000; y Entre Ríos, con $540.000.000.

Vale mencionar, en el marco del reclamo universitario que, según estimó el CEPA; el presupuesto del Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior”, que agrupa a las universidades nacionales, acumula una caída real del 32,5% entre 2023 y 2025 bajo la gestión de Javier Milei.

Proyectado en pesos constantes a diciembre de 2026 —según la mediana del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central—, el crédito vigente asciende a $4,87 billones, lo que profundiza esa brecha hasta una retracción acumulada del 41,6% frente a 2023.

La comparación con la Ley de Financiamiento Universitario, vetada por el Poder Ejecutivo y luego reimpulsada por el Congreso, amplía la dimensión del recorte. De haberse aplicado esa norma, el presupuesto de las universidades nacionales habría llegado a $8,49 billones a valores de 2026, con un crecimiento real del 33,8% respecto del nivel vigente en 2025 y apenas 1,9% por encima del de 2023, lo que equivalía a una recuperación casi plena del terreno perdido.

El proyecto del Gobierno apunta en otra dirección. El incremento propuesto del 13,1% elevaría el crédito a $5,51 billones a valores de 2026, pero en términos reales eso representa una caída del 2,1% frente a 2025 y del 33,9% respecto de 2023.

“Por lo tanto, mientras la Ley insistida permitía prácticamente recuperar el nivel presupuestario previo al ajuste realizado por el Gobierno, el proyecto del Ejecutivo consolida ese recorte en términos reales, lo que implica un presupuesto de universidades nacionales 35,1% inferior al que hubiera correspondido bajo la ley aprobada en el Congreso”, señaló el CEPA.

Mientras tanto, el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, dijo: “La consigna de ellos es ‘cumplan la ley’. No se puede cumplir porque es abstracta, quedó derogada al aprobarse el Presupuesto. Cuando vos aprobás una ley presupuestaria previa a la aprobación del Presupuesto, este la deroga de manera implícita, porque no puede haber asignaciones por fuera de eso”.

“Es el 50% de aumento de salario, lo que implicaría un gasto que el Estado no está en capacidad hoy económica de afrontar. Por eso nosotros decimos que incluso antes de que se votara el Presupuesto, también la norma estaba mal, porque incumplía la Ley de Administración Financiera, la cual dice que vos, para aprobar cualquier gasto, tenés que decir de dónde sale”, subrayó.