El secretario de Estado de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, Roberto Padilla, hizo referencia a las pintadas de amenazas en diferentes escuelas de Misiones y afirmó que debe ser tomado como “un llamado a la reflexión” y que el hecho que no se hayan concretado no significa que la sociedad deba subestimar lo ocurrido.

En diálogo con Canal 9 Norte Misionero, dijo que “creo sinceramente que más allá de toda esta circunstancia hay algo que nos tenemos que replantear los adultos porque obviamente el comportamiento, o lo que pasa con un joven, es reflejo de lo que quizás está pasando con un adulto”.

Asimismo, tomando en cuenta que estas pintadas habrían sido a partir de un reto viral surgida en las redes sociales, Padilla analizó que las mismas “pueden ser muy buenas para un montón de cosas, pero también cuando pasan este tipo de situaciones terminan alterando, se terminan viralizando situaciones que Dios quiera, y realmente se está haciendo lo humanamente posible para que no pase, no suceda”.

Acotó que esta situación “es un llamado a la reflexión de una sociedad que necesita hablar de los temas, hablar de las situaciones que a veces emocionalmente le están pasando a nuestros jóvenes y que más allá de que pueda quedar como en un mensaje que no sucedió nada, nosotros no podemos minimizar absolutamente nada” y es por eso que, “cuando hablamos de prevención, no hacemos solamente un enfoque en el tema de las adicciones, porque si no estaríamos siendo muy segmentarios y muy sesgados en nuestra perspectiva”, ya que “una adicción tiene una mirada multicausal y es multidimensional (…) creo que estos mensajes también pueden estar pasando, no por algo en particular, sino por varios motivos, entonces creo que hay que tener la capacidad de poder escuchar, de prestar atención, de hablar del tema y que todos los que de alguna manera estamos indirectamente o directamente involucrados armar redes y trabajar en equipo como se viene haciendo”.

Para concluir, Padilla dijo que “mi mensaje hoy hacia las autoridades de Educación fue poner a disposición nuestra Secretaría de Estado, poner a disposición los profesionales que trabajan porque tenemos psicólogos, psicopedagogos, acompañantes terapéuticos y las escuelas son espacios donde nosotros caminamos muchísimo durante todo el año que sepan que estamos a disposición”.

Un total de 12 menores fueron identificados por la Policía como presuntos autores de intimidación pública y amenazas en establecimientos educativos de la provincia, a partir de tareas de ciberpatrullaje, análisis digital y despliegues preventivos, siendo puestos a disposición de la Justicia y del sistema estatal de protección de niñas, niños y adolescentes.

La Jefatura de Policía, a través de la Dirección General de Seguridad, impulsa un abordaje integral frente a hechos de intimidación en escuelas, articulando acciones con las dependencias policiales, áreas de cibercrimen y el sistema judicial, con eje en la detección temprana y la prevención.

En este marco, uno de los casos se registró en la localidad de Guaraní, donde un alumno de 15 años fue identificado como presunto autor de un audio con amenazas dirigido a un directivo escolar. A partir de tareas de análisis digital y geolocalización de la línea telefónica, se logró establecer su presunta vinculación con el hecho. Por disposición judicial, el menor fue notificado en presencia de su progenitor, quien además hizo entrega voluntaria del teléfono celular para su secuestro y peritaje por parte de especialistas en cibercrimen.

Por otra parte, en San Vicente, una docente detectó una inscripción en el baño de una institución educativa que advertía sobre un supuesto ataque. Tras las averiguaciones, se logró individualizar a un estudiante de 13 años como presunto autor del mensaje intimidatorio. En este caso, la Justicia dispuso la notificación del menor a través de su madre y la intervención de las áreas correspondientes del sistema de protección.

Como hecho más reciente, en la localidad de Dos de Mayo, un alumno de 14 años fue identificado como el presunto responsable de haber llevado un arma de fuego a un establecimiento educativo y exhibirla ante otros estudiantes. A partir de la denuncia del rector, se procedió al secuestro de un revólver calibre .22, el cual fue entregado por el progenitor del menor. Por disposición del Juzgado Correccional y de Menores interviniente, el adolescente fue notificado en presencia de su padre y entregado para guarda y custodia.

En todos los casos, los menores fueron notificados por disposición de los jueces intervinientes en presencia de sus progenitores, quedando a disposición de la Justicia, que continúa con las actuaciones correspondientes en articulación con el sistema de protección de derechos.

Estos hechos, se suman a una serie de situaciones detectadas en la provincia en los últimos días, en línea con dinámicas que también se registran a nivel nacional, donde este tipo de conductas se replican mediante mensajes en redes sociales, audios o escritos intimidatorios en establecimientos educativos.

En total, se contabilizan cerca de 100 intervenciones vinculadas a hechos de intimidación pública en escuelas de Misiones, con mayor concentración en la zona capital, seguida por otras localidades del interior. En varios procedimientos, además, se concretaron secuestros de elementos potencialmente peligrosos, como armas de fuego, proyectiles, cuchillos y otros objetos punzantes.

El abordaje incluye tareas de ciberpatrullaje, análisis de comunicaciones digitales, patrullajes preventivos y presencia activa en las instituciones, conforme a lineamientos de la Jefatura de Policía.

De esta manera, la provincia refuerza un modelo de prevención activa y conjunta, articulando tecnología, intervención judicial y policial, junto al trabajo con la comunidad educativa, con el objetivo de anticipar riesgos y garantizar la seguridad de estudiantes y docentes.

Ante la reciente ola de pintadas con amenazas en establecimientos educativos de diferentes localidades de Misiones, desde la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia se recomienda priorizar la calma institucional, el resguardo físico y la contención emocional de los estudiantes.

En este sentido, desde el organismo que depende de la Vicegobernación de Misiones se insta a llevar adelante medidas de prevención y de respuestas ante las amenazas y pintadas. En ese sentido, si se detecta una amenaza escrita (pintadas o mensajes digitales) es fundamental dar aviso inmediato, esto implica informar a los servicios de emergencia (Policía y Dirección de Salud Pública) y a las autoridades directivas de la institución educativa para activar la custodia policial. Ante este hecho, se recomienda también no minimizar la situación: Aunque parezcan retos virales, cada amenaza debe ser investigada por la Justicia y la Policía.

Asimismo, desde la Defensoría Provincial se hace hincapié en la importancia del control de accesos, esto es reforzar el monitoreo en los ingresos al establecimiento educativo y, de ser necesario, solicitar apoyo policial preventivo en las inmediaciones del edificio.

En tanto, se considera relevante evitar la difusión de imágenes: No compartir fotos de los mensajes intimidatorios en redes sociales para evitar el “efecto contagio” y la revictimización de los estudiantes. Vale remarcar que garantizar el Cuidado y Protección de los NNyA es responsabilidad de todos. Desde la Defensoría Provincial de los Derechos de los NNyA se destaca el trabajo que se viene implementando en este marco desde la Policía de Misiones y desde el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia a partir de que se realizaron procedimientos judiciales y se intensificó el trabajo preventivo con presencia policial, ciberpatrullaje y articulación con docentes y familias.

En esa línea, se valora la adopción de medidas preventivas con intervención de organismos especializados, garantizando el resguardo de los derechos de los involucrados y el acompañamiento institucional necesario. En todos los casos detectados, se trabaja con un abordaje interdisciplinario, articulando acciones entre áreas especializadas, la comunidad educativa y las familias.

Protocolo de actuación en las escuelas
Vale recalcar que ante la recepción de la amenaza es importante que no se subestime el hecho, pero es vital analizar si proviene de retos virales o situaciones de hostigamiento previo. Por este motivo es necesario notificar de inmediato a la Policía y la Justicia para que realicen el relevamiento de pruebas y garanticen la seguridad del perímetro. Así también de se debe evitar tratar el hecho como una simple “travesura”, pero también evitar la estigmatización inmediata del presunto autor, priorizando su resguardo institucional.

A esto se suma que es fundamental accionar desde el rol del adulto con un enfoque de niñez y adolescencia, es por esto que se deben generar espacios de confianza para que los estudiantes expresen sus miedos sin ser juzgados. Ante esto, es relevante informar a las familias de manera transparente para evitar el pánico y la desinformación, como también, no difundir imágenes de las amenazas o armas por redes sociales o grupos de chat para evitar el “efecto contagio”.

En caso de entrevistas o indagaciones, asegurar que sean respetuosas de los derechos de NNyA y no exponerlos a situaciones de riesgo adicional. Otro punto destacado es el abordaje de la salud mental y convivencia, para esto es necesario activar equipos interdisciplinarios (psicólogos, trabajadores sociales) para brindar apoyo post-evento a toda la comunidad educativa.

Es así, tal como comenzó a llevar adelante el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en la provincia, es importante trabajar a través de talleres de Convivencia Digital, sobre el uso responsable de redes y la identificación de contenidos violentos o retos peligrosos.

Si se identifica a un estudiante como autor, fomentar que reconozca su acción y participe en medidas que busquen reparar el daño al clima escolar, involucrando activamente a su familia. Vale recordar que, de acuerdo al marco legal, las amenazas son delitos tipificados en el Art. 211 del Código Penal (penas de 2 a 6 años) por generar temor colectivo.

En caso de sospechar que la amenaza surge de situaciones de violencia previa o maltrato, utilizar la Línea 911, 102 o la Línea 137 para orientación especializada.