El presidente de la Federación de Cooperativas de Electricidad de Misiones (FeCEM), Ángel Kuzuka, explicó a Canal 9 Norte Misionero el escenario actual, creado por la decisión del Gobierno Nacional de eliminar los subsidios energéticos, y que este año tuvo como novedad que entró en vigencia el nuevo esquema Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que unifica la asistencia para la electricidad, el gas natural, el gas propano por redes y las garrafas de 10 kilos.

“Nosotros veníamos de un formato de subsidios el año pasado que estaban divididos en tres, eran los subsidiados y después veníamos con subsidios medios y subsidios más altos, eran N1, N2 y N3”, indicó Kuzuka, pero “a partir de diciembre salió la nueva resolución, donde a partir de este año se aplicaban los subsidios focalizados y los no subsidiados”.

Esto ocasionó que muchas personas que se encontraban como beneficiarios, repentinamente perdieran esa categoría y tuvieron que comenzar a pagar tarifa plena, lo que significó un fuerte impacto en la factura. La primera reacción de esos usuarios es hacer el reclamo a la prestadora local y es allí donde el Presidente de FECEM afirma que “las cooperativas, en realidad no sabemos el motivo por el cual por ahí no está ese listado, entonces lo que sí sugerimos es a la gente que le quitaron el subsidio, que se Re empadronen o reclamen o verifiquen el motivo por el cual le quitaron, y que haga el reclamo correspondiente”.

Kuzuka aseveró que este trámite lo debe realizar “el que no tiene el beneficio, haya tenido o no haya tenido, porque por ahí cambian los parámetros, tiene que solicitar el subsidio, después Nación verificará y dirá si le corresponde o no le corresponde”, aclarando que “el que tiene el beneficio no hace falta” que se reinscriba.

El trámite se realiza exclusivamente a través del sitio oficial: www.argentina.gob.ar/subsidios

Consultado sobre la cantidad de usuarios damnificados por la medida nacional, indicó que “estadística general no tengo, lo que existe es variable, no es lo mismo en cada zona, hay distintas variables, en algunos casos perdieron más, en otros perdieron menos, no tenemos todavía bien claro”, reconoció, pero aclaró que “lo que estamos haciendo cada cooperativa, es todas las verificaciones en los casos de los que no tienen subsidio, o le quitaron, el motivo por el cual o qué pasó”, aunque sugirió que también lo debe “hacer cada socio”.

En cuanto al impacto que tiene en la factura contar o no con el subsidio, comentó que “el subsidio tiene límites de consumo, lo que sí te puedo decir, hay muchas diferencias en el costo del kilovatio (…) un kilovatio subsidiado vale más o menos 80 pesos y un kilovatio sin subsidio vale más o menos 235 o 240”, y ejemplificó que “en el caso de enero, por ejemplo, tuvieron subsidio hasta 550 kilovatios, que es mucho”, pero “en febrero habrá que ver que va a pasar, porque lo que decía la primera reglamentación era que bajaba únicamente a 150 kilovatios”, aunque “sé que se estaba peleando, que para las zonas complicadas climáticamente como la nuestra, se pedía que ese límite sea un poquito más alto”.

Remarcó que se ha visto, en el último tiempo, “muchos casos de gente que viene acá que le quitaron el subsidio, como jubilados o pensionados, que no entiende por qué, y dice, no puedo pagar, lo único que nos queda es decirle vamos a ver cómo podemos hacer, no te vamos a cortar, vemos cómo te podemos ir financiando, tratar de bajar el consumo, hacer el reclamo correspondiente para que por ahí el mes que viene vuelvas a tener el subsidio, o sea, hacemos de todo, pero no tenemos la solución, porque el costo que vale la energía tenemos que terminar pagando nosotros también” y por lo tanto “la cooperativa no puede bajarle ni hacerle un subsidio, porque estamos en las mismas condiciones que toda la gente”.

El panorama es tan complejo que se ha visto un fuerte aumento de la morosidad. “Ya viene aumentando desde el año pasado y te puedo decir que en el último semestre casi se duplicó”.

También los cortes en el suministro se han incrementado y tomó como ejemplo a la Cooperativa que él representa, la de Dos de Mayo, donde “hacemos cortes todos los meses por falta de pago a partir de las segundas facturas” y graficó que “en la zona que se hacían 40 cortes, se pasó a hacer hasta 70, 75 cortes”, pero, además, los usuarios están tomando la decisión de cortar aquellos servicios “menos esenciales”, señaló.

Estos datos tienen incidencia en el funcionamiento de las cooperativas, por lo que se está “tratando de bajar los costos, no se pueden hacer inversiones, simplemente tenemos que ir haciendo las correcciones o los arreglos que nos van apareciendo, ser eficientes en el servicio, esa es la realidad, se trabaja como se puede, se cuidan todos los detalles, y bueno, después llegan los momentos que cuando empieza el déficit, sabemos que lo que primero pasa es que tenemos que empezar a tener problemas con el pago de la energía a la empresa provincial”, cerró.

Ayer, lunes, en la ciudad de Posadas un estudiante atentó contra su vida en el patio de la escuela a la que asiste y está internado en el Hospital Ramón Madariaga en estado crítico. Desde la Comisión de Abordaje Integral al Suicidio (CAIS) informaron que inmediatamente conocido el episodio activaron el protocolo de asistencia propio para estos casos.
Esta mañana, Canal 9 Norte Misionero dialogó con la referente del CAIS, Natalia Falcone, quien comentó que “ni bien se tomó conocimiento de esta situación, todo el protocolo se puso en marcha y funcionó lo que es la primera atención de la emergencia que es la policía y el sistema de salud” y agregó que “a partir de ahí se desarrollan todas las tareas que tienen que ver con acompañar y contener a toda la comunidad educativa y a todas las personas que han podido estar impactadas por este hecho. Hoy estamos ya en la escuela trabajando con los equipos del Ministerio de Educación, del Consejo General de Educación, conteniendo a los alumnos, a los padres y a los docentes de la institución”.

Además, recalcó que “el joven que sufrió el hecho está en el hospital y está siendo atendido, contenido por psicólogos y con todo el equipo médico, pero también trabajamos en acompañar y minimizar el impacto que esto pueda tener en otros jóvenes” ya que “sabemos que las conductas suicidas muchas veces disparan conductas de imitación”.

Consultada sobre si el estudiante había evidenciado algún signo de alarma, Falcone comentó que “lo que nosotros sabemos es que el joven no había pedido ayuda ni había ninguna manifestación o pedido a otros adultos ni a sus compañeros (…) en este caso particular no se había recibido ninguna alerta, no teníamos ningún dato que nos pudiera indicar que esto iba a ocurrir. Por eso también el impacto de la sorpresa y de lo conmovido que está toda la comunidad educativa”.

También se le preguntó sobre si esa presunta llamada que habría mantenido instantes previos a cometer el acto tuvo alguna relación con su decisión, o si fue inducido a hacerlo, Falcone respondió que “la verdad que me gustaría por ahí no hablar específicamente de la situación, un poco más por respeto a la familia y al joven de la situación individual” y añadió que “eso es algo que le corresponde investigar a la justicia. Saber que hubo, descartar que no haya habido ninguna situación que lo haya llevado, pero queda dentro de la órbita de lo privado y lo personal de esa persona, y por supuesto de la intervención de la justicia en caso de que sea necesario”.

Para concluir, acotó que “el suicidio no es un acto punible, no es una conducta que sea castigada, pero sí la instigación al suicidio”, aunque “una vez que eso se descarta, se trabaja desde el punto de vista de la salud”.

También hizo referencia a la importancia de mantener muy vigente y fortalecido la campaña de concientización sobre la prevención del suicidio no solo en las escuelas, sino también en cualquier ámbito de la sociedad.

Esta actualización en el cuadro tarifario comenzará a regir a partir del próximo 6 de marzo y tiene por objetivo sostener la prestación eficiente de los servicios brindados.

El Ministerio del Interior publicó este martes el nuevo cuadro tarifario de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), organismo que depende de la Secretaría de Interior. Esta actualización alcanzará a los DNI, pasaportes y demás trámites.

La Resolución 19/2026 dejó sin efecto los artículos 2° de las Resoluciones N° 93 del 26 de febrero de 2025 y N° 231 del 30 de mayo de 2025, ambas dictadas por la entonces Vicejefatura de Gabinete del Interior. El objetivo principal es actualizar las tasas que percibe el RENAPER por la expedición de documentos, certificados, testimonios y otros servicios, en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 17.671 y sus modificaciones.

De acuerdo con lo establecido, esta actualización comezará a regir a partir del próximo 6 de marzo y responde a la necesidad de sostener la prestación eficiente de los servicios brindados por el RENAPER, considerando el uso creciente de herramientas digitales y la demanda de servicios de validación de identidad.

Este esquema de los valores alcanza a trámtites como los siguientes: ña expedición del Documento Nacional de Identidad (DNI), servicios de validación digital y otros procedimientos, diferenciando entre personas argentinas y extranjeras.

En simultáneo, mediante la resolución 106/2026 del RENAPER, también se actualizaron los montos para la tramitación del pasaporte.

Uno por uno, los nuevos valores
Para personas argentinas, el primer DNI para recién nacidos seguirá siendo sin cargo hasta los seis meses. Por otro lado, el primer ejemplar de DNI por carta de ciudadanía u opción de nacionalidad, así como las actualizaciones a los cinco, ocho y catorce años, tendrán un costo de $10.000 por trámite.

Los nuevos ejemplares —ya sea por cambio de domicilio, rectificación de datos o adopción— también costarán $10.000. Los servicios exprés para obtener el DNI en menor plazo tendrán recargos: el trámite exprés costará un adicional de $16.000 (total $26.000), la modalidad 24 horas suma $31.000 (total $41.000) y el trámite al instante, disponible solo en oficinas habilitadas, tiene un adicional de $47.000 (total $57.000).

En el caso de personas extranjeras, la primera identificación y las actualizaciones principales tendrán un valor de $20.000. Esto aplica a ciudadanos del MERCOSUR y de otros Estados, tanto para menores de 14 años como para mayores con residencia temporaria o permanente. Los trámites de actualización, rectificación o cambio de domicilio para extranjeros también tendrán un costo de $20.000 por cada gestión.

El esquema tarifario incorpora valores para servicios digitales vinculados a la validación de identidad y verificación de datos. Por ejemplo, la verificación de vigencia de DNI, validación de datos, o avisos de fallecimiento —mediante tecnología API REST y acuerdos con organismos— tiene un costo escalonado: $60 por transacción hasta 40.000 operaciones mensuales, $35 por transacción para volúmenes entre 40.000 y 2 millones, y $20 para consumos superiores a 2 millones de transacciones. La prueba de vida pasiva y la verificación de pasaporte tienen una tarifa de $70 cada una. Para los establecimientos de la Administración Pública Nacional, estos servicios se ofrecen a tarifas reducidas, desde $2 hasta $7 por transacción, dependiendo del tipo de servicio y el volumen mensual.

Entre los otros trámites se establecen valores para copias autenticadas de constancias y suministros de información especializada, con tarifas de $8.000 y $9.000, según el caso. El nuevo ejemplar de DNI por errores formales de emisión, pasados noventa días de la entrega inicial, costará $10.000. La rectificación de datos sin emisión de DNI será sin cargo. Los peritajes sobre el Documento Nacional de Identidad tienen valores de $15.000 para informe forense y $8.000 para informe simple.

La fabricación de credenciales diplomáticas y no diplomáticas, consulares, de misiones especiales y de organismos internacionales costará $31.000. La autorización de viaje al exterior para menores de dieciocho años con pasaporte ordinario tendrá un costo de $30.000.

El cuadro tarifario contempla exenciones. No abonarán tasa los organismos públicos que requieran documentos en el marco de sus funciones, ni las personas sin recursos económicos ni sus hijos menores de dieciocho años o personas a cargo con capacidades restringidas. También están exentos quienes tramiten nuevo ejemplar de DNI por errores formales de emisión dentro de los noventa días de la entrega, quienes soliciten rectificación registral de sexo, cambio de nombre de pila, clasificación género “X” y la consecuente expedición del DNI, así como las personas que soliciten el certificado de pre-identificación por carecer de DNI y acta de nacimiento, y quienes gestionen el primer ejemplar por inscripción tardía.

El costo para obtener un pasaporte ordinario en Argentina con entrega regular asciende actualmente a $100.000, según se informó oficialmente. Para quienes requieren el documento con mayor urgencia, existen opciones adicionales: el trámite exprés implica un arancel extra de $100.000, sumando un total de $200.000; mientras que la tramitación de resolución inmediata implica un arancel adicional de $230.000, lo que lleva el costo total a $330.000.

El pasaporte excepcional para extranjeros, el documento de viaje para personas apátridas y el documento de viaje para personas refugiadas presentan el mismo valor de $100.000 cada uno. Esta actualización de tarifas se encuentra vigente para todos los casos mencionados y responde a disposiciones emitidas por las autoridades migratorias nacionales.

En cuanto a la reposición de pasaportes o documentos de viaje solicitados por errores formales de emisión, se estableció que no habrá costo siempre y cuando la solicitud se realice dentro de los noventa días corridos a partir de la fecha de entrega del documento original. Esta excepción solo aplica a fallos formales detectados en el proceso de emisión y no a otros motivos de reemplazo.