Una ola de robos está afectando a una zona de Eldorado, ubicada en calle Formosa y San Luis (Km. 8). Ya fueron 6 las casas atacadas por los delincuentes y una de ellas fue “visitada” ya en dos oportunidades. Es, precisamente, de esta última de donde sustrajeron el maletín con dinero y la motocicleta Honda XR modelo 2018, cuyo valor estimado supera los 3 millones de pesos.
Alejandro Rendón, un ciudadano colombiano que hace 11 años reside en Eldorado, es el damnificado de estas sustracciones y relató a Canal 9 Norte Misionero las particularidades de lo que le ha pasado.

Indicó que el lunes de la semana pasada le violentaron la ventana, ingresaron y se llevaron una hidrolavadora y una caja de herramientas. En tanto que, entre la noche de ayer y la madrugada de hoy, aprovechando la tormenta, levantaron una chapa del techo, entraron y se llevaron la motocicleta, el maletín y dos cascos, tras violentar una puerta.
Rendón contó que se levantó a las 4,20 de la madrugada a tomar agua y “me encontré con todo empantanado”, luego observó que la moto, que estaba en el lavadero, ya no estaba. Posteriormente, llamó a la Comisaría Seccional Primera y se hizo presente un uniformado que realizó las primeras acciones. Ya en la mañana se acercó a la Seccional para radicar formalmente la denuncia.
Indicó que él no tiene cámara de videovigilancia y que consultó a sus vecinos que tampoco poseen. “En esta zona la señal de internet es pésima”, explicó,
Llamada:
Rendón comentó que, a media mañana, recibió un llamado en la que se escuchaba a un hombre que le manifestó que tenía su moto. “Se comunicó pidiéndome plata y me dijo ‘yo tengo su moto en un galpón, deme 300 mil pesos’, me pasaron un CBU y tengo ahora todos los datos del que me llamó”, relató y agregó que le dijeron que no le corte la comunicación y que no llame a la Policía, porque ‘le vamos a entregar su moto’.
Rendón, quien es vendedor, le manifestó que tenía el dinero en efectivo ya que sospechaba que le pretendían estafar, aunque ante la duda le transfirió 7 mil pesos, comentó. Tras un intercambio de palabras, esa persona le cortó el llamado y no volvió a atender el celular a pesar de los intentos del damnificado.
La víctima del robo acotó que la persona que lo llamó le había dicho en un momento que iba a ir a verlo en un auto de color rojo y que iba a estar acompañado de su esposa e hijo, y que por ello le solicitaba que no involucre a la policía y así concretar la operación. Rendón señaló que ese hombre le dio a entender que se dedicaba a comprar motos robadas y los almacenaba en un galpón que alquilaba.
Al ser consultado si recibió algún otro mensaje que le pudiera guiar donde estaría la moto, comentó que le pasaron datos que estaría en varios lugares dentro de la ciudad -barrio 20 de junio (Km. 3), barrio Itatí (Km. 9), cerca de la Tumba del Fundador (Km. 1) o, incluso, en la localidad de 9 de Julio- y alrededores, aunque ninguna pudo ser confirmada.

No fue el único robo:
Durante la última semana, habrían sido 6 las casas atacadas por delincuentes. Rendón ejemplificó al respecto que “el miércoles de la semana pasada le reventaron la puerta a una vecina, se avisó y todos salimos, pero se nos volaron -fueron-“.
Por todo esto es que en los últimos días no están pudiendo dormir con normalidad ya que están en constante alerta.

El presidente Javier Milei consiguió una nueva victoria en el Congreso al blindar su veto a la ley de financiamiento universitario. El Gobierno había rechazado la norma que actualizaba los salarios docentes y no docentes por inflación –retroactivo a enero y hasta diciembre- por considerar que ponía en riesgo el equilibrio fiscal, piedra fundamental del plan económico.

Tras varias semanas de tensiones con sus aliados y negociaciones frenéticas con gremios y gobernadores, los libertarios sumaron 84 votos en defensa del veto, mientras que la oposición apenas pudo sumar 160 para insistir con el proyecto original. Dado que la Cámara de Diputados necesita dos tercios de los presentes para rechazar un veto presidencial, las ausencias y las abstenciones jugaron un papel clave.

La intervención de Mauricio Macri fue determinante para terminar de ordenar la bancada del PRO, que estaba atravesada por fuertes tensiones internas. Algunos consideraban que la crisis con los gremios docentes había escalado por falta de negociación y además entendían que el costo de 0,14 del PBI no ponía realmente el riesgo el equilibrio fiscal. Finalmente, a pesar de aclarar repetidas veces, en la previa y durante la propia sesión, que defendían la educación pública, el bloque que conduce Cristian Ritondo apoyó mayoritariamente al Gobierno con 35 votos. Solo votaron con la oposición los larretistas Álvaro González y Héctor Baldassi, en tanto Héctor Stefani estuvo ausente por problemas de salud.

La actitud del PRO en general, y del macrismo más duro en particular, cambió después de la reunión que el líder del partido tuvo con el principal asesor de Milei. Si bien luego de que se conociera ese cónclave no trascendió ningún detalle, la sesión de este miércoles dejó demostrado que hubo un acuerdo entre ambos.Cristian Ritondo y Silvia Lospennato, del PRO (Adrián Escandar)

“Este bloque es responsable y coherente con lo que dijimos en la campaña, con lo que pensamos y con los valores que tenemos. No negociamos el cambio”, dijo Ritondo. Y agregó: “Dejaron una bomba que había que desactivar, y para eso había que ajustar el gasto, reducir el déficit, corregir los precios relativos, normalizar los tipos de cambio y es lo que este gobierno está haciendo. No les importa la educación, es mentira, les importa golpear un gobierno que tiene debilidad parlamentaria, es intentar que a este gobierno les vaya mal”.

Por su parte, los libertarios mantuvieron los 39 votos de su bloque pero la diputada rebelde Lourdes Arrieta, que recientemente armó su propio monobloque a raíz de una pelea con Martín Menem tras la visita a represores al penal de Ezeiza, votó a favor del financiamiento universitario. Oscar Zago, jefe de la bancada aliada del MID, estuvo ausente por un viaje que desde su entorno aclararon que estaba planificado desde hace meses.

El radicalismo, impulsor original del proyecto de financiamiento universitario, volvió a atravesar las misma turbulencias internas que ya dejaron al bloque al bloque al borde de la ruptura cuando se trató el veto a la nueva fórmula jubilatoria. Esta vez, de los cinco radicales “libertarios” que apoyaron el veto a las jubilaciones, cuatro se mantuvieron firmes junto a Milei (Luis Picat, José Tournier, Martín Arjol y Mariano Campero); mientras que Pablo Cervi esta vez decidió abstenerse.

Cuando un diputado se abstiene en parte colabora con el oficialismo ya que al estar presente durante la sesión aumenta el número necesario para alcanzar la mayoría especial de dos tercios.Máximo Kirchner, de Unión por la Patria

En cambio, el chubutense Jorge Ávila, del bloque Encuentro Federal, tras la intervención del gobernador Ignacio Torres, se ausentó. Cerca del gobernador aclararon que el diputado terminó internado con un problema de salud, algo que negaron sus compañeros de bloque. El resto del bloque de Miguel Ángel Pichetto apoyó el reclamo universitario, salvo Ricardo López Murphy, que también está de viaje y se perdió la sesión.

“Siempre a favor de la universidad pública, de calidad y federal, pero también de las auditorías que transparenten los gastos. Por eso voté hoy en contra del veto, y en su momento a favor del artículo 7 de esta Ley que permitía las auditorías, a diferencia de lo que votaron La Libertad Avanza y el kirchnerismo”, expresó Florencio Randazzo.El tuit de Florencio Randazzo sobre el veto a Ley Financiamiento

La balanza se terminó de inclinar a favor de la Casa Rosada gracias a los gobernadores, que nuevamente jugaron fuerte. Por ejemplo, el tucumano Osvaldo Jaldo instruyó a los tres miembros del bloque Independencia a apoyar el veto y el misionero Carlos Rovira, jefe político del Frente Renovador de la Concordia, hizo lo propio con cuatro diputados misioneros de Innovación Federal que se abstuvieron (en agosto habían votado a favor de la Universidad). El mandatario sanjuanino Marcelo Orrego, en cambio, aportó dos diputados en contra del Gobierno. “San Juan es la tierra de Sarmiento y la educación pública, el gobernador no iba a regalarle ese flanco al peronismo de Uñac y Gioja para que lo ataquen”, explicó un operador. Fue la primera votación que toman distancia del oficialismo.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, jugó de forma ambigua. Uno de sus diputados, Sergio Acevedo, votó a favor del veto, mientras que su compañero de bancada José Luis Garrido defendió el veto. Una maniobra dificil de analizar.

Para ampliar los consensos y asegurar el apoyo del PRO, el Gobierno no dejó de negociar con los gremios docentes y ayer anunció un aumento de la Garantía Salarial Docente, que es el sueldo mínimo que los profesionales cobran de bolsillo por cargo y luego de descontar los aportes obligatorios. El incremento será retroactivo e implicará que desde el 1 de julio pasado el salario en cuestión tenga un piso de $420.000, lo cual se suma a la suba del 6,8% para personal docente y no docente de las Universidades Nacionales para octubre, que sigue por debajo del reclamo sindical.

Unión por la Patria se posicionó casi con unanimidad en contra del veto. Sin embargo, una ausencia encendió las alertas en el bloque que conduce Germán Martínez: la catamarqueña Fernanda Ávila se ausentó de la votación -aunque estaba en su despacho- a raíz de una negociación entre la Casa Rosada y el gobernador Raúl Jalil. Tanto la Coalición Cívica como el Frente de Izquierda pudieron salir de la sesión sin fisuras y aportaron todos sus votos para rechazar el veto.

“Es innegable la necesidad de recomponer las remuneraciones docentes, pero no hay crédito disponible para solventar un aumento significativamente por encima de las actualizaciones que ha recibido el resto de los empleados de la administración pública. La indexación de salarios, además de ser una práctica inercial, es inviable. ¿Por que indexar salarios a docentes y no a los demás agentes públicos?”, planteó la diputada libertaria Mercedes Llano.

“La educación pública no está en peligro, no tengan miedo. Es ridículo pensar que el gobierno que declaró la educación como servicio esencial está detrás de un intento de terminar con la educación pública. Estamos en contra de los curros”, sintetizó José Luis Espert, quien tuvo a su cargo el discurso de cierre por los libertarios.

Sobre el final de la sesión, la oposición logró aprobar un emplazamiento a las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento

Emplazamiento a las comisiones de Legislación Gral, Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamentos para tratar los proyectos de reforma de la ley la 26.122 sobre Decretos de Necesidad y Urgencia. Habrá dos reuniones informativas el 16 y el 23 de octubre, para dictaminar el 30 del mismo mes.

El legislador Miguel Nuñez quedó envuelto en una polémica luego de que el Juez Federal Ariel Lijo desestime por “infundada” una presentación realizada por el dirigente del PRO, con el patrocinio del abogado Fernando Acosta.  Según la Justicia Federal, la denuncia no aportaba ninguna prueba y por tal motivo el magistrado ordenó el archivo de las actuaciones. Se trata del segundo revés judicial del letrado de las asociaciones rurales.

El pasado 2 de octubre, el Juez Federal Ariel Lijo que subroga interinamente el juzgado de Canicoba Corral, desestimó una denuncia penal presentada por el diputado del PRO Miguel Nuñez, por infundada.

Luego de argumentar la falta de consistencia, producto de la falta de pruebas, el magistrado resolvió “Archivar la presente causa N°3235/24 por no poder proceder, en los términos del Artículo 180 -in fine- del Código Procesal Penal de la Nación”.

El 13 de agosto, el diputado Nuñez se había presentado en Comodoro Py junto al abogado Acosta, conocido en este último tiempo por impulsar numerosas denuncias contra el Estado misionero.

La presentación de la denuncia fue acompañada de una fuerte acción de instalación del tema desde las redes sociales y a través de algunos periodistas reconocidos por hacer lobby regularmente a favor de los grandes jugadores del sector de campo.

El juez Lijo expresó en su resolución que “la puesta en marcha de una investigación penal en un Estado de Derecho, demanda la existencia de una sospecha suficiente, indicativa de la comisión de un delito determinado”. Lo cierto es que la ausencia de este elemento sugiere lo que en doctrina se denomina “excursión de pesca”, con la consecuente asignación de recursos que demandaría la realización de una búsqueda sin pruebas ni hechos concretos para investigar.

La falta de pruebas conducentes en la denuncia impulsada por el diputado del PRO llevó a que el Juzgado Criminal y Correccional 6 solicite al SENASA informes respecto a la comercialización de un bioherbicida por parte de la empresa Agrosustentable.

Nuñez había solicitado una inspección a la empresa instalada en el Parque Industrial de Posadas para realizar la verificación respectiva. Al respecto, el director de Estrategia y Análisis de Riesgo del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, Esteban José Sampietro, fue contundente en su informe al concluir que “en las inspecciones no se halló el producto denunciado”.

Frente a la falta de pruebas, el fiscal de la causa manifestó que “… si bien Nuñez referenció la existencia de una serie de sucesos a analizar, lo cierto es que los mismos no se encuentran apoyados en elementos objetivos, motivo por el cual la generalidad en que se basa la denuncia determina la imposibilidad de impulsar la investigación”.

La decisión del juez Lijo se apoyó en la postura del fiscal afirmando que “la ausencia de precisiones que se plantea en el caso se presenta como un obstáculo a la hora de circunscribir una plataforma fáctica que posibilite sugerir y ordenar medidas de prueba con cierta probabilidad de éxito o encauzar el legajo respecto a una hipótesis delictiva concreta, en contraposición con la búsqueda general y sin sustento que se propiciaría con el impulso de la investigación en estas condiciones”.

Se agrega en el expediente, respecto a la falta de consistencia de la denuncia que “de la misma manera, Nuñez sostuvo que aquel producto habría sido adquirido con fondos del FET, es decir, con fondos recaudados por el Estado nacional, lo que indicaría una compra efectuada desde el Ejecutivo local, aunque aquella información surgiría de los dichos de una funcionaria del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, de la que no se proporcionó dato alguno, es decir, la fuente de esa afirmación tampoco se conoce, imposibilitándose la obtención de mayores elementos que brinden sustento a lo denunciado”.

El magistrado porteño concluyó: “de este modo, se advirtió que una denuncia igualmente genérica dio inicio al lega EX2024-75568723-APN-DGTYA#SENASA -cuyo objeto se fijó en la presunta comercialización de un producto fitosanitario en condicones irregulares-, aunque los resultados de las medidas de prueba allí desplegadas tampoco aportaron a la presente elementos que permitan concretizar las hipótesis denunciadas y/o brindarles sustento”.

Acosta, el abogado de las denuncias sin pruebas

La resolución del juez Lijo, muy cercano al presidente Javier Milei, no es el primer revés judicial que recibe el polémico letrado misionero Fernando Acosta. Días atrás, había patrocinado a un grupo de productores que intentaron impulsar una medida cautelar contra el Gobierno provincial por la Ley de Promoción de Bioinsumos. Asesorados por Acosta, los productores apuntaron contra las autoridades provinciales y contra el SENASA. El planteo de los representados por el controvertido abogado apuntaba a la prórroga de la aplicación de la legislación que establece la transición hacia el uso de productor orgánicos para abandonar por completo el uso de glifosato en las chacras misioneras en el año 2029. Los accionantes sostenían que era el SENASA quien  debía ratificar este tipo de regulaciones y que no corresponde a la legislación provincial.

Lo cierto es que la medida cautelar fue desestimada por el Juez Federal de Oberá Alejandro Gallandat. En diálogo con la prensa, el magistrado informó que se trataba de “una medida cautelar autónoma, en principio iniciada por varios productores”. En la misma, los demandantes manifestaban que la ley que establece la obligatoriedad del uso de bioinsumos significaba un atentado contra sus actividades agropecuarias. Sin embargo, consideró que no existían razones suficientes para que prospere la medida: “lo que buscaban era algo que en este momento no tiene actualidad ni vigencia”.

El juez Gallandat argumentó que los jueces federales tienen que expedirse cuanto hay un conflicto, cuando hay realmente una controversia. “En este caso, no había conflicto y esa fue una de las razones por las cuales fue rechazado”.

El magistrado enfatizó en que las medidas cautelares autónomas funcionan para situaciones de urgencia en las que “debe estar muy clara la verosimilitud del derecho”. Esto quiere decir que los posibles agravios se tienen que comprobar para, de esta manera, evitar un “perjuicio irreparable”.

De esta forma, el abogado misionero Fernando Acosta, quien además es profesor universitario, queda en el centro de la polémica tras haber prestado su asesoramiento técnico tanto al diputado del PRO Miguel Nuñez como al grupo de productores, en demandas que no contaban con elementos probatorios y tampoco se ajustaban a los presupuestos legales establecidos por la normativa vigente para que puedan prosperar las causas.