El miércoles a la noche el presidente de la nación Javier Milei firmó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario devolviéndolo al Congreso Nacional lo que representa un duro golpe para las universidades públicas del país, que vienen funcionando con un presupuesto anacrónico.

En ese marco, la rectora de la Universidad Nacional de Misiones, Mgter. Alicia Bohren, manifestó a Canal 9 Norte Misionero que “necesitamos tener una Ley de Financiamiento Universitario y no quedar sujetos a los vaivenes del presupuesto anual” y remarcó que están funcionando “con un presupuesto que ha sido prorrogado por dos años”.

Recalcó que esta ley vetada representa el 0,6 por ciento del PBI lo que evidencia que quebrantaría el equilibrio fiscal defendido por el Gobierno Nacional.  En ese sentido, indicó que estarán muy atentos a lo que suceda en la Cámara de Diputados de la Nación, manifestando que “vamos a ver qué es lo que pasa con el veto y toda la comunidad educativa nacional va a ver como defienden los legisladores provinciales sus universidades públicas”.

No obstante, señaló que “estamos dialogando con todos los actores políticos y los nuevos candidatos que van a estar en las elecciones de octubre para escuchar y ver su compromiso con la educación pública”.

Otro aspecto que abordó fue como se están encarando, con el actual presupuesto, los cumplimientos de los diferentes compromisos, los costos fijos, obras de infraestructura, entre otros. También destacó la fuerte pérdida del poder adquisitivo que tuvo el salario docente y no docente cuya caída ha llegado al 50 por ciento.

En esa línea, afirmó que hay docentes y no docentes que han renunciado a sus cargos, lo que genera una gran pérdida para el sistema de la educación superior, aunque aclaró que no han sido tanto en Misiones, pero sí en otras zonas del país. Aseveró que habrían sido aproximadamente 10 mil personas que abandonaron la educación universitaria

La iniciativa proponía una recomposición salarial y una actualización en la partida presupuestaria para garantizar la atención de los pacientes

En medio de la cuenta regresiva para que se venza el plazo que tenía el Gobierno nacional para frenar las leyes impulsadas por la oposición, el presidente Javier Milei ratificó el veto a la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica N° 27.796. De esta manera, el proyecto será devuelto al Congreso de la Nación y quedará sujeto a ser tratado por ambas cámaras.

El proyecto, que implicaba una recomposición salarial, un aumento presupuestario y una asignación prioritaria de insumos críticos por el plazo de un año, había sido sancionado el 22 de agosto. Durante una sesión clave en el Senado, la iniciativa logró reunir 62 votos a favor, contra ocho rechazos.

No obstante, este jueves a la madrugada se oficializó el veto, por medio de la publicación del Decreto N° 651/2025 en el Boletín Oficial. “Devuélvase al H. CONGRESO DE LA NACIÓN el Proyecto de Ley mencionado en el artículo anterior”, dictaminaron en el segundo artículo del documento, tras haberse revisado la totalidad del texto.

“El proyecto no solo carece de un financiamiento genuino, sino que posee una redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad y la falta de claridad en los mecanismos de implementación”, argumentaron desde el Gobierno al señalar que faltaba una delimitación para comprender que abarcaría a las “funciones críticas” señaladas en la iniciativa.

Además, remarcaron que la implementación de una ley de este estilo “profundiza distorsiones salariales, compromete programas esenciales, erosiona la coparticipación federal y pone en jaque la estabilidad presupuestaria de la Nación y de las Provincias”.

En el caso de las distorsiones salariales, las autoridades interpretaron que el personal pediátrico quedaría por encima del resto de los trabajadores del sistema sanitario, lo que provocaría una brecha en el sector. Incluso, indicaron que las actualizaciones propuestas no solo afectarían a los fondos nacionales, sino que socavarían a los gobiernos provinciales.

A la vez que objetaron al artículo que proponía una exención en el pago de Ganancias, debido a que esta medida implicaría que una suma de $115.030.000.000 dejen de ingresar al Tesoro Nacional, criticaron que el gasto público para solventar la ley tuviera que ser reasignado de la partida presupuestaria actual con la que cuenta el Ministerio de Salud de la Nación.

La norma actualiza por inflación los gastos de funcionamiento de las casas de estudio y ordena reabrir las paritarias del sector. La Casa Rosada argumentó que el costo fiscal es inaceptable. Con esta decisión quedaría firme el anuncio realizado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales.

El Poder Ejecutivo remitió al Congreso este miércoles el veto a la ley de financiamiento universitario y la oposición analiza si intentará rechazarlo en una sesión especial el próximo miércoles.

La iniciativa había sido aprobada en Diputados a principios de agosto con una amplia mayoría de 158 votos afirmativos, que, sin embargo, no llegaba a los dos tercios. Esa es la mayoría especial que la oposición deberá reunir si quiere revertir el veto e insistir con el proyecto original.

En esa misma sesión especial también se aprobaron la declaración de emergencia en pediatría (por la crisis del Hospital Garrahan y el reparto automático con las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que también serán vetados por la Casa Rosada. No obstante, esos dos vetos aún no se remitieron al Congreso y el plazo vence este jueves.

La ley vetada por Milei había sido impulsada originalmente por el radicalismo disidente de Democracia para Siempre en conjunto con los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Establece que los gastos de funcionamiento de las casas de estudios, hospitales universitarios y partidas para investigación se deben actualizar por inflación automáticamente. También ordena la convocatoria a paritarias -dentro de tres meses- para recomponer el salario docente y no docente y aumentar las becas, entre otros puntos.

La Casa Rosada rechazó la iniciativa desde un primer momento porque aseguraba que su costo fiscal era demasiado alto y pondría en riesgo el superávit fiscal, piedra fundamental de todo el plan económico.

Según el oficialismo, la aplicación de la ley generaría un costo adicional de $1.069.644.600.000 para el presupuesto 2025, sin identificar fuentes de financiamiento específicas ni partidas a reasignar.

El veto se fundamenta en el incumplimiento del artículo 38 de la Ley N° 24.156, que exige que toda ley que autorice gastos no previstos especifique las fuentes de recursos concretas, actuales y suficientes.

Paro y marcha:

Previendo el veto presidencial, el Frente Sindical anunció que si ocurría se convocaba a un paro general para este viernes y una marcha federal para el día que el rechazo a la Ley de Financiamiento sea tratado en Cámara de Diputados de la Nación.