Este jueves, tres historias de rescate y recuperación tuvieron un final esperanzador. Un ñandú, un tucán y un carpincho, animales silvestres que fueron víctimas del mascotismo, regresaron a la naturaleza luego de completar su proceso de rehabilitación en el Parque Ecológico El Puma del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables.

El ñandú había sido criado como mascota. Si bien ingresó en buen estado de salud, necesitó un trabajo cuidadoso de readaptación ambiental y de manejo, orientado a recuperar comportamientos propios de su especie y prepararlo para una vida en libertad. Más que una recuperación médica, fue un camino de reencuentro con su identidad silvestre.

El carpincho, rescatado en la localidad de Candelaria, llegó desde un entorno doméstico: vivía en un patio, con collar colocado, y presentaba parásitos y otras afecciones. Recibió atención veterinaria, acompañamiento nutricional y un proceso de adaptación ambiental que permitió una evolución favorable hasta alcanzar las condiciones necesarias para su liberación.

La actividad contó con la participación del ministro de Ecología, Martín Recamán; el subsecretario de Ecología, Facundo Ringa; y personal del Parque Ecológico El Puma, y simboliza el compromiso de la provincia con la protección de la fauna silvestre.

Cada regreso a la libertad recuerda una verdad fundamental: los animales silvestres no son mascotas. Su lugar está en la naturaleza, donde cumplen un rol esencial para el equilibrio de los ecosistemas.

En consonancia con el Lema del Año que buscaba promocionar la Funga Misionera, el instituto que preside la Mgtr. Arq. Viviana Rovira recorrió la provincia ofreciendo talleres sobre cultivo, recolección y consumo de las especies de hongos comestibles presentes en nuestra provincia. Asimismo impulsó la sanción de la primera ley provincial sobre hongos medicinales del país.

El 2025 fue el año en el que la provincia de Misiones le otorgó un incentivo especial a la Funga Misionera, parte esencial de nuestra valiosa biodiversidad pero poco conocida pese a su gran potencial.

En ese marco, además de incluir su promoción en el denominado Lema del Año, desde el Gobierno Provincial se creó la Mesa de la Funga Misionera destinada a incentivar el cultivo y la recolección de hongos comestibles como alternativa productiva y se sancionó la Ley que crea el Programa Provincial de Investigación y Desarrollo de Productos de Uso Medicinal de Hongos y Derivados.

Ante este escenario, el trabajo que el Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio) venía llevando a cabo desde su creación en 2021, tanto en el plano de la investigación como en la difusión de la funga misionera, cobró especial protagonismo sirviendo de pilar para el cumplimiento de la meta ambicionada.

Tal es el caso que como lo viene desarrollando desde hace 4 años, y en consonancia con ser parte integrante de la Mesa de la Funga Misionera junto al Ministerio del Agro y la Producción, el IMiBio ofreció talleres virtuales y presenciales de identificación, cultivo y recolección de Hongos comestibles en más de siete municipios.

Las capacitaciones ofrecidas por el Dir. Gral. Ejecutivo del IMiBio, Dr. Emanuel Grassi; la Biol. Florencia Restelli; la Ing. en Alimentos, Paula Álvarez y la Ing. Forestal, Valentyna Berenda; alcanzaron durante el 2025 a más de 300 participantes entre los que se destacaron productores agrarios y personal del Mercado Central SEM, así como docentes y estudiantes secundarios ávidos por aprender sobre el aprovechamiento de distintas especies presentes en Misiones.

Los talleres que se desarrollaron de forma gratuita, están enmarcado dentro del Programa “Fortalecimiento de Recursos Alimenticios” (aprobado por Resol.119/21), y son consecuencia de las políticas que impulsa el IMiBio para promover el desarrollo sustentable de la Provincia de Misiones; con el objetivo de ayudar al crecimiento y fortalecimiento de economías familiares, considerando la importancia de realizar transferencia de conocimientos para el aprovechamiento sustentable de estos recursos.

Como otras de las aristas destinadas a poner en valor la funga misionera, este año el instituto que preside la Mgtr. Arq. Viviana Rovira se convirtió junto al Ministerio de Salud de la Provincia, en autoridad de aplicación de la Ley que creó el Programa Provincial de Investigación y Desarrollo de Productos de Uso Medicinal de Hongos y Derivados, en donde además de ser una institución pionera en generar conocimiento sobre la funga local, el IMiBio pondrá a disposición sus instalaciones para la instauración del primer Banco de Cepas Fúngicas de Interés Medicinal que funcionará en Misiones.

De esta manera cerramos un año de intenso trabajo y celebramos el reconocimiento y el impulso otorgado por los tres poderes del Estado a la funga como parte esencial de la biodiversidad misionera.

Especialistas, organizaciones de la sociedad civil y científicos1 cuestionaron el proyecto del Poder Ejecutivo que modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos de protección ambiental de glaciares y ambiente periglacial. Fue ayer en la reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación que, en un trámite exprés que llevó solo dos días, dictaminó la iniciativa del oficialismo a pesar del contundente rechazo. No obstante, el tratamiento parlamentario del proyecto se retomará recién a principios de febrero, a pesar de que las autoridades legislativas habían anunciado que ingresaría al recinto el próximo 26 de diciembre.

Durante el encuentro, desarrollado en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, los disertantes coincidieron en que la iniciativa oficial implica un cambio estructural en el régimen de protección ambiental vigente, al debilitar el carácter nacional de los presupuestos mínimos y fragmentar criterios de resguardo sobre bienes comunes estratégicos como el agua. Advirtieron, además, que avanzar con una reforma de estas características sienta un precedente regresivo en materia de derecho ambiental, en un contexto de crisis climática e hídrica que exige fortalecer las políticas públicas de protección y no debilitarlas.

En esta línea, Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) señaló que “el proyecto introduce una modificación sustancial de la ley vigente mediante dos mecanismos centrales. En primer lugar, reduce el área de protección glaciar —que conviene recordar actualmente alcanza apenas el 0,21 % del territorio nacional— con el objetivo de habilitar el desarrollo de proyectos de megaminería de alta montaña que hoy se encuentran expresamente prohibidos. En segundo término, otorga a las provincias la facultad de decidir qué glaciares deben ser protegidos y cuáles no, desmantelando así el esquema de protección ambiental uniforme y común para todo el país establecido por la Constitución Nacional”.

A esto Agostina Rossi Serra de Greenpeace Argentina señaló que “cuando el riesgo aumenta, las normas se fortalecen, no se debilitan”, y advirtió que “plantear que hay glaciares o partes del ambiente periglacial que sirven y otros que no es una discusión científicamente incorrecta”. En ese sentido, remarcó que “los glaciares y el ambiente periglacial no son obstáculos: son aliados para enfrentar la crisis climática”.

Las organizaciones alertaron que las modificaciones propuestas no persiguen mejorar ni ampliar la protección de las fuentes de agua en un contexto de crisis climática, sino responder a las demandas del sector minero, tal como surge de manera explícita de los considerandos del propio proyecto.

En ese sentido, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas recordó a los senadores que “las leyes de presupuestos mínimos son una arquitectura constitucional que este proyecto tira por la borda. La destruye. Y esto no es menor, porque tenemos otras leyes de presupuestos mínimos. ¿Qué va a pasar después? ¿Vienen por los bosques? ¿Vienen por los ríos? ¿Por la Ley General del Ambiente?”

Por otra parte, las organizaciones cuestionaron la escasa participación en el debate y la celeridad (solo dos días) con la que los senadores dictaminaron el proyecto de modificación, a lo que sumaron la irregularidad de la falta de consultas previas a especialistas para elaborar la nueva iniciativa.

Manuel Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre Argentina consideró “que es inadmisible que el proyecto adolezca de consulta previa con el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), institución de excelencia científica, referida por la legislación actual para el desarrollo del Inventario Nacional de Glaciares. La minería responsable es posible, y necesaria, pero nunca sobre el ambiente glaciar y periglacial, como promueve el proyecto de ley que ya cuenta con dictamen positivo a pesar de todas las voces que advirtieron sus falencias técnicas y legislativas”.

En el mismo sentido, Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales (CPA) agregó que “el proceso legislativo y la elaboración previa del proyecto evidencia una fuerte injerencia sectorial. Hay una clara captura de una política pública de más de 15 años por parte de un interés económico particular, en este caso el del sector minero, que intervino directa o indirectamente a través de un grupo de gobernadores”.

Finalmente, Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas destacó que “las empresas que queremos son las que cumplen estándares y apuestan a largo plazo. No buscan libertad absoluta, buscan certidumbres”, y agregó: “los flujos de inversión más importantes van a los países con los estándares ambientales más altos. El argumento económico está planteado al revés.”

De acuerdo con las organizaciones, lo que intenta hacer el proyecto de ley es alterar una ley general para hacerla encajar con algunos proyectos mineros que, bajo el régimen vigente, no podrían desarrollarse. Lejos de generar la seguridad jurídica que se invoca en favor de los inversores, esta reforma tendrá el efecto contrario: profundizará la incertidumbre normativa y agravará la ya frágil licencia social para operar.

Al plantear su rechazo al proyecto, los disertantes solicitaron a los senadores que no avancen con una reforma que reduce niveles de protección ambiental, vulnera la Constitución Nacional y pone en riesgo la seguridad hídrica del país. “En un contexto de crisis climática y escasez de agua cada vez más evidente, retroceder en la protección de los glaciares y del ambiente periglacial no es una opción responsable ni legalmente admisible. La Ley de Glaciares es clara, constitucional y vigente: debe cumplirse, no vaciarse”, remarcaron.

(1) Las organizaciones que participaron de la reunión conjunta de comisiones son: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Aves Argentinas, Greenpeace Argentina, Círculo de Políticas Ambientales (CPA), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA) y Fundación Vida Silvestre Argentina. También participaron de la reunión el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) Pablo Villagra, Gabriela González Trilla de Ecosistemas azules-CONICET, Laura Isla Rafaele del CONICET, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y Cámara de Proveedores de Empresas Mineras (CAPMIN).

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