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Todas las fuerzas federales intervendrán en el protocolo para evitar piquetes y cortes

La ministra de Seguridad explicó que el objetivo es garantizar la libre circulación en rutas y calles. La funcionaria indicó que “si hay un delito flagrante” las fuerzas federales podrán intervenir.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió que “si se toma la calle va a haber consecuencias”, al presentar “un protocolo para el mantenimiento del orden público” que incluye la identificación de quienes corten arterias, la aplicación de las leyes que contemplan hasta penas de prisión y el cobro de los gastos que demande la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa.

Bullrich anunció que “las cuatro fuerzas federales” podrán intervenir “si hay un delito flagrante” durante las manifestaciones en la vía pública.

“Las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple”, dijo Bullrich durante una presentación ante la prensa en la sede de la cartera de Seguridad, en Gelly y Obes 2289, en el barrio porteño de Recoleta.

La funcionaria indicó que “si hay un delito flagrante” las fuerzas federales podrán intervenir “de manera inmediata” de acuerdo con “los códigos procesales vigentes” y que utilizarán “la mínima fuerza necesaria y suficiente”, la cual será “graduada en proporción a la resistencia” que se oponga.

“Serán determinados los delitos hasta una nueva ley que se va a presentar a corto plazo de acuerdo al artículo 194 del Código Penal”, agregó.

Ese artículo establece que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.

Bullrich remarcó que el Gobierno tiene “una decisión tomada” de que “la forma de pedir o buscar un beneficio social” ya no es “por la vía del corte”.

“Sepan que si se toma la calle va a haber consecuencias. Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz”, señaló.

En ese sentido, la ministra recalcó que las fuerzas federales “van a actuar hasta que quede totalmente liberado el espacio de circulación” y que “si se corta la vía principal, se libera la vía principal” sin importar que exista “una vía alternativa”.

“Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delitos”, añadió, y resaltó que “se van a identificar a los conductores y a los vehículos utilizados”.

La funcionaria agregó que “se va a trabajar” en las estaciones de tren y ante aquellas personas que “vayan con palos, caras tapadas o formas de participar de una manifestación intentando no ser reconocidos por las fuerzas de seguridad”.

“En el caos de participación de niños y adolescentes se le va a dar aviso a la autoridad competente y se procederá a dar sanciones aquellos que lleven niños para que no estén en las manifestaciones cuando tienen que estar en la escuela”, destacó.

También planteó que “se va a crear un registro de las organizaciones que participan” en cortes de la vía pública, y remarcó que “enviará la factura” a las organizaciones o individuos responsables por todos “los costos vinculados a los operativos de seguridad”.

“El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos se deberán hacer cargos del costo”, sostuvo.

Al presentar el protocolo, Bullrich indicó que “hemos vivido muchos años bajo un desorden absoluto que ha hecho que la gente no ha podido llega a su trabajo y ha tenido problemas” y que el propósito de las nuevas normas es “cumplir la ley”.

“Toda persona que esté en la vereda no va a tener ningún problema. Lo que no queremos es cortes de calles y de rutas”, afirmó.

Este nuevo protocolo se conoce luego de que la conducción nacional de las organizaciones de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) confirmara esta semana que el próximo miércoles realizarán un “paro activo” en la Plaza de Mayo, como respuesta a “los anuncios” del ministro de Economía, Nicolás Caputo.

La jornada de protesta coincidirá con el 22 aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 cuando el gobierno de Fernando de la Rúa reprimió una protesta social, que culminó con 38 muertos y finalmente la renuncia del exmandatario radical.

“Se decidió realizar un paro activo el 20 con otros sectores, gente del movimiento obrero, sindicatos docentes, de la Unión Ferroviaria, ante los anuncios de Caputo, que son un ‘Rodrigazo’ brutal contra los trabajadores”, confirmó el martes a Télam el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

Durante su gestión en el gobierno de Mauricio Macri, Bullrich -en el mismo cargo, al frente de la cartera de Seguridad- también había lanzado en febrero de 2016 un protocolo “antipiquetes” para evitar los cortes de tránsito en la vía pública.

El llamado “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas” procuraba, entre otros objetivos, ordenar la circulación ante cortes de calles y rutas llevados a cabo por manifestantes.

En aquel momento, Bullrich había advertido que quienes protestaran tendrían “5 o 10 minutos” para desalojar los caminos, autopistas o rutas que cortaran antes de ser desalojados y, eventualmente, detenidos. “Si no se van, los sacamos”, expresó en declaraciones periodísticas.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por ejemplo, mencionó en esa oportunidad que el Protocolo limitaba “de manera inconstitucional el derecho a la protesta”, a la vez ampliaba “las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social” en la Argentina al colocar el “orden público por encima de todo”.

El CELS también evaluó que se trataba de una medida incompatible con la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos.

El Protocolo había sido puesto en conocimiento de los representantes de las provincias agrupados en el Consejo de Seguridad Interior nacional, pero no se tradujo en una resolución o disposición oficial que se publicara en el Boletín Oficial.

La decisión comunicada en su momento por Bullrich también regulaba el trabajo periodístico, porque establecía que la policía iba a indicar a los trabajadores de prensa dónde podían ubicarse de modo que “no interfieran con el procedimiento de seguridad. De ese modo, incidía en forma negativa sobre la libertad de expresión”, resaltó el CELS en 2016.

FUENTE: TELAM

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Avances en la investigación por la muerte de un yaguareté atropellado en la Ruta 12

Tras el trágico suceso ocurrido en el kilómetro 1627 de la Ruta Nacional 12, cerca de Puerto Iguazú, en el que una cachorra de yaguareté (Panthera Onca) fue atropellada, la Policía de Misiones ha dado un importante paso en la investigación.

Recientemente, se ha judicializado la declaración de un testigo con identidad reservada, quien ha proporcionado información clave para la causa, que se enmarca dentro de las infracciones a la Ley 22.421 (Conservación de la Fauna) y la Ley 14.346 (Maltrato Animal).

En este momento, los agentes del Cibercrimen y los investigadores de la Unidad Regional V de Puerto Iguazú están trabajando para localizar el vehículo implicado en el atropellamiento. Cabe destacar, que ya se cuenta con las características del mismo, lo que facilitará su identificación.

Además, los operativos provinciales llevados a cabo por las fuerzas de seguridad continúan activos en todos los corredores viales y localidades cercanas. Se recuerda a la población que puede contribuir con información relevante para la investigación a través de la línea gratuita 911. 

EL GOBIERNO DE MISIONES REFUERZA LAS ACCIONES LEGALES Y OFRECE RECOMPENSA PARA DAR CON EL RESPONSABLE DEL HECHO

En el marco de este acontecimiento, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, firmó un decreto que establece una recompensa de $2.000.000 para quienes aporten información precisa que permita identificar al responsable del atropellamiento. Esta medida busca incentivar la colaboración ciudadana en el proceso de investigación. 

Esto se complementa con el Decreto N° 2098/2024, firmado días atrás, que ordena la adopción de medidas legales tras el atropellamiento del yaguareté (Panthera onca) ocurrido el pasado 2 de octubre. Esta especie, declarada Monumento Natural Provincial mediante la Ley XVI-N° 22, es fundamental para la biodiversidad de la región, lo que refuerza la urgencia de su protección.

El decreto instruye al Fiscal de Estado a iniciar las acciones legales necesarias para identificar al responsable del atropellamiento, permitiendo a la Provincia constituirse como querellante en los casos que comprometan la conservación de esta especie. Las medidas contempladas incluyen:

  • Investigaciones sobre caza, daño o muerte no natural del yaguareté, incluyendo atropellamientos.
  • Control de la tenencia de ejemplares cautivos sin la debida autorización.
  • Sanciones a quienes comercialicen ejemplares vivos o productos derivados del yaguareté (garras, cueros, cráneos, entre otros).

Tanto el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables como la Fiscalía de Estado ya trabajan en la implementación de las acciones necesarias.

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Patrullajes continuos de guardaparques en Misiones: en Biósfera Yabotí se ejecutó un operativo de tres días

Los patrullajes de los guardaparques se llevan adelante de manera continua en todas las áreas naturales protegidas de la provincia. Entre el 26 y el 28 de septiembre, hubo operativo en la Reserva de Biósfera Yabotí, que suele presentar sectores con presión de caza furtiva. De hecho, los agentes de preservación encontraron y destruyeron elementos que habían armado depredadores para capturar animales silvestres.

El procedimiento lo concretó el Grupo de Operaciones en Selva zona Sur del Ministerio de Ecología, con el apoyo de un guardafauna honorario de la Reserva de Usos Múltiples Guaraní.

En su recorrida por el monte, los guardaparques inutilizaron sobrados y cebaderos artificiales. Además tomaron datos de trillos de ingreso de cazadores furtivos.

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Universidades: el Gobierno acelera las negociaciones con el PRO y no descarta acudir a la Justicia

Preocupado por el blindaje al veto de Milei, Lisandro Catalán -segundo de Francos- recibió a Cristian Ritondo. Martín y “Lule” Menem afinaron la estrategia en la Casa Rosada. En caso de que el plan falle, advierten que la norma incumple la ley de Administración Financiera. Milei se mostró con Pettovello y Álvarez, que defienden una postura dura frente a los gremios y autoridades de las casas de altos estudios

Pocas horas después de vetar la ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno se vio obligado a apurar las negociaciones con los bloques dialoguistas a partir del llamado urgente a sesionar el próximo miércoles que hicieron la UCR y Encuentro Federal junto a la Coalición Cívica y partidos provinciales. Ante un escenario de escasez de respaldos en el Congreso, con la mayor parte de los partidos en contra, el oficialismo busca convencer a PRO de que respalde el rechazo del Presidente, o, al menos, que se ausente la mayor cantidad de legisladores de esa fuerza para facilitarle reunir los dos tercios de los presentes.

Después de que el veto del Presidente se oficializara, y luego de la masiva marcha federal de ayer, la mañana del jueves en la Casa Rosada empezó agitada. Según el vocero, Manuel Adorni, el tema que más preocupa al Gobierno ni siquiera se tocó en la reunión de Gabinete que encabezó Milei, a la cual faltó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que tiene a cargo la secretaría de Educación y fue una de las protagonistas del conflicto.

La funcionaria, muy amiga del primer mandatario, no suele asistir a esos encuentros desde que creció su disputa interna con Santiago Caputo, que sí estuvo presente y, a diferencia de otras ocasiones, fue incluido en el listado oficial de participantes que distribuye la secretaría de Comunicación. Así que fue Milei quien se desplazó hasta Casa Patria para tomarse una foto con ella y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Una señal de respaldo a la funcionaria que mantuvo una postura dogmática, en línea con el Presidente, frente a los reclamos de los gremios y las autoridades universitarias.

A pesar del las muestras de enojo en redes y del ninguneo al tema de los votos en el Congreso, en otros despachos se trabajaba a destajo y contrareloj un plan para convencer a los socios y evitar que el Gobierno quede mal parado. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, llegó temprano a Balcarce 50 para reunirse con su primo y asesor de Karina Milei, y sincronizar ideas de cara a la serie de reuniones que tiene previstas para la tarde con referentes de las otras fuerzas en el Congreso. Mientras que el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, segundo de Guillermo Francos, recibió al jefe de la bancada de PRO, Cristian Ritondo (aunque en el entorno del anfitrión aseguraron que la reunión, de la que también participó el intendente de Junín y soldado de Ritondo, Pablo Petrecca, estaba prevista de antemano).

Después, ambos continuaron con reuniones y llamados a los legisladores desde la Casa Rosada y desde Diputados, respectivamente. Francos monitoreaba las conversaciones, pero sin participar directamente. Antes se había mantenido al margen del manejo del conflicto con los gremios universitarios y las autoridades de las casas de altos estudios y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Además de estos diálogos entre los dirigentes políticos del Gobierno, por ahora no hay en el horizonte una reunión entre Javier Milei y Mauricio Macri, que podría ser definitoria para destrabar posiciones. El Presidente y el titular de PRO no se ven desde el asado que brindó el primer mandatario en Olivos para homenajear a los 87 “héroes” que defendieron el veto a la recomposición jubilatoria. Y apenas hablaron desde entonces.Lisandro Catalán recibió a Cristian Ritondo. También participó el intendente de Junín, Pablo PetreccaLisandro Catalán recibió a Cristian Ritondo. También participó el intendente de Junín, Pablo Petrecca

El partido de Macri, a través de interlocutores variados, viene advirtiendo desde la semana pasada que no está dispuesto a apoyar ciegamente al Gobierno. En Balcarce 50, sin embargo, están convencidos de que, como ocurrió casi siempre, terminarán acompañando, o bien contribuyendo, a través de las ausencias de varios de sus soldados, a que La Libertad Avanza logre que el porcentaje de votos necesario para blindar el proyecto.

“Lo único que puede hacer PRO es vetar esa ley”, dijo esta tarde, en esa línea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, miembro del ala del partido que está en proceso de fusión de hecho con La Libertad Avanza. Tras participar en un acto sobre el control de fronteras en el Salón Héroes de Malvinas, en la planta baja del palacio de gobierno, la ex candidata presidencial evitó dar nombres propios, pero opinó sobre el accionar de la bancada en general. “Hay una sola cosa que puede hacer el PRO: si votó en contra de una partida extrapresupuestaria que aumentaba el gasto generando inflación, lo único que puede hacer es vetar esa ley. De lo contrario, sería inconsistente que quienes votaron en contra no acepten que dicha ley debe ser vetada. Además, se está discutiendo el presupuesto nacional”, dijo en diálogo con periodistas acreditados, en referencia al veto al aumento para jubilaciones.

El Gobierno necesita dos tercios de los presentes, que en el caso de la votación del veto a la ley de recomposición jubilatoria representaban 87 votos. Esta vez, el oficialismo aspira a tener que reunir menos voluntades en un cuerpo que, esperan, quede diezmado por los faltazos de legisladores amarillos. Se muestran esperanzados de que pueden conseguir el número porque, nuevamente, descuentan que el PRO les jugará a favor. “No tienen forma de no acompañar, tienen que responderle a su electorado”, dicen. Sin embargo, reconocen las señales de dudas del otro lado, y admiten que están apretados.

Por el contrario, los aliados de PRO se levantan el precio y deslizan que, esta vez, el escenario del Gobierno es distinto en relación a anteriores votaciones de peso, porque la imagen y la confianza sobre el Presidente empezaron a bajar. Además, creen que la situación es aún más delicada que con las recomposición de haberes jubilatorios, porque la institución de la universidad pública es ampliamente respetada. En la Casa Rosada creen lo contrario: “Este tema es muy de microclima porteñocéntrico palermitano”, dijo un funcionario al tanto de las negociaciones.

Desde hace días que, por lo bajo, muy cerca del Presidente deslizan que no darán el brazo a torcer en caso de que el Congreso ratifique la ley de financiamiento para la educación superior que se aprobó hace dos semanas. “Hay más opciones después”, dijo un referente del círculo del primer mandatario al vislumbrar las presiones de PRO. Hoy, el vocero Adorni hizo pública esa mirada ante una consulta de un periodista en conferencia de prensa: “No lo descartamos”, sostuvo.

Antes, había explicado largamente por qué creía que la ley que prevé mecanismos para el otorgamiento de aumentos mes a mesa, sancionada por el Congreso, incumple la norma de Administración Financiera número 24.156 que, según citó, “en el artículo 26 exige de forma expresa que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”. “O sea básicamente, la pregunta es de dónde se saca el dinero”, resumió Adorni frente a su micrófono en la sala de conferencias.

En PRO se niegan a abrazar a Milei en esta cruzada, pero tampoco le cierran la puerta: “No hay una postura clara. Se está discutiendo en el bloque y por eso no adelantamos posiciones personales”, dijeron en el entorno de Macri. Y pidieron esperar a la reunión de la bancada, prevista para el martes que viene. Todo idica que patearán hasta último momento una definición.

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