En la última sesión del Consejo de la Magistratura de Misiones, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori fue reelecta como presidenta del órgano encargado de la selección y evaluación de magistrados en la Provincia. La propuesta de continuidad fue presentada por la presidente del Parque del Conocimiento, Claudia Gauto, quien integra el Consejo en representación del Poder Ejecutivo.
Venchiarutti Sartori es presidente del Superior Tribunal de Justicia de Misiones y ejerce la presidencia del Consejo de la Magistratura desde 2018. Su reelección reafirma una gestión marcada por el compromiso con la institucionalidad, la modernización del sistema de selección y los desafíos impuestos por la pandemia, período en el que debieron prorrogarse mandatos, alterando el cronograma habitual de integración del cuerpo y estableciendo, desde entonces, la conformación en años impares.
“Durante estos años procuramos fortalecer en los consejeros el conocimiento de las ciencias blandas, entendiendo que no sólo evaluamos idoneidad técnica, sino también la capacidad de cada postulante para comprender y ejercer justicia en el contexto específico en el que va a desempeñarse”, destacó Venchiarutti Sartori.
El Consejo de la Magistratura fue creado por la Ley IV Nº 32 (anteriormente Ley 3562) como un órgano institucional encargado de intervenir en los procesos de selección de magistrados y funcionarios judiciales mediante concursos públicos de antecedentes y oposición.
Una de las particularidades más relevantes del Consejo es su integración plural: lo conforman representantes de los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), del Colegio de Abogados y de la Universidad Nacional de Misiones. Esta diversidad de orígenes asegura un abordaje equilibrado y democrático en la toma de decisiones, dotando de legitimidad al proceso de selección y evaluación de los futuros jueces y juezas.
Venchiarutti ha integrado el Consejo, también, entre 2016 y 2018 donde se desempeñó como consejera suplente, acompañando la gestión de la entonces presidente del Consejo, Ramona Beatriz Velázquez y previo a ser Ministra del STJ participó en varios concursos como postulante para cargos dentro del Poder Judicial.
La continuidad de su liderazgo es interpretada como un respaldo a su trayectoria, así como al proceso de institucionalización y fortalecimiento del Consejo que viene consolidándose a lo largo de los últimos años.
Las autoridades puestas en función del Consejo para el período 2025-2027 son:
• Por el Superior Tribunal de Justicia su presidente Rosanna Pía Venchiarutti Sartori juró como titular y el ministro Froilán Zarza, como consejero suplente.
• Claudia Noemí Gauto como consejera titular y Verónica Derna suplente en representación del Poder Ejecutivo de la Provincia.
• En la oportunidad, Valeria Schneider como titular y Petronio Piris Da Motta como suplente juraron en representación de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Provincia.
• En tanto, por la Cámara de Representantes tomaron juramento como titulares Blanca Raquel Núñez y Francisco Fonseca, luego Rudi Samuel Bundziak y Selva Mikaela Daniela González Coria como suplentes.
• Y para finalizar, por el Colegio de Abogados de Misiones asumieron Ernesto Rubén Báez y Matías Pedro Manuel Fores como consejeros titulares, Helga Lila Figueredo y Mirta Parodi como consejeras suplentes, respectivamente.

Con el objetivo de establecer una diferenciación clara sobre qué es y cómo opera el consumo y producción de Material de abuso sexual infantil (MASI) en la sociedad desarrollaremos a continuación las distintas aristas de esta problemática.

Cuando se habla de pornografía se alude a la representación de escenas de tipo erótico o sexual que tiene como objetivo la excitación y el placer de los individuos que la consumen.

La pornografía se compone de actos sexuales consensuados por personas adultas que son grabadas para su posterior distribución por diferentes medios; es un negocio que busca obtener ganancias económicas, a través de la venta de contenido, suscripciones, publicidad, entre otras.

Cuando dichas escenas son protagonizadas por niños y niñas, el material producido comienza a constituir un delito; las infancias no están legalmente ni psicológicamente habilitadas para consentir, por ende, las acciones que vinculan a niños y niñas con la producción de material de índole sexual se caratula como: Material de abuso sexual infantil (MASI).

El MASI es toda representación, por cualquier medio, de un niño ejecutando actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, como también cualquier representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales.

La producción, distribución, facilitación y obtención de MASI vulnera los derechos de la infancia y adolescencia al tratarse de la captación de evidencia de delitos reales contra menores de edad.

El material de abuso sexual infantil adopta muchas formas de violencia sexual, existe gran cantidad de este tipo de contenido en la red que se comparte a través de grupos y plataformas sociales; de esta manera puede generarse en el consumidor una sensación de impunidad por el acceso a miles de imágenes y videos pornográficos de menores.

Quienes consumen y producen MASI buscan acercarse a niños, niñas y adolescentes, tanto online como offline, con la intención de crear este tipo de material sexualmente explícito de ellos.

¿Qué hacer ante la detección de Material de abuso sexual infantil?

No compartas o difundas el enlace, vídeo, imagen, o material de cualquier índole, esta acción te convierte en una persona que difunde MASI, aunque sea con intención de denuncia. Tampoco lo compartas en grupos de mensajería instantánea y/o redes sociales.

Lo inmediato es denunciar concurriendo a la Comisaría más cercana. Denunciar una cuenta en una red social no es una denuncia formal, lo adecuado es enviar el enlace de la cuenta junto a una explicación a las autoridades competentes.

Fiscalía de ciberdelitos de la Provincia

Misiones continua fortaleciendo la lucha contra los delitos en el ciberespacio con el funcionamiento de la Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos, la cual tiene competencia para intervenir en todo el territorio provincial abordando delitos como la pornografía infantil, la trata de personas, el narcotráfico, entre otros.

Línea Contame: ¿Qué es y cómo opera?

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia por Acordada 72/2024 habilitó la línea telefónica gratuita denominada “CONTAME”, conformada por un equipo de asistencia dirigido a NNyA víctimas de abuso sexual.

El equipo interdisciplinario funciona dentro de la Secretaría General de Acceso a la Justicia, Derechos Humanos y Violencia Familiar, dependiente de la Procuración General de la Provincia. Está integrado por profesionales de distintas ramas para brindar una asistencia inmediata y personalizada a infancias víctimas de abuso sexual; pornografía y/o prostitución infantil; grooming; entre otras.

El número destinado a tal fin es +549 376- 5490888 y cuenta, además, con un respaldo a través de correo electrónico institucional cuya dirección es contame@jusmisiones.gov.ar

Con esta línea, disponible las 24hs, se pretende atender y contener de forma temprana a la víctima o persona a cargo de la misma, con el objetivo de brindar apoyo emocional y garantizar la protección integral de los derechos de NNYA en la Provincia.

Este espacio obedece a la constante preocupación del Estado provincial de luchar contra el flagelo de la violencia sexual infantil, siendo el objetivo principal brindar un canal ágil e inmediato a las víctimas, para poner en conocimiento de la Justicia este tipo de situaciones y garantizar la protección integral de los derechos de los menores.

Dirección Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Misiones

Esta dirección tiene por objetivo fundamental la identificación e investigación de casos de delitos informáticos como la piratería o el sabotaje, el fraude en línea, el robo de datos y la distribución de programas maliciosos, además de realizar acciones para desarticular e identificar a las distintas bandas dedicadas a los ciberdelitos o acciones criminales que involucren el uso de tecnologías de la información y comunicación.

Los especialistas intervienen en causas internacionales como ser la tenencia, distribución o divulgación de pornografía infantil. Es así que cuando se detecta este delito o es denunciado, el cuerpo de investigadores realiza las pesquisas estableciendo a que domicilio pertenece ese IP público, y luego por orden de la Justicia se allana y se secuestran los dispositivos que podrían estar asociados a ese tipo de delitos.

La Fiscalía se encarga de recolectar distintas pruebas después de que la víctima interponga la denuncia por el delito sufrido para dar con el paradero de los delincuentes y de desarrollar los procesos que permitan la detección temprana de conexidad y el seguimiento de las causas.

La presidente del Superior Tribunal de Justicia misionero, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori se reunió con el Titular de Salud Publica provincial, Héctor González, quien estuvo acompañado del secretario de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, Roberto Padilla, para abordar la conformación de equipos especializados destinados a tareas especificas que hacen al servicio de justicia cuidando la salud de los afectados.

En la búsqueda de coordinar el trabajo multidisciplinar e interinstitucional entre ambos organismos del Estado, las autoridades aunaron criterios para las internaciones involuntarias en casos de adicción en situaciones de riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros. Estas internaciones son debidamente evaluadas por un equipo interdisciplinario y requieren autorización judicial. 

La Ley Nacional de Salud Mental y la legislación provincial en Misiones regulan las internaciones involuntarias, garantizando los derechos de los pacientes y la supervisión judicial.

Venchiarutti y Gonzalez coincidieron en la importancia de consolidar estos espacios de articulación para fortalecer las respuestas del Estado ante problemáticas complejas como las adicciones. La reunión sienta las bases para futuras acciones conjuntas que prioricen la protección integral de los derechos humanos, el acceso a la salud y el debido proceso judicial, en un marco de cooperación permanente entre el Poder Judicial y el Ministerio de Salud Pública.