En medio de una disputa con el Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante de Eldorado, en pleno proceso de revisión del pliego para llamar a Licitación Pública para la concesión del servicio de transporte urbano por parte de los ediles, utilizando las artimañas más viles para evitar que se pueda concretar este proceso de elección que pretende llevar adelante la Municipalidad con el fin de ofrecer un servicio de calidad a los eldoradenses.
La empresa parece haber decidido tomar como rehenes a los ciudadanos que dependen del transporte público, quienes deben padecer día a día del pésimo servicio, la falta de respeto, el maltrato y la falta de empatía de los propietarios de ETCE Kenia para con ellos.
La falta de frecuencia en los recorridos, la supresión del servicio en barrios alejados del casco urbano y el estado calamitoso de las unidades son solo algunos de los problemas que enfrentan los usuarios a diario. Es inaceptable que, en lugar de priorizar la calidad del servicio, la empresa se enfrasque en una pelea política que perjudica directamente a la comunidad.
Los usuarios merecen un servicio digno y eficiente, no ser utilizados como moneda de cambio en una disputa de poder. Es hora de que las autoridades tomen medidas para garantizar un transporte público de calidad y la empresa ETCE Kenia asuma su responsabilidad de brindar un servicio adecuado a la comunidad.
En medio de este conflicto donde el eslabón más débil está siendo perjudicado, presuntamente, el miércoles se estará tratando en sesión ordinaria el pliego de licitación para el nuevo contrato de concesión del servicio, lo que debía concretarse en agosto para permitir un proceso licitatorio que otorgue cierto margen de tiempo para que los interesados puedan presentar sus ofertas, dado que la prestataria seleccionada deberá comenzar a trabajar a partir de noviembre. Sin embargo, los ediles quedaron enfrascados en una discusión (se cuestiona si fue un debate real o si fue para estirar los plazos y obligar a una prórroga o a que el llamado quede desierto) sobre algunos puntos, que milagrosamente pudieron consensuar la semana pasada.
Cabe recordar que hace pocas semanas atrás el Concejo Deliberante había aprobado Ordenanzas por las que se crearon nuevas líneas y ampliaciones de otras, que hasta hace un tiempo atrás se brindaban sin ese aval legal y que ETCE Kenia los retiró sin previo aviso y las autoridades municipales aseguraron que estaban impedidos de sancionarlos por la misma razón. Pero las nuevas normas no fueron respetadas y ETCE Kenia continuó con su postura de no restaurar las frecuencias y recorridos. No se conoce si hubo una advertencia de la Municipalidad.

La producción ovina en Misiones se consolida como una alternativa rentable y sostenible, con un crecimiento estable y un impacto positivo. Actualmente, la provincia cuenta con 847 productores y más de 21.000 cabezas, cifras que reflejan el dinamismo de una cadena en expansión.
El Ministerio del Agro y la Producción, junto a la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad del Salvador, llevó adelante en Leandro N. Alem la jornada “Gestión y Producción Sustentable: Producción Ovina y Manejo Reproductivo de la Majada”. La propuesta se enmarca en la consolidación de la ovinocultura como actividad con fuerte impacto social, económico y productivo. Para el Estado provincial, las capacitaciones en territorio constituyen una herramienta clave que permite a los productores acceder a conocimientos técnicos y mejorar la sustentabilidad de sus majadas.

La jornada estuvo a cargo del Director General de Sanidad Animal, Ricardo Spachuk, quien destacó que desde la cartera agraria “buscamos fortalecer los cuatro pilares fundamentales de la producción animal: genética, manejo, nutrición y sanidad.” En la misma línea, el subsecretario de Desarrollo Animal, Carlos Caraves, subrayó que “son aspectos centrales para mejorar la productividad. Con formación en territorio buscamos que cada vez más familias puedan sostener esta actividad y proyectar crecimiento”.
La capacitación incluyó exposiciones sobre el ciclo productivo -servicio, gestación, parto y cría-, el manejo de la madre antes del parto y los cuidados del cordero, además de un calendario sanitario para la prevención de enfermedades. También se abordaron indicadores productivos y balance forrajero durante una recorrida por el establecimiento del productor Jacobo Kull, anfitrión de la jornada, donde se compartieron experiencias prácticas. El encuentro contó además con el acompañamiento del ingeniero agrónomo Germán Kimmich, quien aportó herramientas técnicas para la planificación en campo.
Finalmente, el ministro Facundo López Sartori sostuvo que “La producción ovina tiene un enorme potencial de alta rentabilidad en Misiones. Nuestro compromiso es garantizar que cada productor pueda acceder al conocimiento y asistencia técnica necesaria para transformar su esfuerzo en oportunidades”.

El escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) suma una nueva capa de polémica tras el procesamiento del jefe de seguridad de Nordelta, Ariel de Vicentis, por obstrucción a los allanamientos en una causa que investiga un esquema de corrupción en la compra de medicamentos. En paralelo, más de 500 oftalmólogos denunciaron que el PAMI pasó de pagar precios transparentes por lentes para cataratas a abonar hasta diez veces más, lo que desató indignación en el sistema de salud. En este panorama, en Misiones también emergen denuncias graves: el presidente distrital de La Libertad Avanza, Adrián Nuñez, fue acusado de exigir el 10 % del sueldo a funcionarios públicos para financiar la campaña partidaria. Diego Hartfield, candidato a diputado nacional por ese mismo espacio en la provincia, guarda un silencio absoluto. Si a todos los niveles del partido aparecen prácticas cuestionables, ¿cómo puede ser que Hartfield no sepa nada?

Ariel de Vicentis fue procesado por desobediencia, obstrucción funcional y encubrimiento. El juez Sebastián Casanello describió un “protocolo no escrito” en Nordelta para frenar las investigaciones, lo que permitió a Jonathan Kovalivker —dueño de la droguería Suizo Argentina, proveedora de ANDIS— permanecer fuera del alcance de la Justicia por días. Su hermano fue detenido con 266 mil dólares en efectivo. El caso expone la magnitud del entramado posiblemente corrupto.

El escándalo del PAMI: sobreprecios y cirugía pendientes

La denuncia de los oftalmólogos revela otro frente de tensión: el PAMI hoy paga entre cinco y diez veces más por lentes intraoculares para cataratas que lo que costaban antes. Hasta julio, los médicos compraban directamente y luego eran reintegrados. Desde agosto, se impuso un sistema centralizado de más de $80.000 millones. Según la resolución 1560/2025, lentes que costaban $24.000–$35.000 ahora se pagan entre $150.000 y $300.000. Los profesionales presentaron facturas, presupuestos y la normativa como pruebas. Además, hay demoras en las entregas que fuerzan la reprogramación de cirugías a afiliados. Para los oftalmólogos, esto no fue un cambio sino un saqueo.

La sombra del silencio de Hartfield

Mientras las causas avanzan, Hartfield no hizo ninguna declaración pública. Este silencio toma mayor relevancia si se tiene en cuenta que los audios filtrados por el ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, mencionan a figuras como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem en supuestas coimas. Pero no solo eso: en Misiones, los líderes del partido también son señalados. En ese contexto, el mutismo ya no es prudencia. Es complicidad. ¿Puede Hartfield desconocer lo que ocurre justo en su territorio?

Los “aportes hormiga” y la financiación bajo sospecha

En paralelo, emerge otro foco en Misiones. Adrián Núñez, presidente distrital de La Libertad Avanza, fue denunciado por supuestamente exigir aportes del 10 % del sueldo a funcionarios de PAMI y ANSES para destinarlo a la actividad partidaria. Si bien esos aportes fueron formalmente registrados ante la Cámara Nacional Electoral, la denuncia da cuenta de presiones y cuestiona su legitimidad. El silencio de Hartfield, de nuevo, resuena como una opción política peligrosa.

Misiones: denuncias, malestar interno y presión social

El productor agropecuario y afiliado libertario Samuel Doichelle presentó la denuncia y exige la renuncia de Núñez. Aportó capturas de chats donde el secretario de Núñez solicitaba los aportes a una cuenta bancaria común. Lo ocurrido en Misiones se replica también en Santa Cruz, La Pampa y Chaco, bajo un modus operandi federal. Mientras algunos minimizan el caso como “un malentendido entre privados”, el Tribunal de Disciplina ya investiga el tema. El punto inevitable: si ocho de cada diez nombres ligados al partido están involucrados, ¿cómo Hartfield puede decir que no sabe?