El presidente de la Confederación económica de Misiones (C.E.M.), y de la Asociación de Productores Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (APICOFOM), Guillermo Fachinello, se mostró muy preocupado por la actual situación económica y el impacto en las industrias regionales como, por ejemplo, la forestal.

En esa línea, contó a Canal 9 Norte Misionero que en las empresas “estamos viviendo el día a día, estamos constantemente trabajando con los gremios, y estamos con una gran reducción de horas”, por lo que consideró que para el futuro a corto y mediano plazo “el panorama no es muy alentador, siempre estamos buscando algún nicho para seguir trabajando, buscando oportunidades, pero se nos está haciendo muy, muy difícil”.

Esa dificultad está fundada en que “tenemos que competir con Uruguay, con Brasil y con Chile, y el costo de ellos es mucho menor”, explicó.

Otro aspecto que consideró fue la desregulación para las importaciones sobre el que señaló que “siempre la postura nuestra fue pedir una apertura para importar repuestos y máquinas para trabajar, no productos terminados” ya que, con eso, “se están quedando con nuestra poca demanda porque realmente vienen con productos mucho más económicos”. Y en ese sentido, indicó que “vemos que el gobierno, por ejemplo de Estados Unidos o todos los países desarrollados apoyan a la industria, hay industrias subsidiadas, nosotros por ahí no estamos pidiendo subsidios, sino que no nos agobien con tantos impuestos”, aclarando que “no es que no queremos pagar impuestos, queremos pagar impuestos razonables, impuestos que se cobran en otros países, los vecinos que son nuestros competidores”.

Por otra parte, al ser consultado sobre el número de empresas que están comenzando a tramitar el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), Fachinello aseguró que “hay muchas empresas pidiendo”, aunque “no es muy fácil entrar en esto”, por lo que “ hay que trabajar mucho, estamos trabajando con el Ministerio del Trabajo, con alguna ley que usamos en la pandemia, a ver si podemos usar para por lo menos bajar el costo más impositivo y seguir con la gente trabajando”, lo cual -admitió- “también es complejo porque tenemos que estar de acuerdo el gremio, el personal, la patronal y el ministerio, pero hay buena predisposición”.

Para cerrar, expuso que la recientemente aprobada, y puesta en vigencia, Reforma Laboral, es una Ley que “no nos va a traer grandes beneficios en lo inmediato, siempre pedimos la modernización laboral, pero hoy no es una herramienta que nos va a hacer tomar más gente y trabajar más”.

La Secretaría de Energía subirá del 3,36% al 8% las retenciones a la exportación que se aplican al petróleo extraído en yacimientos convencionales de Chubut, Santa Cruz, Mendoza y Neuquén.

Es por la suba del precio internacional del barril, que este viernes volvió a superar los 100 dólares, seg{un supo la Agencia Noticias Argentinas.

La decisión apunta a gestionar el impacto de la suba del Brent en los precios internos de los combustibles, porque incentiva a los productores locales a venderle a un importe más bajo a las refinerías el crudo pesado del país.

La decisión del gobierno busca gestionar el impacto de la suba del Brent en los precios internos de los combustibles.

El gobierno oficializó a fines de enero la baja de los derechos de exportación para el petróleo crudo proveniente de los campos convencionales.

Lo hizo a través de un esquema variable de alícuotas de derechos de exportación con la intención de viabilizar la inversión en yacimientos maduros de la cuenca del Golfo San Jorge (Chubut y Santa Cruz), Mendoza y también Neuquén.

Con ese nuevo esquema, a fines de febrero se estableció una retención de 3,36% para el petróleo convencional, tomando en cuenta un precio promedio del crudo de US$ 71,30.

Sin embargo, debido a la disparada que experimentó la cotización del barril a partir del estallido de la Guerra en Medio Oriente —este viernes el Brent volvió a cotizar por encima de los 100 dólares— el gobierno elevará nuevamente esa retención al 8 por ciento.IP

Así lo aseguraron a EconoJournal fuentes privadas al tanto de la decisión oficial.

Agencia Noticias Argentinas

Al cumplirse un nuevo aniversario del 8 de marzo, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) aportó datos en torno a las desigualdades de género. El relevamiento confirma que las políticas económicas de la gestión de Javier Milei profundiza las asimetrías estructurales preexistentes.

A continuación, se sintetizan los principales indicadores que clarifican cómo las mujeres son más perjudicadas en contextos de ajuste.

Brechas de género al tercer trimestre de 2025:

La tasa de actividad de las mujeres (52,6%) es 17,5 puntos porcentuales menor a la de los varones (70,1%).
La brecha en la tasa de desocupación es de 1,5 puntos: en mujeres es del 7,4% contra 5,9% de los varones.
La brecha en la informalidad laboral es 2,5 puntos porcentuales mayor en mujeres (38%) que en varones (35,5%).
Los ingresos de los varones son entre 27,3% y 29,0% mayor que los ingresos de las mujeres; esta brecha se amplía al 40% entre asalariadas/os informales. Esto genera una sobrerrepresentación de las mujeres en la pobreza: son el 64,2% de las personas con menores ingresos.
Los sectores más feminizados son los de menores ingresos: la participación de las mujeres en el trabajo doméstico es de 98,8%

Las mujeres representan el 64,2% entre las personas más pobres. Este número significa un incremento frente al 61,4% registrado el año anterior. A medida que avanzamos en los deciles, observamos una relación inversa: a medida que los ingresos aumentan, la presencia femenina se diluye hasta caer al 37,0% en el decil superior. Este fenómeno nos permite hablar de la feminización de la pobreza.
Un factor que condiciona la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo se encuentra en el hogar: las mujeres destinan 3 horas más por día al trabajo doméstico no remunerado que los varones.
La contracara de la feminización de la pobreza es la masculinización de la riqueza: el 63,0% del sector de mayores ingresos son varones. Así, las mujeres están subrepresentadas en el pago de impuestos progresivos: son el 32,8% de quienes tributan Bienes Personales -que el gobierno redujo a su mínima expresión- y el 30,0% de quienes pagan impuesto a las ganancias. A su vez, sus bienes y sus ganancias valen menos que la de los varones. Esto implica una enorme brecha patrimonial.
En materia presupuestaria, el gobierno nacional consolidó en el presupuesto 2026 el desmantelamiento de las políticas públicas con perspectiva de género iniciado en 2024. Esto es, 7,5 de cada 10 programas destinados a reducir brechas de género sufrieron ajustes presupuestarios o fueron directamente eliminados.

Brecha de ingresos: se registra un fuerte ajuste en la Moratoria Previsional (-41,71%), la Prestación Alimentar (-17,26%) y las Pensiones para Madres de 7 o más hijos (-0,83%). El único programa con crecimiento real es la AUH (+74,64%), utilizado como estrategia de contención social ante el ajuste general;
Brechas laborales: los tres programas principales destinados a reducir brechas laborales (Potenciar Trabajo, Registradas y Potenciar Inclusión Joven) fueron virtualmente eliminados de cara al Presupuesto 2026;
Brecha de violencias: a pesar de las dificultades para hacer comparaciones interanuales producto de las reestructuraciones administrativas y la absorción, por parte del Ministerio de Justicia, de funciones que antes formaban parte de otras áreas, el conjunto de programas destinados a proteger a víctimas de violencia de género sufrió un ajuste global del 86,5% respecto a 2023;
La cantidad de personas asistidas por la Línea 144 en 2025 registró una caída del 90% con respecto a 2023 y se proyecta una meta física para 2026 79,1% inferior a 2023;
Brechas de salud: La Educación Sexual Integral (ESI) fue desmantelada con una caída del 98,0%, quedando sin crédito para 2026. Mientras que, en el caso de Desarrollo de la Salud Sexual y Procreación Responsable el ajuste alcanza un 20,9%. En el programa Respuesta al VIH e Infecciones de Transmisión Sexual se observa un crecimiento del 11,2% y un crecimiento en las metas físicas que no se condice con la ejecución registrada en los ejercicios 2024 y 2025. Por último, el Plan 1000 Días presenta el crecimiento más significativo (+360,6%), lo cual permite inferir que forma parte de la estrategia de contención mencionada en el caso de la AUH;
Durante 2025, no se distribuyó un solo preservativo bajo el programa Respuesta al VIH e Infecciones de Transmisión Sexual;
Brecha de cuidados: debido a la decisión del gobierno nacional de paralizar la obra pública, los programas Infraestructura Social, del Cuidado y Sanitaria y Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes fueron virtualmente eliminados;
Para 2026, no se proyecta construir un solo jardín de infantes. El programa en cuestión no solo fue eliminado, sino que el resto de los programas del Ministerio de Capital Humano no contemplan ninguna meta física asociada a la construcción de jardines de infantes;
Las consecuencias del modelo económico de Javier Milei tienen un impacto diferencial según género:

Trabajo en casas particulares: entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, se perdieron 22.436 puestos en el sector y una caída del 35,2% en el salario real;
Educación: con una feminización del 73,1%, las docentes sufrieron el impacto de la eliminación, por parte del gobierno nacional, del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que representaba cerca del 12% del salario;
Las jubilaciones y pensiones explican el 23,1% del ajuste total del gobierno. Este ajuste fue efectuado, principalmente, a través del congelamiento del bono otorgado a los jubilados de la mínima -donde las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas-;
Al primer trimestre de 2025, la jubilación mínima (con bono) se encuentra un 18,3% por debajo de los niveles del trimestre septiembre a noviembre de 2023;
El veto a la extensión de la moratoria previsional implica que 9 de cada 10 mujeres no podrán acceder a una jubilación, quedando relegadas a la PUAM, que paga solo el 80% de la mínima y exige tener 65 años (cinco años más que la jubilación ordinaria femenina);
La reforma laboral aprobada en febrero de este año contiene una batería de reformas que buscan la desregulación del mercado de trabajo, el debilitamiento de la representación colectiva y una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia el capital:

Fondo de Asistencia Laboral (FAL): compuesto por aportes mensuales de los empleadores equivalentes al 1% de grandes empresas y 2,5% PyMES del salario de cada trabajador financiados con una rebaja equivalente de las contribuciones patronales al SIPA. Un costo fiscal para el sistema previsional del 0,37% del PBI, 4,6 veces el costo de la moratoria previsional que el gobierno vetó bajo el argumento de la “sostenibilidad”;
Despidos por embarazo: La reforma elimina la posibilidad de que una trabajadora despedida por embarazo reclame la nulidad del despido y su reincorporación, limitando la respuesta estatal a una indemnización agravada;
Banco de horas y flexibilidad: Permite que las horas extras se compensen con tiempo de descanso en lugar de pagarse, lo que genera incertidumbre horaria e incompatibilidad con la planificación familiar y la gestión de tareas de cuidado que recaen mayoritariamente sobre mujeres;
Debilitamiento sindical y ataque directo a la negociación colectiva: Al priorizar convenios por empresa sobre los nacionales, se ponen en riesgo -entre otras cosas- derechos como las licencias extendidas de maternidad y paternidad, que históricamente se han logrado mediante la negociación colectiva;
Teletrabajo: La derogación de la Ley N° 27.555 elimina la única normativa que reconocía explícitamente las tareas de cuidado dentro de la relación laboral;
Período de prueba: se extiende el período de prueba -esto es, la posibilidad de desvinculación sin indemnización- para trabajadoras de casas particulares, pasando de 15 días a 6 meses.

El informe completo: