El martes por la tarde se desarrolló la apertura de las Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de Puerto Piray. En ese marco, la intendente Mirtha Lezcano brindó un discurso en el que repasó las acciones de la gestión y las proyecciones para el año en curso.
Sin embargo, este discurso no pasó desapercibido ya que a la atenta mirada de los presentes se le sumó una singular manera de marcar postura de una de las concejales. Se trata de Elizabeth Mercado, integrante del Bloque Juntos Podemos del Frente Renovador de la Concordia, quien evidenció su discordancia con la actual gestión municipal.
Al finalizar la ceremonia, la edil manifestó su profundo descontento respecto al contenido del mensaje oficial.
“Fue un discurso vacío de contenido, sin propuestas concretas ni logros significativos. Se limitaron a enumerar pequeñeces de gestión que no hacen al crecimiento ni al desarrollo de nuestro pueblo. Apenas si se puede advertir el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado municipal”, expresó Mercado.

Asimismo, señaló que gran parte de los anuncios reiteraron promesas ya realizadas el año pasado, sin avances sustanciales. “En todo sentido fue un mensaje carente, que expone el nivel actual del gobierno municipal”, agregó.
La concejal remarcó que la realidad cotidiana de Puerto Piray dista de lo planteado en el discurso oficial: “Nuestro pueblo sigue padeciendo la falta de servicios básicos como alumbrado público eficiente y en todos los barrios, acceso regular al agua potable y calles transitables. También carecemos de mayores ofertas educativas y de fuentes genuinas de trabajo. El discurso estuvo totalmente abstraído de esa realidad”.
En esa línea, fue enfática al señalar: “No podemos permitir que nuestro pueblo siga sumergido en el abandono y en la carencia. Somos el municipio Nº 11 de 79 en cuanto a recaudación mensual. Somos un municipio multimillonario, con recursos comparables a los de grandes ciudades, y lamentablemente eso no se refleja en la calidad de vida de nuestros vecinos”.
Como gesto de protesta ante la situación que atraviesa la comunidad, la concejal Mercado se expresó durante el discurso de la intendente a través de carteles visibles en el recinto, que manifestaban los principales reclamos de la ciudadanía. Los mismos decían:
• “PIRAY NECESITA CALLES TRANSITABLES, AGUA POTABLE TODOS LOS DÍAS EN TODOS LOS BARRIOS, ALUMBRADO PÚBLICO, CALIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO, TERMINAL DE ÓMNIBUS QUE FUNCIONE”.
• “18 AÑOS DE INACCIÓN Y FALSAS PROMESAS”.
• “$7.450.000.000 DE PRESUPUESTO PARA QUE LOS VECINOS CONTINÚEN PADECIENDO LA FALTA DE SERVICIOS ESENCIALES Y BÁSICOS”.

Finalmente, Mercado concluyó: “No hay un solo logro trascendente para destacar. Me gustaría poder celebrar avances del gobierno municipal porque eso se traduce en mejoras reales para nuestros vecinos. Pero después de 18 años de gestión, seguimos escuchando las mismas promesas. Se anuncian obras faraónicas que con el tiempo desaparecen o resultan ineficientes. La comunidad merece hechos concretos y no relatos vacíos”.

Luego de la aprobación en el Senado, el oficialismo aceleró en la Cámara de Diputados y este miércoles dará el puntapié inicial en un plenario de comisiones con la reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa de suma relevancia para los planes del Gobierno de captar inversiones millonarias en megaminería e hidrocarburos, y que despierta preocupación en las organizaciones ambientalistas.

El inicio del debate, previsto para las 10, reunirá a las comisiones de Recursos Naturales y Preservación del Ambiente (cabecera), presidida por el libertario José Peluc, y la de Asuntos Constitucionales, encabezada por Nicolás Mayoraz.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de altas fuentes parlamentarias del oficialismo, si bien la meta del Gobierno es que la reforma sea ley antes de fin de mes, la discusión no se va a agotar este mismo miércoles con la firma del dictamen.

La idea que flota en los pasillos de la Casa Rosada, y que los operadores del Congreso manejan con sigilo en la Cámara baja, es que el presidente Javier Milei y la comitiva que lo acompañará al “Argentina Week 2026” -evento que tendrá lugar en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo- puedan mostrar la media sanción del Senado como un imán para atraer la atención de inversores internacionales que deseen apostar por extraer las riquezas del suelo argentino.

De todos modos, no se descarta que la semana que viene, en paralelo a la realización de este evento en Estados Unidos, se pueda firmar dictamen y aprobar en el recinto de la Cámara baja.

De dónde viene
El 26 de febrero pasado, el Senado aprobó la reforma a la Ley de Glaciares con 40 votos afirmativos, en tanto que recibió 31 rechazos, incluidos dos votos del bloque peronista: los ex gobernadores de San Juan Sergio Uñac y de Catamarca, Lucía Corpacci.

La aprobación del proyecto era un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscan una legislación más dinámica y menos rígida para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.

Los puntos clave
El proyecto de reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.

El proyecto busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales, con el fin de que se autorice el desarrollo de actividades económicas siempre y cuando estén aprobadas por evaluación de impacto ambiental.

Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central.

Los bloques de la oposición dura y organizaciones ambientalistas rechazan la iniciativa debido a que quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de áreas consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos que son vitales para el consumo humano, para la biodiversidad y para el equilibrio climático.

La iniciativa oficial introduce una precisión al hablar de las “formas periglaciares”, y alienta a distinguir entre aquellas que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” de aquellas que no necesariamente cumplen dicha finalidad y son aptas para la utilización económica.

Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.

La normativa actual, que data del 2010, protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares que están constituidas por una mezcla suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos.

Con la modificación propuesta, se mantiene la prohibición para el desarrollo de actividades económicas en glaciares pero se abre una puerta para desarrollar proyectos de inversión en áreas que no tengan una función hídrica fehaciente.

El proyecto crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya confección y funcionamiento estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación de la Secretaría de Energía, que es la autoridad de aplicación.IP

Entre las actividades prohibidas, es decir, aquellas que “alteran de modo relevante la condición natural” o el valor hídrico de los glaciares se encuentran aquellas que liberen sustancias contaminantes, residuos o productos químicos; obras de arquitectura o infraestructura; exploración o explotación minera e hidrocarburífera; y actividades industriales.

En cambio, las actividades permitidas son las investigaciones científicas, las tareas de rescate de emergencia, y la práctica de deportes no motorizados como andinismo y escalada.

Agencia Noticias Argentinas

El presidente de la Federación de Cooperativas de Electricidad de Misiones (FeCEM), Ángel Kuzuka, explicó a Canal 9 Norte Misionero el escenario actual, creado por la decisión del Gobierno Nacional de eliminar los subsidios energéticos, y que este año tuvo como novedad que entró en vigencia el nuevo esquema Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que unifica la asistencia para la electricidad, el gas natural, el gas propano por redes y las garrafas de 10 kilos.

“Nosotros veníamos de un formato de subsidios el año pasado que estaban divididos en tres, eran los subsidiados y después veníamos con subsidios medios y subsidios más altos, eran N1, N2 y N3”, indicó Kuzuka, pero “a partir de diciembre salió la nueva resolución, donde a partir de este año se aplicaban los subsidios focalizados y los no subsidiados”.

Esto ocasionó que muchas personas que se encontraban como beneficiarios, repentinamente perdieran esa categoría y tuvieron que comenzar a pagar tarifa plena, lo que significó un fuerte impacto en la factura. La primera reacción de esos usuarios es hacer el reclamo a la prestadora local y es allí donde el Presidente de FECEM afirma que “las cooperativas, en realidad no sabemos el motivo por el cual por ahí no está ese listado, entonces lo que sí sugerimos es a la gente que le quitaron el subsidio, que se Re empadronen o reclamen o verifiquen el motivo por el cual le quitaron, y que haga el reclamo correspondiente”.

Kuzuka aseveró que este trámite lo debe realizar “el que no tiene el beneficio, haya tenido o no haya tenido, porque por ahí cambian los parámetros, tiene que solicitar el subsidio, después Nación verificará y dirá si le corresponde o no le corresponde”, aclarando que “el que tiene el beneficio no hace falta” que se reinscriba.

El trámite se realiza exclusivamente a través del sitio oficial: www.argentina.gob.ar/subsidios

Consultado sobre la cantidad de usuarios damnificados por la medida nacional, indicó que “estadística general no tengo, lo que existe es variable, no es lo mismo en cada zona, hay distintas variables, en algunos casos perdieron más, en otros perdieron menos, no tenemos todavía bien claro”, reconoció, pero aclaró que “lo que estamos haciendo cada cooperativa, es todas las verificaciones en los casos de los que no tienen subsidio, o le quitaron, el motivo por el cual o qué pasó”, aunque sugirió que también lo debe “hacer cada socio”.

En cuanto al impacto que tiene en la factura contar o no con el subsidio, comentó que “el subsidio tiene límites de consumo, lo que sí te puedo decir, hay muchas diferencias en el costo del kilovatio (…) un kilovatio subsidiado vale más o menos 80 pesos y un kilovatio sin subsidio vale más o menos 235 o 240”, y ejemplificó que “en el caso de enero, por ejemplo, tuvieron subsidio hasta 550 kilovatios, que es mucho”, pero “en febrero habrá que ver que va a pasar, porque lo que decía la primera reglamentación era que bajaba únicamente a 150 kilovatios”, aunque “sé que se estaba peleando, que para las zonas complicadas climáticamente como la nuestra, se pedía que ese límite sea un poquito más alto”.

Remarcó que se ha visto, en el último tiempo, “muchos casos de gente que viene acá que le quitaron el subsidio, como jubilados o pensionados, que no entiende por qué, y dice, no puedo pagar, lo único que nos queda es decirle vamos a ver cómo podemos hacer, no te vamos a cortar, vemos cómo te podemos ir financiando, tratar de bajar el consumo, hacer el reclamo correspondiente para que por ahí el mes que viene vuelvas a tener el subsidio, o sea, hacemos de todo, pero no tenemos la solución, porque el costo que vale la energía tenemos que terminar pagando nosotros también” y por lo tanto “la cooperativa no puede bajarle ni hacerle un subsidio, porque estamos en las mismas condiciones que toda la gente”.

El panorama es tan complejo que se ha visto un fuerte aumento de la morosidad. “Ya viene aumentando desde el año pasado y te puedo decir que en el último semestre casi se duplicó”.

También los cortes en el suministro se han incrementado y tomó como ejemplo a la Cooperativa que él representa, la de Dos de Mayo, donde “hacemos cortes todos los meses por falta de pago a partir de las segundas facturas” y graficó que “en la zona que se hacían 40 cortes, se pasó a hacer hasta 70, 75 cortes”, pero, además, los usuarios están tomando la decisión de cortar aquellos servicios “menos esenciales”, señaló.

Estos datos tienen incidencia en el funcionamiento de las cooperativas, por lo que se está “tratando de bajar los costos, no se pueden hacer inversiones, simplemente tenemos que ir haciendo las correcciones o los arreglos que nos van apareciendo, ser eficientes en el servicio, esa es la realidad, se trabaja como se puede, se cuidan todos los detalles, y bueno, después llegan los momentos que cuando empieza el déficit, sabemos que lo que primero pasa es que tenemos que empezar a tener problemas con el pago de la energía a la empresa provincial”, cerró.