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Ambiente electoral: los temas ambientales que, quien asuma la presidencia de la Nación, debe tomar
Una iniciativa conformada por Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan en temas ambientales, llama a los candidatos de todos los partidos a tratar temas ambientales en el marco de las elecciones presidenciales 2023.
Impulsados por la urgencia de ordenar las actividades humanas para minimizar la transformación de ambientes, evitar la degradación de los ecosistemas naturales, promover la restauración de ambientes y acelerar la transición energética hacia energías renovables, organizaciones ambientales proponen discutir ciertas temáticas de cara a las próximas elecciones generales del 22 de octubre.
Consideran que quien asuma la presidencia en diciembre de 2023 debe impulsar y mejorar medidas que potencien el desarrollo sostenible de la sociedad. En este sentido proponen:
- Mejorar la implementación de la Ley de Bosques Nativos N° 26.331, con ampliación de superficie especialmente en la región chaqueña y detener la deforestación ilegal.
- Sancionar una Ley de Presupuestos Mínimos de Diversidad Biológica con especial foco en la restauración de ecosistemas y en modelos de desarrollo regenerativo.
- Sancionar e implementar una Ley de Presupuestos Mínimos para la conservación y uso sustentable de los humedales, que cuente con el consenso social necesario para facilitar su implementación y analizar alternativas similares para los pastizales naturales.
- Promover la prohibición del descarte en la actividad pesquera, y sancionar una Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, con eliminación de los plásticos de un solo uso, presupuesto adecuado para la infraestructura ambiental y promoción de la economía circular.
- Dictar una Ley de Presupuestos Mínimos de Evaluación Ambiental.
- Sancionar una Ley de incentivos a modelos regenerativos y sostenibles, incluyendo la restauración ambiental, actualizar las leyes de fomento a la Ganadería Ovina y Caprina para garantizar el cumplimiento de la Ley de Conservación de la Fauna, y Controlar con mayor efectividad el uso racional de agroquímicos con transición al uso de bio insumos y productos agropecuarios con certificación ambiental.
- Incorporar en el Código Penal un título ambiental o sancionar una Ley sobre Delitos Ambientales, que garantice el cumplimiento del Acuerdo de Escazú en materia ambiental y de derechos humanos.
- Desarrollar de forma participativa e implementar marcos regulatorios y protocolos que minimicen los impactos socio-ambientales de las actividades extractivas, con especial énfasis en la minería de litio y la explotación de hidrocarburos. Para ello será necesario implementar una fuerte fiscalización gubernamental, con participación de la sociedad civil organizada, así como promover el desarrollo de nuevas tecnologías que reduzcan el impacto ambiental de las actividades extractivas de recursos naturales no renovables.
- Implementar la Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático que garantice el logro de la carbono neutralidad en 2050, incluyendo la transición energética justa con reducción de la dependencia a los hidrocarburos, el aumento de la participación de energías renovables en la matriz energética y la eficiencia energética, la implementación de la Ley de Energía Distribuida y el cierre paulatino de centrales térmicas.
Adhieren a este documento:
- Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza
- Aves Argentinas
- Banco de Bosques
- Eco House
- FIBO – Alma Nativa
- Fundación Avina
- Fundación Biodiversidad Argentina
- Fundación Cambio Democrático
- Fundación Humedales / Wetlands International
- Fundación Natura Argentina
- Fundación Nueva Generación Argentina
- Fundación Patagonia Natural
- Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz
- Fundación Temaiken
- Fundación Vida Silvestre Argentina
- Fundación YUCHAN
- Jóvenes por el Clima
- WCS Argentina
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Se realizó una charla sobre el Protocolo de Viajes Estudiantiles Seguros, en el Parque Temático de la Cruz
Este martes, en el auditorio del Parque Temático de la Cruz, se llevó adelante una charla que reunió a supervisores escolares, agencias de viajes y representantes de los Ministerios de Turismo, Educación y Salud para generar un espacio de diálogo e intercambio.
La jornada tuvo como eje central el Protocolo de Viajes Estudiantiles Seguros, presentado este año por el gobierno provincial, que busca garantizar experiencias educativas seguras y organizadas para los estudiantes misioneros.
El encuentro fue encabezado por el ministro de Turismo, José María Arrúa, acompañado por Daniela López, presidenta del Consejo General de Educación; Tony Lindstrom, subsecretario de Capacitación y Control de Calidad del Ministerio de Turismo; y Liz Cuba, directora de Fiscalización. La capacitación incluyó un espacio de consultas y debate sobre la implementación del protocolo, que establece requisitos básicos como seguros, acompañamiento docente y planificación sanitaria.

Arrúa destacó la importancia de trabajar en conjunto con el sistema educativo y las agencias de turismo, expresando que “hoy no hay ministros ni directores, somos todos uno, y lo que buscamos es sacarnos dudas y dar seguridad para que los chicos puedan viajar”. En otro pasaje, subrayó el rol de las agencias de turismo estudiantil: “La manera más segura que tiene un chico de viajar es a través de una agencia, porque cuentan con la experiencia y las herramientas para cumplir con el protocolo de forma ágil y eficaz”.
El ministro también recordó que la aplicación del protocolo apunta a brindar tranquilidad a las familias y docentes. “Este encuentro es para demostrar que el protocolo no limita, sino que ordena y acompaña, y que nuestra decisión política es que los chicos sigan viajando y disfrutando de la provincia”, afirmó.
La jornada concluyó con un llamado a la articulación entre Ministerios, supervisores y agencias para que el próximo año los viajes educativos continúen siendo una herramienta de aprendizaje y disfrute, y fortalezcan la identidad y el turismo interno de Misiones.
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Puerto Esperanza: “Vamos a sostener la prestación con nuestros recursos, hasta que se logre una concesión”
La municipalidad de Puerto Esperanza comenzó a brindar el servicio público de transporte de pasajeros desde el lunes al quedar desierta en dos oportunidades la licitación y al no haber llegado a un acuerdo contractual con la empresa que trabajó hasta el 15 de noviembre.
El intendente Horacio Zarza aseguró que en estos dos primeros días de prestación municipal se logró, el primer día, “una eficiencia cercana al 84%, y hoy estamos cerca del 95% de eficiencia en cuanto al traslado”, acotando que “es algo nuevo también para nosotros, por eso al principio ya nos está costando un poquitito”.
Sobre las razones que llevaron a este estado de cosas, Zarza explicó que se han “sumado un montón de cuestiones, sobre todo la parte económica, nosotros hicimos dos”, pero “no se presentó nadie”. Para Zarza el motivo para que quede desierta la primera licitación fue que “el pliego era muy exigente, pues se pedía muchos requisitos a la empresa que eran difíciles de cumplir, por la misma situación económica, que ya la empresa que estaba, me manifestaba que no le estaba dando rentabilidad, ni siquiera podían cubrir los costos. Bueno, se hizo ese llamado con ese pliego exigente, y bueno, no se presentó nadie”. Posteriormente, se realizó un segundo llamado para el cual “pedí que flexibilicen un poco los pliegos, y bueno, se flexibilizó, pero bueno, tampoco se presentó nadie, creo que también las empresas habían perdido interés, y obviamente los costos eran imposibles”.
Ante esa situación, “me junté con los que estaban prestando el servicio, y bueno, le entendí por un montón de cuestiones que no era rentable”, pero, además, contó que esa empresa “habían pedido 53 millones de pesos” en concepto de subsidio mensual, para una prestación del servicio con 6 o 7 unidades. No hubo acuerdo.
En su descripción de la gestión, Zarza contó que “me volví a juntar para ver un poco, bajar la cantidad de unidades, que yo me hacía cargo de las colonias (…) se bajó a 3 colectivos de parte de la empresa, y bueno, me pedían 29 millones de pesos”, pero también “era inviable, entonces, se retiraron”.
Por esa razón es que “nos pusimos al frente, y bueno, empezamos a laburar, y conseguimos tres colectivos usados, en buenas condiciones, que estaban trabajando, y llegamos con un valor de 65 millones de pesos, en cuatro cuotas de 16.250.000 de pesos”.
Asimismo, Zarza comentó que si decidían continuar con la concesión, pero sin abonar el subsidio requerido por la empresa el valor del pasaje debería costar entre 7 mil y 8 mil pesos, lo que implicaría que “un trabajador, que toma cuatro veces, iba a gastar entre 500.000, 600.000 pesos por mes”, por lo que era “imposible llevar a ese valor el boleto”.
Cabe mencionar que, actualmente, el boleto está en 1.500.
El Jefe Comunal también hizo referencia al objetivo que tienen con esta prestación y sobre las conversaciones que pretende mantener con el Gobierno Provincial sobre el Boleto Estudiantil Gratuito.
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Passalacqua advirtió los riesgos de las nuevas medidas nacionales sobre el INYM
El gobernador Hugo Passalacqua advirtió sobre los riesgos de mayor concentración en el sector yerbatero tras las nuevas medidas desregulatorias del Gobierno Nacional para el INYM. La medida, establecida por el Decreto N° 812/2025, elimina la facultad del organismo para fijar el precio de la materia prima que se paga a los productores. El mandatario provincial reiteró que su prioridad es cuidar a toda la cadena yerbatera y sostuvo que solo un mercado equilibrado garantiza que todos puedan vivir de su trabajo.
MARTES 18 DE ENERO DE 2025. El gobernador Hugo Passalacqua utilizó sus redes sociales para manifestarse “ante las nuevas medidas oficializadas hoy por el Gobierno Nacional en torno al INYM, nos sentimos en la obligación de reiterar nuestro llamado de atención sobre los riesgos de mayor concentración en el sector”. Ante tal panorama, afirmó que “es, fue y será siempre nuestra prioridad cuidar a toda la familia yerbatera: productores, tareferos, cooperativas e industrias. Solo un mercado equilibrado garantiza que todos puedan vivir de su trabajo”.

LOS RIESGOS QUE IMPLICA LA MEDIDA DESREGULATORIA
De esta manera, desde el Gobierno de Misiones advirtió los riesgos que implican la medida de Nación que modificó mediante el Decreto N° 812/2025 el reglamento del INYM. Ya que elimina la facultad del organismo para fijar el precio de la materia prima que se abona a los productores. Este cambio desregulatorio, comunicado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, suprime una de las principales herramientas de intervención del organismo en el mercado.
La medida se enmarca en la política de desregulación del Poder Ejecutivo Nacional. El objetivo declarado por Nación es derogar las normas consideradas contrarias a la defensa de la competencia en el mercado. Los ejes centrales de la reforma son tres: la derogación de las facultades del INYM para intervenir en la actividad económica del sector, la prohibición expresa de distorsionar los valores de mercado y la adecuación integral a la nueva normativa de competencia.
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