Las bolsas de Europa y Asia registran un nuevo declive en el comienzo de la segunda semana de marzo mientras los precios del petróleo se disparan por encima de los US$100 ante la escalada en el conflicto en Medio Oriente.

Los mercados internacionales profundizan su caída en medio de la persistencia del enfrentamiento entre Estados Unidos e Israel con Irán. En Europa, las bolsas abrieron en rojo con París bajando 2,72%, Fráncfort 2,51%, Milán 2,79%, Londres 2,71% y Madrid 3,22%.

En este contexto, el índice Euro Stoxx 50 se desploma un 2,76% y en España el Ibex 35 cede un 2,81% quedando por debajo de los 17.000 puntos, acumulando una caída del 10% de su valor (2000 puntos) en poco más de una semana tras el estallido del conflicto.

En el continente asiático, vuelven a darse registros negativos en los principales mercados. Tokio terminó la sesión con una caída de 5,24% y Hong Kong, de 1,35%. En Seúl el derrumbe alcanzó el 5,96% y en Shanghái el retroceso fue más moderado (-0,67%).

El mal clima en los mercados se acentúa ante la disparada de los precios del petróleo por encima de los US$100, alcanzando el nivel máximo desde 2022, cuando se produjo la invasión de Rusia en Ucrania.

De esta manera, el precio del barril de Brent, referencia para Europa, llegó a trepar hasta la zona de los US$120 para luego moderarse a 105,5 dólares, un alza del 13,8%. Mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos, también rozó los US$120 y luego bajó a 102,9 dólares, una suba del 13,3% respecto al último cierre.

La moderación en los valores está atada a la posibilidad de que el G7 decida este lunes liberar coordinadamente sus reservas de petróleo ante la persistencia del cierre de la circulación en el estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial.

Asimismo, el precio del gas europeo también continúa su escalada, al dispararse por encima del 15%, a raíz de que el conflicto amenaza las exportaciones de gas natural licuado del Golfo. De esta manera, el contrato de futuros TTF holandés, considerado la referencia europea, aumentó hasta los 61,7 euros por megavatio hora.

Al cumplirse un nuevo aniversario del 8 de marzo, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) aportó datos en torno a las desigualdades de género. El relevamiento confirma que las políticas económicas de la gestión de Javier Milei profundiza las asimetrías estructurales preexistentes.

A continuación, se sintetizan los principales indicadores que clarifican cómo las mujeres son más perjudicadas en contextos de ajuste.

Brechas de género al tercer trimestre de 2025:

La tasa de actividad de las mujeres (52,6%) es 17,5 puntos porcentuales menor a la de los varones (70,1%).
La brecha en la tasa de desocupación es de 1,5 puntos: en mujeres es del 7,4% contra 5,9% de los varones.
La brecha en la informalidad laboral es 2,5 puntos porcentuales mayor en mujeres (38%) que en varones (35,5%).
Los ingresos de los varones son entre 27,3% y 29,0% mayor que los ingresos de las mujeres; esta brecha se amplía al 40% entre asalariadas/os informales. Esto genera una sobrerrepresentación de las mujeres en la pobreza: son el 64,2% de las personas con menores ingresos.
Los sectores más feminizados son los de menores ingresos: la participación de las mujeres en el trabajo doméstico es de 98,8%

Las mujeres representan el 64,2% entre las personas más pobres. Este número significa un incremento frente al 61,4% registrado el año anterior. A medida que avanzamos en los deciles, observamos una relación inversa: a medida que los ingresos aumentan, la presencia femenina se diluye hasta caer al 37,0% en el decil superior. Este fenómeno nos permite hablar de la feminización de la pobreza.
Un factor que condiciona la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo se encuentra en el hogar: las mujeres destinan 3 horas más por día al trabajo doméstico no remunerado que los varones.
La contracara de la feminización de la pobreza es la masculinización de la riqueza: el 63,0% del sector de mayores ingresos son varones. Así, las mujeres están subrepresentadas en el pago de impuestos progresivos: son el 32,8% de quienes tributan Bienes Personales -que el gobierno redujo a su mínima expresión- y el 30,0% de quienes pagan impuesto a las ganancias. A su vez, sus bienes y sus ganancias valen menos que la de los varones. Esto implica una enorme brecha patrimonial.
En materia presupuestaria, el gobierno nacional consolidó en el presupuesto 2026 el desmantelamiento de las políticas públicas con perspectiva de género iniciado en 2024. Esto es, 7,5 de cada 10 programas destinados a reducir brechas de género sufrieron ajustes presupuestarios o fueron directamente eliminados.

Brecha de ingresos: se registra un fuerte ajuste en la Moratoria Previsional (-41,71%), la Prestación Alimentar (-17,26%) y las Pensiones para Madres de 7 o más hijos (-0,83%). El único programa con crecimiento real es la AUH (+74,64%), utilizado como estrategia de contención social ante el ajuste general;
Brechas laborales: los tres programas principales destinados a reducir brechas laborales (Potenciar Trabajo, Registradas y Potenciar Inclusión Joven) fueron virtualmente eliminados de cara al Presupuesto 2026;
Brecha de violencias: a pesar de las dificultades para hacer comparaciones interanuales producto de las reestructuraciones administrativas y la absorción, por parte del Ministerio de Justicia, de funciones que antes formaban parte de otras áreas, el conjunto de programas destinados a proteger a víctimas de violencia de género sufrió un ajuste global del 86,5% respecto a 2023;
La cantidad de personas asistidas por la Línea 144 en 2025 registró una caída del 90% con respecto a 2023 y se proyecta una meta física para 2026 79,1% inferior a 2023;
Brechas de salud: La Educación Sexual Integral (ESI) fue desmantelada con una caída del 98,0%, quedando sin crédito para 2026. Mientras que, en el caso de Desarrollo de la Salud Sexual y Procreación Responsable el ajuste alcanza un 20,9%. En el programa Respuesta al VIH e Infecciones de Transmisión Sexual se observa un crecimiento del 11,2% y un crecimiento en las metas físicas que no se condice con la ejecución registrada en los ejercicios 2024 y 2025. Por último, el Plan 1000 Días presenta el crecimiento más significativo (+360,6%), lo cual permite inferir que forma parte de la estrategia de contención mencionada en el caso de la AUH;
Durante 2025, no se distribuyó un solo preservativo bajo el programa Respuesta al VIH e Infecciones de Transmisión Sexual;
Brecha de cuidados: debido a la decisión del gobierno nacional de paralizar la obra pública, los programas Infraestructura Social, del Cuidado y Sanitaria y Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes fueron virtualmente eliminados;
Para 2026, no se proyecta construir un solo jardín de infantes. El programa en cuestión no solo fue eliminado, sino que el resto de los programas del Ministerio de Capital Humano no contemplan ninguna meta física asociada a la construcción de jardines de infantes;
Las consecuencias del modelo económico de Javier Milei tienen un impacto diferencial según género:

Trabajo en casas particulares: entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, se perdieron 22.436 puestos en el sector y una caída del 35,2% en el salario real;
Educación: con una feminización del 73,1%, las docentes sufrieron el impacto de la eliminación, por parte del gobierno nacional, del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que representaba cerca del 12% del salario;
Las jubilaciones y pensiones explican el 23,1% del ajuste total del gobierno. Este ajuste fue efectuado, principalmente, a través del congelamiento del bono otorgado a los jubilados de la mínima -donde las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas-;
Al primer trimestre de 2025, la jubilación mínima (con bono) se encuentra un 18,3% por debajo de los niveles del trimestre septiembre a noviembre de 2023;
El veto a la extensión de la moratoria previsional implica que 9 de cada 10 mujeres no podrán acceder a una jubilación, quedando relegadas a la PUAM, que paga solo el 80% de la mínima y exige tener 65 años (cinco años más que la jubilación ordinaria femenina);
La reforma laboral aprobada en febrero de este año contiene una batería de reformas que buscan la desregulación del mercado de trabajo, el debilitamiento de la representación colectiva y una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia el capital:

Fondo de Asistencia Laboral (FAL): compuesto por aportes mensuales de los empleadores equivalentes al 1% de grandes empresas y 2,5% PyMES del salario de cada trabajador financiados con una rebaja equivalente de las contribuciones patronales al SIPA. Un costo fiscal para el sistema previsional del 0,37% del PBI, 4,6 veces el costo de la moratoria previsional que el gobierno vetó bajo el argumento de la “sostenibilidad”;
Despidos por embarazo: La reforma elimina la posibilidad de que una trabajadora despedida por embarazo reclame la nulidad del despido y su reincorporación, limitando la respuesta estatal a una indemnización agravada;
Banco de horas y flexibilidad: Permite que las horas extras se compensen con tiempo de descanso en lugar de pagarse, lo que genera incertidumbre horaria e incompatibilidad con la planificación familiar y la gestión de tareas de cuidado que recaen mayoritariamente sobre mujeres;
Debilitamiento sindical y ataque directo a la negociación colectiva: Al priorizar convenios por empresa sobre los nacionales, se ponen en riesgo -entre otras cosas- derechos como las licencias extendidas de maternidad y paternidad, que históricamente se han logrado mediante la negociación colectiva;
Teletrabajo: La derogación de la Ley N° 27.555 elimina la única normativa que reconocía explícitamente las tareas de cuidado dentro de la relación laboral;
Período de prueba: se extiende el período de prueba -esto es, la posibilidad de desvinculación sin indemnización- para trabajadoras de casas particulares, pasando de 15 días a 6 meses.

El informe completo:

Un estudio del organismo precisa que ya consumen más energía eléctrica que Francia y casi tanta como Alemania. y advierte que la expansión de la IA transformó la carrera digital en una disputa material por energía, agua y minerales críticos. Las proyecciones hacia 2030.

El avance de la Inteligencia Artificial y el procesamiento de datos a gran escala ha dejado de ser una cuestión meramente algorítmica para convertirse en un fenómeno de alto impacto físico y material.

Según un paper de Thijs Van de Graaf, investigador del Fondo Monetario Internacional (FMI), la infraestructura que sustenta esta tecnología —específicamente los centros de datos— ha alcanzado niveles de demanda energética que rivalizan con el consumo total de economías avanzadas.

En la actualidad, los centros de datos representan aproximadamente el 1,5% del suministro eléctrico mundial. Esta cifra equipara el consumo de esta industria con el de todo el Reino Unido, supera el de Francia y está apenas a la zaga del de Alemania.

“La IA está devorando la electricidad”, dice un resumen del propio autor sobre el estudio, pues su bien la IA es responsable de solo una fracción de ese porcentaje, su ritmo de expansión es acelerado. El informe destaca que el entrenamiento de un modelo de lenguaje avanzado demanda igual cantidad de energía que la que utilizan decenas de miles de hogares en un año y su operación a escala global multiplica exponencialmente estos requerimientos.

Por cierto, la IA también puede hacer más eficiente el sistema energético y contribuir al ahorro, tanto del lado de la oferta como de la demanda, debido a su capacidad para analizar sistemas complejos y grandes bases de datos, optimizar en tiempo real, reducir incertidumbres y acelerar decisiones, señaló Facundo Armas, desarrollador de Globant, en un reciente evento de la Universidad di Tella sobre Inteligencia Artificial y Transición Energética.

Armas citó un estudio de 2023 de Google y Boston Consulting Group (BCG) según el cual la aplicación de la IA podría hacia 2030 mitigar de 5 a 10% la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEIs). Pero también reconoció su “lado B”: alto consumo energético, de agua para refrigerar los centros de datos y de materiales críticos. De hecho, citó, la Agencia Internacional de Energía calculó en 2023 que mientras una pregunta al Google Explorer demanda en promedio 0,3 Watts hora (Wh), un prompt a ChatGPT demanda 2,9 Wh, casi 10 veces más. Y son millones y millones de consultas a las distintas IA, permanentemente.

La presión sobre las redes nacionales

Según el estudio del FMI, aunque a escala global el aumento de la demanda por IA representa menos de una décima parte del crecimiento energético total de esta década —por debajo de otros sectores como los vehículos eléctricos—, el impacto en los balances nacionales es crítico. En países como Estados Unidos y Japón, se proyecta que los centros de datos serán responsables de casi el 50% de la nueva demanda eléctrica de aquí a 2030.

El caso de Irlanda es el más paradigmático entre las economías avanzadas: allí, estas instalaciones ya absorben más del 20% de la electricidad total del país. Esta concentración geográfica genera tensiones logísticas, dado que los centros de datos se ubican cerca de núcleos urbanos y su construcción es mucho más veloz que la expansión de las redes de transmisión.

En el norte del estado de Virginia (EEUU) el mayor polo de centros de datos del mundo, estas plantas consumen el 25% de la energía del estado. Esta situación ha derivado en la suspensión de nuevas conexiones para otros usuarios y ha forzado a operadores en ciudades como Dublín a paralizar proyectos que no cuenten con capacidad de generación eléctrica propia.

Más allá de los electrones: agua y minerales

La materialidad de la tecnología digital se extiende a otros recursos naturales finitos. El investigador Van de Graaf advierte que la percepción de la IA como algo intangible es errónea. En sus palabras: “Detrás de cada chatbot o generador de imágenes se esconden servidores que utilizan electricidad, sistemas de refrigeración que consumen agua, chips que dependen de frágiles cadenas de suministro y minerales extraídos de la tierra”.

El consumo de agua se ha convertido en un punto de conflicto central. Los sistemas de refrigeración de los grandes servidores requieren millones de litros diarios para operar. De acuerdo con datos citados en el artículo, dos tercios de los centros de datos construidos en Estados Unidos desde 2022 se localizan en regiones que ya enfrentan escasez hídrica. En estados como Arizona, así como en países como España y Singapur, la competencia por el agua entre el uso doméstico y las necesidades de los gigantes tecnológicos ha generado disputas regulatorias.La refrigeración de servidores demanda millones de litros de agua diarios. (EFE)

A esto se suma la dependencia de la industria minera. La construcción de un complejo a hiperescala puede requerir una cantidad de cobre similar a la producción anual de una mina de tamaño medio. Las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) indican que para 2030 estos centros consumirán anualmente:

• 500.000 toneladas métricas de cobre.
• 75.000 toneladas de silicio.
• Más del 10% de la demanda mundial de galio.

Geopolítica de los suministros

La competencia por el liderazgo en inteligencia artificial se ha transformado en una carrera por el control de la cadena de suministros de hardware. Los semiconductores de última generación, esenciales para el entrenamiento de modelos, representan un punto de estrangulamiento estratégico. Actualmente, la producción de estos chips avanzados está concentrada casi exclusivamente en la provincia china de Taiwán, a través de la empresa TSMC.

Esta concentración ha disparado medidas de política industrial a nivel global. Mientras Estados Unidos impone controles de exportación y subsidia la fabricación local, China ha respondido con restricciones sobre minerales críticos. El gigante asiático controla actualmente entre el 80% y el 90% del refinado mundial de silicio, galio y tierras raras.

Desde finales de 2024, Beijing ha sumado restricciones adicionales sobre metales como el tungsteno, el teluro, el bismuto y el molibdeno, todos componentes indispensables para microprocesadores y hardware de servidores. Esta pugna ha llevado a que potencias como Japón, la Unión Europea y Corea del Sur busquen alianzas estratégicas en África y América Latina para asegurar el acceso a materias primas.

La infraestructura de la “hiperescala”

La escala de los proyectos futuros supera las capacidades de la infraestructura actual. Los centros de datos denominados de “hiperescala” operan con necesidades energéticas de decenas de megavatios. Sin embargo, la próxima generación de proyectos busca alcanzar los gigavatios. Un ejemplo citado por Van de Graaf es el complejo de 5 gigavatios planificado en Abu Dabi por OpenAI y sus socios. Esta instalación equivaldría a la potencia de cinco reactores nucleares y cubriría una superficie de 26 kilómetros cuadrados.Vista aérea de uno de los corredores de Data Centers en Ashburn, Virginia (EEUU) REUTERS/Leah Millis

Ante este escenario, las empresas tecnológicas han pasado de ser consumidores a actores protagónicos del sector energético. Microsoft, Amazon y Google se encuentran hoy entre los mayores compradores de energía renovable del mundo. Ante la saturación de las redes públicas, estas compañías están invirtiendo en tecnologías propias, que van desde la geotermia avanzada hasta el estudio de pequeños reactores modulares nucleares (SMR) y el uso de hidrógeno como reserva.

Eficiencia y la paradoja de Jevons

Si bien han aparecido avances en eficiencia, como los procesadores de la serie Blackwell de Nvidia o modelos de software más optimizados —como el caso de DeepSeek en China—, la historia económica sugiere que esto no necesariamente reducirá el consumo total. El artículo del FMI menciona la paradoja de Jevons, la cual indica que cuando el costo de un recurso disminuye debido a la eficiencia, su uso suele aumentar con tanta rapidez que termina por anular el ahorro inicial.

La falta de transparencia es otro de los desafíos señalados por Van de Graaf. Actualmente, la industria facilita escasa información pública detallada sobre su consumo real de electricidad, agua o minerales. Esta opacidad dificulta la tarea de los reguladores y las empresas de servicios públicos para planificar la expansión de las infraestructuras necesarias sin comprometer la estabilidad de los sistemas nacionales o los objetivos climáticos.

La transición hacia una economía digitalizada por la inteligencia artificial depende, en última instancia, de la gestión de elementos tangibles. La capacidad de los gobiernos para integrar las políticas digitales con las políticas energéticas y de recursos naturales determinará no solo la viabilidad técnica de la IA, sino también la sostenibilidad de las redes eléctricas y el acceso equitativo a los recursos básicos en las próximas décadas.