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La Unión Europea prohibirá las importaciones de productos que provengan de deforestación

El incremento del consumo y la demanda de alimentos a nivel mundial fomenta la expansión y la intensificación de la agricultura en diferentes regiones –como en Latinoamérica-, lo que suele llevar a un aumento en la deforestación y conversión de ambientes naturales. El Informe Planeta Vivo 2022 de WWF advierte que la creciente destrucción de la naturaleza está teniendo impactos catastróficos no solo en las poblaciones de vida silvestre, sino también en la salud humana, los medios de vida y la seguridad alimentaria.  

Existe una clara relación entre el consumo de los países europeos -especialmente de soja y carne vacuna- y varios de los principales Frentes de Deforestación identificados mundialmente, incluyendo el Cerrado y el Amazonas en Brasil y el Gran Chaco en Argentina y Paraguay. Varios informes muestran cómo el consumo de productos agrícolas en el Reino Unido y en la Unión Europea (EU)  están contribuyendo a la destrucción de bosques y otros ecosistemas naturales, incluidos pastizales y humedales e impactando de manera negativa sobre las comunidades locales.  

Por esta razón, la Unión Europea aprobó recientemente una nueva Ley que busca garantizar que los productos importados a la región no hayan sido producidos en tierras deforestadas. Esta nueva regulación es la primera en el mundo que aborda la deforestación global y reducirá significativamente la huella de la UE en la naturaleza. Además, establecerá estrictas normas obligatorias de diligencia debida para las empresas que desean colocar productos relevantes en el mercado de la UE o exportarlos. Luego de este primer acuerdo, el Parlamento Europeo y el Consejo  tendrán que adoptar formalmente el nuevo Reglamento y, una vez que entre en vigor, los operadores y comerciantes tendrán 18 meses para implementar las nuevas reglas. Las micro y pequeñas empresas gozarán de un mayor período de adaptación, así como de otras disposiciones específicas. 

“La nueva reglamentación es un hito en el compromiso por garantizar el fin de la deforestación global. Esta nueva ley impulsa a cambiar las políticas y los mecanismos actuales para alcanzar un sistema de trazabilidad que nos permita detener la deforestación y degradación forestal por las actividades productivas. El momento de hacerlo es ahora y el camino es claro: redefinir los modelos productivos y contar con sistemas confiables de monitoreo, que contribuyan eficazmente a la conservación de los bosques y ecosistemas naturales y que reduzcan los impactos socioambientales negativos de la actividad agropecuaria en nuestro país”, afirmó Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina. 

Dado que la UE es una importante economía y consumidora de productos básicos, este paso ayudará a detener una parte significativa de la deforestación y la degradación forestal a nivel mundial, lo que a su vez reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad. Este importante acuerdo se produce justo antes del inicio de la histórica Conferencia sobre Biodiversidad (COP15), que definirá los objetivos de protección de la naturaleza en las próximas décadas. 

Aceite de palma, ganado, soja, café, cacao, madera y caucho, así como productos derivados (como carne de res, muebles o chocolate) han sido elegidos sobre la base de una evaluación de impacto exhaustiva que los identifica como los principales impulsores de la deforestación debido a la expansión agrícola. 


Los puntos positivos  

Uno de los aspectos más destacados de esta ley es que las nuevas regulaciones irán más allá de la legalidad: para ingresar al mercado de la UE, los productos no solo deben ser legales de acuerdo con los estándares del país productor, sino también libres de deforestación y degradación forestal.  

En particular, esta ley también brindará a los consumidores europeos la certeza de que los productos se han rastreado hasta el lugar donde se produjeron, evitando posibles lagunas en las primeras etapas de la cadena de suministro. 

Pero eso no es todo: la Comisión ejecutará un sistema de evaluación comparativa que evaluará los países o partes de ellos y su nivel de riesgo de deforestación y degradación forestal (riesgo alto, estándar o bajo) y también teniendo en cuenta la expansión agrícola para la producción de los siete productos básicos y derivados. La lista de productos básicos que están cubiertos se revisará y actualizará periódicamente, teniendo en cuenta nuevos datos, como los cambios en los patrones de deforestación. 

La nueva regulación europea apunta no solo a reducir los impactos del consumo de sus ciudadanos, particularmente las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad, sino que también busca asegurar los medios de vida de millones de personas, incluidos los pueblos originarios y las comunidades locales de todo el mundo, que dependen en gran medida de los ecosistemas naturales.


Los puntos negativos 

A pesar de una fuerte movilización ciudadana, los tomadores de decisiones excluyeron algunos elementos importantes: decidieron no apoyar la propuesta del Parlamento de extender el alcance a otras tierras no boscosas como las sabanas y pastizales, dado que muchas de ellas ya están bajo una inmensa presión por la conversión agrícola. Estos ecosistemas son importantes almacenadores de carbono y hábitat para muchas especies silvestres, además de proporcionar medios de vida para los pueblos originarios y las comunidades locales. Como compromiso, la Comisión llevará a cabo una evaluación de impacto sobre la viabilidad de incluir otros ecosistemas naturales y revisará esta opción un año después de la implementación de la ley.  

Otra oportunidad perdida fue la falta de reconocimiento de los derechos humanos, en particular de los pueblos originarios y las comunidades locales. El texto actual limita el alcance de los derechos humanos a las leyes nacionales y no hace referencia a las convenciones internacionales pertinentes: esto significa que si ciertos derechos de los pueblos originarios o comunidades locales no se reflejan en la legislación nacional, tampoco estarán protegidos por la legislación de la UE. 


El sector agroexportador argentino, ante el desafío de la libre deforestación 

La nueva regulación significaría un desafío para el sector agroexportador argentino y la necesidad de redefinir sus modos de producción para adaptarse a las nuevas exigencias y poder mantener las exportaciones.  

La Argentina tiene un rol preponderante en el sistema alimentario global y este tipo de regulaciones ayudarán a traccionar cambios en los sistemas productivos, con el objetivo de avanzar hacia una producción sustentable. A su vez, es uno de los pocos países que puede contar con sistemas confiables de monitoreo de las cadenas de suministro (especialmente en los productos de origen vacuno), que contribuyan eficazmente a la conservación de los ecosistemas naturales y su biodiversidad. Esto se traduce en una oportunidad única de colocar a los sistemas productivos argentinos en una posición de ventaja, a través de la definición de estándares de sustentabilidad en las cadenas de valor de la soja y la carne vacuna, lo que puede mejorar la resiliencia económica y ambiental y posibilitar beneficios para el gobierno, las empresas, el sector productivo y el medio ambiente.

Para resolver el conflicto entre la producción de alimentos y la conservación de la naturaleza, es necesario, por un lado, transformar los actuales sistemas alimentarios a gran escala para lograr que sean compatibles con la alimentación de una población global en crecimiento, con el mantenimiento de los servicios que brindan los ecosistemas y con la conservación de la biodiversidad. Y, por el otro lado, es imprescindible contar con información que permita diferenciar aquellos productos provenientes de un manejo sustentable de los que provienen de sistemas de producción con alto impacto socioambiental.  

El sistema de trazabilidad permitirá combinar información sobre el tipo de producción, el ecosistema donde se desarrolla y los impactos generados, para lograr rastrear el camino recorrido por un producto comercial desde su origen hasta su destino final e identificar los impactos sociales y ambientales de toda la cadena de suministros. 

“Las nuevas tendencias sobre el consumo responsable y las exigencias tanto de los consumidores como de ciertos mercados empujan a los productores, las empresas y marcas globales a incluir nuevos lineamientos en materia de sustentabilidad. Es por eso que resulta necesario sumar la trazabilidad ambiental a los productos para asegurar que toda la cadena productiva sea libre de deforestación y conversión de ambientes naturales: es decir, que no se hayan realizado desmontes ni se hayan transformado áreas naturales en ninguna de las etapas del proceso de producción, industrialización y distribución”, expresa Manuel Jaramillo. 

Y agrega: “Desde Vida Silvestre venimos trabajando con varios sectores para lograr que las exportaciones de carne vacuna de Argentina sean libres de deforestación y conversión. En ese sentido, hemos avanzado con la provincia de Santa Fe en la construcción de un sistema de trazabilidad para asegurar carne y cuero vacuno libre de deforestación o conversión de ambientes naturales en el territorio provincial y garantizar que todo el proceso de producción sea bajo estándares de cuidados ambientales. Consideramos que esta experiencia puede ampliarse al resto del país”. 

Seguir transformando ambientes naturales tendrá efectos sobre el clima, la provisión de agua, la estabilidad y calidad de los suelos y, en consecuencia, sobre la misma producción de alimentos, afectando no sólo a la seguridad alimentaria global, sino también al principal sector exportador de la economía argentina. 

Argentina es uno de los pocos países que ya cuenta con dos elementos fundamentales: un sistema de registro de establecimientos agropecuarios y seguimiento animal provisto por SENASA, y un sistema de monitoreo constante de deforestación por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Lograr que estos sistemas dialoguen y que se sume el monitoreo de transformación de los ambientes naturales, permitiría el posicionamiento de una parte de nuestros productos con atributos diferenciales en materia de sustentabilidad y responder satisfactoriamente a las demandas comerciales, tanto locales como internacionales.  

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La Dirección Nacional de Vialidad aprobó nuevos aumentos en el peaje, esto impacta en Victoria y Santa Ana

La Dirección Nacional de Vialidad aprobó un nuevo aumento en los peajes de los corredores viales nacionales a través de la Resolución 248 publicada este martes en el Boletín Oficial. La medida lleva la firma del administrador general del organismo y establece nuevos cuadros tarifarios del tramo I al X. En Misiones, el incremento impacta en el tramo III, que incluye las estaciones de Santa Ana y Colonia Victoria sobre la Ruta Nacional 12. La medida se dicta en el marco de las facultades de Nación sobre rutas nacionales.

La resolución establece que las nuevas tarifas entrarán en vigencia después de ser publicadas durante dos días consecutivos en al menos dos medios de comunicación de la zona, es decir, no será de inmediato. Además, ordena su publicación por un día en el Boletín Oficial y su difusión en la página web oficial. También instruye la notificación a la empresa Corredores Viales S.A., concesionaria de los corredores nacionales.

En el caso de Misiones, los nuevos valores rigen para el pago manual en las estaciones de Santa Ana y Colonia Victoria. La actualización implica subas en todas las categorías vehiculares.

Por último, desde Vialidad Nacional se alienta el uso del sistema TelePASE que no solo tiene un mínimo de descuento, sino que permite agilizar la gestión del cobro y reducir los tiempos de viaje para los usuarios. Para obtener el dispositivo, se puede acceder al sitio web de TelePASE.

Las rutas nacionales dependen del Estado nacional, por lo tanto el incremento responde a una decisión administrativa nacional. La medida ya fue formalizada y comunicada a las áreas correspondientes para su aplicación.

Así quedan las tarifas:
Categoría:
Categoría 1: Vehículos hasta dos ejes y hasta 2,30 m de altura sin rueda doble pasó de $1.300 a $1.500.
Categoría 2: Hasta dos ejes y más de 2,30 m o con rueda doble. Hasta cuatro ejes y menos de pasó 2,30 m de $2.600 a $3.000
Categoría 3: Hasta cuatro ejes inclusive y más de 2,30 m o con rueda doble pasó de $3.800 a $4.500
Categoría 4: Más de cuatro y hasta seis ejes pasó de $5.100 a $6.000
Categoría 5: Más de seis ejes pasó de $6.300 a $7.500

Nota: Canal12misiones.com

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Wanda: “No es una Tasa, lo que se está cobrando es un impuesto y es ilegal, es un delito”, aseguró la dueña de la minería

La semana pasada se comenzó a cobrar la polémica Eco Tasa en Wanda que profundizó la grieta entre la empresa minera y la Municipalidad. Hubo fuertes cruces de palabras, advertencias, enojo, videos viralizados y denuncias cruzadas.
En ese marco, la dueña de uno de los yacimientos, Patricia Busch, dialogó con Canal 9 Norte Misionero y expuso su posición respecto al tema. “Nosotros no pasando un buen momento en estos días, mucha tensión, mucho enojo, mucha incertidumbre, mucha arbitrariedad respecto de los inspectores municipales”, comenzó diciendo y contó que “hoy mismo uno de los colectivos que vienen a visitar ambos yacimientos, tuvo que volverse porque la inspectora de tránsito le dijo, ‘si usted no paga, no puede pasar’”.

El monto que se debe abonar, según la empresaria, es de “1.500 pesos” y no de 800 pesos como sostiene la intendente local, Romina Faccio. “Eso es mentira”, espetó Busch y agregó que hay vehículos, como los colectivos, que pueden llegar a abonar hasta 100 mil pesos.

También cuestionó la forma de cobrar al Eco Tasa al afirmar que “nos dicen que nosotros somos negreros o que no pagamos los impuestos, y el ticket que ellos otorgan es trucho, truchísimo, donde escriben con lapicitos el valor que van cobrando de acuerdo a la cara del turista” y a ello agregó que “nosotros pagamos los impuestos, pagamos lo que corresponde, tenemos al día todo lo que sea de minas y geología. No debemos un centavo a nadie”.

La casilla de cobro está instalada en la zona conocida como Cuatro Bocas, frente a la entrada a la minería, lugar al que -según la empresaria- “yo, personalmente, no puedo estar ahí con mi grupo de trabajo porque el inspector de tránsito me hizo una denuncia penal que yo estaba interfiriendo el trabajo de ellos, cosa que es mentira, mentira, porque el día que ellos se fueron a instalar a la entrada, nosotros fuimos a ver cuál iba a ser el sistema de trabajo de ellos y al ver el enojo de los turistas” fue que habrían intervenido porque “primero, es una tasa que es ilegal porque toda Tasa tiene que tener una contraprestación de servicio directo al contribuyente”, adujo y acotó que esa contraprestación “no es para el cordón cuneta, para el empedrado, no, debe ser directo al contribuyente. Entonces, si no es una tasa, es un impuesto encubierto, y si lo es, es un delito”, aseveró.

En otro tramo de su descargo, Busch expresó que “lo más terrible, lo más terrible, es que hay como cuatro o cinco móviles de la policía de todos lados como si fuéramos delincuentes. O sea, nosotros somos laburantes, laburantes de 365 días del año y nos tratan como delincuentes”.

Consultada sobre el impacto de la Eco Tasa en el ingreso de visitantes a la mina, manifestó que “no sabría ni decirte ya estamos en temporada baja (…) Pero no está entrando nada a la mina directamente, porque es imposible. O sea, nosotros ni siquiera estamos, no sé, el 10% capaz que estamos teniendo de gente que ni siquiera está entrando”.

También cuestionó duramente a la jefa comunal Romina Faccio y disparó: “¿Qué se piensa? Si ella quiere vivir del turismo, que ponga una mina, que excave la tierra, que ponga mineros, que saque la piedra y que la venda, y que ahí tenga el sueño de tener una mina. Porque lo que está haciendo no corresponde, no corresponde”, insistió.

Para concluir, reiteró que “ya se ha presentado una medida de amparo en el Supremo Tribunal de Justicia y ahora nosotros estamos esperando que mañana salga, porque despacha dos veces a la semana, los días martes y los viernes (…) estamos esperando minuto a minuto, y si no tenemos solución mañana, partiremos con otro tipo de herramientas más fuertes”, finalizó,

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Por el Programa de Regularización Comercial, Eldorado inició el 2026 con más altas comerciales que bajas

El secretario de Hacienda de la Municipalidad de Eldorado, Marcelo Mikulán, analizó las altas y bajas de la actividad comercial en la ciudad en un contexto de crisis económica a nivel nacional donde se ha tornado corriente la caída de persianas de locales de pequeñas y medianas empresas.
En ese marco, el funcionario señaló que, “si bien el volumen de bajas viene sostenido, es decir, hay una cierta cantidad de estadísticas en cuanto al 2025 de negocios que lamentablemente cierran, en particular en el año 2025, es para destacar la gran cantidad de altas de habilitaciones comerciales que nosotros tuvimos, muy por encima de la media” y recalcó que esto es debido a la decisión adoptada para facilitar la “regularización y asistencia de todas las actividades que estaban en una situación informal” mediante el Programa de Regularización Comercial por el cual se eliminaron 27 tasas administrativas entre otros beneficios.

Entonces, esa medida que fue innovadora permitió que “el año pasado tengamos 900 altas en el área administrativa de comercio”, destacó Mikulán, que atraviesan diferentes rubros como “vendedores ambulantes, servicios, panadería, comercio de barrios, industrias, que están habilitadas y que probablemente si no hubiese existido este programa iban a mantener gran parte de ellos en el circuito informal y sin pagar tasas”.

El funcionario insistió en que “es cierto que hay una recesión importante y que lo charlamos con las empresas, pero el hecho de haber ampliado nuestra base de contribuyentes hoy nos permite contar con mayor cantidad de recursos en el esquema comercial (…) en definitiva es algo positivo, es decir, sin haber incrementado la tasa, hoy tenemos una recaudación mayor, producto de que tenemos más cantidad de negocios habilitados gracias a este programa y obviamente hay una competencia mucho más leal entre comerciantes”.

Consultado sobre si se evalúa reeditar el mismo programa este año, o si se analiza otro tipo de beneficios para el sector, comentó que “al sector comercial estamos analizando desde otras ópticas, desde otras vistas, no creo que el mismo programa tenga el mismo efecto porque obviamente era un programa incluso que estaba previsto para 6 meses y se prorrogó durante todo el año, es decir, diríamos prácticamente aquel que tenía intenciones de poder regularizar no tuvo solo 6 meses, tuvo un año, con lo cual hemos llegado prácticamente a la totalidad de quienes realmente tenían alguna intención de formalizar”, pero sí “estamos evaluando, sin nada definido, 4 ó 5 alternativas para el segundo semestre para tratar de mantener, o impulsar, el sector comercial siempre que se mantengan las condiciones macro y las condiciones presupuestarias”.

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