El pedido tomará estado parlamentario en la Sesión Ordinaria del día de hoy, miércoles, y según trascendió el aumento solicitado es del 100 por ciento para el boleto único abonado en efectivo, es decir, pretenderían que se eleve de 900 a 1800 pesos.
Se trata del “EXPTE. N º 010-H-185/2.024: Gupo Horianski- Empresa Transporte de Colectivos Eldorado S.R.L. Solicita urgente actualización del precio de los boletos, falta de mantenimiento del equilibrio económico financiero de las concesiones.”
Consultados sobre el tema, algunos de los ediles han preferido no formular declaraciones sobre la cuestión, al menos hasta luego que la petición tome estado parlamentario.
Cabe recordar que el anterior aumento fue el 13 de marzo de este año, y se puso en vigencia el 25 del mismo mes, cuando el pasaje experimentó un fuerte incremento que generó muchas polémicas.
En aquella oportunidad el cuadro tarifario implicó tuvo un aumento de más del 100 por ciento ya que el pasaje, sin Boleto Electrónico, se elevó de 400 pesos a 900 pesos y con Boleto Electrónico, de 340 pesos a 700 pesos. En tanto que el Boleto Estudiantil ascendió de 200 pesos a 350 pesos.
Ahora el pedido es llegar a 1800 pesos en el ítem de pasaje sin Boleto Electrónico.
Habrá audiencia pública para determinar el aumento:
Uno de los concejales adujo que “si bien trascendió por los medios que la empresa solicitó un aumento, recién en la sesión de hoy dicha nota toma estado parlamentario, eso quiere decir que recién en el trabajo de comisión de mañana tendremos acceso a la nota” y que “a partir de ahí se pedirán informes”.
También aclaró “antes de cualquier aumento se realizará una audiencia pública, esto último está estipulado por ordenanza que es nueva. Antes no era obligatorio realizar las audiencias públicas”.
Por todo esto es que “así que más allá del pedido de la empresa el tratamiento aún demorará”.

El Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto 1023/2024, prorrogando hasta el 9 de julio de 2025 la emergencia en el sector energético, inicialmente establecida por el Decreto 55/2023 y que abarca a la generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural.

Según el texto oficial, para alcanzar los objetivos de garantizar la continuidad y sostenibilidad de los servicios en un contexto de crisis estructural “resulta indispensable y urgente extender la declaración de emergencia hasta el 9 de julio de 2025, con el fin de permitir que los órganos competentes continúen adoptando las medidas necesarias para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos”.

Asimismo, el decreto instruye a la Secretaría de Energía a “mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para seguir garantizando la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios”.

Además, se pospone hasta esa fecha la vigencia de los cuadros tarifarios resultantes de los procesos de revisión iniciados en 2023. En ese marco, la normativa establece que “la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes no podrá exceder del 9 de julio de 2025” y se dispone que en el proceso de adecuación tarifaria se apliquen “mecanismos que posibiliten la participación ciudadana”.

El decreto también prorroga la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) hasta que se constituya y ponga en funcionamiento el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, creado por la Ley 27.742.

La norma invita a las provincias a coordinar acciones con la Secretaría de Energía para reforzar la prestación de los servicios eléctricos bajo sus jurisdicciones. Según el texto, “resulta conveniente y razonable prorrogar el Decreto N° 55/23 en lo atinente a los plazos de la emergencia declarada (…) con el fin de ordenar y unificar los tiempos, acciones y objetivos previstos”.

El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei y refrendado por los ministros Guillermo Francos, Luis Petri, Mario Iván Lugones, Mariano Cúneo Libarona, Sandra Pettovello, Patricia Bullrich, Gerardo Werthein, Luis Andrés Caputo y Federico Adolfo Sturzenegger.

Las organizaciones abajo firmantes rechazamos de manera categórica la decisión del gobierno argentino de retirar a la delegación oficial de las negociaciones de la COP29 de Cambio Climático.

La decisión adoptada por el gobierno constituye un retroceso histórico en materia de política ambiental y climática para nuestro país. La Argentina ha participado de manera activa en las negociaciones climáticas desde la adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en 1992 y ha generado enormes contribuciones en la materia.

La ausencia de esta instancia de negociación y participación en estos espacios multilaterales, además de romper con una larga tradición internacional, nos margina y aleja de las posiciones que sostienen las democracias más desarrolladas en la materia. Además, nos priva de participar en la toma de decisión sobre un tema fundamental para el país: el financiamiento necesario para abordar la crisis climática y ecológica.
De la misma forma instamos a cumplir de manera plena con los compromisos asumidos tanto a nivel nacional como internacional con el Acuerdo de París, el cual ha sido ratificado mediante la ley Nº 27.270 y rechazamos cualquier intento o iniciativa que implique el apartamiento del mismo.

Argentina es un país que sufre de manera directa las consecuencias que produce el cambio climático con eventos cada vez más severos y frecuentes como las sequias, los incendios, inundaciones y la destrucción de bosques y de biodiversidad, que han generado pérdidas de vidas humanas y daños de todo tipo, principalmente en la población más vulnerable.

Por ello, necesitamos contar cada vez con más y mejor financiamiento que nos permite hacer frente a estas graves consecuencias y adaptarnos a los cambios que están ocurriendo más allá de cualquier creencia sobre su origen. Es participando en las negociaciones globales climáticas donde podremos incidir para logar conseguir las herramientas que nos permitan hacer frente a esta realidad. Más aun cuando se espera que la COP29 defina una nueva meta cuantificada de financiamiento climático que los países del Norte Global deben proveer a los países del Sur Global para poder abordar los daños y prevenir futuros perjuicios causados por el cambio climático.
Este es un espacio en el que todos los Estados Partes deben ser escuchados, poniendo sobre la mesa sus necesidades y circunstancias, y donde existen oportunidades significativas para construir y avanzar con agendas más ambiciosas que fomenten la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático, siempre sobre la base del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas.
Retirarse de las negociaciones climáticas impactará negativamente en la imagen internacional de nuestro país, lo que a su vez podría repercutir en la actividad productora y las exportaciones. Esto adquiere especial relevancia en un contexto global donde los estándares son cada vez más estrictos, frecuentemente vinculados a metas climáticas o a garantías de productos de un origen libre de deforestación.}

La decisión adoptada, además de no haber sido explicada constituye una clara violación a la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al de Cambio Climático (Ley 27.520/19) votada hace muy pocos años por unanimidad por el Congreso de la Nación y fundamentalmente a los postulados de protección ambiental dispuestos por el Art. 41 de la Constitución Nacional.