Las organizaciones abajo firmantes rechazamos de manera categórica la decisión del gobierno argentino de retirar a la delegación oficial de las negociaciones de la COP29 de Cambio Climático.

La decisión adoptada por el gobierno constituye un retroceso histórico en materia de política ambiental y climática para nuestro país. La Argentina ha participado de manera activa en las negociaciones climáticas desde la adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en 1992 y ha generado enormes contribuciones en la materia.

La ausencia de esta instancia de negociación y participación en estos espacios multilaterales, además de romper con una larga tradición internacional, nos margina y aleja de las posiciones que sostienen las democracias más desarrolladas en la materia. Además, nos priva de participar en la toma de decisión sobre un tema fundamental para el país: el financiamiento necesario para abordar la crisis climática y ecológica.
De la misma forma instamos a cumplir de manera plena con los compromisos asumidos tanto a nivel nacional como internacional con el Acuerdo de París, el cual ha sido ratificado mediante la ley Nº 27.270 y rechazamos cualquier intento o iniciativa que implique el apartamiento del mismo.

Argentina es un país que sufre de manera directa las consecuencias que produce el cambio climático con eventos cada vez más severos y frecuentes como las sequias, los incendios, inundaciones y la destrucción de bosques y de biodiversidad, que han generado pérdidas de vidas humanas y daños de todo tipo, principalmente en la población más vulnerable.

Por ello, necesitamos contar cada vez con más y mejor financiamiento que nos permite hacer frente a estas graves consecuencias y adaptarnos a los cambios que están ocurriendo más allá de cualquier creencia sobre su origen. Es participando en las negociaciones globales climáticas donde podremos incidir para logar conseguir las herramientas que nos permitan hacer frente a esta realidad. Más aun cuando se espera que la COP29 defina una nueva meta cuantificada de financiamiento climático que los países del Norte Global deben proveer a los países del Sur Global para poder abordar los daños y prevenir futuros perjuicios causados por el cambio climático.
Este es un espacio en el que todos los Estados Partes deben ser escuchados, poniendo sobre la mesa sus necesidades y circunstancias, y donde existen oportunidades significativas para construir y avanzar con agendas más ambiciosas que fomenten la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático, siempre sobre la base del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas.
Retirarse de las negociaciones climáticas impactará negativamente en la imagen internacional de nuestro país, lo que a su vez podría repercutir en la actividad productora y las exportaciones. Esto adquiere especial relevancia en un contexto global donde los estándares son cada vez más estrictos, frecuentemente vinculados a metas climáticas o a garantías de productos de un origen libre de deforestación.}

La decisión adoptada, además de no haber sido explicada constituye una clara violación a la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al de Cambio Climático (Ley 27.520/19) votada hace muy pocos años por unanimidad por el Congreso de la Nación y fundamentalmente a los postulados de protección ambiental dispuestos por el Art. 41 de la Constitución Nacional.

Gracias al patrullaje constante, al trabajo preventivo eficiente, guardaparques del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables constataron el descenso en la actividad de la caza furtiva en un sector de amortiguación del Parque Provincial Urugua-í.

Fue durante un operativo conjunto en el que participaron los días 10 y 11 de noviembre miembros del Grupo de Operaciones en Selva zona Norte y agentes de preservación de la reserva privada Rubichana, de la Fundación Vida Silvestre Argentina y de la empresa Arauco.

La patrulla recorrió la zona Sur del Parque Provincial Urugua-í, conocida como Campo Los Palmitos y sectores de amortiguamiento. Revisó el lugar, donde se había registrado una significativa presencia de cazadores, y notó con satisfacción que, luego de reiterados operativos, había cesado la presencia de los depredadores. Eso lo comprobaron con el cierre de los trillos y la ausencia de rastros de personas y perros.

En la ocasión, los guardaparques también hicieron un control vehicular en sectores estratégicos y finalizaron el procedimiento con una recorrida por el perilago, para fiscalizar el cumplimiento de la restricción de pesca por la veda vigente. En esa intervención desarticularon un campamento que habían montado pescadores furtivos.

Así lo dispuso la Secretaría de Industria y Comercio. De acuerdo al Ejecutivo, la decisión se debe a que las normativas afectaban el flujo de mercado y elevaban los precios de algunos productos

El Gobierno derogó 43 normas que le permitían al Estado fijar precios, intervenir mercados y solicitar información que consideran innecesaria. También, se eliminó una resolución que exigía trámites para acceder al proceso de homologación de neumáticos.

Así fue oficializado mediante la resolución 1212/2024 del Ministerio de Economía y las resoluciones 433/2024 y 434/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, conducida por Pablo Lavigne. Las normas eliminadas abarcaban controles en la carne vacuna, en alimentos lácteos, en comercios y grandes supermercados. Asimismo, establecían regulaciones en los servicios de comunicación y farmacias, y requerían pedidos de información a empresas e instituciones educativas.

A su vez, se derogó “una norma que afectaba el flujo del comercio y elevaba el costo de los neumáticos. Se eliminaron también programas en desuso que no están alineados con las políticas de simplificación que impulsa el Gobierno”, señalaron fuentes oficiales.

En los considerandos de la resolución se indica que “se ha advertido la existencia de resoluciones vinculadas con regímenes de control de precios, abastecimiento y/o de requerimientos de información o de cumplimiento de distintas obligaciones relacionadas, como así también diversos programas que, en base al estado actual de la economía en general, se ha demostrado que no sirvieron a los fines que fueron dictadas, extremo que es de público y notorio conocimiento y, que adicionalmente, han importado un enorme dispendio de jurisdicción administrativa, utilizando ingentes recursos humanos y materiales que no han generado resultados positivos”.

Y agrega: “En consecuencia, resulta necesario alinear las políticas de regulación del mercado interno de modo tal que se lleve a cabo una desburocratización y simplificación de los procesos productivos en relación con el consumidor, así como a la eliminación de todas las trabas y obstáculos al comercio que solo han generado incrementos en los costos de transacción para los proveedores y su consecuente traslado a los precios de los bienes y servicios para los consumidores”.

Estas medidas se suman a las 107 derogaciones desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, el cual tiene como objetivo de disminuir las trabas burocráticas y promover la libre competencia. Entre las normas ya eliminadas para normalizar el comercio exterior, están las licencias automáticas y no automáticas; el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y la Declaración Jurada de Composición de Producto (DJCP) que generaba costos por USD 5 millones y un millón de declaraciones juradas anuales.

Se puede mencionar además la eliminación del “canal rojo valor” para las importaciones, la derogación del uso de valores de referencia para exportaciones y la eliminación la participación de veedores sectoriales en el proceso de verificación aduanera.

En la misma línea, para transparentar el Comercio Interior, se dio de baja el programa de control, Precios Cuidados, y el SIPRE, un régimen informativo de precios y cantidades, entre otros. La medida más reciente fue la elevación de los límites para importaciones courier, que pasó de 1.000 a 3.000 dólares por envío, un monto similar al de los demás países de la región. No se abonarán aranceles por los primeros 400 dólares, siempre que sea un bien adquirido para uso personal. En estos casos, los productos sólo abonarán IVA.

Cabe destacar que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya envió al Congreso la “Ley Hojarasca” por el cual se propone “derogar normativas obsoletas que representaron un obstáculo a las libertades y afectaron el derecho a la propiedad, entre otros abusos del Estado”. La iniciativa busca avanzar en la senda desreguladora, de reducción del estado y de desburocratización que se había iniciado con el DNU 70.

FUENTE: INFOBAE