Educación
Hacia una Facultad integrada a las demandas de la sociedad y vinculada al sector socio productivo
La reelección de las autoridades en la FCF, trae consigo nuevos desafíos y proyecciones para una institución con casi 48 años de existencia. Con el compromiso de fortalecer asuntos académicos, de extensión, de investigación y las políticas estudiantiles que promuevan el acceso, permanencia y egreso, el proyecto que conducirá la institución en los próximos cuatro años tomará como base a la educación superior como un derecho social y al conocimiento como valor estratégico para el desarrollo local, regional y del país.
Este 7 de julio, nuevas autoridades asumen distintas responsabilidades para conducir a la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) hasta el 2026. En la Facultad de Ciencias Forestales (FCF), la fórmula de Convergencia Forestales liderada por el Ing. Fabián Romero como decano y Dr. Diego Broz como vicedecano, volverá a estar al frente de la institución por cuatro años más.
Esta conducción conformada desde la unidad, lleva el compromiso de un trabajo en pos del desarrollo de la institución que esté vinculada con su entorno y que bregue para que la educación superior sea un derecho social de todos/as.
Las bases de la gestión, tendrán el foco en fortalecer asuntos académicos en su carácter de pregrado, grado y posgrado; de extensión y vinculación; de ciencia y técnica y las políticas estudiantiles.
En los cuatro años que quedan atrás, el proyecto ha logrado un “salto cuantitativo” a través de los contratos programas de fortalecimiento de cargos docentes y nodocentes. Así también se han creado nuevas carreras permitiendo ampliar las propuestas formativas y en consecuencia la matrícula de estudiantes.
“Los desafíos que vienen por delante en el aspecto académico es trabajar sobre la mejora de los planes de estudios de las carreras, sobre todo de las ingenierías”, comentó el decano, Fabián Romero. En ese sentido, puntualizó en el plan de Ingeniería Forestal y Agronómica, las cuales deben avanzar en su modificación y adecuación para ajustarse a los nuevos estándares teniendo en cuenta la mirada y el enfoque regional.
“Todas las carreras tienen que fortalecer los conceptos de sustentabilidad, de protección ambiental. Por más que sean carreras productivas es una cuestión transversal a todas nuestras propuestas”, dijo.
Esta idea de modernización integra una necesidad de articulación entre la teoría y la práctica y la intención de hacerlas más ágiles. Es por eso que para el Decano, se deberá trabajar para evitar el “desgranamiento” en los primeros años, retener a los/as estudiantes y hacer una revisión profunda de contenidos para disminuir la extensión real de las propuestas formativas.
Las bases para la investigación en la Facultad, estarán vinculadas a un Plan Estratégico de Ciencia y Técnica que puntualice en generar nuevos equipos, identificar las líneas de vacancia en investigación y trabajar para generar conocimientos en esas líneas que sean estratégicas para el desarrollo regional.
“Consolidar a la universidad como aportante de conocimiento a ese desarrollo, a la mejora de la vida de la gente, a la igualdad de oportunidades, creo que ese es el rol de la universidad y es el desafío que nosotros tenemos para esta etapa”, expresó Romero.
Fortalecer la extensión y vinculación con el medio, es otro de los ejes fundamentales de este nuevo camino que se inicia. Para ello se impulsará la convocatoria de un Consejo Social que tenga como fin visibilizar los planes que tiene la institución y recibir las demandas del sistema social y productivo entendiendo a la universidad como un espacio de generación de conocimiento y capaz de resolver las distintas problemáticas sociales en sus espacios de aprendizaje tales como laboratorios, viveros, talleres, unidades productivas, entre otros.
Este Consejo podrá estar integrado por cámaras empresariales, instituciones afines, organizaciones sociales, cooperativas de trabajo, entre otros.
“Me imagino una facultad funcionando perfectamente muy vinculada al sector. Que los estudiantes tengan una trayectoria más dinámica en sus formaciones, que podamos brindar oportunidades de enseñanza de pregrado, grado y posgrado y que éstas estén vinculadas y den respuestas al sector socio productivo. Que nuestros estudiantes puedan conseguir trabajo, se puedan insertar y a la vez que su participación sea transformadora, que nuestros graduados sean agentes del cambio a donde vayan”, manifestó Romero.
Una Facultad integrada a las demandas sociales
Sostener la gratuidad de la enseñanza superior, vincularla y abrir las puertas de la facultad a la sociedad, son otras de las aspiraciones que se seguirán promoviendo en este nuevo periodo.
Si tuviera que definir cómo se imagina la Facultad, Romero afirmó que le gustaría que sea una institución “dinámica, que forme profesionales que sean reconocidos por su calidad en la formación, por su vinculación, que sea una facultad abierta, que no sea elitista, que los distintos actores sociales puedan venir, participar y conocer de la vida universitaria”, comentó.
A través de la Escuela de Idiomas, los cursos de oficios, los programas de promoción de carreras, diplomaturas, postítulos docentes y distintas actividades, estas políticas fueron marcando un tipo de institución inclusiva y conectada con el entorno.
“Creo que la gran meta es implementar las escuelas de oficios para que las comunidad de Eldorado y del norte, siga identificando a la Facultad como un espacio de formación independientemente a si es parte de nuestra educación formal. Que pueda venir a través de esta propuesta y que la universidad pueda certificar proyectos que le sirva para la inserción laboral, y para la mejora de su calidad de vida”.
Pero esta integración también debe plantearse desde adentro, desde quienes son un pilar fundamental en esta Casa de Estudios como lo son los diferentes claustros.
El Decano aseguró que se debe continuar trabajando en cómo se integran las áreas y cómo se dan los debates poniendo a la institución y a la mejora constante como una meta a la cual llegar.
“La mejora continua va a depender exclusivamente de la participación de todos los actores respetando las opiniones, llegando a consensos y avanzando en función de eso. Un claustro que debemos volver a acercar a la universidad es el de los graduados y esto será trabajando fuertemente desde la Escuela de Graduados para generar un Consejo de Graduados y así tener la voz y la opinión de este claustro en temas que hacen al desarrollo de la universidad”, expresó el Decano.
El reto: la virtualización de la educación
La pandemia por el Covid-19 ocurrida en los últimos años ha obligado a tomar medidas que signifiquen una rápida adaptación de la modalidad de la educación. Esto ha traído enseñanzas y ha agilizado ciertos procesos, uno de ellos fue la migración al Sistema SIU Guaraní 3.
El objetivo es seguir fortaleciendo las herramientas que otorga la virtualización y continuar con la formación de docentes, no docentes y estudiantes para así enriquecer el dictado de las carreras presenciales o incorporar otras nuevas:
“Tenemos presentada una carrera para hacerla en formato virtual. También muchos de los espacios curriculares hoy están a través de las aulas virtuales. Esta es una herramienta que aprendimos y salió muy bien por lo que creo que hay que fortalecerla”, concluyó Romero.
Algunos datos
Actualmente la Facultad de Ciencias Forestales cuenta con un total de 9 carreras distribuidas en tres sedes: la ciudad de Eldorado, San Vicente y San Pedro. Además cuenta con una extensión en Puerto Rico.
Durante este ciclo 2022, se han incorporado las carreras de Tecnicatura Universitaria en Información Geográfica y Teledetección y la Licenciatura en Conservación y Desarrollo Ecorregional.
Hasta el momento existe un total de 1294 graduados/as.


Actualidad
Desde el SPEPM aseguraron que la desregulación arancelaria es “inaplicable” en Misiones
Tras conocerse el Decreto 787/2025 por el cual se deroga el Decreto N.º 2417/1993 referido al control estatal sobre los aranceles de los establecimientos de educación privada, dispuesto por el Gobierno Nacional, hubo una reacción en la provincia de Misiones para despejar cualquier duda respecto al impacto que ello tendría para los establecimientos educativos y para las familias que envían a sus hijos a ellos.
En primera instancia, se aseguró que el Decreto mencionado es “inaplicable” en Misiones y exhortó a las instituciones a que “deben abstenerse de aplicar incrementos de aranceles, matrículas o cuotas invocando el Decreto 787/2025 como habilitante directo, y mantener los canales de autorización y comunicación previstos por la autoridad provincial”.
En definitiva, las conclusiones vertidas en el comunicado describe los siguientes puntos:
- 1. El Decreto Nacional 787/2025 no resulta aplicable ni vinculante para la Provincia de Misiones en materia de aranceles escolares de instituciones de gestión privada, por hallarse la competencia plenamente transferida y regulada por legislación provincial específica.
- 2. Continúan vigentes la Ley VI-46 (ex Ley 2987), las resoluciones del SPEPM y toda norma local que establezca criterios, montos o procedimientos de fijación de aranceles, sin perjuicio de las disposiciones nacionales de carácter general en materia educativa.
- 3. Los establecimientos de gestión privada deben abstenerse de aplicar incrementos de aranceles, matrículas o cuotas invocando el Decreto 787/2025 como habilitante directo, y mantener los canales de autorización y comunicación previstos por la autoridad provincial.
- 4. Como consecuencia del análisis realizado, se emite la presente explicitando la inaplicabilidad del Decreto 787/2025 en la jurisdicción de Misiones y la vigencia de los mecanismos de control y supervisión provinciales.
El documento completo:
Educación
Eldorado: Se realiza una capacitación docente en el Parque Schwelm
Comenzó el Curso de Capacitación Docente “El campamento, un recurso didáctico formativo y recreativo”, en el Parque Schwelm.
Este martes se llevará adelante la segunda jornada del taller, que brindará recursos prácticos y esenciales sobre técnicas de campamento y cabuyería.
Además, se compartirá información sobre la legislación y normativa vigente para la organización de campamentos educativos, primeros auxilios, y juegos y actividades lúdicas en el campamento.
Actualidad
Desregularon los aranceles de los colegios privados tras 30 años de control y podrán fijar las cuotas sin autorización
Mediante un decreto, derogaron una normativa que regulaba los precios de las matrículas y las cuotas en las escuelas privadas, permitiendo que los institutos fijen los valores sin autorización previa del Estado nacional.
A través del Decreto 787/2025, publicado en la madrugada de este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso la derogación del Decreto 2417/1993, una norma que durante más de tres décadas reguló el sistema de aranceles y la relación entre el Estado y los institutos de educación pública de gestión privada en la Argentina.
La medida implica un cambio en el esquema de control estatal sobre los precios de las cuotas y matrículas que cobran los colegios privados, al eliminar la obligación de comunicar anticipadamente los montos y de obtener autorización previa para cualquier modificación.
Según los fundamentos del decreto, la normativa derogada “presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”.
El decreto sostiene que el sistema vigente, instaurado en los años 90, respondía a un contexto en el que la administración de la educación dependía del Gobierno nacional. Con la transferencia de competencias a las provincias, el Ejecutivo considera que “corresponde revisar el marco normativo existente para favorecer un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos educativos de gestión privada, garantizando así la sostenibilidad de su labor y el derecho a la educación de calidad”.
Entre los argumentos centrales, el decreto advierte que la intervención estatal en la fijación de aranceles “ha generado efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica”. En particular, señala que la exigencia de informar y autorizar los valores de matrícula y cuotas con antelación “limita su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos”.
Por esto mismo, remarcaron que este mecanismo de control de precios “perjudica a las familias, quienes deben enfrentar aranceles educativos más altos desde el inicio del ciclo lectivo, limitando su capacidad de elegir establecimientos de enseñanza adecuados a sus posibilidades económicas y, en algunos casos, obligándolas a trasladar a sus hijos a otras instituciones”.
En ese sentido, el decreto subraya que “el requerimiento de los establecimientos de enseñanza de gestión privada de comunicar los montos de matrícula y de las cuotas con anticipación considerable, junto con la obligación de obtener la autorización estatal previa para modificar dichos valores, crea una situación de incertidumbre económica para los institutos, que suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal”.
El texto también pone el foco en el derecho de propiedad de los institutos privados, al afirmar que “deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados, sin necesidad de autorización estatal”. Según la visión oficial, la previsibilidad y rigidez de las tarifas impuestas por el Estado “puede llevar a una precarización de la calidad educativa, dado que los establecimientos no pueden responder adecuadamente a las variaciones en los costos de insumos, salarios y otros gastos operativos sin antes contar con autorización de la autoridad correspondiente”.
De esta manera, el Gobierno instruyó al Ministerio de Capital Humano para que, a través de la Secretaría de Educación, revise las pautas contenidas en el Decreto 2542/1991 —la norma madre del sistema de financiamiento de la educación privada— y eleve una propuesta de modificación. De este modo, el Ejecutivo busca avanzar hacia un esquema en el que se resguarde el principio de libre contratación, ”permitiendo a las instituciones educativas el derecho a definir sus políticas de precios y compensaciones, en el marco de una competencia leal y en función de las demandas del mercado”.
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