Política
La Ley Bases será debatida el miércoles en una sesión especial
La Cámara de Diputados convocó este lunes para el miércoles próximo a las 10 a una sesión especial para el debate de la ley Bases, en un contexto en que el oficialismo y los bloques dialoguistas anunciaron que alcanzaron consensos sobre el contenido general de la iniciativa, aunque aún hay diferencias en torno a puntos vinculados con las privatizaciones de empresas públicas, biocombustibles y pesca, entre otros.
El Secretario Parlamentario del cuerpo, Tomas Figueroa, oficializó la citación a una sesión especial solicitada por el bloque de La Libertad Avanza, que se estima que demandará unas cuarenta horas de debate, debido a que expondrán más de 200 legisladores en el análisis en general y habrá una extensa discusión en particular.
El cronograma de la sesión se definirá en una reunión de Labor Parlamentaria que se realizará este martes a las 19 y que será encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, con los jefes de bloques parlamentarios.
Allí definirán si habrá un cuarto intermedio en la sesión o se hará sin ninguna interrupción.
En cuanto al debate, se debe tratar el dictamen de mayoría que tiene 525 artículos, aunque ahora se está modificando y en la última versión quedaría en 385.
Mientras tanto, el oficialismo continuó las conversaciones con los llamados bloques dialoguistas para terminar de consensuar los puntos en los que aún hay diferencias, luego del anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, de retirar del proyecto el paquete fiscal que planteaba aumentos de retenciones y un sistema nuevo de ajuste de las jubilaciones, entre otros puntos.
Los temas en los que se mantienen disidencias están vinculados con la cantidad de materias de la emergencia pública, el sistema de privatizaciones, las leyes de pesca, de biocombustibles, reformas al Código Civil y Comercial.
Por ese motivo Menem, junto a funcionarios del Gobierno, mantuvo reuniones con la UCR, el Pro, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, para ordenar el tratamiento y superar las diferencias en los puntos donde hay aún desacuerdos.
En primer término, el titular del cuerpo mantuvo una reunión con la diputada radical María Soledad Carrizo junto Alejandro Cacace -asesor del bloque de la UCR-, luego con el jefe de la bancada del Pro, Cristian Ritondo, y posteriormente con el presidente de Hacemos, Miguel Pichetto.
A la tarde también hubo otra reunión para acordar los puntos en disidencia entre el ministro del Interior, gobernadores de Juntos por el Cambio, el mandatario de Córdoba Martín Llaryora, el presidente del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, y Pichetto, en el Consejo de Inversiones Federal de Inversiones.
En ese marco, los gobernadores pidieron la coparticipación del impuesto País, que en la actualidad deriva los recursos a rentas generales, según indicaron fuentes parlamentarias.
El acuerdo con los bloques dialoguistas es clave, ya que la LLA tiene 38 legisladores y puede sumar unos 7 votos de bancadas menores, con lo cual requiere del consenso de otros bloques para tener el quórum de 129 para habilitar la sesión y luego una mayoría para aprobar el proyecto en general y cada uno de sus artículos.
En cuanto al tema de las facultades, el Gobierno aceptó limitar la emergencia pública de once a siete materias: económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, aunque aun había un pedido de Hacemos y la UCR de eliminar la energética, tarifaria y de seguridad.
Otro punto donde aun persistía el desacuerdo es el artículo que propone la privatización de unas 40 empresas, ya que en el caso de las empresas públicas Nucleoeléctrica, Banco Nación y Arsat se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.
Ahí el radicalismo quiere que haya un compromiso para que el Gobierno envíe un proyecto por cada empresa que quiera privatizar, y Hacemos quiere eliminar de esa lista al Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica.
En cambio, sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) hay un principio de acuerdo para que acciones de empresas privadas queden en manos del FGS y el Gobierno podrá avanzar en la consolidación de la deuda.
Otro punto que se acordó dejar afuera del proyecto y tratarlo en sesiones ordinarias con la reforma política son los cambios al sistema de financiamiento de partidos políticos, ya que la nueva norma busca habilitar el aporte privado, que es rechazado por la UCR, y Hacemos.
La Libertad Avanza armó un sistema de semáforos donde marco con violeta los temas ya acordados y en amarillos aquellos que podrían ser eliminados si finalmente no están los votos para aprobar esos artículos.
Para el oficialismo había acuerdos sobre Ios capítulos referidos a la emergencia y reorganización administrativa, la Oficina anticorrupción, las modificaciones a la ley nacional de procedimientos administrativos, la desregulación económica, la ley de entidades de seguros, la ley orgánica de asociaciones mutuales, Jubilaciones y pensiones de privilegio.
También sobre los capítulos del impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas, Régimen de transparencia fiscal al consumidor, y Promoción registrado, financiamiento de la educación, y sobre el Incaa, Instituto nacional de la música, Instituto nacional del teatro y Fondo nacional de las artes.
En cambio, en La Libertad Avanzan reconocen que se mantienen los desacuerdos sobre impuestos internos, en los regímenes de biocombustibles, Régimen Federal de Pesca, Biocombustibles, divorcios no contencioso para que no se requiera un abogado.
También se modificó el capitulo que se refiere una reorganización de la administración pública nacional y se allí se elimino la facultad para poder disolver las empresas públicas, universidades, y entidades del inciso c del artículo 8 de la Ley 24156 como INTA y CONICET, entre otros.
Si se mantiene el pase a disponibilidad de los empleados estatales cuyos cargos sean eliminados por la reestructuración del Estado y se les pagará el sueldo durante 12 meses hasta su desvinculación.
El dictamen mantiene su propuesta para regular la protesta, al establecer que se prohíbe el corte del tránsito y de rutas, y se establece que se deberá pedir autorización para cualquier manifestación mayor de 30 personas en un espacio público, en lugar de las tres personas que establecía la iniciativa original.
También se mantiene la propuesta de permitir la legitima defensa cuando una persona fuera atacada en un caso de agresión ilegítima.
Economía
Pedido de BOLETAZO: “Lo del Grupo Horianski es una locura”
El concejal Sebastián Tiozzo calificó de esa manera el monto que trascendió públicamente y que solicitó la empresa Horianski como aumento del pasaje único sin Boleto Electrónico (elevar de 900 a 1800 pesos).
El Edil señaló que “sorprende la situación en la que está el transporte público de pasajeros en nuestra ciudad y este pedido que llega desde la empresa en este momento la verdad que es algo realmente preocupante” y agregó enfáticamente que “claramente es una locura el 100 por ciento de aumento”.
Recordó que en la oportunidad del último aumento otorgado a la empresa en el mes de marzo se hizo bajo el compromiso que “mejore el servicio”, pero “nunca lo hicieron”, lo que “nos dio la razón a los concejales que decíamos que no iban a mejorarlo (él fue uno de los tres ediles que votaron en contra del incremento en aquel momento)”.
Al mismo tiempo marcó que hubo un periodo donde se realizaban paros sorpresivos y hasta se decidió retirar el servicio nocturno durante varios días, con el claro objetivo de forzar aquel incremento. Casualmente, el jueves de la semana pasada se produjo una inesperada medida por parte de los trabajadores del volante que dejó varados a miles de usuarios durante varias horas por una presunta falta de pago de haberes y tan solo unos días después entró la nota de solicitud de actualización tarifaria.
Tiozzo señaló que ahora vienen con el mismo argumento, que “se necesita aumentar -el boleto- para mejorar el servicio, pero me parece que debe ser al revés”.
Otro aspecto que mencionó el Concejal fue que, por aquellos paros sorpresivos, “la Municipalidad, teniendo esas fallas que hay en el servicio, nunca ha aplicado ninguna sanción, absolutamente ninguna”.
Para concluir, Tiozzo indicó que “recién mañana vamos a tener acceso a la nota en trabajo en Comisión y vamos a realizar los pedidos -de informes- y los estudios correspondientes que se hacen para una solicitud de estas características”.
Economía
Nueva línea de transporte amplía la conectividad terrestre y movimiento turístico
La empresa de transporte “20 de Junio” se incorporó al circuito Buenos Aires-Iguazú, con paradas en Posadas y otras localidades de la provincia.
Con más de 60 años de experiencia en el traslado de pasajeros y presencia en 16 provincias argentinas, brinda una propuesta de transporte de alta calidad y amplia cobertura. Se puede viajar a Buenos Aires, San Juan, Mendoza, Córdoba, San Luis, Catamarca, Santa Fe, La Pampa, Neuquén, Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Chaco.
Esta nueva opción representa un avance significativo para los residentes y turistas que buscan alternativas cómodas y confiables para trasladarse.
El impacto de este nuevo servicio trasciende la movilidad, ya que también representa un impulso para la actividad turística en la región. Al facilitar la llegada de visitantes y conectar a Misiones con nuevos mercados, se fortalecen las posibilidades de crecimiento para destinos emergentes.
En este contexto, Alfredo Romanutti, responsable de la zona NEA de la empresa, manifestó además que “estamos trabajando en un servicio que saldrá de Posadas a Córdoba, con una combinación directa hacia las provincias cuyanas y viceversa, abriendo nuevas posibilidades de conexión”.
A su vez, es importante destacar que “20 de Junio” demostró su compromiso con la comunidad local al contratar a 20 misioneros como choferes en esta primera etapa, generando empleo directo y oportunidades indirectas a través de servicios como mantenimiento de unidades.
Esta iniciativa reafirma la importancia de la conectividad como motor del desarrollo turístico y socioeconómico de la provincia.
Actualidad
El Gobierno derogó 43 normas que le permitían al Estado fijar precios, intervenir mercados y solicitar información a empresas
Así lo dispuso la Secretaría de Industria y Comercio. De acuerdo al Ejecutivo, la decisión se debe a que las normativas afectaban el flujo de mercado y elevaban los precios de algunos productos
El Gobierno derogó 43 normas que le permitían al Estado fijar precios, intervenir mercados y solicitar información que consideran innecesaria. También, se eliminó una resolución que exigía trámites para acceder al proceso de homologación de neumáticos.
Así fue oficializado mediante la resolución 1212/2024 del Ministerio de Economía y las resoluciones 433/2024 y 434/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, conducida por Pablo Lavigne. Las normas eliminadas abarcaban controles en la carne vacuna, en alimentos lácteos, en comercios y grandes supermercados. Asimismo, establecían regulaciones en los servicios de comunicación y farmacias, y requerían pedidos de información a empresas e instituciones educativas.
A su vez, se derogó “una norma que afectaba el flujo del comercio y elevaba el costo de los neumáticos. Se eliminaron también programas en desuso que no están alineados con las políticas de simplificación que impulsa el Gobierno”, señalaron fuentes oficiales.
En los considerandos de la resolución se indica que “se ha advertido la existencia de resoluciones vinculadas con regímenes de control de precios, abastecimiento y/o de requerimientos de información o de cumplimiento de distintas obligaciones relacionadas, como así también diversos programas que, en base al estado actual de la economía en general, se ha demostrado que no sirvieron a los fines que fueron dictadas, extremo que es de público y notorio conocimiento y, que adicionalmente, han importado un enorme dispendio de jurisdicción administrativa, utilizando ingentes recursos humanos y materiales que no han generado resultados positivos”.
Y agrega: “En consecuencia, resulta necesario alinear las políticas de regulación del mercado interno de modo tal que se lleve a cabo una desburocratización y simplificación de los procesos productivos en relación con el consumidor, así como a la eliminación de todas las trabas y obstáculos al comercio que solo han generado incrementos en los costos de transacción para los proveedores y su consecuente traslado a los precios de los bienes y servicios para los consumidores”.
Estas medidas se suman a las 107 derogaciones desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, el cual tiene como objetivo de disminuir las trabas burocráticas y promover la libre competencia. Entre las normas ya eliminadas para normalizar el comercio exterior, están las licencias automáticas y no automáticas; el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y la Declaración Jurada de Composición de Producto (DJCP) que generaba costos por USD 5 millones y un millón de declaraciones juradas anuales.
Se puede mencionar además la eliminación del “canal rojo valor” para las importaciones, la derogación del uso de valores de referencia para exportaciones y la eliminación la participación de veedores sectoriales en el proceso de verificación aduanera.
En la misma línea, para transparentar el Comercio Interior, se dio de baja el programa de control, Precios Cuidados, y el SIPRE, un régimen informativo de precios y cantidades, entre otros. La medida más reciente fue la elevación de los límites para importaciones courier, que pasó de 1.000 a 3.000 dólares por envío, un monto similar al de los demás países de la región. No se abonarán aranceles por los primeros 400 dólares, siempre que sea un bien adquirido para uso personal. En estos casos, los productos sólo abonarán IVA.
Cabe destacar que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya envió al Congreso la “Ley Hojarasca” por el cual se propone “derogar normativas obsoletas que representaron un obstáculo a las libertades y afectaron el derecho a la propiedad, entre otros abusos del Estado”. La iniciativa busca avanzar en la senda desreguladora, de reducción del estado y de desburocratización que se había iniciado con el DNU 70.
FUENTE: INFOBAE
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