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Política

La Ley Bases será debatida el miércoles en una sesión especial

La Cámara de Diputados convocó este lunes para el miércoles próximo a las 10 a una sesión especial para el debate de la ley Bases, en un contexto en que el oficialismo y los bloques dialoguistas anunciaron que alcanzaron consensos sobre el contenido general de la iniciativa, aunque aún hay diferencias en torno a puntos vinculados con las privatizaciones de empresas públicas, biocombustibles y pesca, entre otros.

El Secretario Parlamentario del cuerpo, Tomas Figueroa, oficializó la citación a una sesión especial solicitada por el bloque de La Libertad Avanza, que se estima que demandará unas cuarenta horas de debate, debido a que expondrán más de 200 legisladores en el análisis en general y habrá una extensa discusión en particular.

El cronograma de la sesión se definirá en una reunión de Labor Parlamentaria que se realizará este martes a las 19 y que será encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, con los jefes de bloques parlamentarios.

Allí definirán si habrá un cuarto intermedio en la sesión o se hará sin ninguna interrupción.

En cuanto al debate, se debe tratar el dictamen de mayoría que tiene 525 artículos, aunque ahora se está modificando y en la última versión quedaría en 385.

Mientras tanto, el oficialismo continuó las conversaciones con los llamados bloques dialoguistas para terminar de consensuar los puntos en los que aún hay diferencias, luego del anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, de retirar del proyecto el paquete fiscal que planteaba aumentos de retenciones y un sistema nuevo de ajuste de las jubilaciones, entre otros puntos.

Los temas en los que se mantienen disidencias están vinculados con la cantidad de materias de la emergencia pública, el sistema de privatizaciones, las leyes de pesca, de biocombustibles, reformas al Código Civil y Comercial.

Por ese motivo Menem, junto a funcionarios del Gobierno, mantuvo reuniones con la UCR, el Pro, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, para ordenar el tratamiento y superar las diferencias en los puntos donde hay aún desacuerdos.

En primer término, el titular del cuerpo mantuvo una reunión con la diputada radical María Soledad Carrizo junto Alejandro Cacace -asesor del bloque de la UCR-, luego con el jefe de la bancada del Pro, Cristian Ritondo, y posteriormente con el presidente de Hacemos, Miguel Pichetto.

A la tarde también hubo otra reunión para acordar los puntos en disidencia entre el ministro del Interior, gobernadores de Juntos por el Cambio, el mandatario de Córdoba Martín Llaryora, el presidente del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, y Pichetto, en el Consejo de Inversiones Federal de Inversiones.

En ese marco, los gobernadores pidieron la coparticipación del impuesto País, que en la actualidad deriva los recursos a rentas generales, según indicaron fuentes parlamentarias.

El acuerdo con los bloques dialoguistas es clave, ya que la LLA tiene 38 legisladores y puede sumar unos 7 votos de bancadas menores, con lo cual requiere del consenso de otros bloques para tener el quórum de 129 para habilitar la sesión y luego una mayoría para aprobar el proyecto en general y cada uno de sus artículos.

En cuanto al tema de las facultades, el Gobierno aceptó limitar la emergencia pública de once a siete materias: económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, aunque aun había un pedido de Hacemos y la UCR de eliminar la energética, tarifaria y de seguridad.

Otro punto donde aun persistía el desacuerdo es el artículo que propone la privatización de unas 40 empresas, ya que en el caso de las empresas públicas Nucleoeléctrica, Banco Nación y Arsat se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.

Ahí el radicalismo quiere que haya un compromiso para que el Gobierno envíe un proyecto por cada empresa que quiera privatizar, y Hacemos quiere eliminar de esa lista al Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica.

En cambio, sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) hay un principio de acuerdo para que acciones de empresas privadas queden en manos del FGS y el Gobierno podrá avanzar en la consolidación de la deuda.

Otro punto que se acordó dejar afuera del proyecto y tratarlo en sesiones ordinarias con la reforma política son los cambios al sistema de financiamiento de partidos políticos, ya que la nueva norma busca habilitar el aporte privado, que es rechazado por la UCR, y Hacemos.

La Libertad Avanza armó un sistema de semáforos donde marco con violeta los temas ya acordados y en amarillos aquellos que podrían ser eliminados si finalmente no están los votos para aprobar esos artículos.

Para el oficialismo había acuerdos sobre Ios capítulos referidos a la emergencia y reorganización administrativa, la Oficina anticorrupción, las modificaciones a la ley nacional de procedimientos administrativos, la desregulación económica, la ley de entidades de seguros, la ley orgánica de asociaciones mutuales, Jubilaciones y pensiones de privilegio.

También sobre los capítulos del impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas, Régimen de transparencia fiscal al consumidor, y Promoción registrado, financiamiento de la educación, y sobre el Incaa, Instituto nacional de la música, Instituto nacional del teatro y Fondo nacional de las artes.

En cambio, en La Libertad Avanzan reconocen que se mantienen los desacuerdos sobre impuestos internos, en los regímenes de biocombustibles, Régimen Federal de Pesca, Biocombustibles, divorcios no contencioso para que no se requiera un abogado.

También se modificó el capitulo que se refiere una reorganización de la administración pública nacional y se allí se elimino la facultad para poder disolver las empresas públicas, universidades, y entidades del inciso c del artículo 8 de la Ley 24156 como INTA y CONICET, entre otros.

Si se mantiene el pase a disponibilidad de los empleados estatales cuyos cargos sean eliminados por la reestructuración del Estado y se les pagará el sueldo durante 12 meses hasta su desvinculación.

El dictamen mantiene su propuesta para regular la protesta, al establecer que se prohíbe el corte del tránsito y de rutas, y se establece que se deberá pedir autorización para cualquier manifestación mayor de 30 personas en un espacio público, en lugar de las tres personas que establecía la iniciativa original.

También se mantiene la propuesta de permitir la legitima defensa cuando una persona fuera atacada en un caso de agresión ilegítima.

Política

Presupuesto 2026: claves del proyecto de Milei que busca aprobarse este viernes

El primer Presupuesto del Gobierno de Javier Milei que el oficialismo busca aprobar este viernes en el Senado contempla un aumento de la economía del 5% del PBI, un superávit del 1,5% del PBI, y destina el 85% de sus recursos a gastos sociales.

El Gobierno tiene asegurada su sanción en general ya que tiene el respaldo de la LLA, uCR, PRO, bloques provinciales, y cuatro peronistas, mientras que la mayoría del bloque justicialista rechaza el proyecto, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Los principales puntos del proyecto del Presupuesto son los siguientes:

Inflación del 10,4 % anual y del 14% interanual para el 2026
Superavit del 1.5% del
Crecimiento de la economía del 5%
Se mantiene el sistema de bandas cambiarias y el dólar será más alto al proyectado en el Presupuesto de 1423 a diciembre de 2026.
Recursos 148,2 billones de pesos
Gasto total de 148 billones de pesos
Superávit primario estimado en 2,7 billones de pesos
El 85% de los recursos se destinan a gastos sociales
Se destinarán al pago de jubilaciones 65,7 billones de pesos
Se asignan 4,8 billones a las Universidades Nacionales.
Impide al Tesoro Nacional financiarse con el Banco Central.
Consumo privado se estima que aumentará 4,9%
Consumo público se incrementará 4,5 %
inversiones aumento del 9,4%
En exportaciones se estima un aumento del 10,6%
En importaciones se proyectó un incremento del 11,1%

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Actualidad

Senado: fuerte rechazo de especialistas, organizaciones ambientales y entidades científicas a la reforma de la Ley de Glaciares

Especialistas, organizaciones de la sociedad civil y científicos1 cuestionaron el proyecto del Poder Ejecutivo que modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos de protección ambiental de glaciares y ambiente periglacial. Fue ayer en la reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación que, en un trámite exprés que llevó solo dos días, dictaminó la iniciativa del oficialismo a pesar del contundente rechazo. No obstante, el tratamiento parlamentario del proyecto se retomará recién a principios de febrero, a pesar de que las autoridades legislativas habían anunciado que ingresaría al recinto el próximo 26 de diciembre.

Durante el encuentro, desarrollado en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, los disertantes coincidieron en que la iniciativa oficial implica un cambio estructural en el régimen de protección ambiental vigente, al debilitar el carácter nacional de los presupuestos mínimos y fragmentar criterios de resguardo sobre bienes comunes estratégicos como el agua. Advirtieron, además, que avanzar con una reforma de estas características sienta un precedente regresivo en materia de derecho ambiental, en un contexto de crisis climática e hídrica que exige fortalecer las políticas públicas de protección y no debilitarlas.

En esta línea, Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) señaló que “el proyecto introduce una modificación sustancial de la ley vigente mediante dos mecanismos centrales. En primer lugar, reduce el área de protección glaciar —que conviene recordar actualmente alcanza apenas el 0,21 % del territorio nacional— con el objetivo de habilitar el desarrollo de proyectos de megaminería de alta montaña que hoy se encuentran expresamente prohibidos. En segundo término, otorga a las provincias la facultad de decidir qué glaciares deben ser protegidos y cuáles no, desmantelando así el esquema de protección ambiental uniforme y común para todo el país establecido por la Constitución Nacional”.

A esto Agostina Rossi Serra de Greenpeace Argentina señaló que “cuando el riesgo aumenta, las normas se fortalecen, no se debilitan”, y advirtió que “plantear que hay glaciares o partes del ambiente periglacial que sirven y otros que no es una discusión científicamente incorrecta”. En ese sentido, remarcó que “los glaciares y el ambiente periglacial no son obstáculos: son aliados para enfrentar la crisis climática”.

Las organizaciones alertaron que las modificaciones propuestas no persiguen mejorar ni ampliar la protección de las fuentes de agua en un contexto de crisis climática, sino responder a las demandas del sector minero, tal como surge de manera explícita de los considerandos del propio proyecto.

En ese sentido, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas recordó a los senadores que “las leyes de presupuestos mínimos son una arquitectura constitucional que este proyecto tira por la borda. La destruye. Y esto no es menor, porque tenemos otras leyes de presupuestos mínimos. ¿Qué va a pasar después? ¿Vienen por los bosques? ¿Vienen por los ríos? ¿Por la Ley General del Ambiente?”

Por otra parte, las organizaciones cuestionaron la escasa participación en el debate y la celeridad (solo dos días) con la que los senadores dictaminaron el proyecto de modificación, a lo que sumaron la irregularidad de la falta de consultas previas a especialistas para elaborar la nueva iniciativa.

Manuel Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre Argentina consideró “que es inadmisible que el proyecto adolezca de consulta previa con el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), institución de excelencia científica, referida por la legislación actual para el desarrollo del Inventario Nacional de Glaciares. La minería responsable es posible, y necesaria, pero nunca sobre el ambiente glaciar y periglacial, como promueve el proyecto de ley que ya cuenta con dictamen positivo a pesar de todas las voces que advirtieron sus falencias técnicas y legislativas”.

En el mismo sentido, Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales (CPA) agregó que “el proceso legislativo y la elaboración previa del proyecto evidencia una fuerte injerencia sectorial. Hay una clara captura de una política pública de más de 15 años por parte de un interés económico particular, en este caso el del sector minero, que intervino directa o indirectamente a través de un grupo de gobernadores”.

Finalmente, Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas destacó que “las empresas que queremos son las que cumplen estándares y apuestan a largo plazo. No buscan libertad absoluta, buscan certidumbres”, y agregó: “los flujos de inversión más importantes van a los países con los estándares ambientales más altos. El argumento económico está planteado al revés.”

De acuerdo con las organizaciones, lo que intenta hacer el proyecto de ley es alterar una ley general para hacerla encajar con algunos proyectos mineros que, bajo el régimen vigente, no podrían desarrollarse. Lejos de generar la seguridad jurídica que se invoca en favor de los inversores, esta reforma tendrá el efecto contrario: profundizará la incertidumbre normativa y agravará la ya frágil licencia social para operar.

Al plantear su rechazo al proyecto, los disertantes solicitaron a los senadores que no avancen con una reforma que reduce niveles de protección ambiental, vulnera la Constitución Nacional y pone en riesgo la seguridad hídrica del país. “En un contexto de crisis climática y escasez de agua cada vez más evidente, retroceder en la protección de los glaciares y del ambiente periglacial no es una opción responsable ni legalmente admisible. La Ley de Glaciares es clara, constitucional y vigente: debe cumplirse, no vaciarse”, remarcaron.

(1) Las organizaciones que participaron de la reunión conjunta de comisiones son: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Aves Argentinas, Greenpeace Argentina, Círculo de Políticas Ambientales (CPA), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA) y Fundación Vida Silvestre Argentina. También participaron de la reunión el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) Pablo Villagra, Gabriela González Trilla de Ecosistemas azules-CONICET, Laura Isla Rafaele del CONICET, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y Cámara de Proveedores de Empresas Mineras (CAPMIN).

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Política

Passalacqua recibió innovador equipamiento de Videolaparoscopía que modernizará el Hospital Favaloro y descentralizará el Madariaga

El gobernador Hugo Passalacqua recibió una importante donación de equipamiento médico destinada al Hospital Dr. René Favaloro. La entrega fue resultado de un año de gestiones entre el Rotary Club Posadas Oeste, el Ministerio de Salud Pública y el Hospital Madariaga. El material permitirá ampliar prácticas quirúrgicas y desarrollar instancias de capacitación profesional.

POSADAS. VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025. El gobernador Hugo Passalacqua recibió la donación de insumos médicos destinados para el área de quirófano y ginecología del Hospital Dr. René Favaloro. La entrega se concretó tras un año de trabajo conjunto entre el Rotary Club Posadas Oeste, el Ministerio de Salud Pública y el Hospital Escuela de Agudos (HEARM) Dr. Ramón Madariaga. El equipamiento fue entregado en carácter de donación al titular de la cartera sanitaria.

La donación incluyó una torre de videolaparoscopia Mindray modelo HD3 y un kit completo de instrumental para cirugías laparoscópicas ginecológicas. El equipamiento permite realizar intervenciones de baja, mediana y alta complejidad. La Unidad de Cirugía Miniinvasiva del Servicio de Ginecología del HEARM coordinará en el quirófano del Hospital Favaloro cirugías de baja y mediana complejidad en la actualidad, y en poco tiempo se planificarán las de alta complejidad

En la ocasión, el gobernador fue recibido en el Hospital Favaloro por el ministro de Salud, Hector Gonzalez, el director del hospital, Dr. Raul Pereyra y otras autoridades sanitarias.

Tras las palabras de bienvenida, el equipo médico explicó el funcionamiento del nuevo equipamiento donado, que beneficiará principalmente al servicio de ginecología, pero estará disponible para otras áreas según las necesidades. Este equipo permite realizar intervenciones menos invasivas, lo que agiliza la recuperación de los pacientes y optimiza la rotación de camas. La finalidad de esta donación es equipar al Hospital Favaloro para descentralizar la atención y aliviar la demanda del Hospital Madariaga.

UN GRAN APORTE A LA SALUD PÚBLICA

Tras dialogar con los médicos y conocer el funcionamiento del equipo, Passalacqua señaló el importante beneficio que este nuevo equipamiento aportará a la salud pública. Mencionó que su uso no se restringirá al área de ginecología, sino que se extenderá a cirugías de baja y mediana complejidad en otras especialidades. Asimismo, agradeció el esfuerzo del Rotary Club y de todos sus miembros por lograr que el Hospital cuente con esta tecnología. Y celebró el trabajo conjunto entre las instituciones, sobre todo en períodos complejos como el presente.

El ministro de Salud Pública, Héctor González, vinculó la entrega con el trabajo conjunto entre el Estado y ONGs. En ese marco, agregó que el nuevo equipamiento “nos va a permitir trabajar y descentralizar lo que es la alta complejidad del Madariaga y poder hacer un montón de cirugías en este hospital que tiene recursos humanos y toda la infraestructura para eso”.

Desde el Hospital Favaloro, su director Raúl Pereyra explicó que el uso de estos recursos “va a ser fundamental para las cirugías ginecológicas, y un poco más ambicioso para la formación de un espacio de entrenamiento para profesionales del medio”.

En la misma línea, el jefe del Servicio de Cirugía Robótica y coordinador del Área de Ginecología Mínimamente Invasiva del Parque de la Salud, Dr. David Rywaka, destacó que la donación les permite “empezar con un proyecto de descentralización y sacar la mediana complejidad del Madariaga para traerla a este hospital”. En cuanto a las prácticas, precisó que “con estas cirugías mínimamente invasivas la paciente se puede ir a la casa al otro día” y que el equipo “también puede ser utilizado por otras especialidades como cirugía general y traumatología”.

Por su parte, el presidente del Rotary Club Posadas Oeste, José Carlos Dahir, valoró que esta donación se logró gracias al trabajo “de veinte socios y el apoyo de muchos clubes de otros países”. Respecto al impacto de la contribución, añadió que “aproximadamente trescientas mil personas se beneficiarán con este equipo de video laparoscopia. Además, incluye una parte educativa que permitirá a los médicos practicar y capacitarse”.

En la entrega del equipamiento estuvieron presentes también el jefe del Área de Ginecología del Hospital Favaloro, Dr. Néstor Tapari; el miembro del Rotary Club Posadas Oeste y uno de los socios a cargo de gestionar esta inversión, Marcelo Aguirre; junto a médicos del Hospital, socios del Club, y otros profesionales del área de salud.

EL HOSPITAL FAVALORO REORGANIZA PRÁCTICAS QUIRÚRGICAS GINECOLÓGICAS

Con la incorporación de esta tecnología, las cirugías ginecológicas de baja y mediana complejidad se coordinarán en el quirófano del Hospital Favaloro. El esquema operativo contempla el uso del equipamiento en procedimientos actualmente realizados dentro del sistema público. A partir de esta base, se prevé avanzar hacia prácticas de mayor complejidad.

La articulación entre ambos hospitales permitirá distribuir funciones quirúrgicas según niveles de complejidad. El nuevo equipamiento se integra a esa planificación sanitaria. La donación se enmarca en un esquema de trabajo coordinado entre distintas instituciones del sistema de salud.

En paralelo a la actividad asistencial, se prevé el desarrollo de un proyecto del Centro de Entrenamiento de Recursos Humanos en Cirugía Laparoscópica Ginecológica. La iniciativa estará vinculada al uso del equipamiento incorporado. El objetivo es generar instancias de formación técnica en prácticas quirúrgicas ginecológicas.

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