Fue en reunión extraordinaria de los integrantes de las comisiones de Legislación General, Justicia y Comunicaciones, y Educación, Cultura, Innovación Tecnológica y Deporte del Parlamento Misionero.

Participaron del encuentro las profesoras en Educación Especial Fabiana Silva y Amanda Alsina; la directora de la modalidad Educación Especial del Consejo General de Educación, Liliana Santander; estudiantes; y otros profesionales del área.

La iniciativa reunió los aportes de los proyectos de ley 47518/17 y 50620/18 de las diputadas mandato cumplido, Claudia Gauto y Natalia Rodríguez respectivamente, y 60382/22 autoría del legislador Horacio Loreiro.

De aprobarse, se regulará el ejercicio de profesionales en educación especial, en todos sus niveles y en el marco de sus incumbencias profesionales, con base en los principios de integridad, ética, idoneidad, equidad, colaboración y solidaridad.

A los efectos de la norma propuesta se considera profesionales en educación especial a los docentes, profesores y licenciados en educación especial, con título habilitante, otorgado por universidades públicas o privadas reconocidas por el Estado o expedido por universidades extranjeras, con previa reválida otorgada por universidad pública.

Para ejercer la profesión de docente, profesor y licenciado en educación especial en el territorio de la provincia se requerirá poseer título universitario de docente, profesor o licenciado; hallarse inscripto en la matrícula profesional respectiva, que está a cargo exclusivamente del Colegio; y no encontrarse suspendido en el ejercicio de la profesión.

Además, estipula la creación del Colegio de Profesionales de la Educación Especial de la provincia que tendrá por objetivos regular el ejercicio profesional de los matriculados; fomentar el espíritu de solidaridad y de colaboración, la consideración y asistencia recíprocas entre los matriculados, las instituciones de retiro, ayuda y seguros; promover el trabajo interdisciplinario entre personas y organizaciones profesionales, en pos de la resolución de problemáticas complejas; y arbitrar las medidas conducentes a asegurar a los matriculados una justa retribución.

Asimismo propender y contribuir al progreso de la profesión y al mejoramiento de las prácticas educativas; estimular el estudio e investigación del campo de la enseñanza y sus problemáticas; aplicar las normas establecidas por la presente ley y las posteriores reglamentaciones; velar por la conducta ética de los matriculados; amparar los derechos de los matriculados, velando por la libertad en el ejercicio de la profesión; defender la jerarquía de la profesión y enaltecer el concepto público de la enseñanza; y organizar elecciones periódicas para elegir a los miembros que componen las autoridades del Colegio y realizar Asambleas de matriculados con una periodicidad anual mínima.

La docente en Educación Especial y magíster en Ciencias Sociales, Fabiana Silva, explicó, durante la reunión de Comisión que según datos del último censo “el 12 por ciento de la población de Misiones tiene alguna discapacidad y es importante velar por sus derechos y brindarles una mejor calidad de educación”.

“Hay muchas disciplinas trabajando en el medio que no tienen la formación específica o el tiempo de formación necesario y entendemos que es fundamental regular esas prácticas y fomentar un trabajo desde una mirada ética, con formación académica de calidad”, agregó.

En el mismo sentido, el diputado Loreiro manifestó la importancia de “regular la actividad, ordenarla y propender a las buenas prácticas profesionales”.

Más adelante felicitó el trabajo de las comisiones para reunir, analizar y unificar los diferentes aportes al proyecto y a las profesionales de Educación Especial, “verdaderas impulsoras de la iniciativa”.

En los fundamentos de su proyecto, la legisladora mandato cumplido Natalia Rodríguez argumentó la necesidad de regulación “a la luz del nuevo paradigma que sostiene el principio de inclusión que habita en las prácticas profesionales, en los diferentes ámbitos sociales”.

“Dicho cambio social ha generado y se encuentra generando nuevos ámbitos de intervención profesional, no siempre contemplados en los antiguos gremios, normativas formales del ejercicio en el campo laboral y estatutos de las obras sociales”, añadió.

“Estas prácticas deben ser definidas, reguladas y ordenadas para evitar intervenciones impropias que invadan el campo del profesional de Educación Especial y que resultan dañinas para el sujeto con discapacidad”, afirmó.