El índice aumentó 11,2 puntos porcentuales respecto a número de fines del año pasado y 12,8 puntos contra igual período de 2023, informó el Indec. La indigencia, en tanto, trepó a 18,1%

La pobreza avanzó hasta 52,9% en el primer semestre del año y así alcanza a 24,9 millones de personas en todo el país, informó este jueves el Indec. Implica una suba de 11,2 puntos porcentuales respecto al cierre del año pasado, que había sido de 41,7% en el momento del cambio de Gobierno y de 12,8 puntos en comparación con un año atrás, cuando había sido de 40,1 por ciento. Esto representa, además, el dato más alto desde 2003.

Los números oficiales difundidos por el organismo estadístico dan cuenta también de un empeoramiento en la tasa de indigencia. Así, el 18,1% de la población de todo el país no pudo tener cubiertas las necesidades alimentarias básicas, lo que representaría 8,5 millones de personas. También implicaría una suba marcada respecto a los últimos índices: seis meses antes este número era de 12% y de 9,3% un año atrás.

Es la primera medición del gobierno de Javier Milei. Respecto de un año atrás, 6,2 millones de habitantes se sumaron al universo que con su ingreso no pudo comprar la canasta básica total de alimentos y servicios básicos. Y se incrementó en 4,2 millones la población que no llegó a cubrir el valor de la canasta básica alimentaria, pese a los planes de asistencia social.

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Otro dato relevante es lo que en el informe oficial se suele presentar como la “brecha” de pobreza y de indigencia. Esto es: qué tan cerca o tan lejos están los pobres y los indigentes que viven en la Argentina, en términos de ingresos, de poder salir de esa situación.

Esas cifras también son críticas: en promedio en el primer semestre un hogar pobre tuvo ingresos 42,6% por debajo de lo necesario para dejar de serlo. Una distancia de algo más de $300.000. Para el caso de la brecha de indigencia, fue de 33,4%, lo que equivale a decir que un hogar que no llega a cubrir la canasta alimentaria requirió $116.000 más en promedio para no ser indigente.

El primer semestre del año fue atravesado por esa escalada inicial de la inflación de los primeros meses del año, hasta un ritmo de suba de precios que se asentó en el orden del 4% mensual desde mayo. Hubo, en paralelo, una caída marcada del poder de compra de los salarios, que también comenzó a recuperar terreno en la medida en que desaceleraba el índice de precios, aunque no llegó a compensar enteramente lo perdido en el último año.

Pero el impacto más “novedoso” como efecto de la recesión fue el que está relacionado con el mercado laboral, un indicador que, aún con un deterioro persistente en el poder adquisitivo, se mantenía con tasas de desempleo mínimas en los últimos años. En el primer trimestre, la incidencia de la desocupación fue del 7,7% (una suba de dos puntos porcentuales respecto al cierre de 2023 y de 0,8 puntos en comparación con el mismo trimestre del año anterior); y de 7,6% en el segundo, una desmejora interanual de 1,2 puntos.

Tomando en cuenta el tamaño total de la población, se deduce que hay 1.625.000 desocupados en el país, lo que representa un aumento de 336.000 personas en la comparación interanual. Si se comparan los resultados de la EPH del primer trimestre del año con los datos del segundo, se observa que el empleo registrado perdió 60.400 trabajadores, mientras que el empleo en negro sumó a 328.300 personas. Esto da la pauta de un mercado laboral con puestos de empleo de menor calidad.

El 2023 había finalizado con una tasa de pobreza de 41,7%, lo que implicaba unos 19,4 millones de personas sin tener la canasta básica total cubierta con sus ingresos del hogar, mientras que de ese total, la indigencia, es decir aquellas familias que ni siquiera tienen asegurado el dinero suficiente todos los meses para adquirir lo mínimo alimentario, alcanzó a casi 12% de la sociedad.

Eso implicó que el gobierno del Frente de Todos inició su mandato, al finalizar el 2019, con un 35,5% de pobreza y lo terminó con 41,7%, es decir, una suba en toda su administración de 6,2 puntos porcentuales. Más atrás, el gobierno de Cambiemos también había registrado un marcado declive en los indicadores sociales. Mauricio Macri asumió con un número de pobreza desconocido por la intervención del Indec –aunque se estima algo menor al 30%– y terminó con 35,5 por ciento.

Durante los sucesivos gobiernos kirchneristas, los índices de pobreza y de indigencia tuvieron una fuerte baja tras los picos que habían alcanzado por la crisis de fines de 2001, cuando había sido de 57,5 por ciento. El último dato antes del apagón estadístico fue el del segundo semestre de 2006, cuando fue de 26,9 por ciento. Representó, así, un recorte de unos 30 puntos en cinco años.

Otra forma de hacer la comparación es cuál fue el primer dato de pobreza después de la toma de mando de los últimos gobiernos. El de Alberto Fernández estuvo marcado por la irrupción de la pandemia en marzo de 2020, que empujó al 40,9% de la población bajo la línea de la pobreza. Fueron, así, 5,4 puntos de aumento de la pobreza en la primera medición del Frente de Todos.El 2023 había finalizado con una tasa de pobreza de 41,7%, lo que implicaba unos 19,4 millones de personas sin tener la canasta básica total cubierta con sus ingresos del hogar

Para el caso del macrismo, por otra parte, el punto de partida se estima, como fue dicho, en un 29% ya que la medición oficial había sido interrumpida, y en el primer semestre del 2016 ya había subido a 32,2% por lo cual el incremento en el inicio del mandato habría sido algo superior a los 3 puntos porcentuales.

Los números oficiales difundidos por el organismo estadístico dan cuenta de un empeoramiento en la tasa de indigencia

Néstor Kirchner asumió con 54% de pobreza y en su primera medición semestral tuvo una baja hasta 47,8 por ciento. Y Cristina Kirchner, ya con un organismo estadístico intervenido, llegó a la Casa Rosada con un estimado de 35,6% de pobreza y tuvo un primer indicador de 34,9%, lo que mostró una primera señal de estancamiento en la reducción de la pobreza.

El Gobierno aumentó el monto de las transferencias de AUH y de Tarjeta Alimentar por encima del ritmo de la inflación en lo que va del año, pero los números indican que fue insuficiente para evitar un empeoramiento en las condiciones de vida. Este jueves, antes de hacerse público el indicador crítico de condiciones sociales de vida, el Gobierno dejó trascender que anunciará la ampliación de la Tarjeta Alimentar y el refuerzo de las políticas de asistencia.

Tal como informó Infobae, el Ministerio de Capital Humano decidió ampliar la cobertura etaria de la Tarjeta Alimentar. A partir del 1 de octubre, el beneficio se extenderá hasta los 17 años, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos necesarios para recibir el pago de la Anses.

Indigencia:

La indigencia trepó al 18,1% de la población del país en el primer semestre del año, informó este jueves el Indec. De esa forma, 8,5 millones de personas no consigueron tener cubierta con sus ingresos mensuales siquiera las necesidades alimentarias básicas.

Prácticamente una de cada cinco personas en la Argentina no llegó a poder alimentarse lo suficiente en el contexto de crisis económica, escalada de la inflación en los primeros meses del año y de pérdida de puestos de trabajo formales e informales. También implicaría una suba marcada respecto a los últimos índices: seis meses antes este número era de 12% y de 9,3% un año atrás. En el último año 4,2 millones nuevas personas fueron consideradas indigentes para el Indec.

La foto es incluso más crítica entre los más jóvenes. La indigencia alcanza al 27% de los chicos de hasta 14 años. Aunque los más afectados son los que están en el rango de entre 12 y 17 años, donde sube a 29,4 por ciento.

La tendencia de empeoramiento de las condiciones sociales, incluso las más básicas, en un contexto de ayuda estatal más amplia pero con una macroeconomía con inflación cada año más alta y salarios más bajos dio como resultado que desde fines de 2017 la indigencia escalara desde 4,8% hasta 18,1 por ciento. Puesto de otra forma: en seis años prácticamente se cuadruplicó la cantidad de indigentes que viven en la Argentina.

Analizado por regiones, el conglomerado urbano más afectado por la indigencia fue el Gran Resistencia, en el que el 38,6% de la población vive sin las necesidades básicas alimentarias cubiertas. Le siguen, en ese ránking, Concordia (26,4%), Santiago del Estero-La Banda (22,9%), el Conurbano bonaerense (22,7%) y Formosa (19,8 por ciento). Solo dos centros urbanos se mantienen con una indigencia de un dígitos son el Gran San Luis y la Ciudad de Buenos Aires.

La pérdida de poder de compra de los salarios informales (los más expuestos a la pobreza) son de difícil medición, aunque el Indec realiza un informe sobre salarios amplio que los contempla pero con un rezago en la información de unos cinco meses. El último dato muestra que los salarios informales están 57 puntos porcentuales por debajo del ritmo de inflación.

Y por otra parte, la información más reciente de Secretaría de Trabajo muestra que se perdieron 136.000 puestos de trabajo asalariados registrados del sector privado (los que tienen mejores condiciones de trabajo y mejores salarios). La estimación de la cantidad de empleos en negro perdidos es solo conjetural, pero habrían sido de unos 530 mil al primer trimestre del año.

El primer semestre del año fue atravesado por esa escalada inicial de la inflación de los primeros meses del año, hasta un ritmo de suba de precios que se asentó en el orden del 4% mensual desde mayo. Hubo, en paralelo, una caída marcada del poder de compra de los salarios, que también comenzó a recuperar terreno en la medida en que desaceleraba el índice de precios, aunque no llegó a compensar enteramente lo perdido en el último año.

El Gobierno aumentó el monto de las transferencias de AUH y de Tarjeta Alimentar por encima del ritmo de la inflación en lo que va del año, pero los números indican que fue insuficiente para evitar un empeoramiento en las condiciones de vida. Este jueves, antes de hacerse público el indicador crítico de condiciones sociales de vida, el Gobierno dejó trascender que anunciará la ampliación de la Tarjeta Alimentar y el refuerzo de las políticas de asistencia.

FUENTE: INFOBAE

La Subsecretaría de Educación Técnica de Misiones dialogó esta mañana con Canal 9 Norte Misionero sobre el proyecto de presupuesto 2025 presentado por el Presidente Miley, donde se alerta un desfinanciamiento a la educación técnica.

La alarma se encendió en el artículo 27, el mismo plantea la suspensión durante el año que viene del cumplimiento del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, así como de otros artículos que no son otra cosa que el desfinanciamiento de la ciencia y la técnica en el país.

A raíz de esta alerta, Sandra Wosniuk contó que se realizó una reunión de la Comisión Federales en el INET, en Buenos Aires, con las 24 jurisdicciones. “Uno de los primeros temas fue el  Proyecto de Ley planteado desde el Gobierno Nacional y obviamente planteamos la preocupación sobre lo referido al financiamiento de la educación en general y específicamente a la educación técnica”, indicó la subsecretaría de Educación Técnica. 

A lo que agregó: “En la discusión con los referentes de las demás jurisdicciones planteamos  la necesidad que se aclare la redacción de este Proyecto de Ley porque hay una confusión, en el artículo 27 se hace referencia a suspender el cumplimiento del artículo 9 de la Ley 26.206 y el artículo 52 de la Ley 26.058, que es nuestra ley de educación técnica, una cuestión muy preocupante. Pero en el artículo 7 hace referencia a los fondos para los servicios sociales donde está incluida educación, lo que genera confusión”. 

La subsecretaría de Educación Técnica Wosniuk dejó cuál fue la postura de la provincia: “Nuestra  exposición fue clara, no se puede desinvertir en educación, no se puede desfinanciar la misma, por eso necesitamos que se revisen nuestros articulados”, sostuvo. 

En la mencionada reunión también se impulsó la creación de una comisión para hacer el seguimiento a este Proyecto de Ley.

El Gobierno reglamentó los artículos de la Ley Bases que conforman la reforma laboral, con cambios en las indemnizaciones, un blanqueo para regularizar empleados y mayores facilidades para la contratación de trabajadores independientes.

La medida se llevó a cabo a través del Decreto 847/2024, publicado este jueves en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Capital Humano, Sandra Pettovello, y de Economía, Luis Caputo.

La norma reglamenta los artículos 76 al 81 del Título IV, “Promoción del empleo registrado”; y del 82 al 98 del Título V, “Modernización laboral”.

En el marco de la flexibilización de las reglamentaciones impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Stuzenegger, el Ejecutivo busca “promover el empleo registrado mediante un ‘blanqueo’ para regularizar las relaciones laborales no registradas o mal registradas cuyo vínculo haya iniciado antes de la promulgación de la ley”.

Esto implica la condonación de, al menos, el 70% de la deuda por capital e intereses de los aportes y contribuciones patronales. En el caso de las micro, pequeñas empresas y las organizaciones sin fines de lucro llega al 90%; y 80% en las medianas. Cuando la deuda es con el Régimen del Sistema Nacional del Seguro de Salud y de las cuotas destinadas al Régimen de Riesgos del Trabajo, la condonación es del 100%.

También se aplica un nuevo sistema de despidos, que elimina las actuales indemnizaciones y establece tres formatos: cancelación individual (pago directo del empleador al trabajador como sucede hoy), Fondo de Cese individual o colectivo (aportes mensuales acumulativos, con porcentaje y montos a acordar previamente) y Seguro individual o colectivo (con aseguradoras habilitadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación).