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Cuarto intermedio en el debate de la Ley Bases en Diputados
Con el apoyo de los bloques dialoguistas, La Libertad Avanza logró un cuarto intermedio hasta el jueves al mediodía para votar en general el mega proyecto. Todavía no hay acuerdo sobre privatizaciones, facultades delegadas y el capítulo de Seguridad
Tras más de doce horas de debate, la Cámara de Diputados decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el jueves al mediodía para aprobar en general la Ley Ómnibus y continuar con el tratamiento de los artículos en particular.
Mientras dentro del recinto la sesión transcurrió sin mayores contratiempos, a excepción del cruce entre diputados del Frente de Izquierda con un empresario pyme que gritaba desde uno de los palcos, las negociaciones paralelas se desarrollaron a lo largo de toda la jornada.
Dado que por la gran cantidad de temas que abarca el proyecto y por el número de oradores, se estimaba que la sesión duraría cerca de 40 horas. Por eso es que durante la reunión de Labor Parlamentaria de ayer se había esbozado la posibilidad de interrumpir el debate para que los diputados puedan dormir antes de continuar.
Los únicos que se opusieron fueron los integrantes de la bancada de Unión por la Patria. “Nosotros estamos para continuar esta sesión”, dijo Germán Martínez, molesto porque su partido no fue incluido en las negociaciones.
La sesión comenzó esta mañana con el anuncio de una nueva tanda de recorte de artículos, como la exclusión de los artículos que cambiaban el Régimen Federal de Pesca (muy festejada por los gobernadores del sur), la eliminación de los artículos referidos al impuesto PAIS, a la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) al Tesoro Nacional y al régimen de Zonas Frías.
A su vez, también fueron retirados los cambios al Código Penal que impulsaba la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Por ejemplo, los artículos 301 y 303, que detallaban las penas que podrían aplicarse a los organizadores de las manifestaciones. También los que definía una como reunión o manifestación a la “reunión de 30 personas”, que hacen obligatorio notificar al Ministerio de Seguridad cualquier “manifestación espontánea” y las sanciones para las manifestaciones que vulneren derechos de terceros.
De hecho, según pudo reconstruir Infobae, todavía se negocian modificaciones sobre resistencia a la autoridad, la legítima defensa en caso de huída y la potestad del Ministerio de Seguridad de no autorizar una movilización por cuestiones de “seguridad interior”.
La tensa relación entre el Gobierno y los gobernadores tuvo hoy capítulo a raíz del impuesto PAIS. Si bien al inicio de la sesión el oficialismo anunció que quitaría del texto los dos artículos sobre el gravamen, los diputados de diferentes bloques que responden a los gobernadores, especialmente los de Hacemos Coalición Federal, insistían con negociar la coparticipación del 30% de ese tributo para recomponer las arcas provinciales afectadas por la eliminación de Ganancias y la reducción de las transferencias del Tesoro.
Ante la posibilidad de que la oposición sume al peronismo de Unión por la Patria y alcance los votos para imponer una redacción del texto que incluya la coparticipación, el Gobierno se puso en contacto con algunos líderes provinciales y les prometió que toda la cuestión fiscal se discutirá la semana que viene. “Van a presentar un nuevo pacto fiscal”, confirmó una fuente al tanto de las conversaciones. Según pudo saber Infobae, los gobernadores se comprometieron a dejar de presionar con el tema durante la sesión.
Puntos sin acuerdo
Una vez que se confirmó que efectivamente el Gobierno retiraba todo el paquete fiscal (que incluía la reforma de la movilidad jubilatoria, el blanqueo, las retenciones y la moratoria) las facultades delegadas y las privatizaciones pasaron a ocupar el centro de la escena.
De las 12 emergencias y sus consecuentes facultades delegadas, que le permiten a Milei legislar sin pasar por el Congreso en lo referente a esas áreas, el oficialismo terminó bajando a seis: económica, financiera, en seguridad, tarifaria, energética y administrativa. Sin embargo, todavía había diputados que buscaban remover la emergencia tarifaria y fundamentar mejor las bases que restringen las facultades delegadas en materia de seguridad.
Dentro del radicalismo, el sector liderado por Facundo Manes fue el que se expresó con mayores reparos respecto a las facultades delegadas. Aunque otros compañeros de la bancada UCR reconocieron que los libertarios ya han bajado significativamente la cantidad de emergencias y señalan que en el pasado también se han votado facultades delegadas a otros presidentes.
En la misma línea, los miembros de la Coalición Cívica, que integran el bloque HCF, también adelantaron en su dictamen de minoría que no están de acuerdo con ningún tipo de delegación de facultades.
FUENTE: INFOBAE
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Cuidar el trabajo
La crisis actual despierta la necesidad de recordar el valor de tener trabajo en un contexto tan complejo, con una crisis marcada por la escalada de precios y la incertidumbre total.
En este sentido, la nueva era económica planteada por el Ejecutivo Nacional trae consigo una ola de cambios, que incluyen despidos en todos los sectores.
Algunos dirán que el ajuste era necesario pero, ¿la pérdida de trabajo también? El último informe de la UCA determinó que en Argentina el 55% de la población es pobre. Sin trabajo, probablemente esa variable siga subiendo.
A nivel Nacional, las oleadas de despidos que tristemente suscitaron festejos en algunos, dejaron sin trabajo a unas 70 mil personas desde el inicio del Gobierno de Milei. Pero el sector público no es el único.
El sector privado también está afectado por la situación. En este sentido, el ejemplo más evidente es el de Correo Argentino, que en lo que va del año se desprendió de 2800 empleados, en el marco de una reducción de 4000 mil totales.
Pero no es el único caso. Todo el sector productivo está en similar situación. En el metalúrgico se han perdido unos 140 puestos de trabajo (y hay al menos 600 suspensiones en Acindar, por ejemplo); en la industria textil y de calzado unos 600 despidos (y paralización o suspensión en casos como la tucumana Santista, con 900 trabajadores involucrados); más de 1900 despidos en el sector de comunicaciones (700 en Télam, 600 en Radio y Televisión Argentina, y casi 250 en el Grupo América); casi 300 despidos en entidades financieras (117 del Banco Nación); unos 140 en el sector energético; más de 200 en el sector de neumáticos (Bridgestone 50, Fate 97, Pirelli 65); una estimación de 10 mil involucrados entre despedidos y suspendidos en las pesqueras chubutenses; más de 700 despidos en el sector de transporte (incluidos 116 de Aerolíneas Argentinas y 175 de la Administración General de Puertos)…
La lista continúa y hay varias empresas que están en proceso de reducción horaria, actividades detenidas, maquinaria paralizada e incertidumbre en sus trabajadores.
Entre los economistas se avizora un panorama complejo: los más optimistas afirman que el fondo ya se tocó, pero que la meseta económica en la que nos encontramos puede durar largos meses, y la recuperación será lenta. Por eso, lo importante, ahora y siempre, es cuidar el trabajo.
*Por Aníbal Schmidt
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El Gobierno de Misiones acordó aumento salarial con el personal de Salud Pública
El Gobierno de Misiones y representantes de los trabajadores de la salud pública alcanzaron este martes un acuerdo salarial que incluye un aumento del 18% para el mes de mayo, con un incremento del 10% al básico y un 8% en concepto de equiparación salarial.
En una mesa de diálogo celebrada en el Ministerio de Salud de la provincia, el Gobierno de Misiones y representantes de los trabajadores de la salud pública acordaron un aumento salarial del 18% para mayo. Este incremento se compone de un 10% al básico y un 8% en concepto de equiparación salarial.
El acuerdo fue firmado por el ministro de Salud de la provincia, Héctor González, la ministra de Trabajo y Empleo, Silvana Giménez, y el ministro de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, Adolfo Safrán, junto con los representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN).
El acuerdo establece un incremento de $21.901 al básico de la categoría D-II para los agentes de la Carrera Sanitaria a partir de mayo de 2024, con un aumento progresivo del 10% para las categorías superiores. Además, se otorgará un incremento del 8% en concepto de equiparación salarial.
Asimismo, se incrementará en un 10% el valor de las Guardias Profesionales y Horas Técnicas a partir del mismo mes. Este aumento también se aplicará a los trabajadores de la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones y Control de Droga y a los becados del Programa de Formación de Agentes Sanitarios. Los jubilados y pensionados del sector recibirán un incremento del 10% a cuenta de movilidad.
También se detalla en acta firmada que el Gobierno de Misiones se compromete a pasar a planta permanente al personal del Ministerio de Salud Pública en junio, conforme a un listado que enviará UPCN, reconociendo la antigüedad desde enero de 2024.
Además, se decidió realizar reuniones periódicas para monitorear los puntos planteados en la firma del acta, asegurando un seguimiento continuo de los compromisos asumidos.
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Marcelo Pérez: “Misiones tiene una administración responsable, todos tendrán su aumento en tiempo y forma, pero sin contraer deudas”
El ministro de Gobierno, Dr. Marcelo Pérez, brindó una conferencia de prensa en la que ha hablado sobre la discusión que persiste por recomposiciones salariales con aquellos sectores más intransigente de la administración pública.
En este marco, el funcionario provincial, que fue el único encargado de responder las consultas de los periodistas, expresó que “la Administración Central ha otorgado a todos los sectores de la administración pública un incremento salarial, que es el tercero en cuatro meses y que, en algunos casos, en esta última oportunidad, casi triplica a la inflación y son incrementos que cada uno de los sectores los percibirá en tiempo y forma”, mientras que en “otras provincias pagarán los salarios de mayo, en junio”.
Afirmó que ese aumento “implica un esfuerzo y una responsabilidad muy grande en la administración en una época compleja y de escasez, de carencias y de una economía en caída”, destacando que “hemos hecho un esfuerzo enorme, hace varios que estamos afinando el lápiz para ver de donde sacamos los recursos para dar el mejor aumento posible y cada uno de esos sectores, todos, van a percibir el aumento”.
Asimismo, Pérez subrayó que mucho de esta situación se da a partir de la política económica impuesta por el Gobierno Nacional, remarcando que “la provincia de Misiones como las demás provincias del país han dejado de percibir fondos nacionales de coparticipación, de subsidios, lo que ha repercutido en la economía de toda la población”.
Asimismo, desestimó solicitar algún tipo de ayuda extraordinaria al Estado Nacional o solicitar créditos para afrontar los aumentos. “Misiones tiene un equilibrio fiscal de hace muchos años y tiene una ley, la única en el país, que le impide endeudarse para Gastos Corrientes, ya hemos visto lo que implica endeudarse para Gastos Corrientes… por eso es una administración responsable”, expresó.
Ante el pedido de profundización sobre que dejará de hacerse para otorgar los aumentos, Pérez no esquivó y enumeró que “dejará de hacerse asfalto, uno o dos hospitales, comisarías, se va a dejar de potabilizar en una localidad el agua y hay varios ejemplos más”.
También dejó en claro que el Gobierno Provincial siempre mantuvo abierta las puertas del dialogo con todos los sectores en reclamo. “No se concibe trabajar en democracia, y menos en este gobierno, si no es dialogando y el diálogo no se genera una vez cada tanto, sino que se genera todos los días (…) el diálogo estuvo, está y estará”, aseveró.
“Misiones no se está incendiando”:
“Nosotros bregamos y llamamos a aquellos que han, un grupo muy reducido, quebrado la paz social y la tranquilidad que caracteriza a Misiones para que vuelva el orden y estamos ocupándonos preocupados por ellos”, dijo y agregó que “hay un cúmulo de hechos que han generado delitos que han sido denunciados a la justicia porque está bien protestar porque es un derecho constitucional, pero es incorrecto hacerlo de manera ilegal, ilegítima y apoderándose de bienes de todos los misioneros” como, por ejemplo, los patrulleros.
“Quienes sean responsables -de esos delitos denunciados- tendrán que rendirle cuenta a la justicia”, aseguró Pérez.
“No creo que Misiones se esté incendiando, hoy he recorrido la ciudad y se sigue caminando, se sigue trabajando, hay una preocupación por el sector en conflicto, pero el Gobierno no trabaja solamente por los empleados públicos, sino que trabaja para 1.300.000 misioneros, por todos”, sentenció.
Relación con el Gobierno Nacional:
En cuanto a como está el dialogo con el Gobierno Nacional, Pérez comentó que en la noche de este lunes mantuvo una conversación con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y con quien la secunda, Vicente Ventura, para evaluar la situación en la que “ella me ha manifestado que no avala que ninguna Fuerza, ningún grupo de Fuerza Provincial, pueda alzarse contra el orden establecido ni contra las leyes y no avala, como no avalamos, que se quiebre un reglamento ni la ley”.
Al ser consultado por dichos de la funcionaria nacional en la que habría cuestionado al Gobierno Provincial por los sucesos que se están registrando, Pérez espetó que “no responsabilizó a la Provincia por la manifestación policial, hizo una evaluación que tomó un Senador que es opositor y me parece que faltó un análisis de la situación, no creo que la Provincia por tener equilibrio fiscal, ser celosa de sus cuentas y ser responsable en los gastos, sea responsable o tenga algún tipo de responsabilidad en lo que un grupo de personas esté en desacuerdo, más allá del trasfondo que pueda llegar a tener eso”.
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