Carlos Gimenez, Procurador General de la provincia de Misiones participó en una serie de eventos destinados a fortalecer la capacitación en temas de cibercrimen y ciberacoso, al tiempo que reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo.

Recientemente, el Procurador asistió al Congreso Latinoamericano de Técnicas de Investigación Criminal (COLTIC), donde se abordaron las últimas herramientas y técnicas en investigación criminal. Este congreso representó un espacio crucial para el intercambio de conocimientos que permite a los funcionarios judiciales mejorar su labor en la protección de la ciudadanía.
Posteriormente, Carlos Gimenez formó parte del lanzamiento del material “Ciberacoso a Niñas, Niños y Adolescentes”, una iniciativa del Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC) de la Universidad Austral, evento, coordinado por su directora, Daniela Dupuy. Durante la capacitación, se trataron temas esenciales relacionados con el ciberacoso, un fenómeno que afecta a la infancia y adolescencia en el contexto digital actual.
Gimenez concurrió a la AMIA, junto a pares de otras provincias dónde fueron recibidos por el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, el director ejecutivo de AMIA Daniel Pomerantz, Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA; y el Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra donde suscribió una declaración en contra del terrorismo. En esta declaración, se promueven valores fundamentales como la paz, la memoria, y la defensa de los derechos humanos. Asimismo, se fomentan acciones destinadas a transmitir principios de educación, respeto, concordia y solidaridad, generando conciencia sobre el impacto del terrorismo y la violencia en la sociedad.
“Es fundamental que nuestras acciones no sólo se centren en la investigación y la persecución de delitos, sino que también promovamos un ambiente de respeto y convivencia pacífica. La capacitación de nuestros equipos es clave para abordar estos desafíos”, declaró el Procurador.

El nuevo procurador continua capacitándose y ha tomado la política del Poder Judicial de Misiones de considerar a la formación continua como clave, especialmente en un campo tan dinámico y en evolución como lo es el ciberdelito. Para Gimenez “las capacitaciones pueden ayudar a establecer protocolos más efectivos y mejorar la colaboración entre diferentes organismos”.

El legislador Miguel Nuñez quedó envuelto en una polémica luego de que el Juez Federal Ariel Lijo desestime por “infundada” una presentación realizada por el dirigente del PRO, con el patrocinio del abogado Fernando Acosta.  Según la Justicia Federal, la denuncia no aportaba ninguna prueba y por tal motivo el magistrado ordenó el archivo de las actuaciones. Se trata del segundo revés judicial del letrado de las asociaciones rurales.

El pasado 2 de octubre, el Juez Federal Ariel Lijo que subroga interinamente el juzgado de Canicoba Corral, desestimó una denuncia penal presentada por el diputado del PRO Miguel Nuñez, por infundada.

Luego de argumentar la falta de consistencia, producto de la falta de pruebas, el magistrado resolvió “Archivar la presente causa N°3235/24 por no poder proceder, en los términos del Artículo 180 -in fine- del Código Procesal Penal de la Nación”.

El 13 de agosto, el diputado Nuñez se había presentado en Comodoro Py junto al abogado Acosta, conocido en este último tiempo por impulsar numerosas denuncias contra el Estado misionero.

La presentación de la denuncia fue acompañada de una fuerte acción de instalación del tema desde las redes sociales y a través de algunos periodistas reconocidos por hacer lobby regularmente a favor de los grandes jugadores del sector de campo.

El juez Lijo expresó en su resolución que “la puesta en marcha de una investigación penal en un Estado de Derecho, demanda la existencia de una sospecha suficiente, indicativa de la comisión de un delito determinado”. Lo cierto es que la ausencia de este elemento sugiere lo que en doctrina se denomina “excursión de pesca”, con la consecuente asignación de recursos que demandaría la realización de una búsqueda sin pruebas ni hechos concretos para investigar.

La falta de pruebas conducentes en la denuncia impulsada por el diputado del PRO llevó a que el Juzgado Criminal y Correccional 6 solicite al SENASA informes respecto a la comercialización de un bioherbicida por parte de la empresa Agrosustentable.

Nuñez había solicitado una inspección a la empresa instalada en el Parque Industrial de Posadas para realizar la verificación respectiva. Al respecto, el director de Estrategia y Análisis de Riesgo del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, Esteban José Sampietro, fue contundente en su informe al concluir que “en las inspecciones no se halló el producto denunciado”.

Frente a la falta de pruebas, el fiscal de la causa manifestó que “… si bien Nuñez referenció la existencia de una serie de sucesos a analizar, lo cierto es que los mismos no se encuentran apoyados en elementos objetivos, motivo por el cual la generalidad en que se basa la denuncia determina la imposibilidad de impulsar la investigación”.

La decisión del juez Lijo se apoyó en la postura del fiscal afirmando que “la ausencia de precisiones que se plantea en el caso se presenta como un obstáculo a la hora de circunscribir una plataforma fáctica que posibilite sugerir y ordenar medidas de prueba con cierta probabilidad de éxito o encauzar el legajo respecto a una hipótesis delictiva concreta, en contraposición con la búsqueda general y sin sustento que se propiciaría con el impulso de la investigación en estas condiciones”.

Se agrega en el expediente, respecto a la falta de consistencia de la denuncia que “de la misma manera, Nuñez sostuvo que aquel producto habría sido adquirido con fondos del FET, es decir, con fondos recaudados por el Estado nacional, lo que indicaría una compra efectuada desde el Ejecutivo local, aunque aquella información surgiría de los dichos de una funcionaria del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, de la que no se proporcionó dato alguno, es decir, la fuente de esa afirmación tampoco se conoce, imposibilitándose la obtención de mayores elementos que brinden sustento a lo denunciado”.

El magistrado porteño concluyó: “de este modo, se advirtió que una denuncia igualmente genérica dio inicio al lega EX2024-75568723-APN-DGTYA#SENASA -cuyo objeto se fijó en la presunta comercialización de un producto fitosanitario en condicones irregulares-, aunque los resultados de las medidas de prueba allí desplegadas tampoco aportaron a la presente elementos que permitan concretizar las hipótesis denunciadas y/o brindarles sustento”.

Acosta, el abogado de las denuncias sin pruebas

La resolución del juez Lijo, muy cercano al presidente Javier Milei, no es el primer revés judicial que recibe el polémico letrado misionero Fernando Acosta. Días atrás, había patrocinado a un grupo de productores que intentaron impulsar una medida cautelar contra el Gobierno provincial por la Ley de Promoción de Bioinsumos. Asesorados por Acosta, los productores apuntaron contra las autoridades provinciales y contra el SENASA. El planteo de los representados por el controvertido abogado apuntaba a la prórroga de la aplicación de la legislación que establece la transición hacia el uso de productor orgánicos para abandonar por completo el uso de glifosato en las chacras misioneras en el año 2029. Los accionantes sostenían que era el SENASA quien  debía ratificar este tipo de regulaciones y que no corresponde a la legislación provincial.

Lo cierto es que la medida cautelar fue desestimada por el Juez Federal de Oberá Alejandro Gallandat. En diálogo con la prensa, el magistrado informó que se trataba de “una medida cautelar autónoma, en principio iniciada por varios productores”. En la misma, los demandantes manifestaban que la ley que establece la obligatoriedad del uso de bioinsumos significaba un atentado contra sus actividades agropecuarias. Sin embargo, consideró que no existían razones suficientes para que prospere la medida: “lo que buscaban era algo que en este momento no tiene actualidad ni vigencia”.

El juez Gallandat argumentó que los jueces federales tienen que expedirse cuanto hay un conflicto, cuando hay realmente una controversia. “En este caso, no había conflicto y esa fue una de las razones por las cuales fue rechazado”.

El magistrado enfatizó en que las medidas cautelares autónomas funcionan para situaciones de urgencia en las que “debe estar muy clara la verosimilitud del derecho”. Esto quiere decir que los posibles agravios se tienen que comprobar para, de esta manera, evitar un “perjuicio irreparable”.

De esta forma, el abogado misionero Fernando Acosta, quien además es profesor universitario, queda en el centro de la polémica tras haber prestado su asesoramiento técnico tanto al diputado del PRO Miguel Nuñez como al grupo de productores, en demandas que no contaban con elementos probatorios y tampoco se ajustaban a los presupuestos legales establecidos por la normativa vigente para que puedan prosperar las causas.

La vocal de la Cámara de Apelaciones de Eldorado, Dra. María Carla Bergottini dialogó con Canal 9 Norte Misionero sobre la importancia que tiene su participación en el curso internacional de Alta Especialización titulado “El Control Constitucional y la Interpretación con Inteligencia Artificial”, que se está desarrollando en la “Università Degli Studi Aldo Moro” en Bari, Italia.
Inicialmente, comentó que fue invitada en su doble rol de alumna y magistrada debido a que “tengo conocimientos en Derechos Humanos y Derechos Comparados -Derecho Europeo y Derecho Americano- y desde esa área la propuesta es como equilibrar el uso de las herramientas de la IA con la protección de los Derechos Humanos, como incursionamos a esta era digital, cuáles son los peligros y también como protegernos nosotros ante el avance de la tecnología”.
Bergottini afirmó que la IA ya “es parte del presente, por eso el interés de capacitarnos en estas herramientas que las vamos a usar, de acá en adelante, siempre”, entendiendo que “la brecha digital es muy grande para América del Sur, pero en otros países es parte del funcionamiento diario de cada Estado”.
En ese sentido, explicó que “la Unión Europea está muy avanzada en el tema de IA, es una región que ya tiene una Ley de Protección de los Derechos Humanos (…) Europa es el que más avanzado está en cuanto a la regulación de la IA con un enfoque preventivo, proteccionista de los derechos humanos”, mientras que “en América es otra la agenda y en nuestra zona no tenemos empresas de Inteligencia Artificial” aunque sí en Estados Unidos, pero carece de “una legislación tan unificada como la Unión Europea porque sus intereses son otros” más vinculado a un carácter de seguridad nacional.
En lo que respecta al uso que se le puede dar a estas herramientas tecnológicas dentro del ámbito judicial, Bergottini manifestó que “estamos tratando de incursionar en estos temas porque son herramientas que pueden optimizar la labor judicial”.
No obstante, aseveró que, si bien, “todavía es muy incipiente para el uso en el Poder Judicial, estamos capacitándonos para lo que se venga en adelante, todo con miras a optimizar y acortar los tiempos de los procesos judiciales”, aunque “sabiendo los riesgos del uso de una máquina, que por más inteligente que sea, sigue siendo una máquina y necesita de la supervisión humana”.
Recalcó que “los jueces tenemos que ser prudentes con el uso de estas herramientas (…) porque hay que saber los riesgos que implican la toma de decisiones automatizadas, pero no darle la espalda a los progresos tecnológicos” y en esa línea indicó que “hay que pedir que se preparen sistemas informáticos que protejan los derechos humanos”, como los datos personales, ya que “son herramientas que en manos equivocadas son catastróficos los resultados”.