La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo este martes que el juicio de Vialidad no es un proceso “contra Cristina Kirchner” sino que es “un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares, a los que peleamos por una mejora del salario, de las jubilaciones y la obra pública”.

“Me preocupa mucho la situación de millones de argentinos. Esto tiene que ver con todo. Necesitan dirigentes disciplinarios y funcionarios que hagan lo que el poder real quiere”, dijo la expresidenta en un mensaje a través de YouTube con el que ejerció su “derecho a la defensa” ante las acusaciones y nuevas pruebas incorporadas por la fiscalía en el último tramo del debate oral por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, en el marco de la exposición de sus alegatos, luego de la cual el tribunal se negó a concederle la posibilidad de ampliar su declaración indagatoria.

Fernández de Kirchner dijo además que los fiscales de la causa Vialidad piden 12 años de detención por “los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas: el de Néstor Kirchner y mis dos mandatos”, ante lo que agregó: “Nos piden 12 años por la memoria, la verdad y la justicia, por el FMI, por las AFJP, por el salario de los laburantes, Por eso me van a estigmatizar y condenar. Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo”.

“Esto es lo que quería decir en el tribunal. Mostrarles lo que había encontrado a los fiscales y preguntar cómo fue que no siguieron investigando de donde venían los 9 millones de dólares que José López intentó ocultar en un convento“, dijo la expresidenta al finalizar su mensaje que fue seguido por miles de usuarios de Youtube.

La exmandataria cuestionó además la “feroz campaña política y mediática” montada en el marco del juicio denominado Vialidad, al realizar su “derecho de defensa”, y aseguró que el juicio denominado Vialidad “empezó con una ficción, un guión que además de bastante malo, era falso” ya que “nada de lo que dijeron los fiscales fue probado sino que, al contrario, se comprobó que era exactamente al revés de lo que se decía”.

En otro pasaje, Fernández de Kirchner afirmó que “desde el 2019” viene asegurando que la causa Vialidad “está armada”, y dijo que “muchos de los testimonios propuestos por los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani finalmente colapsaron” en el marco del juicio, al tiempo que cuestionó la cobertura del caso de los diarios Clarín y La Nación, a los que tildó de ser “las dos naves insignias del ‘lawfare'”.

“Cuando dije que tenían la sentencia escrita, me quedé corta. Cuando llegamos al gobierno en 2019, desde el macrismo, comenzaron a aparecer las cosas que habían hecho en materia judicial”, afirmó la expresidenta.

Además, la vicepresidenta sostuvo que “nada de lo que dijeron los fiscales fue probado” y “ni siquiera leyeron las pruebas que recabaron” en el marco de la causa denominada Vialidad.

“No solamente no fue probado, sino que se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían. Lo pudimos ver a través de los testimonios de más de 100 testigos citados por el Ministerio Público Fiscal”, señaló.

Al ejercer su “derecho a la defensa” por su canal de YouTube, la exmandataria mostró comunicaciones entre el empresario Nicolás Caputo -amigo del expresidente Mauricio Macri- y el exsecretario de Obras Públicas José López, que demuestran la “familiaridad” que había entre ambos.

En ese sentido, Fernández de Kirchner cuestionó que los fiscales Diego Luciani y Sergo Mola no hayan observado, en el marco del juicio oral por la causa Vialidad, la “frecuencia y la familiaridad de la relación” entre Caputo y López, probada en documentación con registros de llamadas entre ellos.

La vicepresidenta sostuvo además que los fiscales de la causa Vialidad “no vieron que había una asociación ilícita” entre José López y empresarios relacionados con el macrismo como Nicolás Caputo y Eduardo Gutiérrez. “Cuando el fiscal Diego Luciani dice ‘donde uno aprieta sale pus’, tiene razón; sale la pus de ustedes, los macristas”, dijo Fernández de Kirchner, quien agregó que no tiene la más “mínima duda” de que los 9 millones de dólares que López llevó a un convento en Luján pertenecían a esos empresarios.