Por decisión del Gobierno Nacional, el programa Volver al Trabajo (que había reemplazado a Potenciar Trabajo) llega a su fin y en abril se abonará la última cuota. En Eldorado se estima que son unos 1000 beneficiarios -en el país ronda las 900.000 personas- que se quedan sin la percepción de esa ayuda económica, que asciende a 78 mil pesos.

En diálogo con Canal 9 Norte Misionero, el coordinador de la Oficina de Empleo, Víctor Bareiro, indicó que esa “población podrá seguir siendo sujeto de la Oficina de Empleo, pero con un programa de capacitación” al que se accederá mediante un sistema de vouchers y que podrán realizarlos dentro del ámbito de la oficina. No obstante, aclaró que no todos podrían acceder a los vouchers ya que uno de los requisitos es que “estén desocupados” y, segundo, “aquellos monotributistas que, de alguna manera, se inscribieron para el Estado ellos no son desocupados, sino que son pequeñas empresas”.

Bareiro acotó que los beneficiarios de estos vouchers “ya no reciben contraprestación económica por hacerlo (capacitarse), sino que, ahora, solamente van detrás de una mejora de su perfil ocupacional”.

Consultado sobre si se continuará trabajando en la vinculación laboral de los beneficiarios, afirmó que “sí, vamos a seguir trabajando con ellos también, vamos a ofrecerles primero la capacitación para mejorar su perfil, y segundo, según el perfil que tenga, vamos a estar ofreciendo a las empresas”, señalando que, a pesar de la fuerte caída del mercado laboral, “hay colocaciones, sí. No es lo que, por ahí, el mercado pide, por la cantidad de oferta que hay de mano de obra. No es tanto, no es parejo, pero sí, tenemos mes a mes colocaciones”, que rondó las 20 en el mes pasado, indicó.

También habló sobre como se adecúa estas búsquedas de vinculaciones laborales con el nuevo régimen laboral.

El Indec informó que el índice de pobreza bajó y se ubicó en el 28,2% durante el segundo semestre de 2025, impactando a 8,5 millones de personas.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer las cifras oficiales, revelando que la pobreza alcanzó al 28,2% de la población durante el segundo semestre de 2025. Estos datos oficiales de la economía muestran el impacto directo sobre millones de ciudadanos a lo largo y ancho del territorio nacional.

Los datos de la pobreza en hogares y personas

El relevamiento realizado a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en 31 aglomerados urbanos arrojó que esta situación de vulnerabilidad afecta al 21,0% de los hogares argentinos. En términos absolutos sobre el universo estudiado, esto significa que hay 2,1 millones de familias y unas 8,5 millones de personas que no logran cubrir sus necesidades básicas.

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De acuerdo al informe oficial, el ingreso total familiar promedio de estos hogares (compuestos en promedio por 3,95 miembros) fue de $783.493, cifra que quedó muy por debajo de los $1.219.130 que costó en promedio la Canasta Básica Total (CBT).

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La indigencia según el último reporte del Indec

Por otro lado, la tasa de indigencia, que agrupa a aquellos hogares que no llegan a cubrir con sus ingresos la canasta básica alimentaria, se ubicó en el 6,3% de las personas (1,9 millones de individuos) y el 4,8% de los hogares (0,5 millones).

Para este sector más crítico de la sociedad (con hogares de 3,81 miembros en promedio), el ingreso familiar promedio se situó en apenas $354.134, frente a una Canasta Básica Alimentaria (CBA) valorizada en $535.991.

Finalmente, el documento detalla que, dentro del universo de 30 millones de personas relevadas, el 71,8% son consideradas “no pobres” (21,5 millones de personas), lo que representa a un 79,0% de los hogares (8,1 millones). Además, se identificaron 6,6 millones de personas bajo la línea de pobreza, pero que no caen en la indigencia (21,9%).

La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar dictada en primera instancia y cuestionó la apelación del Poder Ejecutivo al calificar sus argumentos como “poco serios”. Aseguró que el impacto fiscal de la medida es bajo.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del gobierno nacional y confirmó la medida cautelar que había ordenado al Poder Ejecutivo aplicar la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

Puntualmente, la medida cautelar exige que la administración pública cumpla de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que refieren a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre del 2025. También peticiona la recomposición de todos los programas de becas de los estudiantes.

En sus argumentos, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán plantean que resultan poco serios los agravios presentados por el Estado relativos a que la medida cautelar constituiría una sentencia definitiva encubierta.

Además, resaltaron especialmente que el impacto fiscal de la aplicación de la cautelar es bajo y no se afecta sustancialmente el interés público; por el contrario, estaba en juego un derecho central de la Constitución como la educación superior pública.

La cautelar había sido dictada en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario. La presentación contaba con el respaldo de más de 40 universidades públicas.

En su momento, el magistrado consideró que el Decreto 759/2025 -que suspendió la ejecución de la Ley 27.795 y estableció que la norma solo podrá aplicarse cuando se determinen recursos específicos para solventarla- tenía rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.

Además, sostuvo que existía una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico” ante la demora, por su impacto en el funcionamiento universitario.

Sin embargo, Nación calificó la decisión judicial como “arbitraria” y argumentó que la ley requiere definir previamente sus fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes en el Presupuesto. Según el Gobierno, la cuestión presupuestaria compete al Congreso de la Nación y no al Poder Judicial. También advirtió sobre sus posibles efectos en el equilibrio fiscal, algo que fue desacreditado por la Cámara en su fallo.

El conflicto con las universidades

El conflicto escaló notablemente entre 2024 y 2025, cuando masivas movilizaciones estudiantiles y gremiales tomaron las principales ciudades, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y réplicas en distintas provincias.

En una segunda Marcha Federal en octubre de 2024 y una nueva protesta el 17 de septiembre de 2025 bajo el lema “Si hay veto, hay marcha”, cientos de miles de personas salieron a las calles para rechazar la decisión del Gobierno de vetar la ley de financiamiento universitario, que ya había contado con la aprobación parlamentaria.

A mediados del año pasado, la oposición logró sancionar una ley de financiamiento en el Congreso y sortear los vetos del presidente Javier Milei. Pese a ello, el Ejecutivo dictó un decreto para evitar la ejecución de la norma.

Para encauzar la situación y evitar una profundización del conflicto tanto en el plano legal como en el judicial, la estrategia oficial apunta a elaborar una ley que no derogue el esquema financiero actual, sino que lo modifique, buscando el consenso político necesario para que el Congreso apruebe una nueva norma capaz de reemplazar la anterior. Desde la Secretaría de Educación, se subraya el compromiso por alcanzar una solución que otorgue no solo recursos, sino también seguridad jurídica a las universidades.