Hubo negociaciones frenéticas, aunque la oposición consiguió rechazar el artículo 75. La Casa Rosada incluyó a último momento la coparticipación de CABA y un aumento de fondos para el Poder Judicial en el mismo capítulo y tampoco prosperaron. El texto ahora será girado al Senado.

El oficialismo logró en la madrugada de este jueves darle media sanción al Presupuesto 2026 y al proyecto de Inocencia Fiscal, pero no pudo derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario como pretendía. El texto con media sanción de Diputados ahora pasará al Senado donde los libertarios intentarán revertir el revés legislativo. Sería el primer Presupuesto de la gestión Milei, ya que durante los últimos dos años recurrió a prórrogas del plan de gastos e ingresos de 2023.

Para la aprobación del texto en general La Libertad Avanza contó con la ayuda del PRO, la UCR, el MID, los peronistas disidentes de Elijo Catamarca (responden al gobernador Raúl Jalil), los tucumanos de Independencia (del gobernador Osvaldo Jaldo), los siete diputados de Innovación Federal (Salta y Misiones), la diputada de La Neuquinidad (gobernador Rolo Figueroa), un diputado de Por Santa Cruz (gobernador Claudio Vidal), y los dos sanjuaninos de Producción y Trabajo (gobernador Marcelo Orrego).

Fuerza Patria, Encuentro Federal y la izquierda rechazaron el proyecto. Provincias Unidas se abstuvo pero tuvo un rol importante al inicio de la sesión cuando Nicolás Massot, Miguel Pichetto y un grupo de diputados de Córdoba ayudaron a alcanzar el quórum.

Sin embargo, al momento de la votación en particular, algunos aliados del Gobierno se negaron a convalidar el artículo 75, que derogaba las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario. Votaron en contra tres diputados de Elijo Catamarca, dos tucumanos de Independencia, un salteño de Innovación Federal, la diputada de La Neuquinidad Karina Maureira, y 14 integrantes de Provincias Unidas, donde pisan fuertes los gobernadores de Córdoba y Santa Fe. La UCR votó dividida, tres jugaron a favor del oficialismo, uno votó en contra y dos se abstuvieron.

El plan de gastos e ingresos del oficialismo prevé un crecimiento económico del 5% del PBI, con una inflación anual del 10,1% y un dólar que rondará en diciembre del año que viene lo $1.423. Según el Gobierno, el superávit primario será del 1,5% del PBI y el financiero, del 0,2%. También estiman que las exportaciones crecerán 10,6% y deroga las metas de financiamiento mínimo en educación, ciencia y defensa. Desde la oposición insistieron en que las previsiones no son realistas ya que, por ejemplo, el dólar terminaría el 2026 por debajo del tipo de cambio actual.

Más allá de los cuestionamientos a los números del Gobierno, el artículo que concentró la mayoría de las críticas fue el 75, que derogaba las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. Justamente por eso, la sesión comenzó con una polémica: el oficialismo propuso que la votación en particular sea por títulos enteros (agrupan varios artículos). Un intento de impedir que los aliados se desmarquen en ese punto clave.

La oposición protestó y reclamó que la votación sea nominal artículo por artículo, para que el artículo 75 no quede mezclado en el mismo capítulo con otros temas como subsidios al gas, deudas de CAMMESA o la actualización de las prestaciones por discapacidad. “Votar por Títulos nos impediría expresarnos de forma nítida. ¿Queremos que el tratamiento sea a los empujones?”, planteó Pablo Juliano, de Provincias Unidas.

No obstante, el oficialismo logró aprobar su moción gracias al apoyo de sus aliados con 130 votos positivos y 112 en contra.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, fue el primer libertario en defender el proyecto y comenzó por explicar que para alcanzar la meta de bajar impuestos primero hay que bajar el gasto público. “Es un principio moral no gastar más de lo que se tiene”, dijo Benegas Lynch y destacó que el gobierno de Milei “independientemente de que no tenía presupuesto mantuvo el equilibrio fiscal”.

En esa línea, señaló que se está tratando de mostrar que el equilibrio fiscal es algo “contrario a la contención social”. “Pero la gente entendió que bajar el gasto del Estado es contención social, es sacarle justamente el yugo del Estado por más de 40 años”, sintetizó.

Desde el peronismo afirmaron que el proyecto de Presupuesto libertario “refleja más ajuste, caída de consumo y destrucción del entramado industrial”. “¿Cómo van a hacer para reactivar el consumo? ¿O van a seguir deprimiendo el consumo? ¿Cómo van a hacer para revertir la desigualdad?”, advirtió Agustín Rossi.

“Van a votar un presupuesto para el 2026 que, además de injusto, es ilusorio y ficticio, que arranca el año con el doble de la inflación de la prevista y subestima la suba de precios que todavía están sufriendo los argentinos”, dijo Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

Durante las últimas semanas la Casa Rosada aceitó la relación con los gobernadores aliados con Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El ministro del Interior, Diego Santilli, distribuyó $66.000 millones para Tucumán, Misiones y Chaco. También se puso en la mesa de negociación la reforma de la Ley de Glaciares para seducir a las provincias del sur que podrían ampliar su actividad minera a zonas ahora vedadas.

Ayer a última hora, Santilli también se comprometió a incluir en el Presupuesto 2026 los fondos adeudados a la ciudad de Buenos Aires por coparticipación, en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. Esa había sido la principal disidencia del PRO a la hora de acompañar el dictamen de mayoría del oficialismo.

Durante la tarde del miércoles, bien entrada la sesión, a Santilli se lo vio por los pasillos de la Cámara de Diputados. Mantuvo reuniones hasta último minuto con diputados aliados para garantizar el apoyo, principalmente del incómodo artículo 75. “Están haciendo un plan canje”, ironizó un aliado del Gobierno.

Minutos antes de llegar a la votación, el miembro informante Bertie Benegas Lynch anunció que incluiría dos modificaciones al texto: incluiría la coparticipación de CABA y un aumento de financiamiento para el Poder Judicial (por $21 mil millones) en el capítulo 11, junto con la derogación de las leyes de discapacidad y universidades.

“Por el articulado tiene que ir en el artículo 2, no tiene nada que ver con el capítulo 11. Tenemos que ser un poco más leales y decir ‘esto va acá y esto va allá’. El PRO va a votar en general y en particular, pase lo que pase”, manifestó el presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, visiblemente molesto con la maniobra de los libertarios.

En la bancada amarilla interpretaron que fue un intento de forzar el apoyo de algunos diputados como Oscar Zago, Eduardo Falcone, Karina Banfi o Álvaro González, que forman parte del interbloque que lidera el PRO y estaban en duda.

En términos mucho más duros, el jefe del bloque Fuerza Patria, Germán Martínez, denunció que el oficialismo estaba incluyendo los dos nuevos artículos en el capítulo 11 para que a ningún juez “se le ocurra cuestionar la votación del capítulo 11 para que no se le caiga el financiamiento al Poder Judicial”. “Son unos chantas”, fustigó.

Al momento de la votación en particular del capítulo 11, la oposición insistió con que se habilite la posibilidad de votar artículo por artículo para poder rechazar la derogación de la emergencia en discapacidad y del financiamiento universitario. Pero la reconsideración de la moción aprobada al inicio de la sesión requería una mayoría agravada de dos tercios. Fue rechazada.

Todo parecía favorecer al oficialismo pero el tablero terminó arrojando 123 votos en contra, 117 a favor y 2 abstenciones. Finalmente, a pesar de las maniobras del oficialismo, el capítulo entero salió rechazado. La oposición logró sostener las leyes de discapacidad y universidades; y los libertarios deberán pagar el costo político por haber incluido en ese capítulo la coparticipación de CABA y los fondos para el Poder Judicial, que también fueron rechazados.

El traspié legislativo ahora abre varios interrogantes. Ante la consulta de Infobae, un referente libertario señaló que lo mejor sería remitir el texto al Senado y hacerle modificaciones allí para que vuelva a Diputados.

Polémica por las designaciones en la AGN
Tras la aprobación del proyecto de Inocencia Fiscal, el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, hizo una moción para avanzar con la designación de los tres representantes de Diputados para la Auditoría General de la Nación.

En ese momento, tanto Provincias Unidas como el PRO y la UCR se retiraron del recinto en repudio al “acuerdo” entre la Casa Rosada, el peronismo y los gobernadores de Innovación Federal.

Bornoroni propuso designar a Mónica Almada, en representación de LLA, de Juan Ignacio Forlón, por el peronismo, y la salteña Pamela Calletti, como alfil de los gobernadores del norte.

El joven de 21 años, oriundo de Misiones, se habría quitado la vida dentro del perímetro de la residencia presidencial. Junto a su cuerpo había una carta. La División Homicidios de la PFA investiga el hecho por orden de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

R.A.G., un soldado del Ejército Argentino de 21 años de edad, fue hallado muerto de un disparo en la cabeza este martes dentro del perímetro de la Quinta de Olivos, donde cumplía funciones de seguridad. De inmediato, la jueza Sandra Arroyo Salgado, con jurisdicción en la zona, ordenó a la Policía Federal una investigación del hecho y se hizo presente en el lugar. Minutos antes del mediodía llegó al predio junto a personal de Casa Militar, a cargo de la custodia interna de la residencia del presidente.

En el lugar actuó la División Homicidios de la PFA. Sin embargo, la hipótesis preponderante es la de un suicidio: junto al cuerpo, confirman altas fuentes del caso, se halló una carta, presuntamente redactada por el joven soldado, dirigida a sus camaradas y a su familia. Según supo Infobae, el escrito indicaba que debía una gran suma de dinero.

R.A.G. era oriundo de una localidad de la provincia de Misiones y estaba destinado al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo. Su perfil comercial y crediticio, consultado por este medio, muestra deudas en blanco de diversa antigüedad por casi dos millones de pesos a diferentes bancos y entidades financieras. El pago de su salario estaba a cargo de la Contaduría General del Ejército. La Casa Militar, que controla la custodia de la Quinta, depende de la Secretaría General de Presidencia.

La información disponible ya fue remitida a la jueza Arroyo Salgado. Según se determinó, el disparo que le quitó la vida habría sido realizado con un FAL.

El cadáver de R.A.G, según informes oficiales, fue hallado “dentro de uno de los puestos internos”. El arma estaba junto al cuerpo. “De inmediato se activaron todos los protocolos correspondientes”, continuó el informe. Así, se convocó a la DUOF San Isidro de la Policía Federal, que realizó la primera intervención, junto a las autoridades del área de Seguridad Presidencial de la misma fuerza.

La autopsia al cuerpo será practicada en la Morgue Judicial de CABA. El móvil de traslado estaba presente en la Quinta poco después de las 12. Su salida se espera en las próximas horas.

En tanto, el presidente Javier Milei se aprestaba a mantener una audiencia formal este mediodía con el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, en la Casa Rosada. El encuentro entre Kast y Milei se mantuvo en agenda.

En junio de este año, la Quinta presidencial fue movilizada por una amenaza de bomba realizada por una mujer al 911, que motivó una investigación también encabezada por Arroyo Salgado. En el llamado, la sospechosa aseveró que había dejado un artefacto en el perímetro del lugar. Una inspección realizada por fuerzas federales descartó la presencia de explosivos.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo y dejó además a otro menor herido.

Un adolescente de 15 años murió tras ser apuñalado por un grupo de jóvenes cuando salía de una fiesta de egresados en el barrio de Alto Comedero, en la provincia de Jujuy.

El ataque se produjo en el cruce de la calle Pozo Cavado y la avenida Intersindical, cuando dos adolescentes se retiraban de un encuentro de fin de año escolar y se dirigían a comprar bebidas. En ese trayecto fueron interceptados por un grupo de jóvenes, que los agredió de manera repentina.

De acuerdo con testimonios de vecinos, la agresión habría estado vinculada a disputas territoriales entre barrios: “Había muchos chicos en el lugar y, cuando vieron la sangre, comenzaron a correr en distintas direcciones”, relató un testigo.

La víctima fue identificada como Juan Vanega, de 15 años, quien recibió una puñalada e intentó escapar, pero se desplomó a pocos metros del lugar del ataque. Personal del SAME acudió tras un llamado de emergencia y encontró al adolescente con signos vitales pero, pese a los intentos de reanimación, falleció en el lugar como consecuencia de las heridas.

El otro adolescente herido fue trasladado a un centro de salud y se encuentra fuera de peligro.

Horas después, la Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional 7, junto al Ministerio Público de la Acusación, realizó distintos operativos en la zona de Alto Comedero. A partir de testimonios y de un video que se viralizó en redes sociales, la Policía logró identificar a los presuntos responsables.

En los procedimientos fueron detenidos dos adolescentes, una joven de 16 años y un varón de 15, y demorados otros menores de entre 13 y 16 años que se encontraban con ellos. Todos fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero en presencia de sus padres.

En este contexto, vecinos del barrio aseguraron que el ataque ocurrió fuera del domicilio donde se realizaba la fiesta y que la agresión fue directa.

La fiscalía dispuso que la causa quede a cargo del Juzgado de Menores, que continuará con la investigación y la imputación correspondiente.