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Senado: fuerte rechazo de especialistas, organizaciones ambientales y entidades científicas a la reforma de la Ley de Glaciares
Especialistas, organizaciones de la sociedad civil y científicos1 cuestionaron el proyecto del Poder Ejecutivo que modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos de protección ambiental de glaciares y ambiente periglacial. Fue ayer en la reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación que, en un trámite exprés que llevó solo dos días, dictaminó la iniciativa del oficialismo a pesar del contundente rechazo. No obstante, el tratamiento parlamentario del proyecto se retomará recién a principios de febrero, a pesar de que las autoridades legislativas habían anunciado que ingresaría al recinto el próximo 26 de diciembre.
Durante el encuentro, desarrollado en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, los disertantes coincidieron en que la iniciativa oficial implica un cambio estructural en el régimen de protección ambiental vigente, al debilitar el carácter nacional de los presupuestos mínimos y fragmentar criterios de resguardo sobre bienes comunes estratégicos como el agua. Advirtieron, además, que avanzar con una reforma de estas características sienta un precedente regresivo en materia de derecho ambiental, en un contexto de crisis climática e hídrica que exige fortalecer las políticas públicas de protección y no debilitarlas.
En esta línea, Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) señaló que “el proyecto introduce una modificación sustancial de la ley vigente mediante dos mecanismos centrales. En primer lugar, reduce el área de protección glaciar —que conviene recordar actualmente alcanza apenas el 0,21 % del territorio nacional— con el objetivo de habilitar el desarrollo de proyectos de megaminería de alta montaña que hoy se encuentran expresamente prohibidos. En segundo término, otorga a las provincias la facultad de decidir qué glaciares deben ser protegidos y cuáles no, desmantelando así el esquema de protección ambiental uniforme y común para todo el país establecido por la Constitución Nacional”.
A esto Agostina Rossi Serra de Greenpeace Argentina señaló que “cuando el riesgo aumenta, las normas se fortalecen, no se debilitan”, y advirtió que “plantear que hay glaciares o partes del ambiente periglacial que sirven y otros que no es una discusión científicamente incorrecta”. En ese sentido, remarcó que “los glaciares y el ambiente periglacial no son obstáculos: son aliados para enfrentar la crisis climática”.
Las organizaciones alertaron que las modificaciones propuestas no persiguen mejorar ni ampliar la protección de las fuentes de agua en un contexto de crisis climática, sino responder a las demandas del sector minero, tal como surge de manera explícita de los considerandos del propio proyecto.
En ese sentido, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas recordó a los senadores que “las leyes de presupuestos mínimos son una arquitectura constitucional que este proyecto tira por la borda. La destruye. Y esto no es menor, porque tenemos otras leyes de presupuestos mínimos. ¿Qué va a pasar después? ¿Vienen por los bosques? ¿Vienen por los ríos? ¿Por la Ley General del Ambiente?”
Por otra parte, las organizaciones cuestionaron la escasa participación en el debate y la celeridad (solo dos días) con la que los senadores dictaminaron el proyecto de modificación, a lo que sumaron la irregularidad de la falta de consultas previas a especialistas para elaborar la nueva iniciativa.
Manuel Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre Argentina consideró “que es inadmisible que el proyecto adolezca de consulta previa con el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), institución de excelencia científica, referida por la legislación actual para el desarrollo del Inventario Nacional de Glaciares. La minería responsable es posible, y necesaria, pero nunca sobre el ambiente glaciar y periglacial, como promueve el proyecto de ley que ya cuenta con dictamen positivo a pesar de todas las voces que advirtieron sus falencias técnicas y legislativas”.
En el mismo sentido, Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales (CPA) agregó que “el proceso legislativo y la elaboración previa del proyecto evidencia una fuerte injerencia sectorial. Hay una clara captura de una política pública de más de 15 años por parte de un interés económico particular, en este caso el del sector minero, que intervino directa o indirectamente a través de un grupo de gobernadores”.
Finalmente, Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas destacó que “las empresas que queremos son las que cumplen estándares y apuestan a largo plazo. No buscan libertad absoluta, buscan certidumbres”, y agregó: “los flujos de inversión más importantes van a los países con los estándares ambientales más altos. El argumento económico está planteado al revés.”
De acuerdo con las organizaciones, lo que intenta hacer el proyecto de ley es alterar una ley general para hacerla encajar con algunos proyectos mineros que, bajo el régimen vigente, no podrían desarrollarse. Lejos de generar la seguridad jurídica que se invoca en favor de los inversores, esta reforma tendrá el efecto contrario: profundizará la incertidumbre normativa y agravará la ya frágil licencia social para operar.
Al plantear su rechazo al proyecto, los disertantes solicitaron a los senadores que no avancen con una reforma que reduce niveles de protección ambiental, vulnera la Constitución Nacional y pone en riesgo la seguridad hídrica del país. “En un contexto de crisis climática y escasez de agua cada vez más evidente, retroceder en la protección de los glaciares y del ambiente periglacial no es una opción responsable ni legalmente admisible. La Ley de Glaciares es clara, constitucional y vigente: debe cumplirse, no vaciarse”, remarcaron.
(1) Las organizaciones que participaron de la reunión conjunta de comisiones son: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Aves Argentinas, Greenpeace Argentina, Círculo de Políticas Ambientales (CPA), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA) y Fundación Vida Silvestre Argentina. También participaron de la reunión el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) Pablo Villagra, Gabriela González Trilla de Ecosistemas azules-CONICET, Laura Isla Rafaele del CONICET, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y Cámara de Proveedores de Empresas Mineras (CAPMIN).
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Rubén Stasuck: “No queremos ser alarmistas, pero si esto no se soluciona, se irán agudizando las medidas”
El secretario general de ADUNAM, Rubén Stasuck, se refirió al conflicto que atraviesan las universidades públicas y el gobierno nacional debido al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la falta de apertura a las paritarias docentes. Hoy se cumple el tercer día de paro en todas las unidades académicas del país.
En diálogo con Canal 9 Norte Misionero, el gremialista recalcó que “reclamamos por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario” y, además, “la cuestión salarial de los trabajadores docentes universitarios”, que han tenido “una pérdida del 54% con respecto al año 23, y estamos hablando de un presupuesto universitario para este año que peligra el desarrollo normal de las actividades”.
Ejemplificó que “no pueden haber docentes que estén contentos de haber estudiado una carrera de grado de 4 o 5 años, de haber hecho un posgrado, una maestría, una especialización o un doctorado, que encuentren con un salario inicial de 240.000 pesos de bolsillo, que es el salario que inician todos los docentes de la universidad”, y esto se da “porque en la Universidad tenemos un sistema diferente del resto de la provincia porque tenemos dedicaciones diferentes, simples, semi exclusivos, entonces, todo inicio de actividad laboral es con este monto”.
Ante ese panorama, Stasuck sostuvo que sigue habiendo éxodo de profesionales. “A nivel país, hablamos de 10.000 profesores que han abandonado su lugar de trabajo porque buscan otras opciones”, sea en el sector público como en el privado y hasta en el exterior. Pero, además, “hablamos de otro fenómeno que se está dando mucho en los últimos años, inclusive en Misiones, que es el pluriempleo, que es la búsqueda de un ingreso alternativo que ayude a mejorar y a recuperar su poder adquisitivo”.
Por ello, indicó que “pensamos que, de cumplirse con la ley del presupuesto universitario, podríamos mejorar las condiciones, y que obviamente, al no ser escuchado, porque no hay paritarias, al no ser escuchados los distintos dictámenes judiciales, al no ser escuchados por la propuesta del Poder Ejecutivo, que es la ley del financiamiento, no nos queda otra que empezar a realizar este tipo de acciones”.
Respecto a si, tras estos primeros días de paro, hubo un llamado desde el Gobierno Nacional manifestó que “nosotros tenemos un silencio total desde octubre del 2024. Llevan más de 15 meses que no tenemos convocatorias. Puede haber reuniones informales, pero que no se avanza mucho, porque la propuesta del Gobierno es una nueva ley de financiamiento universitario que diluye ese 54% de pérdida salarial en una recuperación del 12% durante el año 20-26, en tres cuotas, y la última estaría tocando en octubre”.
Por esta razón es que “nosotros sostenemos que esto se va a deteriorar aún más, porque obviamente los ajustes presupuestarios a la universidad van por debajo inclusive de la inflación actual, entonces esto deteriora el presupuesto universitario”-7
Finalmente, consultado si las acciones de reclamos podrían profundizarse, manifestó que “no queremos ser alarmistas en este sentido, pero obviamente, al no solucionarse el problema, de agudizarse la cuestión salarial, los docentes en las asambleas, en reuniones o diferentes tipos de consultas, irán evaluando y seguramente irán profundizando las acciones en esta dirección”.
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Omar Cabral: “Estos aumentos del GLP forman parte de un sendero de recuperación de precios que se está dando en el mercado”
El lunes se conoció un nuevo incremento en el gas en garrafa en la provincia de Misiones. En Eldorado, para la de 10 kgs, se estableció en 23 mil pesos para la venta en mostrador en CEEL GAS. En ese marco, Canal 9 Norte Misionero dialogó con el presidente de MISCOOPGAS, Omar Cabral, quien afirmó que tanto este aumento como el anterior, en febrero, “forma parte de un sendero de recuperación de precios que se está dando en el mercado”.
En ese contexto recordó que, “a partir de principios del 2025, el mercado de GLP quedó totalmente desregulado, ya no existen ni precios máximos ni precios de referencia que establecía antes el Estado Nacional”, pero sí “en función del comportamiento de los mercados, pero básicamente en función de los costos operativos que tienen las empresas fraccionadoras, se van corrigiendo los precios”. De hecho, “el ajuste que se había dado en febrero fue para recuperar un poco el atraso en los precios que se había producido en todo el 2025”.
En tanto que “este nuevo ajuste que se da ahora en marzo tiene que ver, por un lado, con seguir, como le decía, ese sendero de recuperación de precios a efecto de amortizar los costos operativos, pero también tiene que ver con una serie de aumentos que se produjeron en los últimos días en lo que tiene que ver con el aumento de los combustibles que afecta directamente los costos de logística, los costos de transporte de producto y posterior distribución de garrafas envasadas”, pero “también se ha dado un incremento salarial”.
Cabe mencionar que la paritaria de este sector se realiza entre marzo y abril de cada año “y ahora se ha dado un ajuste, un incremento salarial para cerrar la paritaria 25-26 y próximamente se inician las conversaciones para la paritaria 26-27”, comentó Cabral, por lo que “todos estos aumentos en la estructura de costos es necesario trasladarlos al precio para poder mantener la operatividad del servicio”.
En cuanto a si todavía existe un porcentaje de recuperación en el precio del gas en garrafas, indicó que “todavía sí, todavía queda para recuperar, por lo menos para tener en las empresas fraccionadoras una rentabilidad razonable (…) hoy estamos trabajando con déficit, pero se había producido un retraso importante, no solamente en valor, sino también en tiempo y eso es imposible recuperarlo en una sola vez, hay que ir haciéndolo escalonadamente como se está haciendo”.
Esa recuperación que aún debe darse, según Cabral, oscila entre un 25 y 30 por ciento más al valor que alcanzó este lunes.
No obstante estos incrementos, analizó que la demanda, en términos generales, no disminuye ya que el gas “es un elemento prácticamente que no se puede sustituir por otro” y aunque existan alternativas con “otras fuentes energéticas hoy por hoy el costo no difiere demasiado del GLP, incluso me animo a decir que es superior al GLP pensando en lo que tiene que ver con la energía eléctrica. Así que en general la demanda se sostiene”.
Sí admitió que “ha cambiado un poco el comportamiento de los usuarios en cuanto a, por ejemplo, aquel domiciliario que consumía un garrafón de granel y se ha pasado al cilindro de 45 y el que consumía un cilindro de 45 comienza a utilizar la garrafa de 10”, aunque “no por el valor en sí del producto, que hoy se ha equiparado, sino por la disponibilidad del dinero para poder comprar”.
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Reclamo universitario: “Todos estamos de acuerdo con el reclamo, pero en la UNaM se está priorizando al estudiante”
Desde el lunes se está desarrollando a nivel nacional un paro en prácticamente todas las universidades públicas del país en reclamo al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobado el año pasado, y a la apertura de paritarias. En la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) las puertas están abiertas y hay actividad, pero no por oposición a la medida, sino para favorecer a los estudiantes.
En diálogo con Canal 9 Norte Misionero, la rectora de la UNaM, Mgter. Alicia Bohren, indicó que la adhesión “es muy disímil, mayoritariamente los no docentes se han adherido, pero hay distinto porcentaje de docentes”, y acotó que un porcentaje de los docentes no asistieron a las facultades, pero se avanzó “con muchas clases de manera virtual”.
Indicó que “en varias unidades académicas están dando clases, cursos de ingresos, exámenes de finales, está en plena actividad la Universidad Nacional de Misiones” y agregó que “tenemos 11.700 preinscriptos, una cifra récord, así que yo agradezco a los jóvenes y a la sociedad misionera por apostar a la educación pública gratuita y de calidad”.
Bohren aclaró que esta decisión de los docentes de dar clases no significa estar en desacuerdo con la medida de fuerza. “Están totalmente de acuerdo, pero hay una realidad que quienes pierden aquí son los estudiantes. Entonces hay una gran responsabilidad de muchos docentes de querer dar sus clases para evitar que los chicos pierdan sus horarios, sus contenidos, y muchos de ellos están recuperando, están con clases de consulta, etc”, explicó.
Sobre el reclamo, la Rectora recordó que “se aprobó una ley de financiamiento universitario el año pasado, el presidente vetó y se ratificó la vigencia en ambas Cámaras”, pero “el Poder Ejecutivo promulgó, pero dejó sin efecto, hasta tanto se decida de dónde se obtendrán los fondos”. Por ello el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) “hizo una presentación colectiva con 49 universidades nacionales reclamando el cumplimiento de la ley y planteando un recurso de amparo, de aumento de los salarios, que se cumplan los aumentos de los salarios docentes y no docentes y que se habilite inmediatamente la paritaria. También que se actualicen los fondos de las becas de los estudiantes”, lo que “tuvo un fallo a favor en primera instancia, pero el Poder Ejecutivo hizo un recurso recusando a jueces y fiscales, en fin, la situación está en proceso”, lamentó.
No obstante, indicó que “la ley está vigente y el Poder Ejecutivo tiene que cumplir, esos son los términos”.
Bohren graficó que, actualmente, los fondos que percibe la Universidad Nacional de Misiones tuvieron aumentos “muy bajos” ya que “no llega al 8% respecto al año pasado de gasto de funcionamiento y bueno, se van haciendo recortes” para “sostener claramente una política de inclusión social. Nosotros queremos sostener comedores y albergues”.
Añadió que “el 90%, hoy el 92,7% va a salarios. Y siempre teníamos un balance de 90, 10, 85, 15, pero hoy, debido a que no nos mandan los recursos o se sostienen y no actualizan, estamos en esos términos”.
Respecto a la política de inclusión social destinado a los estudiantes mediante los programas de becas, destacó a los albergues ya que “tenemos más pedidos, superan los 1.000, nosotros tenemos capacidad para 1.000 estudiantes albergados en todas las regionales y la verdad que están al tope, incluso en algunos casos hay más estudiantes, nosotros tenemos con 3 habitaciones, lo ideal es que cada habitación estén 2, pero en algunos casos están hasta 3, hasta tanto puedan ir ubicándose en otro lugar”.
En tanto que “el comedor se sigue sosteniendo, la beca, pero no en los mismos términos que en otras épocas, disminuye un poco el número y también se habilita para quien no es beneficiario de beca poder pagar su bandeja para no tener que ir a cocinar”, comentó.
Para cerrar, Bohren expuso su expectativa respecto a si el Gobierno Nacional atenderá estos reclamos que se están haciendo desde las universidades. “Ojalá que así sea. Bueno, la esperanza la tenemos, ¿no? Hasta ahora no vimos que haya aflojado, creo que solamente en esa marcha masiva que hicimos que nos aflojaron un aumento en los gastos de funcionamiento. Y después de ahí, nada”.
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