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Alquileres: “el Estado debe aportar soluciones concretas”
La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer un documento titulado “Indicadores de las condiciones habitacionales de las viviendas particulares ocupadas”, el cual ofrece un conjunto de datos que se desprenden del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Se trata de un informe que abarca a todas las capitales provinciales del país, y que, en el caso de la ciudad de Posadas, determina que un 61% de los hogares está habitada por los propietarios de las casas o viviendas, mientras que el 21% es habitada por personas que alquilan la vivienda, y el 18% los residentes ni alquilan ni son propietarios. En resumen, esto significa que, en la capital misionera, en cuatro de cada diez hogares habitan personas que no son propietarias de la vivienda.
La estadística viene a confirmar el contexto de enorme complejidad para el acceso a la vivienda y a reforzar el debate en torno a las políticas públicas referidas a la regulación del mercado inmobiliario.
El arquitecto Javier Grandinetti, director de la carrera Licenciatura en Corretaje Inmobiliario que se dicta en la Universidad Gastón Dachary (UGD) y especialista en negocios inmobiliarios, entiende que “el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, y por lo tanto el Estado tiene que dar respuesta a esto. El Estado ha estado bastante separado de esta solución”.
Alternativas
A la hora de pensar alternativas para la intervención estatal en la búsqueda de soluciones al problema del acceso a la vivienda, Grandinetti señala que una de estas respuestas podría ser los planes de vivienda con aportes directos. “Esos planes de construcción para aquellos sectores de la sociedad de menores recursos, si bien han continuado, pero no han continuado en el ritmo que es necesario por el crecimiento de la población. Y no hablo de esta última etapa, sino que esto viene desde hace más de 40 o 50 años” advierte el especialista.
Una segunda solución, indica Grandinetti, pasa por “activar alternativas financieras para los sectores medios, de ingresos medios, que ahí es donde vos tenés hoy el mayor problema, porque hace muchos años, ya desde el quiebre de la crisis del 2001, que no tenemos un aporte de financiamiento para la adquisición de vivienda por los usuarios finales, acorde al crecimiento de la demanda. El único que tuvimos un cierto aporte fue con los primeros Procrear, que también era una solución habitacional por lote, que tuvieron muy buen impacto, sobre todo al principio, pero fue acostado en el tiempo”.
Grandinetti observa que “ al no haber participación real del Estado en los dos principales vertientes de la solución habitacional, que son la construcción de vivienda o el aporte de líneas financieras, en los últimos, en un caso en los últimos 40, 50 años y en otros últimos 20 años, 22 años, es que aparece un paliativo que siempre estuvo, que es una parte de la sociedad que tiene algunos excedentes, aporta inmuebles para ser usados por la otra parte de la sociedad que requiere esos inmuebles, tiene esa necesidad de usar esos inmuebles a partir del mercado de los alquileres. O sea, ya no es una solución en mano del Estado, sino que como que una parte de la sociedad da una solución temporal a otra parte de la sociedad que lo requiere. Esto es el mercado de los alquileres”.
Al analizar las causas de las estadísticas difundidas recientemente por el INDEC en cuanto a las condiciones habitacionales de las viviendas ocupadas, Grandinetti percibe que “cuando el mercado de los alquileres iba generando cada vez más oferta y se mantenía en línea con las necesidades de la gente, el mercado estaba en mediano equilibrio. Cuando la demanda de la gente creció más que la nueva oferta o la oferta se retrajo, apareció el conflicto de los alquileres que tenemos hoy”.
Sobre esta situación, añade que “esta noticia de que hay mucha gente que no es propietaria, que no puede ser propietaria, es la demostración de que hay una sobredemanda sobre el mercado locativo. El problema no es el precio del mercado locativo, el problema es la sobredemanda que estás teniendo y los otros precios de la economía, que de alguna manera tenemos que atender. O bajando la demanda a partir de créditos hipotecarios, o sea, con la función del Estado más presente, con crédito hipotecario, con producción de nuevas viviendas, o aumentando la oferta, dando incentivos a la construcción de viviendas destinadas al alquiler para que de alguna manera paliar esta necesidad que tiene la población de acceso a la vivienda”.
Desafíos
Todas estas cuestiones vinculadas a las dificultades de acceso a la vivienda y la volatilidad del mercado de alquileres, plantean nuevos desafíos para los actores que se desempeñan en la órbita de los negocios inmobiliarios. Con el objetivo de brindar una formación profesional acorde a estos agentes, la UGD cuenta con una oferta académica única en la región. Con una modalidad 100% online, la Licenciatura en Corretaje Inmobiliario cuenta con el apoyo de la Cámara Inmobiliaria Argentina, la Federación Inmobiliaria de la República Argentina y el Centro de Capacitación Inmobiliaria.

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Se realizó una charla sobre el Protocolo de Viajes Estudiantiles Seguros, en el Parque Temático de la Cruz
Este martes, en el auditorio del Parque Temático de la Cruz, se llevó adelante una charla que reunió a supervisores escolares, agencias de viajes y representantes de los Ministerios de Turismo, Educación y Salud para generar un espacio de diálogo e intercambio.
La jornada tuvo como eje central el Protocolo de Viajes Estudiantiles Seguros, presentado este año por el gobierno provincial, que busca garantizar experiencias educativas seguras y organizadas para los estudiantes misioneros.
El encuentro fue encabezado por el ministro de Turismo, José María Arrúa, acompañado por Daniela López, presidenta del Consejo General de Educación; Tony Lindstrom, subsecretario de Capacitación y Control de Calidad del Ministerio de Turismo; y Liz Cuba, directora de Fiscalización. La capacitación incluyó un espacio de consultas y debate sobre la implementación del protocolo, que establece requisitos básicos como seguros, acompañamiento docente y planificación sanitaria.

Arrúa destacó la importancia de trabajar en conjunto con el sistema educativo y las agencias de turismo, expresando que “hoy no hay ministros ni directores, somos todos uno, y lo que buscamos es sacarnos dudas y dar seguridad para que los chicos puedan viajar”. En otro pasaje, subrayó el rol de las agencias de turismo estudiantil: “La manera más segura que tiene un chico de viajar es a través de una agencia, porque cuentan con la experiencia y las herramientas para cumplir con el protocolo de forma ágil y eficaz”.
El ministro también recordó que la aplicación del protocolo apunta a brindar tranquilidad a las familias y docentes. “Este encuentro es para demostrar que el protocolo no limita, sino que ordena y acompaña, y que nuestra decisión política es que los chicos sigan viajando y disfrutando de la provincia”, afirmó.
La jornada concluyó con un llamado a la articulación entre Ministerios, supervisores y agencias para que el próximo año los viajes educativos continúen siendo una herramienta de aprendizaje y disfrute, y fortalezcan la identidad y el turismo interno de Misiones.
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Puerto Esperanza: “Vamos a sostener la prestación con nuestros recursos, hasta que se logre una concesión”
La municipalidad de Puerto Esperanza comenzó a brindar el servicio público de transporte de pasajeros desde el lunes al quedar desierta en dos oportunidades la licitación y al no haber llegado a un acuerdo contractual con la empresa que trabajó hasta el 15 de noviembre.
El intendente Horacio Zarza aseguró que en estos dos primeros días de prestación municipal se logró, el primer día, “una eficiencia cercana al 84%, y hoy estamos cerca del 95% de eficiencia en cuanto al traslado”, acotando que “es algo nuevo también para nosotros, por eso al principio ya nos está costando un poquitito”.
Sobre las razones que llevaron a este estado de cosas, Zarza explicó que se han “sumado un montón de cuestiones, sobre todo la parte económica, nosotros hicimos dos”, pero “no se presentó nadie”. Para Zarza el motivo para que quede desierta la primera licitación fue que “el pliego era muy exigente, pues se pedía muchos requisitos a la empresa que eran difíciles de cumplir, por la misma situación económica, que ya la empresa que estaba, me manifestaba que no le estaba dando rentabilidad, ni siquiera podían cubrir los costos. Bueno, se hizo ese llamado con ese pliego exigente, y bueno, no se presentó nadie”. Posteriormente, se realizó un segundo llamado para el cual “pedí que flexibilicen un poco los pliegos, y bueno, se flexibilizó, pero bueno, tampoco se presentó nadie, creo que también las empresas habían perdido interés, y obviamente los costos eran imposibles”.
Ante esa situación, “me junté con los que estaban prestando el servicio, y bueno, le entendí por un montón de cuestiones que no era rentable”, pero, además, contó que esa empresa “habían pedido 53 millones de pesos” en concepto de subsidio mensual, para una prestación del servicio con 6 o 7 unidades. No hubo acuerdo.
En su descripción de la gestión, Zarza contó que “me volví a juntar para ver un poco, bajar la cantidad de unidades, que yo me hacía cargo de las colonias (…) se bajó a 3 colectivos de parte de la empresa, y bueno, me pedían 29 millones de pesos”, pero también “era inviable, entonces, se retiraron”.
Por esa razón es que “nos pusimos al frente, y bueno, empezamos a laburar, y conseguimos tres colectivos usados, en buenas condiciones, que estaban trabajando, y llegamos con un valor de 65 millones de pesos, en cuatro cuotas de 16.250.000 de pesos”.
Asimismo, Zarza comentó que si decidían continuar con la concesión, pero sin abonar el subsidio requerido por la empresa el valor del pasaje debería costar entre 7 mil y 8 mil pesos, lo que implicaría que “un trabajador, que toma cuatro veces, iba a gastar entre 500.000, 600.000 pesos por mes”, por lo que era “imposible llevar a ese valor el boleto”.
Cabe mencionar que, actualmente, el boleto está en 1.500.
El Jefe Comunal también hizo referencia al objetivo que tienen con esta prestación y sobre las conversaciones que pretende mantener con el Gobierno Provincial sobre el Boleto Estudiantil Gratuito.
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Passalacqua advirtió los riesgos de las nuevas medidas nacionales sobre el INYM
El gobernador Hugo Passalacqua advirtió sobre los riesgos de mayor concentración en el sector yerbatero tras las nuevas medidas desregulatorias del Gobierno Nacional para el INYM. La medida, establecida por el Decreto N° 812/2025, elimina la facultad del organismo para fijar el precio de la materia prima que se paga a los productores. El mandatario provincial reiteró que su prioridad es cuidar a toda la cadena yerbatera y sostuvo que solo un mercado equilibrado garantiza que todos puedan vivir de su trabajo.
MARTES 18 DE ENERO DE 2025. El gobernador Hugo Passalacqua utilizó sus redes sociales para manifestarse “ante las nuevas medidas oficializadas hoy por el Gobierno Nacional en torno al INYM, nos sentimos en la obligación de reiterar nuestro llamado de atención sobre los riesgos de mayor concentración en el sector”. Ante tal panorama, afirmó que “es, fue y será siempre nuestra prioridad cuidar a toda la familia yerbatera: productores, tareferos, cooperativas e industrias. Solo un mercado equilibrado garantiza que todos puedan vivir de su trabajo”.

LOS RIESGOS QUE IMPLICA LA MEDIDA DESREGULATORIA
De esta manera, desde el Gobierno de Misiones advirtió los riesgos que implican la medida de Nación que modificó mediante el Decreto N° 812/2025 el reglamento del INYM. Ya que elimina la facultad del organismo para fijar el precio de la materia prima que se abona a los productores. Este cambio desregulatorio, comunicado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, suprime una de las principales herramientas de intervención del organismo en el mercado.
La medida se enmarca en la política de desregulación del Poder Ejecutivo Nacional. El objetivo declarado por Nación es derogar las normas consideradas contrarias a la defensa de la competencia en el mercado. Los ejes centrales de la reforma son tres: la derogación de las facultades del INYM para intervenir en la actividad económica del sector, la prohibición expresa de distorsionar los valores de mercado y la adecuación integral a la nueva normativa de competencia.
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