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Ante las provincias, el Gobierno descartó renovar el fondo docente, pero prometió habilitar obra pública financiada con deuda

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman ,se reunió con todos los ministros provinciales. Se mantiene la puja por los fondos discrecionales y un mecanismo para mejorar la coparticipación.

El Ministerio de Economía prometió a las provincias que analizará si le puede permitir a los gobernadores la toma de préstamos de forma directa de organismos internacionales, sin mediación del Poder Ejecutivo nacional, para la realización de obra pública, aunque descartó cualquier posibilidad de que se retome el envío del fondo complementario salarial docente.

Fueron algunas de las conclusiones que se llevaron este miércoles por la tarde los ministros de economía de las provincias, que se reunieron con el secretario de Hacienda Carlos Guberman, el encargado de llevar adelante el día a día de las cuentas fiscales nacionales. Quedó para más adelante, en ese marco, la discusión sobre un mecanismo para incrementar los envíos de coparticipación a las provincias, un debate que comenzará con mayor decisión cuando los gobernadores tengan contacto directo con la Casa Rosada en las próximas horas.

Guberman recibió en el noveno piso del Palacio de Hacienda a ministros de hacienda y de finanzas de todas las jurisdicciones, entre las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Pasaron por el encuentro el porteño Gustavo Arengo, el bonaerense Pablo López, el santafecino Pablo Olivares, el cordobés Guillermo Acosta, el mendocino Víctor Fayad, el correntino Marcelo Rivas Piacentini, el misionero Adolfo Safrán y el santiagueño Atilio Chara, entre otros.

Consultados por Infobae tras el encuentro, un puñado de ministros aseguraron irse del Palacio de Hacienda “con gusto a poco” aunque reconocieron que el secretario de Hacienda “jugó limpio” y blanqueó qué cuestiones tienen definición concreta en la conducción económica nacional y cuáles no. La mayoría de las dos horas de reunión se consumieron con los planteos que hizo cada provincia sobre las dificultades fiscales que afrontan en un contexto de marcada poda de las transferencias no automáticas desde la Nación, que se suman a los envíos de coparticipación erosionados por la caída en la actividad económica.

Hubo, en un panorama general, tres reclamos centrales desde los enviados de los gobernadores hacia el funcionario de Luis Caputo: la renovación del Fonid, el fondo establecido por ley por el cual la Casa Rosada paga con una suma parte del salario de los docentes, que está a cargo de las provincias; los envíos para las cajas jubilatorias no transferidas a Anses (hay 13 jurisdicciones en ese estado); y el acceso de un grupo de provincias a préstamos internacionales para financiar proyectos de infraestructura.

Sobre el primer punto, los ministros provinciales se llevaron la certeza de que no habrá luz verde para transferencias de ese tipo. La ley que obligaba a la Nación a realizar esos envíos de complemento salarial a las provincias no fue renovada en 2024 y la Casa Rosada no activará una continuidad de ese fondo docente. Fue, según comentaron participantes de la reunión, la preocupación más repetida entre los enviados de los gobernadores.

Respecto a la obra pública, la Nación prácticamente congeló las transferencias de capital a las provincias y aseguró que iniciará una auditoría para conocer en qué estado se encuentran los proyectos de infraestructura en ejecución para analizar cuáles podrían continuar y cuáles no. Hace poco menos de un mes Caputo ya había anticipado a empresarios del sector que llevaría adelante esa auditoría, cuya fecha de terminación es aún imprecisa.

Como diagonal, algunas provincias llevaron como propuesta la chance de tomar, de manera directa y sin intermediación de la Casa Rosada, préstamos de organismos internacionales de crédito, como el BID, el Banco Mundial, el BIRF o la CAF, algunas de las entidades con carteras de inversión más generosas con la Argentina. Actualmente las provincias pueden tener financiamiento de ese estilo, pero la Nación tiene un rol de garante.

Un grupo de ministros planteó que aquellas que tengan cuentas fiscales ordenadas y niveles bajos de endeudamiento -en una fórmula que estará determinada por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que monitorea las finanzas provinciales- puedan tener acceso de manera directa a ese financiamiento. Guberman prometió analizarlo, pero no dio una respuesta certera sobre si esa vía será autorizada. Tal como viene informando Infobae, en el Palacio de Hacienda tienen la idea de “reasignar” préstamos, originalmente planteados para obra pública, hacia gastos sociales.

Otras transferencias que no forman parte de la coparticipación, es decir que no son automáticas, también aparecieron durante el ida y vuelta con Guberman. Por ejemplo, los subsidios al transporte público, que la Secretaría de Transporte decidió recortar.

Hay discusiones que son más estructurales que no tuvieron espacio en la reunión de ministros provinciales y Hacienda nacional. Son los puntos que estarán en debate entre los gobernadores y los ministros señalados por la Casa Rosada para encabezar la negociación renovada por una nueva Ley Ómnibus, a cambio de un alivio fiscal para las arcas provinciales. “No se habló nada de Ganancias, todo lo que sea político se hablará el viernes”, mencionó un ministro provincial, antes de partir raudamente a alcanzar el avión que lo devuelva esta misma tarde a su provincia.

El encuentro plenario de este miércoles estuvo enmarcado en el profundo recorte de las transferencias discrecionales a las provincias en enero y febrero. “Según qué condiciones de caja tengan, aseguraron que pueden llegar a liberar algo más de fondos”, se esperanzó el ministro de una provincia del norte mientras esperaba el ascensor para salir del Palacio de Hacienda.

Un informe de Politikón Chaco midió que en febrero las transferencias no automáticas —o discrecionales— cayeron 88% en términos pagados y 67,3% en términos devengados, es decir compromisos de pago emitidos pero no efectivizados. En enero esos dos porcentajes habían sido de -97,6% y -61,7%, respectivamente.

“El 69,7% de las transferencias no automáticas pagadas correspondieron a actividades del Ministerio de Salud, en particular, como asistencia a Hospitales. El 29,1%, por su parte, correspondieron a envíos de Ministerio de Interior, entre los que se destacan dos pagos por Aportes de Tesoro Nacional (a Chubut y Tucumán)”, midió esa consultora que dirige Alejandro Pegoraro.

Hay un grupo de provincias que recibieron, desde Nación, fondos mínimos. Un cálculo del economista Nadin Argañaraz midió que “doce provincias habrían recibido $18 millones o menos durante todo el mes. En el caso de La Rioja, los envíos del mes fueron nulos, con lo que los del primer bimestre siguen siendo nulos”. A precio de los dólares paralelos, de esa forma, la mitad de las jurisdicciones subnacionales recibieron en febrero menos del monto equivalente a 20 mil dólares.

El ajuste de los envíos automáticos, principalmente por coparticipación, también tuvo en febrero una caída muy marcada. En los primeros dos meses del año las transferencias de ese tipo desde la Casa Rosada hacia las provincias cayó un 15% real.

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Está vigente el programa Ahora Fiestas

A partir de este sábado y hasta el miércoles 31 del diciembre, estará vigente el programa especial Ahora Fiestas, una herramienta impulsada por el Gobierno de Misiones para acompañar a las familias en las compras de fin de año y potenciar el comercio local. A través de sus redes, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, recordó a la comunidad sobre la puesta en marcha del beneficio financiero.

Durante el período de vigencia, los comercios adheridos ofrecerán hasta un 25% de reintegro, o 20% en comercios no misioneros, junto con la posibilidad de financiar las compras en 1 o 6 cuotas sin interés. Los beneficios estarán disponibles para pagos realizados con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Macro.

El programa establece un límite de financiación de $653.400, mientras que el tope máximo de reintegro será de $44.044. Estas condiciones buscan facilitar el acceso al consumo en una época de alta demanda, como las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Participarán comercios de rubros vinculados al consumo estacional, entre ellos indumentaria, calzado, juguetes, artículos del hogar, electrodomésticos, deportes, celulares, blanquerías y regalos. Los locales que ya forman parte de los programas Ahora Misiones y Ahora Bienes Durables quedarán adheridos automáticamente al Ahora Fiestas.

Desde el Gobierno provincial destacaron que, en el cierre del año, se continúa sosteniendo este tipo de herramientas que articulan esfuerzos entre el sector público y privado, con el doble objetivo de incentivar el comercio local en toda la provincia y fortalecer la capacidad de consumo de los hogares durante las fiestas.

El listado completo de comercios adheridos en cada localidad puede consultarse en la web oficial de los Programas Ahora: ahora.misiones.gob.ar.

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Senado: fuerte rechazo de especialistas, organizaciones ambientales y entidades científicas a la reforma de la Ley de Glaciares

Especialistas, organizaciones de la sociedad civil y científicos1 cuestionaron el proyecto del Poder Ejecutivo que modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos de protección ambiental de glaciares y ambiente periglacial. Fue ayer en la reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación que, en un trámite exprés que llevó solo dos días, dictaminó la iniciativa del oficialismo a pesar del contundente rechazo. No obstante, el tratamiento parlamentario del proyecto se retomará recién a principios de febrero, a pesar de que las autoridades legislativas habían anunciado que ingresaría al recinto el próximo 26 de diciembre.

Durante el encuentro, desarrollado en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, los disertantes coincidieron en que la iniciativa oficial implica un cambio estructural en el régimen de protección ambiental vigente, al debilitar el carácter nacional de los presupuestos mínimos y fragmentar criterios de resguardo sobre bienes comunes estratégicos como el agua. Advirtieron, además, que avanzar con una reforma de estas características sienta un precedente regresivo en materia de derecho ambiental, en un contexto de crisis climática e hídrica que exige fortalecer las políticas públicas de protección y no debilitarlas.

En esta línea, Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) señaló que “el proyecto introduce una modificación sustancial de la ley vigente mediante dos mecanismos centrales. En primer lugar, reduce el área de protección glaciar —que conviene recordar actualmente alcanza apenas el 0,21 % del territorio nacional— con el objetivo de habilitar el desarrollo de proyectos de megaminería de alta montaña que hoy se encuentran expresamente prohibidos. En segundo término, otorga a las provincias la facultad de decidir qué glaciares deben ser protegidos y cuáles no, desmantelando así el esquema de protección ambiental uniforme y común para todo el país establecido por la Constitución Nacional”.

A esto Agostina Rossi Serra de Greenpeace Argentina señaló que “cuando el riesgo aumenta, las normas se fortalecen, no se debilitan”, y advirtió que “plantear que hay glaciares o partes del ambiente periglacial que sirven y otros que no es una discusión científicamente incorrecta”. En ese sentido, remarcó que “los glaciares y el ambiente periglacial no son obstáculos: son aliados para enfrentar la crisis climática”.

Las organizaciones alertaron que las modificaciones propuestas no persiguen mejorar ni ampliar la protección de las fuentes de agua en un contexto de crisis climática, sino responder a las demandas del sector minero, tal como surge de manera explícita de los considerandos del propio proyecto.

En ese sentido, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas recordó a los senadores que “las leyes de presupuestos mínimos son una arquitectura constitucional que este proyecto tira por la borda. La destruye. Y esto no es menor, porque tenemos otras leyes de presupuestos mínimos. ¿Qué va a pasar después? ¿Vienen por los bosques? ¿Vienen por los ríos? ¿Por la Ley General del Ambiente?”

Por otra parte, las organizaciones cuestionaron la escasa participación en el debate y la celeridad (solo dos días) con la que los senadores dictaminaron el proyecto de modificación, a lo que sumaron la irregularidad de la falta de consultas previas a especialistas para elaborar la nueva iniciativa.

Manuel Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre Argentina consideró “que es inadmisible que el proyecto adolezca de consulta previa con el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), institución de excelencia científica, referida por la legislación actual para el desarrollo del Inventario Nacional de Glaciares. La minería responsable es posible, y necesaria, pero nunca sobre el ambiente glaciar y periglacial, como promueve el proyecto de ley que ya cuenta con dictamen positivo a pesar de todas las voces que advirtieron sus falencias técnicas y legislativas”.

En el mismo sentido, Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales (CPA) agregó que “el proceso legislativo y la elaboración previa del proyecto evidencia una fuerte injerencia sectorial. Hay una clara captura de una política pública de más de 15 años por parte de un interés económico particular, en este caso el del sector minero, que intervino directa o indirectamente a través de un grupo de gobernadores”.

Finalmente, Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas destacó que “las empresas que queremos son las que cumplen estándares y apuestan a largo plazo. No buscan libertad absoluta, buscan certidumbres”, y agregó: “los flujos de inversión más importantes van a los países con los estándares ambientales más altos. El argumento económico está planteado al revés.”

De acuerdo con las organizaciones, lo que intenta hacer el proyecto de ley es alterar una ley general para hacerla encajar con algunos proyectos mineros que, bajo el régimen vigente, no podrían desarrollarse. Lejos de generar la seguridad jurídica que se invoca en favor de los inversores, esta reforma tendrá el efecto contrario: profundizará la incertidumbre normativa y agravará la ya frágil licencia social para operar.

Al plantear su rechazo al proyecto, los disertantes solicitaron a los senadores que no avancen con una reforma que reduce niveles de protección ambiental, vulnera la Constitución Nacional y pone en riesgo la seguridad hídrica del país. “En un contexto de crisis climática y escasez de agua cada vez más evidente, retroceder en la protección de los glaciares y del ambiente periglacial no es una opción responsable ni legalmente admisible. La Ley de Glaciares es clara, constitucional y vigente: debe cumplirse, no vaciarse”, remarcaron.

(1) Las organizaciones que participaron de la reunión conjunta de comisiones son: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Aves Argentinas, Greenpeace Argentina, Círculo de Políticas Ambientales (CPA), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA) y Fundación Vida Silvestre Argentina. También participaron de la reunión el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) Pablo Villagra, Gabriela González Trilla de Ecosistemas azules-CONICET, Laura Isla Rafaele del CONICET, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y Cámara de Proveedores de Empresas Mineras (CAPMIN).

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Fiestas seguras en Eldorado

La Viceintendente de la ciudad de Eldorado, Dra. Lorena Cardozo, encabezó una conferencia de prensa para brindar detalles sobre los dispositivos de control y el despliegue de seguridad que se implementarán con motivo de las fiestas de fin de año y los eventos sociales organizados en la ciudad.

Acompañaron la presentación el Secretario de Gobierno, Hernando Cabrera; el Jefe de la Unidad Regional III, Comisario Mayor Daniel Molina; el Director de Tránsito y Transporte, Fernando Caro; y el Director de Protección Civil, Mario Flammer, quienes expusieron las medidas preventivas previstas para garantizar celebraciones seguras y responsables.

Durante la conferencia se destacó la importancia de pasar las fiestas de manera tranquila, minimizando riesgos a través de operativos de control y acciones coordinadas entre las distintas áreas. Se informó que los dispositivos estarán focalizados especialmente en los sectores con mayor concentración de personas, tanto en la zona céntrica como en distintos puntos de la ciudad.

En materia de seguridad vial, se remarcó la vigencia y el estricto cumplimiento de la política de alcohol cero al volante, solicitando a los conductores conciencia y responsabilidad, a fin de prevenir siniestros y proteger la vida de todos los vecinos.

Por su parte, el Comisario Mayor Daniel Molina indicó que durante los fines de semana y las celebraciones de Navidad y Año Nuevo se desplegará un operativo reforzado que incluirá más de 150 efectivos en la zona céntrica, además de patrullajes permanentes en los barrios y sectores más alejados, abarcando tanto la seguridad vial como la seguridad pública.

Finalmente, se informó que los eventos y fiestas habilitadas fueron debidamente notificadas sobre los controles que se realizarán, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de los espectáculos, cuidar especialmente a los jóvenes y prevenir cualquier tipo de incidente.

En este marco, la Viceintendenta Lorena Cardozo destacó la importancia de contar con espacios propicios para el esparcimiento, pero siempre de manera segura y ordenada, remarcando que si bien los controles y operativos son fundamentales, el éxito de estas medidas depende también del compromiso y la responsabilidad de cada vecino.

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