Tras conocerse el Decreto 787/2025 por el cual se deroga el Decreto N.º 2417/1993 referido al control estatal sobre los aranceles de los establecimientos de educación privada, dispuesto por el Gobierno Nacional, hubo una reacción en la provincia de Misiones para despejar cualquier duda respecto al impacto que ello tendría para los establecimientos educativos y para las familias que envían a sus hijos a ellos.

En primera instancia, se aseguró que el Decreto mencionado es “inaplicable” en Misiones y exhortó a las instituciones a que “deben abstenerse de aplicar incrementos de aranceles, matrículas o cuotas invocando el Decreto 787/2025 como habilitante directo, y mantener los canales de autorización y comunicación previstos por la autoridad provincial”.

En definitiva, las conclusiones vertidas en el comunicado describe los siguientes puntos:

1. 1. El Decreto Nacional 787/2025 no resulta aplicable ni vinculante para la Provincia de Misiones en materia de aranceles escolares de instituciones de gestión privada, por hallarse la competencia plenamente transferida y regulada por legislación provincial específica.
2. 2. Continúan vigentes la Ley VI-46 (ex Ley 2987), las resoluciones del SPEPM y toda norma local que establezca criterios, montos o procedimientos de fijación de aranceles, sin perjuicio de las disposiciones nacionales de carácter general en materia educativa.
3. 3. Los establecimientos de gestión privada deben abstenerse de aplicar incrementos de aranceles, matrículas o cuotas invocando el Decreto 787/2025 como habilitante directo, y mantener los canales de autorización y comunicación previstos por la autoridad provincial.
4. 4. Como consecuencia del análisis realizado, se emite la presente explicitando la inaplicabilidad del Decreto 787/2025 en la jurisdicción de Misiones y la vigencia de los mecanismos de control y supervisión provinciales.

El documento completo:

Mediante un decreto, derogaron una normativa que regulaba los precios de las matrículas y las cuotas en las escuelas privadas, permitiendo que los institutos fijen los valores sin autorización previa del Estado nacional.

A través del Decreto 787/2025, publicado en la madrugada de este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso la derogación del Decreto 2417/1993, una norma que durante más de tres décadas reguló el sistema de aranceles y la relación entre el Estado y los institutos de educación pública de gestión privada en la Argentina.

La medida implica un cambio en el esquema de control estatal sobre los precios de las cuotas y matrículas que cobran los colegios privados, al eliminar la obligación de comunicar anticipadamente los montos y de obtener autorización previa para cualquier modificación.

Según los fundamentos del decreto, la normativa derogada “presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”.

El decreto sostiene que el sistema vigente, instaurado en los años 90, respondía a un contexto en el que la administración de la educación dependía del Gobierno nacional. Con la transferencia de competencias a las provincias, el Ejecutivo considera que “corresponde revisar el marco normativo existente para favorecer un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos educativos de gestión privada, garantizando así la sostenibilidad de su labor y el derecho a la educación de calidad”.

Entre los argumentos centrales, el decreto advierte que la intervención estatal en la fijación de aranceles “ha generado efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica”. En particular, señala que la exigencia de informar y autorizar los valores de matrícula y cuotas con antelación “limita su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos”.

Por esto mismo, remarcaron que este mecanismo de control de precios “perjudica a las familias, quienes deben enfrentar aranceles educativos más altos desde el inicio del ciclo lectivo, limitando su capacidad de elegir establecimientos de enseñanza adecuados a sus posibilidades económicas y, en algunos casos, obligándolas a trasladar a sus hijos a otras instituciones”.

En ese sentido, el decreto subraya que “el requerimiento de los establecimientos de enseñanza de gestión privada de comunicar los montos de matrícula y de las cuotas con anticipación considerable, junto con la obligación de obtener la autorización estatal previa para modificar dichos valores, crea una situación de incertidumbre económica para los institutos, que suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal”.

El texto también pone el foco en el derecho de propiedad de los institutos privados, al afirmar que “deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados, sin necesidad de autorización estatal”. Según la visión oficial, la previsibilidad y rigidez de las tarifas impuestas por el Estado “puede llevar a una precarización de la calidad educativa, dado que los establecimientos no pueden responder adecuadamente a las variaciones en los costos de insumos, salarios y otros gastos operativos sin antes contar con autorización de la autoridad correspondiente”.

De esta manera, el Gobierno instruyó al Ministerio de Capital Humano para que, a través de la Secretaría de Educación, revise las pautas contenidas en el Decreto 2542/1991 —la norma madre del sistema de financiamiento de la educación privada— y eleve una propuesta de modificación. De este modo, el Ejecutivo busca avanzar hacia un esquema en el que se resguarde el principio de libre contratación, ”permitiendo a las instituciones educativas el derecho a definir sus políticas de precios y compensaciones, en el marco de una competencia leal y en función de las demandas del mercado”.

Una de las premisas que se ha acuñado en el seno del Frente Renovador, desde sus orígenes, y que con los años se ha transformado en un postulado es que tanto las necesidades como los problemas del pueblo se conocen, se atenden y se resuelven, estando cerca de la gente.
Cada funcionario, o aspirante a serlo, sabe que su oficina se encuentra en los barrios de cada municipio de la tierra colorada.

En ese contexto, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, se ha erigido en un abanderado de esta forma descentralizada de desarrollar la gestión y por eso pudo construir muy fuertes vínculos con “el misionero de a pie” como gusta decir al que escucha sus demandas, pero, además, intercambia ideas, proyectos e intereses.
Solamente en las últimas dos semanas ha estado, por lo menos, en una decena de localidades realizando múltiples actividades como participación en fiestas populares, inauguraciones de obras o entrega de anteojos y de equipos viales, como ocurrió días atrás en Nueve de Julio.

Pero también asumió la responsabilidad de encabezar la comitiva que asistió durante las primeras horas posteriores al siniestro vial que causó la muerte de 9 personas (varios jóvenes estudiantes) y casi una treintena de heridos en la localidad de Campo Viera. Una demostración de la empatía que lo caracteriza en aquellos momentos más oscuros y triste que puede atravesar una comunidad.
Este modo federal de conducir los destinos de Misiones también le ha permitido entablar una relación de mucha cordialidad con cada uno de los Intendentes lo que, sin dudas, garantiza la generación de los consensos necesarios para alcanzar una sólida gobernabilidad.
Y, aunque la crisis económica y los ajustes que realiza la nación, impiden el desarrollo de grandes obras, la buena administración del Frente Renovador permite que haya acompañamiento a los municipios (tal como se mencionaba más arriba). Que Passalacqua visite cada localidad le permite ir conociendo de primera mano las prioridades y a partir de eso pueden tomarse las decisiones conjuntamente lo que asegura dar las mejores respuestas a cada comunidad.
Otro aspecto que lo expone como un hombre que, más allá de su envestidura, es parte de su pueblo es su capacidad para promover acciones que resuelven profundos problemas sociales como las soluciones habitacionales, la entrega de viviendas y la regularización dominial. En cada encuentro con esos nuevos legítimos propietarios se advierte el agradecimiento tan sincero transformados en fuertes y prolongados abrazos.

Es indudable que la impronta que le ha otorgado Passalacqua a su gestión, no solo a la actual, sino a la anterior también, es lo que ha sido uno de los rasgos fundamentales para consolidarlo como uno de los gobernadores con mejor imagen del país.