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CTERA anunció un paro docente nacional para el próximo lunes y peligra el comienzo de clases

La medida gremial será de 24 horas en rechazo a la eliminación del FONID y a los recortes en infraestructura y comedores escolares. Por su parte, los gremios docentes de la CGT suspendieron la medida que habían anunciado.
El lunes 26 de febrero las clases empezarán con un paro docente de 24 horas en todo el país, según lo definió hoy la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) en un congreso extraordinario. La huelga llega luego de que los otros cuatro gremios nacionales (UDA, CEA, AMET y SADOP), nucleados en la GCT, suspendieran la medida que habían anunciado, tras la convocatoria del Gobierno nacional a discutir el salario mínimo docente el próximo martes 27.
Además del paro, habrá movilizaciones en las provincias. La medida de fuerza se decidió en rechazo a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo de Compensación Salarial y los recortes en las partidas nacionales para programas educativos, infraestructura y comedores escolares.
Después de varias idas y vueltas, el Gobierno nacional había convocado a los cinco gremios docentes a una reunión para discutir la actualización del salario mínimo el martes 27 de febrero a las 18 hs, al día siguiente de que empiecen las clases en varias jurisdicciones del país. Sin embargo, CTERA decidió anunciar la medida de fuerza en rechazo a los recortes de los aportes nacionales al salario de los docentes de todo el país y de las partidas presupuestarias para infraestructura y comedores.
Luego de que el presidente Javier Milei y el vocero Manuel Adorni negaran la existencia de la paritaria nacional docente, finalmente la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano convocó a los gremios. El próximo martes participarán de la reunión para discutir el salario mínimo docente el secretario de Trabajo, Omar Yasin; el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y los cinco gremios docentes nacionales (CTERA, UDA, AMET, SADOP y CEA).
También fueron convocados los ministros de educación de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires como parte del Consejo Federal de Educación, y las agrupaciones representativas de las entidades educativas de gestión privada, según anticiparon fuentes oficiales. La reunión para discutir el salario mínimo docente está prevista en el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo (N° 26.075).
Según el calendario escolar 2024, el próximo lunes 26 de febrero deberían empezar las clases en las escuelas de 8 jurisdicciones: CABA, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, San Luis y Santa Fe. El martes 27 de febrero se sumarán los alumnos de La Rioja; el jueves 29 empieza Santa Cruz; y el viernes 1° de marzo, la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego y Tucumán.
Otras tres provincias –Salta, Jujuy y Catamarca – decidieron en estos días postergar el comienzo de clases al 4 de marzo por el escenario de incertidumbre generado por las medidas del Gobierno nacional.
Los gremios docentes venían reclamando por los fondos nacionales y por la convocatoria a la paritaria nacional. Fue justamente esta convocatoria la que motivó que UDA, AMET, SADOP y CEA suspendieran el paro que habían anticipado para el comienzo de clases.
“Es importantísimo haber logrado el reconocimiento al espacio paritario como ámbito de discusión del salario y condiciones laborales, en el marco legal vigente. Nos sentaremos a discutir y luego tomaremos decisiones. Esperamos que no sea una maniobra dilatoria y que realmente del encuentro surja una propuesta que mejore el financiamiento de la educación. El paro solo queda en suspenso”, dijo Sergio Romero, secretario general de UDA.
Esta semana, además, el vocero Adorni declaró que el Gobierno nacional evalúa declarar la educación como servicio esencial, lo que implicaría restringir los paros docentes. De concretarse, sería la tercera vez que el Poder Ejecutivo Nacional intenta impulsar la medida en estos dos meses de gestión: estaba prevista en el DNU 70/2023 que firmó el presidente Javier Milei a los pocos días de asumir –cuyas disposiciones laborales fueron suspendidas por la Justicia– y también en la Ley Ómnibus que fracasó en el Congreso.
La iniciativa oficial es otro motivo de confrontación con los gremios, que la asocian con el escenario de conflictividad que abierto con la decisión de la Casa Rosada de suspender los aportes nacionales al salario docente y con el desplome del salario docente en varias provincias, tras las cifras récord de inflación en diciembre y enero.
FUENTE: INFOBAE
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Con el Programa de Regularización de Habilitaciones Comerciales ya se logró más altas que en 2024

El secretario de Hacienda de la Municipalidad de Eldorado, Marcelo Mikulán, habló con Canal 9 Norte Misionero sobre el impulso positivo que tuvo la implementación del Programa de Regularización de Habilitaciones Comerciales desde inicio de este año, aunque anticipó que a fin de este mes se le pondrá un punto de cierre.
“Estamos muy contentos, muy conformes”, afirmó el funcionario debido a que “nos permitió que, en prácticamente nueve meses de vigencia del plan, hayamos ya tenido más habilitaciones comerciales que el año pasado”.
Mikulán recalcó que esto “implica la posibilidad de que trabajen más tranquilos, de que puedan de alguna manera manejarse con puertas abiertas, de que puedan tener sus empleados a la vista, puedan trabajar también con distintos medios electrónicos, porque al tener una habilitación, también pueden hacer la habilitación de los postnet, de las billeteras virtuales, o sea, un montón de beneficios que implica tener regularizado un comercio”.
Acotó que “a eso debemos agregar que también genera una mayor equidad tributaria, porque esos comercios que antes no tributaban y que estaban fuera del sistema, hoy están incorporados dentro del sistema y de alguna manera también genera mayor equidad respecto de aquellos que en tiempo y forma a veces hicieron un sacrificio no tanto para hacer su habilitación como para pagar los tributos”.
No obstante, consideró que “siempre quedan de alguna manera todavía algunos emprendimientos sin regularizar, algunos vendedores ambulantes, pero bueno, entendemos que la medida sirvió de manera significativa para ayudar y colaborar dentro de nuestras posibilidades con este sector comercial que realmente necesitamos que crezcan para de alguna manera mejorar la economía local”.
Para concluir, Mikulán indicó que el programa estaba previsto que cierre el pasado 30 de septiembre, pero se prolongó hasta el 31 de octubre y posteriormente se volvería al esquema anterior.
“En principio la idea era que el programa finalice el mes anterior, o sea, que finalice para el 30 de septiembre, -porque- lo que estamos notando en los últimos 3 meses es que tenemos menor cantidad de solicitudes de lo que fue en el primer semestre cuando arrancó el plan”, explicó y agregó que, “hemos dado un tiempo prudencial para que aquellos que realmente tuvieran interés en regularizar, porque lamentablemente no todos lo tienen, pero aquellos que tenían intención, creemos que 10 meses de vigencia del plan fue un tiempo prudencial”, cerró.
“Estamos cumpliendo con el Presupuesto”:
Por otra parte, Mikulán hizo referencia a como se está dando la ejecución del presupuesto 2025, la recaudación y también sobre si se lanzará a fin de año el programa de Bonificaciones por Pago Anticipado de Tasas.
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Transporte Público: “Estamos a la expectativa que se presenten los sobres”

El próximo jueves a las 10 de la mañana se procederá a la apertura del primer sobre en el marco del proceso de licitación para el nuevo contrato de concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros. En ese marco, el secretario de Hacienda, Cdor. Marcelo Mikulán, señaló que se está aguardando por la presentación de los sobre por parte de los interesados.
En diálogo con Canal 9 Norte Misionero, Mikulán indicó que, si bien se han retirado pliegos, aún no se ha presentado ningún sobre, aunque el plazo para ello vence una hora antes del acto de apertura.
El funcionario recalcó que este proceso conta de dos aperturas, siendo el del jueves el primero de ellos en el que se evaluará “el Balance, la solvencia de la empresa, la situación patrimonial y quien es el responsable técnico”.
Para concluir, Mikulán recalcó que están con “las expectativas que tengamos varias ofertas” a fin de seleccionar la más conveniente para la prestación del servicio a partir de noviembre.
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La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a los Estados Unidos y ahora define el Gobierno

Se trata del empresario acusado de narcotráfico que confesó haber financiado a Espert en 2019. El máximo tribunal rechazó los planteos de la defensa. A partir de ahora, la decisión final sobre el proceso de extradición recae en el Poder Ejecutivo.
El proceso de extradición que involucra al empresario Federico “Fred” Machado quedó confirmado tras la decisión de la Corte Suprema de la Nación, que avaló el pedido formulado por la justicia de Estados Unidos para que el ciudadano argentino sea juzgado por una serie de delitos graves, entre los que se incluyen asociación ilícita, narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico.
El fallo de la Corte fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y se basa en consdierar que el pedido de extradición formulado por la justicia de los EE.UU. se ajusta a las normas sobre cooperación internacional en materia judicial.
La causa se inició a raíz de la solicitud de extradición presentada por autoridades estadounidenses, que buscan someter a Machado a juicio en el Distrito Este de Texas, donde un Gran Jurado Federal dictó un auto de procesamiento contra él y otras ocho personas.
El expediente detalla que sobre Machado pesan cinco cargos principales. El primero lo acusa de integrar una organización criminal dedicada a la posesión, con intención de distribuir, de al menos cinco kilogramos de cocaína. El segundo y tercer cargos amplían la imputación a la fabricación y distribución de la misma cantidad de droga, con la presunción de que sería importada ilegalmente a Estados Unidos, y lo señalan también como cómplice en la comisión de estos delitos. El cuarto cargo lo vincula a una asociación ilícita para cometer lavado de dinero, mientras que el séptimo lo implica en una conspiración para perpetrar fraude electrónico.
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