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El Gobierno les ofreció a las universidades un aumento del 270% en los gastos de funcionamiento y hay acuerdo

El incremento es el mismo que el Ministerio de Capital Humano había arreglado con la UBA. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) declararon que la propuesta “comienza a atender” los reclamos del sector. Mañana hay otra reunión con los gremios por los salarios.

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, recibió este lunes 27 de mayo a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que nuclea a los rectores de las universidades nacionales. En la reunión, el Gobierno nacional ofreció a las universidades públicas un aumento del 270% en los gastos de funcionamiento, tal como lo había acordado ya con la UBA. En tanto, mañana martes se retomará con los gremios universitarios la negociación salarial.

“Las propuestas trasladadas el día de hoy por el Gobierno nacional comienzan a atender los reclamos que sostenemos desde principios de año el conjunto de las universidades públicas del país”, señalaron los rectores en un comunicado conjunto. De parte del gobierno, además de Torrendell participó Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias. En representación del CIN estuvieron el presidente Víctor Moriñigo (rector de la Universidad Nacional de San Luis), y el vice, Oscar Alpa (Universidad Nacional de La Pampa).

“Reiteramos nuestro agradecimiento a la sociedad argentina por su masivo y conmovedor acompañamiento en defensa de la universidad pública que ha permitido comenzar a encontrar un principio de solución para la grave situación presupuestaria del sistema público universitario a la que nunca debimos haber llegado”, señaló el comité ejecutivo del CIN. Desde el organismo señalaron a Infobae “un cambio de actitud” de los funcionarios, quienes “intentaron abordar cada punto planteado”.

Según la propuesta presentada hoy, el Gobierno nacional se comprometió a equiparar la actualización que consiguió la UBA de 270% para gastos de funcionamiento, que representan un 10% del presupuesto universitario.

Los rectores y las autoridades del Gobierno también acordaron crear una comisión para la confección del presupuesto 2025 de manera conjunta. Además, analizaron el estado de situación del Plan de Infraestructura Universitaria, “las restricciones presupuestarias y la racionalización de los fondos otorgados por la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SSPU)”, y acordaron “darles prioridad a las obras que están por finalizar, con énfasis en la puesta a punto de aulas”, informó la Secretaría de Educación en un comunicado.

En el encuentro se abordaron temas relacionados con salarios, becas estudiantiles y las partidas de Ciencia y Tecnología, otros de los puntos incluidos entre las demandas de la Marcha Federal Universitaria del pasado 23 de abril, en la que habían participado las universidades de todo el país.

“El resultado fue muy positivo en tanto está garantizado el segundo cuatrimestre”, declararon desde la Secretaría de Educación.

Fuentes del CIN dijeron a Infobae que los funcionarios nacionales “se comprometieron a ir pagando las deudas” referidas a los programas con financiamiento específico, que abarcan desde la función salud (ya resuelto) hasta otros ítems como las escuelas formación profesional, recursos para ciencia y tecnología y categorizaciones de investigación. Con respecto a este último punto, se acordó culminar el proceso de recategorización de los docentes e investigadores en el Programa para la Investigación Universitaria Argentina (PRINUAR), iniciado el año pasado en todas las universidades del país.

“Este Consejo seguirá trabajando en unidad por la fortaleza del sistema, con el convencimiento del rol transformador de la universidad pública y de que los problemas estructurales del país se resuelven con más y mejor educación, con formación universitaria pública de excelencia y con un sistema científico al servicio del desarrollo de la Nación”, dijeron desde el CIN.

“Seguiremos trabajando para resolver temas pendientes pero hoy se ha dado un paso importante que aporta previsibilidad y un escenario distinto”, expresó Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario.

También formó parte de la agenda la cooperación del sistema universitario con el desarrollo e implementación del Plan Nacional de Alfabetización impulsado por la Secretaría de Educación y los ministerios de educación provinciales.

Desde el Gobierno nacional mencionaron entre las prioridades “profundizar la transparencia de los fondos que se transfieren a las instituciones universitarias y el debido cumplimiento de las rendiciones de dichos gastos”. También enfatizaron la necesidad de garantizar “el debido cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Educación Superior, en relación con la pluralidad de ideas y las líneas de investigación, combatir la persecución ideológica y la discriminación por razones políticas, particularmente, el antisemitismo”, con la idea de “crear mecanismos internos en cada universidad”.

La UBA acordó primero
El pasado 15 de mayo la UBA había anunciado la suspensión de la emergencia presupuestaria, luego de que el Gobierno nacional le ofreciera un aumento de 270% en el presupuesto para gastos de funcionamiento y de 300% para los hospitales universitarios. La UBA había lanzado su propio petitorio “contra el recorte presupuestario”, que sumó más de 450.000 firmas, según un comunicado que difundió hoy la universidad.

Al conocerse el acuerdo entre el Gobierno nacional y la UBA, el CIN había denunciado que esa medida discriminaba al resto de las universidades nacionales: “Resulta inadmisible y provocador que se reconozca (el reclamo) solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas”.

“No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda”, declararon entonces los rectores. Luego fueron convocados a la reunión de este lunes, en la que recibieron las mismas condiciones ofrecidas a la UBA.

En paralelo, diferentes sectores de la oposición firmaron la semana pasada cuatro dictámenes en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Educación de la Cámara de Diputados para actualizar por ley el presupuesto universitario.

Los salarios, en caída
Más allá del aumento en los gastos de funcionamiento, el atraso salarial de docentes y no docentes es uno de los principales reclamos pendientes desde la movilización del 23 de abril. En la reunión de hoy con los rectores, los funcionarios nacionales propusieron armar una “mesa de monitoreo de la situación salarial” que involucre a las autoridades universitarias además de los sindicatos.

La semana pasada el Gobierno nacional ofreció a los gremios universitarios un 9% de actualización para mayo, que se suma al 16% otorgado en febrero, el 12% en marzo y el 8% en abril. El Frente Sindical de Universidades Nacionales (que nuclea a CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT, UDA y FATUN) rechazó una vez más la oferta realizada por el Ministerio de Capital Humano, y se pasó a un cuarto intermedio hasta el martes 28. La semana pasada, los docentes y no docentes universitarios adhirieron al paro nacional convocado por todos los gremios docentes del país.

Según explicaron desde Conadu, en los cinco meses de la actual gestión de gobierno, los docentes universitarios acumulan una actualización salarial del 61,4% (incluyendo el 9% anunciado el lunes), mientras que la inflación desde diciembre fue del 122,5% (previendo un 7,5% en mayo, según el REM del BCRA). La diferencia acumulada implica una pérdida del 42% del poder adquisitivo.

FUENTE: INFOBAE

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Domingo Paiva: “La situación de los trabajadores de la madera es desesperante”

El secretario general del Sindicato Obrero de la Industria de la Madera Eldorado (SOIME), Domingo Paiva, hizo referencia al escenario descrito por el sector empresario, a través de las distintas cámaras, respecto al momento que atraviesa el sector foresto-industrial y asintió que “lamentablemente es muy difícil la situación”.
Ahondando, enfatizó que “los empresarios salieron por los medios, a través de comunicados y de notas, hablando de la preocupación sobre que cada vez se profundiza más… imagínese como deben estar los trabajadores que viven, únicamente, de su salario” ya que “no tenemos alternativas, no se vislumbra absolutamente nada”.
En esa línea afirmó que, además, el panorama es más complejo porque “nos ponen techo para las paritarias, prohibiendo prácticamente conseguir un porcentaje mayor a la inflación publicada por el INDEC (…) así que la situación es desesperante”.
Añadió que “estamos con más del 20 por ciento del poder adquisitivo perdido y con eso también la canasta familiar que sabemos que todos los días suben los precios”, describió.
Desde las Cámaras empresarias indicaron que el objetivo es mantener el plantel de trabajadores adoptando diferentes tipos de medidas. En ese sentido, Paiva contó que los acuerdos a los que arriban con las empresas para evitar que haya cesantías depende también de la voluntad que tenga el empresario de mantener a sus empleados.
Actualmente, graficó, “hay un 50 por ciento de trabajadores que está con distinta clase de reducción, de convenio o de acuerdo, y un 50 por ciento que trabaja con la carga horaria mínima, que es de lunes a viernes las 8 horas”. Este último grupo abarca a poco más de 800 obreros distribuidos en diferentes empresas de la jurisdicción del SOIME (Departamento Montecarlo, Departamento Eldorado, Departamento San Pedro y Departamento San Vicente).
Paiva advierte una dificultad para poder sortear este momento debido a que “la parada de la obra pública -por decisión del Gobierno Nacional- es el peor castigo que tenemos, porque el 70 por ciento de la producción de la foresto-industria de Misiones va a parar a la obra pública” y, si bien, se ha anunciado una reactivación, todavía resulta insuficiente para alcanzar una recuperación plena, explicó.
Finalmente, expresó que desde la representación de los trabajadores hay temor que surja en el corto plazo, de no revertirse la situación, una posible decisión de reducir la jornada laboral, una suspensión de actividades o, hasta, dictar una Preventiva de Crisis. Además, deslizó que están atentos a que este escenario sirva para que se proponga “el despido de la gente, achiquen, y vuelvan a tomar con la nueva modalidad de contrato de trabajo que es mucho más liviano para las empresas”.

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FAIMA alerta sobre la crisis en la industria de la madera y solicita medidas urgentes

La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) emitió hoy un comunicado en el que expresa la preocupación sobre el difícil momento que atraviesa el sector foresto-industrial e hizo hincapié en la necesidad que el Gobierno Nacional adopte con celeridad medidas que permitan recomponer la competitividad de las empresas, apuntalando fundamentalmente a las Pequeñas y Medianas (PyMEs).

El comunicado:

La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) informa con preocupación sobre la situación crítica que atraviesa la industria de la transformación mecánica de la madera en el país. Durante el primer semestre del año, se ha observado una significativa caída tanto en la producción como un incremento en los costos, afectando a todos los sectores de la cadena productiva.

Impacto en la Producción y el Empleo

La reducción en la actividad es notable en áreas clave como los aserraderos, la fabricación de muebles, la industria de tableros, y la construcción con madera y carpintería. Según datos recientes, la primera transformación ha experimentado una disminución interanual del 20%, con pequeños y medianos aserraderos reportando caídas de hasta el 40%. En el sector de muebles, la producción ha caído un 37% interanual, afectando gravemente a las PYMES, muchas de las cuales se encuentran en localidades del interior del país y son fundamentales para el empleo local.

Aumento de Costos y Desafíos Estructurales

Uno de los principales problemas señalados por FAIMA es el incremento de los costos productivos, que ha alcanzado un promedio del 500%. Este aumento abarca desde insumos hasta servicios públicos, dificultando la sostenibilidad de las empresas en un contexto económico recesivo. Además, FAIMA expresa su preocupación ante la posible eliminación de reglamentos técnicos esenciales para garantizar la calidad y seguridad de los productos de madera y construcción.

Llamado a la Acción

FAIMA subraya la necesidad urgente de implementar políticas que promuevan la reactivación económica, faciliten el acceso al financiamiento y mejoren las condiciones de competitividad, especialmente para las PYMES. «Es crucial trabajar conjuntamente con el sector público para encontrar soluciones que permitan la continuidad económica de las empresas del sector, lo cual tendrá un impacto positivo en el empleo y la actividad económica”.

La estabilidad y crecimiento del sector maderero, que emplea a más de 60,000 personas de forma directa y un número similar de manera indirecta, son vitales para el bienestar de nuestras comunidades y economías regionales.

FAIMA reafirma su compromiso con la calidad y seguridad en la producción de madera y productos derivados, y aboga por la preservación de las normativas técnicas que aseguran estos estándares. La Federación continuará trabajando para superar los desafíos actuales y asegurar un futuro sostenible para la industria.

Cabe mencionar que días atrás, APICOFOM también había difundido un comunicado respecto a lo que sucede con el sector en Misiones-

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Martín Recamán: “Es una capacitación fundamental para mejorar la gestión en terreno y, sobre todo, el control en ruta”

El ministro de Ecología de Misiones, Martín Recamán, participó del inicio del “Taller de conocimiento macroscópico de madera de especies comerciales de Misiones”, que se realizó en la Facultad de Ciencias Forestales en la mañana de este viernes.


En diálogo con Canal 9 Norte Misionero, Recamán subrayó que “esta es una capacitación fundamental” porque “formar a la Gendarmería, a la Policía, al Área de Control del Ministerio y repasar todo lo relacionado a los tipos de maderas, poder identificarlos con claridad, mejora muchísimo la gestión en terreno y el control, sobre todo”.
Además, destacó que “hacía muchísimos años que no se hacía esto”.


Por otra parte, Recamán resaltó que “Misiones ha comenzado a implementar hace años el SACVeFor (Sistema de Administración, Control y Verificación Forestal) y cuando uno va a Nación, la Provincia es reconocida por ser la que mejor a ejecutado ese sistema de manera digital”. El SACVeFor se trata de la emisión de la primera guía digital de madera nativa utilizando firma y remito digitales.
Acotó que “en muy pocas provincias lo hacen y Misiones está liderando la aplicación de ese sistema e, incluso, queremos ir a una segunda etapa y seguir profundizando”, porque “siempre el uso de las tecnologías en estos tiempos es el camino y la herramienta fundamental para ir mejorando la gestión”.

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