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El Gobierno se comprometió con el FMI a quitar los subsidios en las tarifas de luz y gas a los hogares de clase media
La Secretaría de Energía rediseñará la asistencia estatal en servicios públicos para enfocarla exclusivamente en los usuarios de menores ingresos. La aplicación será “gradual” y se definirá después de las elecciones.
El Gobierno de Javier Milei definirá antes de fin de año un nuevo esquema de subsidios para las tarifas de electricidad y gas natural, con el objetivo de acelerar el recorte del gasto público y avanzar en la desregulación del sistema energético. La intención es reemplazar la actual segmentación por ingresos en tres niveles por una única asistencia destinada exclusivamente a hogares vulnerables, según surge del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El nuevo sistema excluirá a cerca de 3 millones de usuarios de clase media en el caso de la luz, y también a parte de los incluidos en el universo vulnerable que, por falta de acreditación, quedarían fuera del beneficio. Son lo que comenzarán a pagar más cara la energía que consuman. Desde el área energética reconocen que el Estado no cuenta con información suficiente y que el cruce de datos resulta muy complejo, especialmente en los casos de beneficiarios no registrados formalmente.
Gradualismo
No obstante, el proceso de modificación del régimen será gradual. En principio, no se prevén cambios en lo que resta del año, a menos que se requiera acelerar el ajuste fiscal, según indicaron fuentes oficiales. En las últimas semanas, la Secretaría de Energía aplicó una reducción escalonada en los descuentos que reciben los usuarios residenciales sobre el precio de la energía en sus facturas. La aceleración de la inflación en los últimos meses y la cercanía del calendario electoral son factores clave para la toma de decisiones.
La nueva segmentación se enfocará en los usuarios más vulnerables, mientras que las tarifas seguirán aumentando gradualmente (AP)
Actualmente, seis de cada diez hogares reciben subsidios. Según el esquema vigente, los usuarios se agrupan en tres niveles: ingresos altos (Nivel 1), que pagan la tarifa plena; ingresos bajos (Nivel 2); e ingresos medios (Nivel 3). De acuerdo con datos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), hasta diciembre había 9,5 millones de usuarios de electricidad con tarifa subsidiada: 6,3 millones en el Nivel 2 y 3,2 millones en el Nivel 3, sobre un total de 16,2 millones. En el caso del gas, 5,3 millones de los 9,5 millones de usuarios residenciales recibían subvenciones, con 3,1 millones en el Nivel 2 y 2,2 millones en el Nivel 3.
Tarifa social
La premisa oficial es instaurar un sistema similar al de la tarifa social aplicado durante la gestión de Mauricio Macri, con solo dos categorías: quienes reciben subsidios y quienes no.
La secretaria de Energía, María Tettamanti, estará a cargo de poner en marcha el nuevo esquema. Según proyecciones del FMI, el gasto en subsidios energéticos bajará del 1,1% del PBI en 2024 al 0,5% en 2025, aunque por ahora no se ha definido un ritmo concreto para ese recorte. En su primer año de gestión, Javier Milei ya aplicó un ajuste del orden de los USD 3.000 millones, al tiempo que incrementó los componentes tarifarios de transporte y distribución. Las distribuidoras lograron mejorar sus balances y reportan niveles de cobrabilidad superiores al 95%.
Desde diciembre de 2023, las tarifas de electricidad aumentaron un 264% y las de gas un 622%, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP de la UBA-Conicet. Estos incrementos corresponden a hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que no reciben subsidios.
La eliminación del actual esquema también es clave para cumplir otra meta establecida en el acuerdo con el FMI: avanzar en la reforma del mercado mayorista de electricidad para noviembre de 2025, con el objetivo de mejorar la competencia y aliviar la presión sobre la cadena de pagos del sector energético.
En ese sentido, la Secretaría de Energía dictó la Resolución 21/2025, que habilita a las empresas a celebrar contratos libremente, sin la intermediación de la compañía estatal CAMMESA. La intención es recuperar un esquema de libre contratación similar al de los años noventa, aunque genera tensiones dentro del propio oficialismo y plantea interrogantes sobre el futuro de los subsidios.
CAMMESA se volvió un actor central en el sistema energético en las últimas dos décadas, al comprar energía a las generadoras y vendérsela a las distribuidoras, que cobran a los usuarios. Como muchos hogares no pagan el costo real de la energía, el Tesoro compensa la diferencia mediante transferencias a la empresa estatal.
El nuevo modelo apunta a canalizar los subsidios directamente a los usuarios en sus facturas, lo que permitiría que compradores y vendedores celebren acuerdos libremente. Sin embargo, para que eso funcione, será necesario que las tarifas reflejen el costo real del suministro.
CAMMESA ya resolvió una deuda de USD 1.000 millones con las generadoras mediante la entrega de un bono en dólares (AE38), operación clave para alcanzar el superávit fiscal de 2024. También implementará un plan de pagos para regularizar la deuda de USD 1.300 millones que mantienen las distribuidoras por energía ya entregada y no abonada, con incentivos para aquellas empresas que estén al día.
Paralelamente, la Secretaría de Energía está finalizando el proceso de Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) con transportistas y distribuidoras. Este mecanismo definirá un sendero de inversión, aumentos tarifarios y un esquema de actualización mensual. Se prevé una suba en términos reales, que se aplicaría en tres tramos.
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Está vigente el programa Ahora Fiestas
A partir de este sábado y hasta el miércoles 31 del diciembre, estará vigente el programa especial Ahora Fiestas, una herramienta impulsada por el Gobierno de Misiones para acompañar a las familias en las compras de fin de año y potenciar el comercio local. A través de sus redes, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, recordó a la comunidad sobre la puesta en marcha del beneficio financiero.
Durante el período de vigencia, los comercios adheridos ofrecerán hasta un 25% de reintegro, o 20% en comercios no misioneros, junto con la posibilidad de financiar las compras en 1 o 6 cuotas sin interés. Los beneficios estarán disponibles para pagos realizados con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Macro.
El programa establece un límite de financiación de $653.400, mientras que el tope máximo de reintegro será de $44.044. Estas condiciones buscan facilitar el acceso al consumo en una época de alta demanda, como las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.
Participarán comercios de rubros vinculados al consumo estacional, entre ellos indumentaria, calzado, juguetes, artículos del hogar, electrodomésticos, deportes, celulares, blanquerías y regalos. Los locales que ya forman parte de los programas Ahora Misiones y Ahora Bienes Durables quedarán adheridos automáticamente al Ahora Fiestas.
Desde el Gobierno provincial destacaron que, en el cierre del año, se continúa sosteniendo este tipo de herramientas que articulan esfuerzos entre el sector público y privado, con el doble objetivo de incentivar el comercio local en toda la provincia y fortalecer la capacidad de consumo de los hogares durante las fiestas.
El listado completo de comercios adheridos en cada localidad puede consultarse en la web oficial de los Programas Ahora: ahora.misiones.gob.ar.
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Senado: fuerte rechazo de especialistas, organizaciones ambientales y entidades científicas a la reforma de la Ley de Glaciares
Especialistas, organizaciones de la sociedad civil y científicos1 cuestionaron el proyecto del Poder Ejecutivo que modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos de protección ambiental de glaciares y ambiente periglacial. Fue ayer en la reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación que, en un trámite exprés que llevó solo dos días, dictaminó la iniciativa del oficialismo a pesar del contundente rechazo. No obstante, el tratamiento parlamentario del proyecto se retomará recién a principios de febrero, a pesar de que las autoridades legislativas habían anunciado que ingresaría al recinto el próximo 26 de diciembre.
Durante el encuentro, desarrollado en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, los disertantes coincidieron en que la iniciativa oficial implica un cambio estructural en el régimen de protección ambiental vigente, al debilitar el carácter nacional de los presupuestos mínimos y fragmentar criterios de resguardo sobre bienes comunes estratégicos como el agua. Advirtieron, además, que avanzar con una reforma de estas características sienta un precedente regresivo en materia de derecho ambiental, en un contexto de crisis climática e hídrica que exige fortalecer las políticas públicas de protección y no debilitarlas.
En esta línea, Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) señaló que “el proyecto introduce una modificación sustancial de la ley vigente mediante dos mecanismos centrales. En primer lugar, reduce el área de protección glaciar —que conviene recordar actualmente alcanza apenas el 0,21 % del territorio nacional— con el objetivo de habilitar el desarrollo de proyectos de megaminería de alta montaña que hoy se encuentran expresamente prohibidos. En segundo término, otorga a las provincias la facultad de decidir qué glaciares deben ser protegidos y cuáles no, desmantelando así el esquema de protección ambiental uniforme y común para todo el país establecido por la Constitución Nacional”.
A esto Agostina Rossi Serra de Greenpeace Argentina señaló que “cuando el riesgo aumenta, las normas se fortalecen, no se debilitan”, y advirtió que “plantear que hay glaciares o partes del ambiente periglacial que sirven y otros que no es una discusión científicamente incorrecta”. En ese sentido, remarcó que “los glaciares y el ambiente periglacial no son obstáculos: son aliados para enfrentar la crisis climática”.
Las organizaciones alertaron que las modificaciones propuestas no persiguen mejorar ni ampliar la protección de las fuentes de agua en un contexto de crisis climática, sino responder a las demandas del sector minero, tal como surge de manera explícita de los considerandos del propio proyecto.
En ese sentido, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas recordó a los senadores que “las leyes de presupuestos mínimos son una arquitectura constitucional que este proyecto tira por la borda. La destruye. Y esto no es menor, porque tenemos otras leyes de presupuestos mínimos. ¿Qué va a pasar después? ¿Vienen por los bosques? ¿Vienen por los ríos? ¿Por la Ley General del Ambiente?”
Por otra parte, las organizaciones cuestionaron la escasa participación en el debate y la celeridad (solo dos días) con la que los senadores dictaminaron el proyecto de modificación, a lo que sumaron la irregularidad de la falta de consultas previas a especialistas para elaborar la nueva iniciativa.
Manuel Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre Argentina consideró “que es inadmisible que el proyecto adolezca de consulta previa con el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), institución de excelencia científica, referida por la legislación actual para el desarrollo del Inventario Nacional de Glaciares. La minería responsable es posible, y necesaria, pero nunca sobre el ambiente glaciar y periglacial, como promueve el proyecto de ley que ya cuenta con dictamen positivo a pesar de todas las voces que advirtieron sus falencias técnicas y legislativas”.
En el mismo sentido, Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales (CPA) agregó que “el proceso legislativo y la elaboración previa del proyecto evidencia una fuerte injerencia sectorial. Hay una clara captura de una política pública de más de 15 años por parte de un interés económico particular, en este caso el del sector minero, que intervino directa o indirectamente a través de un grupo de gobernadores”.
Finalmente, Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas destacó que “las empresas que queremos son las que cumplen estándares y apuestan a largo plazo. No buscan libertad absoluta, buscan certidumbres”, y agregó: “los flujos de inversión más importantes van a los países con los estándares ambientales más altos. El argumento económico está planteado al revés.”
De acuerdo con las organizaciones, lo que intenta hacer el proyecto de ley es alterar una ley general para hacerla encajar con algunos proyectos mineros que, bajo el régimen vigente, no podrían desarrollarse. Lejos de generar la seguridad jurídica que se invoca en favor de los inversores, esta reforma tendrá el efecto contrario: profundizará la incertidumbre normativa y agravará la ya frágil licencia social para operar.
Al plantear su rechazo al proyecto, los disertantes solicitaron a los senadores que no avancen con una reforma que reduce niveles de protección ambiental, vulnera la Constitución Nacional y pone en riesgo la seguridad hídrica del país. “En un contexto de crisis climática y escasez de agua cada vez más evidente, retroceder en la protección de los glaciares y del ambiente periglacial no es una opción responsable ni legalmente admisible. La Ley de Glaciares es clara, constitucional y vigente: debe cumplirse, no vaciarse”, remarcaron.
(1) Las organizaciones que participaron de la reunión conjunta de comisiones son: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Aves Argentinas, Greenpeace Argentina, Círculo de Políticas Ambientales (CPA), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA) y Fundación Vida Silvestre Argentina. También participaron de la reunión el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) Pablo Villagra, Gabriela González Trilla de Ecosistemas azules-CONICET, Laura Isla Rafaele del CONICET, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y Cámara de Proveedores de Empresas Mineras (CAPMIN).
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Fiestas seguras en Eldorado
La Viceintendente de la ciudad de Eldorado, Dra. Lorena Cardozo, encabezó una conferencia de prensa para brindar detalles sobre los dispositivos de control y el despliegue de seguridad que se implementarán con motivo de las fiestas de fin de año y los eventos sociales organizados en la ciudad.
Acompañaron la presentación el Secretario de Gobierno, Hernando Cabrera; el Jefe de la Unidad Regional III, Comisario Mayor Daniel Molina; el Director de Tránsito y Transporte, Fernando Caro; y el Director de Protección Civil, Mario Flammer, quienes expusieron las medidas preventivas previstas para garantizar celebraciones seguras y responsables.
Durante la conferencia se destacó la importancia de pasar las fiestas de manera tranquila, minimizando riesgos a través de operativos de control y acciones coordinadas entre las distintas áreas. Se informó que los dispositivos estarán focalizados especialmente en los sectores con mayor concentración de personas, tanto en la zona céntrica como en distintos puntos de la ciudad.
En materia de seguridad vial, se remarcó la vigencia y el estricto cumplimiento de la política de alcohol cero al volante, solicitando a los conductores conciencia y responsabilidad, a fin de prevenir siniestros y proteger la vida de todos los vecinos.
Por su parte, el Comisario Mayor Daniel Molina indicó que durante los fines de semana y las celebraciones de Navidad y Año Nuevo se desplegará un operativo reforzado que incluirá más de 150 efectivos en la zona céntrica, además de patrullajes permanentes en los barrios y sectores más alejados, abarcando tanto la seguridad vial como la seguridad pública.
Finalmente, se informó que los eventos y fiestas habilitadas fueron debidamente notificadas sobre los controles que se realizarán, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de los espectáculos, cuidar especialmente a los jóvenes y prevenir cualquier tipo de incidente.
En este marco, la Viceintendenta Lorena Cardozo destacó la importancia de contar con espacios propicios para el esparcimiento, pero siempre de manera segura y ordenada, remarcando que si bien los controles y operativos son fundamentales, el éxito de estas medidas depende también del compromiso y la responsabilidad de cada vecino.
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