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El Gobierno se comprometió con el FMI a quitar los subsidios en las tarifas de luz y gas a los hogares de clase media
La Secretaría de Energía rediseñará la asistencia estatal en servicios públicos para enfocarla exclusivamente en los usuarios de menores ingresos. La aplicación será “gradual” y se definirá después de las elecciones.
El Gobierno de Javier Milei definirá antes de fin de año un nuevo esquema de subsidios para las tarifas de electricidad y gas natural, con el objetivo de acelerar el recorte del gasto público y avanzar en la desregulación del sistema energético. La intención es reemplazar la actual segmentación por ingresos en tres niveles por una única asistencia destinada exclusivamente a hogares vulnerables, según surge del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El nuevo sistema excluirá a cerca de 3 millones de usuarios de clase media en el caso de la luz, y también a parte de los incluidos en el universo vulnerable que, por falta de acreditación, quedarían fuera del beneficio. Son lo que comenzarán a pagar más cara la energía que consuman. Desde el área energética reconocen que el Estado no cuenta con información suficiente y que el cruce de datos resulta muy complejo, especialmente en los casos de beneficiarios no registrados formalmente.
Gradualismo
No obstante, el proceso de modificación del régimen será gradual. En principio, no se prevén cambios en lo que resta del año, a menos que se requiera acelerar el ajuste fiscal, según indicaron fuentes oficiales. En las últimas semanas, la Secretaría de Energía aplicó una reducción escalonada en los descuentos que reciben los usuarios residenciales sobre el precio de la energía en sus facturas. La aceleración de la inflación en los últimos meses y la cercanía del calendario electoral son factores clave para la toma de decisiones.
La nueva segmentación se enfocará en los usuarios más vulnerables, mientras que las tarifas seguirán aumentando gradualmente (AP)
Actualmente, seis de cada diez hogares reciben subsidios. Según el esquema vigente, los usuarios se agrupan en tres niveles: ingresos altos (Nivel 1), que pagan la tarifa plena; ingresos bajos (Nivel 2); e ingresos medios (Nivel 3). De acuerdo con datos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), hasta diciembre había 9,5 millones de usuarios de electricidad con tarifa subsidiada: 6,3 millones en el Nivel 2 y 3,2 millones en el Nivel 3, sobre un total de 16,2 millones. En el caso del gas, 5,3 millones de los 9,5 millones de usuarios residenciales recibían subvenciones, con 3,1 millones en el Nivel 2 y 2,2 millones en el Nivel 3.
Tarifa social
La premisa oficial es instaurar un sistema similar al de la tarifa social aplicado durante la gestión de Mauricio Macri, con solo dos categorías: quienes reciben subsidios y quienes no.
La secretaria de Energía, María Tettamanti, estará a cargo de poner en marcha el nuevo esquema. Según proyecciones del FMI, el gasto en subsidios energéticos bajará del 1,1% del PBI en 2024 al 0,5% en 2025, aunque por ahora no se ha definido un ritmo concreto para ese recorte. En su primer año de gestión, Javier Milei ya aplicó un ajuste del orden de los USD 3.000 millones, al tiempo que incrementó los componentes tarifarios de transporte y distribución. Las distribuidoras lograron mejorar sus balances y reportan niveles de cobrabilidad superiores al 95%.
Desde diciembre de 2023, las tarifas de electricidad aumentaron un 264% y las de gas un 622%, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP de la UBA-Conicet. Estos incrementos corresponden a hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que no reciben subsidios.
La eliminación del actual esquema también es clave para cumplir otra meta establecida en el acuerdo con el FMI: avanzar en la reforma del mercado mayorista de electricidad para noviembre de 2025, con el objetivo de mejorar la competencia y aliviar la presión sobre la cadena de pagos del sector energético.
En ese sentido, la Secretaría de Energía dictó la Resolución 21/2025, que habilita a las empresas a celebrar contratos libremente, sin la intermediación de la compañía estatal CAMMESA. La intención es recuperar un esquema de libre contratación similar al de los años noventa, aunque genera tensiones dentro del propio oficialismo y plantea interrogantes sobre el futuro de los subsidios.
CAMMESA se volvió un actor central en el sistema energético en las últimas dos décadas, al comprar energía a las generadoras y vendérsela a las distribuidoras, que cobran a los usuarios. Como muchos hogares no pagan el costo real de la energía, el Tesoro compensa la diferencia mediante transferencias a la empresa estatal.
El nuevo modelo apunta a canalizar los subsidios directamente a los usuarios en sus facturas, lo que permitiría que compradores y vendedores celebren acuerdos libremente. Sin embargo, para que eso funcione, será necesario que las tarifas reflejen el costo real del suministro.
CAMMESA ya resolvió una deuda de USD 1.000 millones con las generadoras mediante la entrega de un bono en dólares (AE38), operación clave para alcanzar el superávit fiscal de 2024. También implementará un plan de pagos para regularizar la deuda de USD 1.300 millones que mantienen las distribuidoras por energía ya entregada y no abonada, con incentivos para aquellas empresas que estén al día.
Paralelamente, la Secretaría de Energía está finalizando el proceso de Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) con transportistas y distribuidoras. Este mecanismo definirá un sendero de inversión, aumentos tarifarios y un esquema de actualización mensual. Se prevé una suba en términos reales, que se aplicaría en tres tramos.
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No proteger al yaguareté significa poner en peligro el equilibrio del ecosistema misionero
Con un marco legal de máxima protección y un esquema de acciones integrales que abarcan desde la prevención en rutas hasta la intervención judicial, Misiones consolida su política de Estado en favor de la protección ambiental, con una de las estrategias más fuertes de América para evitar la extinción del yaguareté y otros monumentos naturales protegidos.
El yaguareté, monumento natural provincial y nacional y emblema de la biodiversidad local, camina la espesura verde de la selva y se convierte en un termómetro de salud. Esta provincia, que protege el 52 por ciento de la biodiversidad de todo el país, despliega una batería de medidas que integra la ciencia, la gestión territorial y la firmeza legal en una lucha constante contra la extinción.
Desde hace décadas, Misiones tiene clara la protección de su flora y su fauna y las acciones para la supervivencia del yaguareté, entre otras especies. La hoja de ruta está en Ley Provincial XVI -Nº 22 que declara Monumento Natural Provincial y le confiere, a este felino, protección absoluta. Este estatus se refuerza con la Ley XVI -Nº 11 de Conservación de la Fauna Silvestre, que prohíbe de forma terminante su caza bajo severas sanciones: multas que equivalen a cien sueldos mínimos, además del decomiso de elementos utilizados en la infracción y clausura de locales.
Asimismo, para acompañar los nuevos tiempos, un decreto reciente, el 2098/24, marca un punto de inflexión. Ordena a la Fiscalía de Estado que actúe de oficio en todos los casos que comprometan la conservación de la especie, con la instrucción de iniciar demandas, denuncias y constituirse como querellante ante la caza, la muerte no natural -incluidos atropellamientos-, la tenencia ilegal, la comercialización de ejemplares o sus partes, y cualquier otro delito tipificado. La norma transforma la protección en una acción judicial proactiva.
La ley cobra vida en el territorio a través de un trabajo silencioso y persistente. Uno de los frentes más críticos son las rutas. La campaña “Yo freno por la fauna”, junto con carteles, radares y controles, busca reducir la velocidad en los corredores biológicos donde el riesgo de atropellamiento es alto. Esta iniciativa es solo la parte visible de un sistema que incluye análisis de tramos críticos, instalación de vallas y protocolos de rescate.
En las zonas rurales, donde el conflicto con la ganadería puede surgir, Misiones implementa un mecanismo pionero. A través de un trabajo conjunto con el Ministerio del Agro, se ofrece compensación y acompañamiento técnico a los productores. El objetivo busca evitar represalias contra el felino y promover prácticas de manejo que disuadan los ataques, construyendo un puente entre la producción y la conservación.
Este esfuerzo se sostiene sobre una red humana compuesta por guardaparques, técnicos del Instituto Misionero de Biodiversidad y organizaciones como el Proyecto Yaguareté. Su labor es intensa, desde el monitoreo con cámaras trampa y collares satelitales, generan datos vitales para entender los movimientos de esta especie, identificar corredores y priorizar áreas de intervención.
Cuando un ejemplar se aventura cerca de zonas pobladas, se activa un protocolo de acción rápida. Un equipo especializado -con personal del Ministerio de Ecología, la Policía con su Dirección de Medio Ambiente y ONGs- se moviliza para capturar, evaluar y reubicar al animal, siempre con prioridad en su bienestar. Estas acciones se complementan con campañas de tenencia responsable de mascotas para minimizar encuentros conflictivos.
La conservación del yaguareté en Misiones es un trabajo conjunto y complejo. Cada eslabón -la señalética en una ruta, el diálogo con un productor, el rastreo de una huella, una denuncia judicial- es indispensable. No es una tarea de un día, sino una política de Estado que entiende que la sombra del yaguareté, proyectándose sobre el monte misionero, es la prueba viviente de un ecosistema que aún late con fuerza. Su futuro depende de que este entramado de esfuerzos se mantenga, se fortalezca y no ceda.
En Misiones, la protección del yaguareté no es un gesto simbólico, sino un compromiso sostenido que atraviesa leyes, ciencia, territorio y comunidad. La Provincia consolida una política ambiental que combina prevención, control, justicia y convivencia, entendiendo que la supervivencia del felino más emblemático del país refleja la salud de todo el monte. Mantener viva su presencia es garantizar que Misiones siga siendo un bastión de biodiversidad, donde cada acción suma para que el yaguareté continúe caminando la selva que lo vio nacer.
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Abuso y muerte en Colonia Victoria: Lo que se dijo en la marcha (Con Videos)
Ayer por la tarde se realizó la marcha en pedido de justicia por Gabriela, la niña que falleció a principio de semana y que habría sido víctima de abuso sexual. Por el caso está detenido el padrastro de la niña.
Canal 9 Norte Misionero estuvo en la marcha y esto fue lo que expresaron los vecinos:
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Abuso y muerte en Colonia Victoria: El comunicado de la escuela a la que asistía Gabriela
Este miércoles se desarrolló una marcha de vecinos exigiendo justicia por la niña que falleció a principio de esta semana en el Hospital SAMIC de Eldorado y que presuntamente habría sido víctima de abuso sexual. Durante la movilización se cuestionó la ausencia de la madre de la niña y de las autoridades de la Escuela N° 267 Santa Maria del Iguazú, institución a la que asistía Gabriela.
Precisamente, desde el establecimiento emitieron ayer un comunicado de prensa a través del cual han dicho que intentan “transmitirles un mensaje de tranquilidad y cercanía” a la comunidad, asegurando que “nuestra principal prioridad es el cuidado integral de nuestros estudiantes, docentes y familias. Por ello, hemos activado y mantenemos en plena implementación el Protocolo de Abordaje Integral del Suicidio, en cumplimiento de la Resolución 292/24, trabajando de manera articulada con organismos provinciales especializados en salud mental y acompañamiento educativo, resguardando la privacidad del caso desde que tomamos conocimiento el pasado 06 de Octubre”.
El comunicado completo

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