El oficialismo buscará este domingo cerrar un acuerdo en la Cámara de Diputados con los bloques opositores dialoguistas sobre las reformas que se incorporarán al proyecto de ley “Bases”, para posibilitar así la firma del dictamen el martes y tratar de aprobar la iniciativa entre el jueves y el sábado, en una sesión maratónica que podría ser la más larga de la historia parlamentaria.

Las negociaciones serán encaradas por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (La Libertad Avanza), quien cumple un rol central para articular los acuerdos con esos bloques, con el fin de analizar los cambios centrales que se instrumentarán en el dictamen de mayoría que se debatirá el martes en un plenario de las comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.

Tras la prórroga de las sesiones extraordinarias, mañana lunes se podrá convocar al plenario que tendrá que analizar los dictámenes de mayoría y de minoría, que luego se discutirán en el recinto en la extensa sesión que comenzará en la mañana del jueves y podría extenderse entre 48 y 72 horas, con lo cual se convertiría en el debate más largo de la historia del Congreso.

Martín Menem anticipó este domingo que “todo indicaría” que el martes se firmará un dictamen de mayoría del proyecto de ley de “Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos” impulsado por el Gobierno nacional, que incluye más de 600 artículos que promueven reformas económicas y políticas.

“Somos un bloque de 38 diputados y estamos trabajando en lograr los acuerdos para tener el martes un dictamen de mayoría. Tenemos ese objetivo en marcha”, dijo Menem en declaraciones a Radio Mitre.

Por su parte, los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) y los bloques de la UCR, el PRO y Hacemos Coalición Federal (HCF) mantuvieron este domingo una reunión por zoom donde señalaron que seguirán esperando que el Gobierno responda a sus peticiones sobre retenciones, jubilaciones y privatizaciones.

Si bien hay un principio de acuerdo para que no haya retenciones para las economías regionales, que se iban a llevar a un 15%, los mandatarios y legisladores opositores aguardan que el Gobierno les envíe la redacción del texto con los cambios que se habían comenzado a acordar el jueves pasado, informaron fuentes políticas.

Otro de los temas que se analiza es el aumento de dos puntos solicitado por el Gobierno para elevar de 31 a 33% la alícuota de la soja, al tiempo que se limita/elimina la facultad para aumentar los derechos de exportación.

Previo a ese encuentro, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro (JxC), dijo que “no voy a acompañar el aumento de retenciones. El Gobierno acierta en terminar con el déficit y el despilfarro del pasado, pero repite el error al poner un pie en la cabeza de los que producen, que son el sujeto del cambio que el país necesita”.

Con los acuerdos que se buscarán consolidar mañana, el oficialismo podrá cumplir su objetivo de sancionar esta semana el proyecto que contempla la declaración de la emergencia, cambios en el esquema de actualización de jubilaciones, privatización de empresas públicas y reformas en el sistema de la Administración Pública.

Menem, junto al ministro del Interior, Guillermo Francos, y el asesor presidencial Santiago Caputo avanzó el jueves pasado con acuerdos con los bloques del PRO, HCF e Innovación Federal sobre el plazo sobre la emergencia pública, las retenciones agropecuarias e industriales, y las privatizaciones, pero aun falta un acuerdo central vinculado a la fórmula de actualización de las jubilaciones.

Participaron en esas conversaciones los diputados del PRO Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal; el radical Rodrigo de Loredo; Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó y Nicolás Massot de HCF, y Pamela Calletti, de Innovación Federal.

Uno de los objetivos del proyecto es alcanzar el déficit cero y en ese contexto es clave cómo quedarán las retenciones e impuestos, la reorganización del Estado Nacional y, en especial, el sistema jubilatorio.

Sobre este punto, Francos señaló el viernes que están en estudio “dos o tres alternativas” para fijar los aumentos de los ingresos de los jubilados: dejar la fórmula como está “sería una” y las otras podrían estar vinculadas a “generar la actualización por algún índice”, como por caso por inflación.

En tanto, Menem señaló que “la fórmula que está aplicándose hasta este momento no ha sido buena para el sector de los jubilados, que han perdido un importante porcentaje del poder adquisitivo. Hay diferentes propuestas y estamos analizando cuál es la mejor”.

El Gobierno pidió suspender la actual fórmula jubilatoria por la cual se aplican en forma trimestral los aumentos, que consiste en un índice conformado un 50% en el incremento de la recaudación y 50% por la suba salarial promedio dispuesta por Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y fijar aumentos por decreto, pero solo para la jubilación mínima.

Los diputados de la UCR y de HCF se oponen a otorgar esa facultad al Gobierno y quieren que exista un índice para actualizar los haberes de la clase pasiva, proponiendo que para ello se tenga en cuenta el coste de vida.

En relación al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), se establece como requisito que el Poder Ejecutivo, para poder liquidar dichos activos (luego de ser transferido al Tesoro), deba contar con un dictamen previo favorable de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones.

Otro tema que falta resolver es el de las elecciones primarias PASO, ya que hay principio de acuerdo para que la reforma electoral sea eliminada del proyecto. Lo mismo pasaría con respecto al capítulo sobre salud.

Otro punto que había tenido una gran repercusión en la ronda de consulta que se extendió por tres días, con más de 150 disertaciones, fue el destino del Fondo Nacional de las Artes (FNA), que continuará vigente, así como los recursos para el Incaa (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), pero donde se fijarán condiciones diferentes entre las que figuran que el productor de una película tenga garantizado el financiamiento del 50% de la misma.

En cambio sí habría acuerdo en cuanto a sacar el artículo que propone ratificar el DNU (decreto de necesidad y urgencia) que se estudiará en la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo, aunque aún no se conformó porque hay diferencias entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria (UxP) sobre la cantidad de integrantes que le corresponden al peronismo.

El principio de acuerdo propone limitar el plazo de vigencia de la emergencia solicitada por 4 años a un año, más otro prorrogable por el Poder Ejecutivo, y se eliminan las facultades delegadas en materia de defensa, social, previsional y sanitaria.

Sobre las empresas del Estado a privatizar, sólo se excluiría a YPF, aunque el bloque radical y HCF quieren incluir en esa excepción al Banco Nación, Ymad (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio), Nucleoeléctrica Argentina y Arsat y reclaman que cada eventual privatización de otras compañías se trate en forma individual.

En materia de producción se prevé un aumento en los cortes obligatorios de bioetanol (hasta alcanzar entre 18% y 27%) y biodiésel (alcanzar en 2026 hasta 15%), y se elimina la posibilidad de libre importación de biocombustibles. También se elimina la derogación de Ley de Azúcar.

Los acuerdos son centrales para el Gobierno, ya que LLA solo tiene 38 diputados en la Cámara baja y siete en el Senado, con lo cual necesita el respaldo de las bancadas opositoras predispuestas al diálogo, porque UxP tiene la primera minoría en el Congreso y la izquierda rechaza de plano estas propuestas.

LLA parte de sus 38 diputados propios y puede sumar con los aliados a Buenos Aires Libre, Unión Mendocina, Creo, Avanza Libertad y Producción y Trabajo, que son siete apoyos, con lo que alcanzaría 45 votos, por lo cual requiere el respaldo de la mayoría de los diputados del PRO, la UCR, HCF y Innovación Federal para alcanzar los 129 del quórum y de la mayoría para las votaciones.

Así, desde LLA miran atentamente a la UCR que suma 34; el PRO, 37; Hacemos e Innovación, 32, y Ser Santa Cruz, dos.

En caso de lograr el acuerdo con los bloques dialoguistas, el oficialismo conseguiría un dictamen con 68 firmas y superaría a UxP y la izquierda, que totalizarían 47 votos de rechazo sobre los 115 totales que componen el plenario.

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