La norma actualiza por inflación los gastos de funcionamiento de las casas de estudio y ordena reabrir las paritarias del sector. La Casa Rosada argumentó que el costo fiscal es inaceptable. Con esta decisión quedaría firme el anuncio realizado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales.

El Poder Ejecutivo remitió al Congreso este miércoles el veto a la ley de financiamiento universitario y la oposición analiza si intentará rechazarlo en una sesión especial el próximo miércoles.

La iniciativa había sido aprobada en Diputados a principios de agosto con una amplia mayoría de 158 votos afirmativos, que, sin embargo, no llegaba a los dos tercios. Esa es la mayoría especial que la oposición deberá reunir si quiere revertir el veto e insistir con el proyecto original.

En esa misma sesión especial también se aprobaron la declaración de emergencia en pediatría (por la crisis del Hospital Garrahan y el reparto automático con las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que también serán vetados por la Casa Rosada. No obstante, esos dos vetos aún no se remitieron al Congreso y el plazo vence este jueves.

La ley vetada por Milei había sido impulsada originalmente por el radicalismo disidente de Democracia para Siempre en conjunto con los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Establece que los gastos de funcionamiento de las casas de estudios, hospitales universitarios y partidas para investigación se deben actualizar por inflación automáticamente. También ordena la convocatoria a paritarias -dentro de tres meses- para recomponer el salario docente y no docente y aumentar las becas, entre otros puntos.

La Casa Rosada rechazó la iniciativa desde un primer momento porque aseguraba que su costo fiscal era demasiado alto y pondría en riesgo el superávit fiscal, piedra fundamental de todo el plan económico.

Según el oficialismo, la aplicación de la ley generaría un costo adicional de $1.069.644.600.000 para el presupuesto 2025, sin identificar fuentes de financiamiento específicas ni partidas a reasignar.

El veto se fundamenta en el incumplimiento del artículo 38 de la Ley N° 24.156, que exige que toda ley que autorice gastos no previstos especifique las fuentes de recursos concretas, actuales y suficientes.

Paro y marcha:

Previendo el veto presidencial, el Frente Sindical anunció que si ocurría se convocaba a un paro general para este viernes y una marcha federal para el día que el rechazo a la Ley de Financiamiento sea tratado en Cámara de Diputados de la Nación.

Un nuevo escándalo sacude al Partido Agrario y Social (PAyS) y compromete directamente a su líder, Héctor “Cacho” Bárbaro. Patricia Goring, hija del intendente de Colonia Aurora, Carlos “Cali” Goring —uno de los principales delfines políticos de Bárbaro— aparece registrada como beneficiaria de una pensión por discapacidad, mientras que su madre, Elisa Goring —diputada provincial electa y esposa del intendente— también percibió un beneficio por invalidez hasta marzo de este año, cuando según trascendidos trabajaba en el municipio.

El caso no solo desnuda un entramado familiar sostenido con beneficios sociales, sino que deja al descubierto un patrón repetido dentro del armado político de Bárbaro. La situación abre un interrogante inevitable: ¿cómo es posible que dirigentes que hoy ocupan bancas legislativas hayan cobrado durante años un beneficio destinado a personas con verdaderas discapacidades?

Lo que se observa es un patrón claro: clientelismo, acomodos políticos y un entramado de beneficios gestionados en las oficinas que Cacho Bárbaro supo manejar en Nación. Pensiones, planes sociales y ayudas que terminaron en manos de familiares, allegados y militantes, mientras miles de ciudadanos esperan durante meses o incluso años para obtener un beneficio legítimo.

Cali Goring, operador territorial clave de Bárbaro, habría utilizado su cercanía con el líder del PAyS para garantizar privilegios a su círculo más cercano, consolidando un esquema que favorece a familiares y allegados mientras miles de familias con hijos discapacitados esperan por un derecho que nunca llega.

El discurso del PAyS habla de moral, compromiso social y militancia, pero los hechos exponen otra cara: corrupción maquillada de justicia social y utilización de la pobreza para obtener rédito político.

El caso Goring, evidencia cómo el aparato político del PAyS ha operado como un circuito de acomodos y clientelismo, donde las pensiones y ayudas sociales se convierten en herramientas para consolidar la fidelidad interna en lugar de garantizar derechos reales.

Mientras tanto, el contraste entre el relato de honestidad y compromiso social del PAyS y las prácticas de sus principales dirigentes expone el momento más crítico de la conducción de Cacho Bárbaro en Misiones y deja en evidencia un modus operandi que se repite: privilegios para los de adentro, abandono para quienes más lo necesitan.

La decisión fue oficializada esta mañana en Casa Rosada durante una reunión encabezada por Javier Milei en la que también participaron Guillermo Francos y Luis Caputo.

Lisandro Catalán fue designado como nuevo ministro del Interior. La decisión fue oficializada esta mañana por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, luego de participar de una reunión que encabezó el presidente Javier Milei y de la que también formó parte el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

“Siguiendo las instrucciones del Presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía, Luis Caputo, y al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán“, informó Francos.

“En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio”, agregó.

Hasta hoy, Catalán era el 2 de Francos y tenía entre sus funciones el diálogo con las provincias. Ahora, con el rango de ministro, tendrá el objetivo de fomentar ese contacto con las provincias. Sin embargo, el mensaje de Francos incluye una frase que marca el tono que tendrán las reuniones con los jefes del interior: el diálogo será exclusivamente con “gobernadores afines”.

El detalle no es menor porque a priori pareciera excluir a los mandatarios del peronismo, entre ellos Axel Kicillof, quien el pasado domingo le pidió específicamente al jefe de Estado que lo convocara a una reunión.

Luego del anuncio, el Presidente encabeza en Casa Rosada por tercera vez en la semana una reunión de gabinete para establecer las prioridades de gestión antes del inicio de la campaña de las elecciones nacionales del 26 de octubre.

El encuentro había sido convocado para las 9:30 horas en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Además de Milei, los asistentes eran la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los ministros Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Federico Sturzenegger (Desregulación), Gerardo Werthein (Cancillería), Mario Lugones (Salud), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad Nacional) y Luis Petri (Defensa); así como los secretarios presidenciales Manuel Adorni (Comunicación y Medios) y María Ibarzábal (Legal y Técnica). Estaba presente el asesor presidencial Santiago Caputo, pero no se lo había visto entrar al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.Santiago Caputo, este miércoles, al ingresar a Casa Rosada

Para esta reunión el Gobierno busca trabajar los primeros lineamientos abordados en los dos encuentros de Gabinete hecho el lunes (uno por la mañana, más político; y otro por la tarde, de corte económico) y, en particular, por el primer encuentro de la mesa política nacional convocada ayer por el Presidente, el cual representa al círculo político más chico de la administración libertaria, donde se toman decisiones clave de cómo orientar la gestión. La reciente creación de esta mesa, impulsada por Milei, también busca mejorar la coordinación de las decisiones partidarias.