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La Justicia suspendió el decreto que transforma al Banco Nación en Sociedad Anónima

Un juez federal dictó una medida precautelar en la que le ordenó al gobierno de Milei y a la entidad que “se abstengan de toda acción” tendiente a la implementación de la disposición anunciada la semana pasada
El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla suspendió hoy el decreto que dictó el presidente de la Nación, Javier Milei, en el que transformó al Banco de la Nación Argentina en una sociedad anónima (SA). Lo hizo al dictar una medida cautelar interina en una causa que se inició el año pasado contra una posible privatización de la entidad.
“Disponer como medida cautelar interina la suspensión de los efectos del decreto 116/25 y ordenar al Estado Nacional y al Banco de la Nación Argentina que se abstengan de toda acción tendiente a su implementación”, sostuvo el magistrado en su resolución de 15 páginas a la que accedió Infobae.
Junto con la suspensión, el juez le dio al gobierno nacional cinco días para que presente sus argumentos contra la demanda que se inició.
“El Banco de la Nación Argentina es una entidad autárquica cuya creación compete al Congreso Nacional. Por lo tanto, es éste el único Poder que tiene la facultad de revocar dicho carácter y cualquier decisión sobre la modificación del estatus de autarquía de una entidad creada por el Congreso Nacional debe emanar exclusivamente del Poder Legislativo”, sostuvo el magistrado.
Ramos Padilla también señaló que el decreto que transformó al banco en una SA “fue dictado en exceso” porque el Congreso Nacional cuando aprobó la ley Bases quitó a la entidad de las empresas a privatizar. “Si bien es cierto que el decreto 116/2025 no declara al Banco sujeto a privatización, sino que modifica su estructura jurídica convirtiéndolo en Sociedad Anónima, también lo es que dicha conversión puede implicar un paso previo a su posible privatización”, dijo el juez.
El gobierno de Milei publicó el jueves pasado en el Boletín Oficial el dercreto por el que transformó al banco Nación en una SA. La transformación de la persona jurídica no implica que la entidad deje de ser pública sino que quita ciertas restricciones que tenía al ser una Sociedad del Estado y otorga una mayor apertura para su capitalización.
Un grupo de empleados del banco inició el año pasdo una causa judicial en la que reclaman la inconstitucionalidad del decreto de necesiadd y urgencia (DNU) 70/2023 y de una resolución del banco Nación que avanzaba sobre una evenvtual privatización. En septiembre del año, el juez Ramos Padilla dictó un fallo en el que declaró que el DNU y la resolución no permiten cambiar la situación jurídica de la entidad.
Ese fallo fue apelado por el gobierno para que sea revisado por la Cámara Federal de La Plata cuando se dispuso su conversión a SA y en la causa se pidió que se dicte una medida que suspenda esa decisión. Así, la Cámara le pidió al juez Ramos Padilla -que actúa como subrogante del juzgado civil, comercial y contencioso administrativo federal 2 de La Plata- que resuelva el planteo.
El magistrado señaló que el banco Nación fue creado en en 1891 con la ley 2.841 que establece que la entidad actúa “con sujeción a las disposiciones de la presente ley”. Así, todo cambio sobre el status de la entidad debe hacerla el Congreso.
El gobierno basó su decisión de convertir el banco en una SA en la delegación de facultades que le dio la ley bases y en el DNU 70 sobre la posible privatización de sociedades o empresas con participación del Estado. El sostuvo en su fallo que de la ley bases fue excluido expresamente el banco Nación y lo mismo el DNU 70 respecto a los entes autárquicos.
“De allí que, es posible inferir, con el grado de provisoriedad necesario para el dictado de una medida cautelar, que el decreto 116/2025 del P.E.N. se trataría de un decreto delegado dictado en exceso, en tanto la interpretación del alcance de la delegación fijada en el art. 3 de la “Ley Bases” debe ser integrada con el resto de la norma, en especial con el capítulo “II. Privatización”, en el que se excluyó al Banco de la Nación Argentina, como así también con el modo en que se desarrolló y se alcanzaron los consensos durante el debate parlamentario”, explicó Ramos Padilla.
El juez también aclaró que “si bien es cierto que el decreto 116/2025 no declara al Banco sujeto a privatización, sino que modifica su estructura jurídica convirtiéndolo en Sociedad Anónima, también lo es que dicha conversión puede implicar un paso previo a su posible privatización, en tanto permite prima facie el ingreso de capitales privados; circunstancia que si bien deberá ser analizada en el contexto adecuado, escuchando previamente a las partes y respetando los principios del debido proceso y defensa en juicio; imponen ahora el dictado de la medida cautelar.
Ahora el gobierno tiene cinco días para contestar la demanda. Luego de eso el juez debe resolver si ratifica la medida precautelar o la revoca y permite que el banco Nación sea una SA. Además, el Poder Ejecutivo puede apelar el fallo para que sea revisado por la Cámara Federal.
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Con el Programa de Regularización de Habilitaciones Comerciales ya se logró más altas que en 2024

El secretario de Hacienda de la Municipalidad de Eldorado, Marcelo Mikulán, habló con Canal 9 Norte Misionero sobre el impulso positivo que tuvo la implementación del Programa de Regularización de Habilitaciones Comerciales desde inicio de este año, aunque anticipó que a fin de este mes se le pondrá un punto de cierre.
“Estamos muy contentos, muy conformes”, afirmó el funcionario debido a que “nos permitió que, en prácticamente nueve meses de vigencia del plan, hayamos ya tenido más habilitaciones comerciales que el año pasado”.
Mikulán recalcó que esto “implica la posibilidad de que trabajen más tranquilos, de que puedan de alguna manera manejarse con puertas abiertas, de que puedan tener sus empleados a la vista, puedan trabajar también con distintos medios electrónicos, porque al tener una habilitación, también pueden hacer la habilitación de los postnet, de las billeteras virtuales, o sea, un montón de beneficios que implica tener regularizado un comercio”.
Acotó que “a eso debemos agregar que también genera una mayor equidad tributaria, porque esos comercios que antes no tributaban y que estaban fuera del sistema, hoy están incorporados dentro del sistema y de alguna manera también genera mayor equidad respecto de aquellos que en tiempo y forma a veces hicieron un sacrificio no tanto para hacer su habilitación como para pagar los tributos”.
No obstante, consideró que “siempre quedan de alguna manera todavía algunos emprendimientos sin regularizar, algunos vendedores ambulantes, pero bueno, entendemos que la medida sirvió de manera significativa para ayudar y colaborar dentro de nuestras posibilidades con este sector comercial que realmente necesitamos que crezcan para de alguna manera mejorar la economía local”.
Para concluir, Mikulán indicó que el programa estaba previsto que cierre el pasado 30 de septiembre, pero se prolongó hasta el 31 de octubre y posteriormente se volvería al esquema anterior.
“En principio la idea era que el programa finalice el mes anterior, o sea, que finalice para el 30 de septiembre, -porque- lo que estamos notando en los últimos 3 meses es que tenemos menor cantidad de solicitudes de lo que fue en el primer semestre cuando arrancó el plan”, explicó y agregó que, “hemos dado un tiempo prudencial para que aquellos que realmente tuvieran interés en regularizar, porque lamentablemente no todos lo tienen, pero aquellos que tenían intención, creemos que 10 meses de vigencia del plan fue un tiempo prudencial”, cerró.
“Estamos cumpliendo con el Presupuesto”:
Por otra parte, Mikulán hizo referencia a como se está dando la ejecución del presupuesto 2025, la recaudación y también sobre si se lanzará a fin de año el programa de Bonificaciones por Pago Anticipado de Tasas.
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Transporte Público: “Estamos a la expectativa que se presenten los sobres”

El próximo jueves a las 10 de la mañana se procederá a la apertura del primer sobre en el marco del proceso de licitación para el nuevo contrato de concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros. En ese marco, el secretario de Hacienda, Cdor. Marcelo Mikulán, señaló que se está aguardando por la presentación de los sobre por parte de los interesados.
En diálogo con Canal 9 Norte Misionero, Mikulán indicó que, si bien se han retirado pliegos, aún no se ha presentado ningún sobre, aunque el plazo para ello vence una hora antes del acto de apertura.
El funcionario recalcó que este proceso conta de dos aperturas, siendo el del jueves el primero de ellos en el que se evaluará “el Balance, la solvencia de la empresa, la situación patrimonial y quien es el responsable técnico”.
Para concluir, Mikulán recalcó que están con “las expectativas que tengamos varias ofertas” a fin de seleccionar la más conveniente para la prestación del servicio a partir de noviembre.
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La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a los Estados Unidos y ahora define el Gobierno

Se trata del empresario acusado de narcotráfico que confesó haber financiado a Espert en 2019. El máximo tribunal rechazó los planteos de la defensa. A partir de ahora, la decisión final sobre el proceso de extradición recae en el Poder Ejecutivo.
El proceso de extradición que involucra al empresario Federico “Fred” Machado quedó confirmado tras la decisión de la Corte Suprema de la Nación, que avaló el pedido formulado por la justicia de Estados Unidos para que el ciudadano argentino sea juzgado por una serie de delitos graves, entre los que se incluyen asociación ilícita, narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico.
El fallo de la Corte fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y se basa en consdierar que el pedido de extradición formulado por la justicia de los EE.UU. se ajusta a las normas sobre cooperación internacional en materia judicial.
La causa se inició a raíz de la solicitud de extradición presentada por autoridades estadounidenses, que buscan someter a Machado a juicio en el Distrito Este de Texas, donde un Gran Jurado Federal dictó un auto de procesamiento contra él y otras ocho personas.
El expediente detalla que sobre Machado pesan cinco cargos principales. El primero lo acusa de integrar una organización criminal dedicada a la posesión, con intención de distribuir, de al menos cinco kilogramos de cocaína. El segundo y tercer cargos amplían la imputación a la fabricación y distribución de la misma cantidad de droga, con la presunción de que sería importada ilegalmente a Estados Unidos, y lo señalan también como cómplice en la comisión de estos delitos. El cuarto cargo lo vincula a una asociación ilícita para cometer lavado de dinero, mientras que el séptimo lo implica en una conspiración para perpetrar fraude electrónico.
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