El rechazo a la decisión de la Casa Rosada recibió 63 votos -siete en contra- y obtuvo con holgura los dos tercios. La norma estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más.

En una nueva sesión adversa para la Casa Rosada, un conglomerado de kirchneristas, radicales, macristas y silvestres provinciales le aplicaron esta tarde otro duro golpe al Gobierno libertario: la oposición desactivó un reciente veto del Ejecutivo -primera vez en más de 20 años- y reanudó la ley que declara la emergencia en discapacidad. La decisión, que obtuvo con holgura los dos tercios, recibió 63 votos a favor y siete en contra.

La norma que vuelve a tener luz verde declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más. Además, reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas, entre otras cuestiones.

Al estar a cargo del Ejecutivo por el viaje al exterior de Javier Milei, Victoria Villarruel no presidió la sesión, y el comando del convite está en manos del legislador libertario y provisional del Senado, Bartolomé Abdala (San Luis).

Tras habilitarse sin problemas el debate -precisaba dos tercios-, el primero en hacer uso de la palabra fue el peronista pampeano Pablo Bensusán, quien señaló: “El Presidente vetó que las personas con discapacidad puedan acceder a una pensión equivalente al 70% de la mínima. Vetó un aumento razonable en el valor de las prestaciones que reciben las personas con discapacidad. El rechazo de manera brutal, inmoral, volviendo siempre sobre lo mismo, ya está perdiendo credibilidad entre los argentinos que, a causa de todas las leyes que sancionamos en este Congreso, le hacemos mal al país o comprometemos el futuro de generaciones”.

“Ese ‘gasto’ es la diferencia entre que una persona con discapacidad pueda realizarse las terapias que le corresponden o quede condenada al olvido. Ese ‘gasto’ es la diferencia entre que una persona con discapacidad pueda acceder a un trabajo o quedar condenada a la exclusión. Si el Estado para ahorrar necesita maltratar a la gente, a los ciudadanos, no está ahorrando, los está abandonando”, sentenció Bensusán.

La nota de la jornada la volvió a dar la -por ahora- macrista y pincelada de violeta Carmen Álvarez Rivero (Córdoba). No fue por su aval al veto, sino por su justificación. En ese sentido, aseguró: “Considero que esta ley no hace falta, pero aprovecho para pedir públicamente al ministro -de Salud, Mario- Lugones que se aumenten los aranceles para que las personas con discapacidad puedan seguir teniendo las prestaciones que necesitan”.

Minutos más tarde, la larretista Guadalupe Tagliaferri manifestó: “La libertad no es dejar solas a las personas con discapacidad. Hay que eliminar las barreras que existen en salud, en la infraestructura y en la educación. Por eso tiene que intervenir el Estado”.

Por su parte, el santacruceño José María Carambia fue más allá y advirtió: “Esperemos que el señor Presidente la aplique como corresponde -en referencia a la norma que volvió a tener vigor- y no haga ningún artilugio legal para intentar de no dar solución a tanta gente que está necesitando. No recuerdo cuándo fue la última vez que se rechazó un veto. Si no cumple esta ley, soy el primero en presentar un juicio político, no vamos a dejar que la gente con discapacidad que esté en las condiciones que está hoy, es una vergüenza”.

De nuevo en las filas libertarias -el tiempo dirá-, el formoseño Francisco Paoltroni resaltó que las pensiones pasaron “de 80.000 a 1.250.000 y nadie advirtió que se estaba ‘discapacitando’ gente como nunca en la historia“. Y añadió: ”¿Qué pasó? ¿Quién gobernaba? Era el año 2013 y estaban con la corrupción de la obra pública. Se me estaba pasando por alto”.

Ya en los cierres de la discusión, el jefe de la Unión Cívica Radical (UCR) y otrora aliado de la Casa Rosada -hasta semanas previas a la elección a gobernador del domingo último-, Eduardo Vischi (Corrientes), explicó que “el Gobierno lleva más de 20 meses de gestión y no estaríamos discutiendo este proyecto si las cosas se hubiesen hecho bien, si hubiésemos tenido la posibilidad de entender el pensamiento para este tipo de iniciativas y, fundamentalmente, que no tome todas las necesidades que tiene la sociedad por igual para meter un machetazo o motosierra para cuidar el gasto público“.

Vischi sumó: “Todo esto termina, siendo más que algo en contra del Ejecutivo, una herramienta de gestión que permite ordenar y organizar una propuesta de trabajo. La situación de este tema no es novedosa, viene hace mucho tiempo con problemas de actualización de los montos para profesionales, con demandas de distinto tipo en atrasos para dar respuestas, pero se ha agravado de forma sustancial y eso provoca la necesidad de que algo que está en terapia intensiva haya que priorizarlo”.

Quien respondió a Paoltroni fue su comprovinciano y jefe del kirchnerista Frente de Todos, José Mayans. “Cállese, maleducado. Hijo de Milei. No entiende nada, ignorante”, enfatizó el peronista formoseño, que aprovechó la ocasión para remarcar las contradicciones libertarias entre “el gasto primario y el déficit financiero”.El jefe del Frente de Todos en la Cámara alta, José Mayans

El titular de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche (Jujuy), estaba anotado para finalizar el debate como último orador, aunque se bajó a último momento. A la hora de la votación -se precisaban 47 adhesiones y se obtuvieron 63-, estuvo ausente la oficialista y pastora evangélica Vilma Bedia. El otro fue el kirchnerista chaqueño José Rodas.

El presidente de la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, Dr. Oscar Herrera Ahuad, quien encabeza la lista de candidatos a Diputados Nacionales del Frente Renovador visitó el estudio de Canal 9 Norte Misionero para conceder una entrevista exclusiva al programa DMA.
Durante la charla se ha referido a un espectro muy amplio de temas, pero, fundamentalmente, ha reforzado la convicción que el espacio político que representa tiene como principal misión “defender los derechos de los misioneros en el Congreso de la Nación”.
Desde ese lugar habló sobre cual será su rol, y de quienes lo acompañan en ese lugar a partir del 10 de diciembre, destacando que uno de sus primeras acciones será plantear la imperiosa necesidad que el Gobierno Nacional disponga de un Presupuesto actualizado y que deje de funcionar con uno del año 2023.
“Primero hay una cuestión elemental. No se puede gobernar sin presupuesto. Fijate vos, transcurrimos el año 2025 y estamos hablando del año 2026 y todavía no hay un presupuesto aprobado y se está ejecutando el que se lo confeccionó en el año 2023. Es imposible, de esa manera, tener previsibilidad para las políticas públicas. Claramente te está diciendo qué es lo que ocurre cuando vos no tenés un presupuesto aprobado. Con la inflación que tenemos, vos recaudás más de lo que es el presupuesto del año anterior. Ese más que recaudás tenés para gastarlo indiscriminadamente, porque no tiene una partida especifica hacia un lugar específico, sino que vos lo podes destinar donde vos queres”, expresó.
Agregó que “trabaja con un presupuesto que tiene tres años de viejo. ¿Y el excedente ese dónde está? ¿A dónde va ese excedente? A controlar la banda de flotación del dólar. O ese excedente va a otras cuestiones que hacen a evitar, por ejemplo, que nosotros tengamos una salida abrupta de la banda de flotación. Directamente destinado a lo que es el fondeo del Banco Central. Un Banco Central que en la política de este presidente debería hoy estar desaparecido. Porque había dos cuestiones importantes en política monetaria. La dolarización de la economía, que no fue … y la explosión o desterrar el banco Central, que tampoco fue. Y ahi es donde nos paramos cuando me preguntas, qué hacemos? cuál es? que voy a hacer en el Congreso? Primero, defender lo que es nuestro y a decirle señores miren le hemos dado gobernabilidad, ahora sean recíprocos”.
Asimismo, diferenció la visión que existe con el Gobierno Nacional ya que en Misiones se trabaja con un Estado presente, con un modelo inclusivo y de cercanía a la gente. También subrayó en Misiones se cultiva la conciliación, el diálogo, el consenso y la paz, evitando el discurso de violencia y de descalificación permanente que se predica desde nación.
Otro aspecto que mencionó fue la actualidad tan desdibujada que presenta el Congreso de la Nación.
“La pelea nacional, que hoy escuchamos por ahí que dicen los kirchneristas, los kukas, los zurdos, versus, bueno, el gobierno nacional, que son palabras que usa el presidente para abajo, que de alguna forma Misiones logra por ahí distanciarse de estas peleas”, dijo y añadió que “cuando hay descalificación es porque no hay argumentos para sostener tu postura (…) nunca me vas a ver descalificar, porque para todo lo que yo discuto debo tener un argumento. Es una cuestión elemental para poder lograr el equilibrio y la discusión en beneficio de la gente. Si no, es imposible. Cuando vos ves que alguien descalifica es porque no lo puede justificar desde otra óptica (…) Aquel que descalifica es porque no tiene argumento para justificar lo que está descalificando. Entonces, estamos ante un Congreso Nacional que parece un circo porque lo hn llenado de payasos”.
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En declaraciones a la prensa, el gobernador de Misiones explicó que la presentación judicial contra la suspensión de pensiones por discapacidad busca “amparar y cuidar a los hermanos misioneros” afectados por la medida de la ANDIS.”

SALTO ENCANTADO, MIÉRCOLES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025. Durante la jornada de este miércoles, en Salto Encantado, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, se refirió a la situación generada por la suspensión de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y otros beneficios conexos, y explicó las acciones legales que el Gobierno provincial impulsó para proteger a las familias afectadas.

“Presentamos ante la Corte Suprema de Justicia un recurso para amparar y cuidar a los hermanos misioneros que están pasando por un acto de humillación, de vejación, con el personal y la política que llevó adelante el ANDIS. Yo nunca lo había visto, es algo impiadoso, espantoso, no tengo palabras”, señaló Passalacqua.

El gobernador destacó que “lo único que podíamos hacer seriamente, además de las declaraciones y todo lo que estamos haciendo, opinar, era actuar ante la Justicia, para que ellos se encuentren en algún momento delante de un juez y respondan por sus acciones. Y eso es lo que presentamos hace minutos en los federales”.

Consultado sobre las causas de esta situación, Passalacqua afirmó: “No lo sé. Hoy un funcionario no conoce la realidad de Misiones, no tiene idea del país, mucho menos del interior. Es una falta de sensibilidad total. Me pongo estresado con este tema, te juro, estoy explotado”.

A pesar de la tensión por la situación, el mandatario continuó la jornada de su agenda “y lo otro, que es la justicia, veremos cómo responde”, concluyó.

CONTEXTO DE LA ACCIÓN JUDICIAL

La acción presentada ante la Corte Suprema de Justicia se enmarca en el expediente Nº 2128/2025 “Misiones Provincia de c/ Estado Nacional y otro s/ Amparo”. En este recurso, el Gobierno provincial solicita el restablecimiento inmediato del pago de las pensiones suspendidas, la liquidación de los retroactivos adeudados, la nulidad de auditorías irregulares realizadas en el territorio provincial, y medidas que garanticen la continuidad de las prestaciones, la transparencia de los procesos y el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad.

Desde el Gobierno de Misiones remarcaron que la suspensión de estas pensiones afecta gravemente a miles de familias en situación de vulnerabilidad, constituyendo una vulneración de derechos constitucionales y convencionales reconocidos en la normativa nacional e internacional. Además, señalaron que las auditorías implementadas por la Nación han sido realizadas con irregularidades y sin contemplar los ajustes razonables y salvaguardas que exige la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En ese marco, el Ejecutivo provincial enfatizó que el recorte de prestaciones impacta directamente en la vida cotidiana de las personas con discapacidad y sus familias, dificultando el acceso a alimentos, medicamentos y tratamientos médicos esenciales. La acción judicial busca garantizar el pleno ejercicio de derechos y la continuidad de las prestaciones sociales.