Especialistas, organizaciones de la sociedad civil y científicos1 cuestionaron el proyecto del Poder Ejecutivo que modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos de protección ambiental de glaciares y ambiente periglacial. Fue ayer en la reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación que, en un trámite exprés que llevó solo dos días, dictaminó la iniciativa del oficialismo a pesar del contundente rechazo. No obstante, el tratamiento parlamentario del proyecto se retomará recién a principios de febrero, a pesar de que las autoridades legislativas habían anunciado que ingresaría al recinto el próximo 26 de diciembre.

Durante el encuentro, desarrollado en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, los disertantes coincidieron en que la iniciativa oficial implica un cambio estructural en el régimen de protección ambiental vigente, al debilitar el carácter nacional de los presupuestos mínimos y fragmentar criterios de resguardo sobre bienes comunes estratégicos como el agua. Advirtieron, además, que avanzar con una reforma de estas características sienta un precedente regresivo en materia de derecho ambiental, en un contexto de crisis climática e hídrica que exige fortalecer las políticas públicas de protección y no debilitarlas.

En esta línea, Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) señaló que “el proyecto introduce una modificación sustancial de la ley vigente mediante dos mecanismos centrales. En primer lugar, reduce el área de protección glaciar —que conviene recordar actualmente alcanza apenas el 0,21 % del territorio nacional— con el objetivo de habilitar el desarrollo de proyectos de megaminería de alta montaña que hoy se encuentran expresamente prohibidos. En segundo término, otorga a las provincias la facultad de decidir qué glaciares deben ser protegidos y cuáles no, desmantelando así el esquema de protección ambiental uniforme y común para todo el país establecido por la Constitución Nacional”.

A esto Agostina Rossi Serra de Greenpeace Argentina señaló que “cuando el riesgo aumenta, las normas se fortalecen, no se debilitan”, y advirtió que “plantear que hay glaciares o partes del ambiente periglacial que sirven y otros que no es una discusión científicamente incorrecta”. En ese sentido, remarcó que “los glaciares y el ambiente periglacial no son obstáculos: son aliados para enfrentar la crisis climática”.

Las organizaciones alertaron que las modificaciones propuestas no persiguen mejorar ni ampliar la protección de las fuentes de agua en un contexto de crisis climática, sino responder a las demandas del sector minero, tal como surge de manera explícita de los considerandos del propio proyecto.

En ese sentido, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas recordó a los senadores que “las leyes de presupuestos mínimos son una arquitectura constitucional que este proyecto tira por la borda. La destruye. Y esto no es menor, porque tenemos otras leyes de presupuestos mínimos. ¿Qué va a pasar después? ¿Vienen por los bosques? ¿Vienen por los ríos? ¿Por la Ley General del Ambiente?”

Por otra parte, las organizaciones cuestionaron la escasa participación en el debate y la celeridad (solo dos días) con la que los senadores dictaminaron el proyecto de modificación, a lo que sumaron la irregularidad de la falta de consultas previas a especialistas para elaborar la nueva iniciativa.

Manuel Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre Argentina consideró “que es inadmisible que el proyecto adolezca de consulta previa con el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), institución de excelencia científica, referida por la legislación actual para el desarrollo del Inventario Nacional de Glaciares. La minería responsable es posible, y necesaria, pero nunca sobre el ambiente glaciar y periglacial, como promueve el proyecto de ley que ya cuenta con dictamen positivo a pesar de todas las voces que advirtieron sus falencias técnicas y legislativas”.

En el mismo sentido, Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales (CPA) agregó que “el proceso legislativo y la elaboración previa del proyecto evidencia una fuerte injerencia sectorial. Hay una clara captura de una política pública de más de 15 años por parte de un interés económico particular, en este caso el del sector minero, que intervino directa o indirectamente a través de un grupo de gobernadores”.

Finalmente, Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas destacó que “las empresas que queremos son las que cumplen estándares y apuestan a largo plazo. No buscan libertad absoluta, buscan certidumbres”, y agregó: “los flujos de inversión más importantes van a los países con los estándares ambientales más altos. El argumento económico está planteado al revés.”

De acuerdo con las organizaciones, lo que intenta hacer el proyecto de ley es alterar una ley general para hacerla encajar con algunos proyectos mineros que, bajo el régimen vigente, no podrían desarrollarse. Lejos de generar la seguridad jurídica que se invoca en favor de los inversores, esta reforma tendrá el efecto contrario: profundizará la incertidumbre normativa y agravará la ya frágil licencia social para operar.

Al plantear su rechazo al proyecto, los disertantes solicitaron a los senadores que no avancen con una reforma que reduce niveles de protección ambiental, vulnera la Constitución Nacional y pone en riesgo la seguridad hídrica del país. “En un contexto de crisis climática y escasez de agua cada vez más evidente, retroceder en la protección de los glaciares y del ambiente periglacial no es una opción responsable ni legalmente admisible. La Ley de Glaciares es clara, constitucional y vigente: debe cumplirse, no vaciarse”, remarcaron.

(1) Las organizaciones que participaron de la reunión conjunta de comisiones son: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Aves Argentinas, Greenpeace Argentina, Círculo de Políticas Ambientales (CPA), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA) y Fundación Vida Silvestre Argentina. También participaron de la reunión el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) Pablo Villagra, Gabriela González Trilla de Ecosistemas azules-CONICET, Laura Isla Rafaele del CONICET, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y Cámara de Proveedores de Empresas Mineras (CAPMIN).

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Este mediodía, efectivos policiales intervinieron en dos procedimientos de asistencia y rescate animal en distintos puntos de la provincia, uno vinculado a la protección de fauna silvestre en Montecarlo y otro a la asistencia de un canino abandonado y herido en la vía pública en la ciudad de Oberá.

En el primero de los hechos, policías ambientales se trasladaron hasta el barrio 9 de Agosto de Montecarlo, tras ser alertados sobre la presencia de un ave silvestre que se encontraba en la vía pública y no lograba volar por sus propios medios.

Al arribar, constataron que se trataba de un polluelo de búho, conocido como búho café, que había sido hallado sobre una calle terrada y resguardado preventivamente por una vecina del lugar, evitando que fuera atacado o lesionado, procediéndose luego a su resguardo y traslado al centro especializado de Salto Encantado, donde será evaluado para su recuperación y posterior reinserción a su hábitat natural.

En paralelo, personal policial de la División Comando Radioeléctrico Zona Sur de Oberá, acudió alrededor de las 12:00 horas a un domicilio ubicado sobre Avenida Yerbal Viejo, tras tomar conocimiento sobre la presencia de un canino hembra, mestizo, que se encontraba abandonado y con visibles heridas en el cuerpo, especialmente en la zona de la cabeza y orejas.

En el lugar se localizó al animal en el estado descripto, procediéndose a su traslado a una veterinaria para recibir la atención y asistencia correspondiente, informándose además que los gastos del tratamiento serán solventados por la protectora De Pocas Pulgas, garantizando así su cuidado y recuperación.

Este viernes, el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones llevó adelante el evento sobre “Monitoreo y Gestión de los Bosques Nativos”, en el Museo Regional Aníbal Camba de Posadas. La jornada estuvo orientada a fortalecer la transparencia en el manejo de la información ambiental, presentar datos oficiales actualizados y delinear estrategias clave para la conservación de la Selva Misionera para el próximo año.

Durante el encuentro se dieron a conocer los resultados del último monitoreo del bosque nativo provincial, que evidencian una baja sostenida de la deforestación durante 2025, con una reducción del 18% respecto del promedio histórico. Asimismo, se presentaron las herramientas tecnológicas que respaldan el sistema de información ambiental de la provincia y las principales líneas de acción que orientarán el trabajo en los próximos años. La actividad convocó a instituciones, organizaciones, referentes técnicos, actores territoriales y a la ciudadanía comprometida con la protección de los recursos naturales de Misiones.

El encuentro se consolidó como un espacio clave para promover el diálogo, fortalecer el acceso público a la información y avanzar en una gestión ambiental basada en evidencia técnica, con el objetivo de impulsar políticas más integrales y eficientes en materia de ordenamiento territorial, conservación de la biodiversidad y uso sostenible de los bosques nativos.

Durante la jornada se desarrollaron exposiciones técnicas e institucionales que permitieron compartir avances, resultados y proyecciones vinculadas a la gestión ambiental y el monitoreo del bosque nativo en la provincia. El ministro de Ecología, Arq. Martín Recamán, expuso las estrategias y pasos a seguir durante 2026, realizando un balance de las acciones desarrolladas durante el año y presentando la hoja de ruta, las políticas y los programas prioritarios que el Ministerio impulsará en el próximo período.

Por su parte, Lucas Russo, subsecretario de Ordenamiento Territorial, expuso sobre el Observatorio Ambiental de Datos, este nuevo espacio técnico del Ministerio que centraliza y procesa información estratégica para la gestión ambiental de la provincia.

Asimismo, Verónica Centurión, directora general de Sistemas de Información Geográfica de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, presentó el Informe de Monitoreo del Bosque Nativo de la provincia de Misiones, correspondiente al período 2025, detallando la metodología utilizada, los principales resultados, mapas y tendencias vinculadas a la dinámica del bosque nativo.

Participaron del encuentro el ministro de Turismo, José María Arrúa; el intendente de Garuhapé, Gerardo Schmied; el subsecretario de Ecología, Facundo Ringa; Miltón Morán, director General de Bosques Nativos;el presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM) y empresario maderero, Guillermo Fachinello; Juan Solari, del IMiBio; integrantes del Cuerpo de Guardaparques; Fuerzas de Seguridad; representantes del sector maderero; organizaciones ambientales y el Colegio de Profesionales.